A pesar del aumento de personas que huyen de sus hogares, pueblos y estados a causa de la violencia que se vive en México, para el gobierno no es una prioridad promover y concretar una ley que proteja a este sector de la población que en cifras acumuladas en los últimos ocho años superaría los 100 mil mexicanos.
- El Senado mantiene en la congeladora legislativa, desde septiembre de 2020, la minuta ya avalada en San Lázaro que crea la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, con lo cual no existe ni siquiera el reconocimiento del Estado y gobierno mexicano de la grave situación que viven miles de mexicanos que cada año huyen de sus hogares, principalmente a causa de la violencia del crimen.
- Entre los puntos clave que considera la minuta congelada en el Senado, destaca la creación de un Registro Nacional de Desplazados, un Programa Nacional para prevenir, atender, y reparar a las víctimas; y un Fondo Nacional de Atención al Desplazamiento Forzado Interno.
- En el caso del fondo nacional, la ley detenida marca la obligación de contar con los recursos económicos suficientes para la atención integral de los casos reportados.
Asimismo para financiar la prevención, la asistencia humanitaria, la atención y acciones de gobierno para la reparación integral de las personas en situación de Desplazamiento Forzado Interno, como es atención médica, de especialistas, escolares, de empleo, de seguridad y de reposición de papeles y documentos.
Sin embargo, para Janette Carrillo, coordinadora de la agenda de Desplazamiento en el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, la falta de una ley a nivel federal provoca además de la desatención a esta población que huye de la violencia, la ausencia de cifras oficiales sobre el número de desplazados.
En entrevista con EL UNIVERSAL lamenta que la ausencia de una ley a nivel federal en México ponga una mayor vulnerabilidad a la población desplazada por la violencia, en su mayoría indígenas, así como niñas y niños que no cuentan con acceso a educación en los municipios o ciudades en donde se refugian.
Explica que el Programa de Derechos Humanos de la Ibero realiza un monitoreo y sólo cinco estados cuentan con leyes estatales para atender a los desplazados, los cuales son Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y recientemente se sumó el estado de Oaxaca.
“No hay ley que proteja a esta población, no hay protocolos de atención, ni reglamentos claros, ni presupuestos etiquetados sobre a qué autoridad le corresponde atender a los desplazados en México. El aprobar la ley implicaría el reconocimiento de este grave fenómeno de violencia y al parecer es lo que se busca evitar”, apunta.
- Expone que de acuerdo a un estudio de Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) de 2016 a 2024 se estimaban en alrededor de 100 mil el número de desplazados por violencia en México.
- Sin embargo, estudios de la propia CMDPDH estimaron que al menos 346 mil 945 personas fueron desplazadas internamente por la violencia en México de 2006 a diciembre de 2019.
- El repunte del éxodo por la violencia del crimen organizado en el estudio Travesías Forzadas, desplazamiento interno en México 2024, elaborado por la Universidad Iberoamericana, señala que el año pasado se registró un incremento significativo respecto a 2023: de 12 mil 623 a 28 mil 900 personas desplazadas, lo que representa un aumento de 129%.
Este repunte responde a un contexto de creciente violencia y transformaciones políticas, con especial intensidad en estados como Chiapas y Sinaloa, donde se agravaron los enfrentamientos armados, las agresiones a comunidades y el deterioro de las condiciones de seguridad.
Durante 2024, al menos 28 mil 900 personas fueron forzadas a huir de sus hogares en 72 eventos de desplazamiento interno registrados en 13 estados de México, de acuerdo con el informe.
El estudio, desarrollado en colaboración con ACNUR, documenta un aumento de 129% respecto a las cifras de 2023. “La violencia ocasionada por grupos del crimen organizado fue la principal causa”, afirmaron las investigadoras del programa de derechos humanos de la Ibero, Eugenia Morales y Renata Vadillo.
Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Guerrero concentran la mayoría de los casos, seguidos de Sonora, Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo, Jalisco, Durango, Nayarit y Veracruz.
Un 79% de los eventos estuvieron vinculados a violencia directa, ataques armados o amenazas, mientras que apenas 20% respondieron a causas sociales o desastres naturales.
En Chiapas, por ejemplo, se registraron 17 mil 860 personas desplazadas en 20 eventos, la mayoría en comunidades fronterizas con Guatemala, donde la disputa territorial por rutas del narcotráfico ha generado una mezcla letal de conflicto social e intervención criminal.
En Sinaloa, la cifra alcanzó 4 mil 480 personas; en Michoacán, los desplazamientos se intensificaron en el segundo semestre del año, con una importante participación de grupos criminales y violencia de género.
“A finales de julio, dos reconocidos líderes del crimen organizado en México fueron arrestados en Estados Unidos. Como consecuencia, desde septiembre la violencia en Sinaloa aumentó, con un incremento exponencial en los homicidios, desapariciones y enfrentamientos entre grupos armados y autoridades, provocando, según estimaciones, un promedio diario de siete personas desaparecidas y siete asesinadas en la entidad entre septiembre y diciembre de 2024”.
- En la frontera sur, alrededor de 600 personas refugiadas originarias de Chiapas huyeron hacia los municipios de Cuilco y Chiantla, en el departamento de Huehuetenango, Guatemala. Este desplazamiento atípico fue consecuencia de los enfrentamientos entre dos cárteles en oposición. Las personas desplazadas se vieron obligadas a recorrer a pie terrenos de difícil acceso y a cruzar una frontera internacional.
- En diciembre de 2024, el gobierno mexicano se adscribió a la Declaración y Plan de Acción de Chile 2024-2034, una iniciativa regional que da continuidad a los principios establecidos en la Declaración de Cartagena, la cual ha sido revisada y actualizada cada 10 años como marco regional para la protección de personas refugiadas.
A través de este nuevo compromiso, los países de la región —incluido México— se comprometen a brindar protección y soluciones integrales a personas refugiadas, desplazadas y apátridas. Previo a esta adhesión, a nivel estatal ya se habían legislado cuatro leyes en materia de desplazamiento interno en Chiapas (2012), Guerrero (2014), Sinaloa (2020) y Zacatecas (2022).
Sin embargo, a pesar de estos avances normativos, aún no se han logrado soluciones duraderas ni se ha mitigado la crisis de seguridad que persiste en esas entidades, donde la violencia continuó generando múltiples eventos de desplazamiento a lo largo de 2024.
El estudio de la Universidad Iberoamericana evidencia un alarmante aumento de la violencia y un creciente número de personas obligadas a abandonar sus hogares.
La principal causa de estos desplazamientos ha sido la violencia que ha traído la expansión territorial y confrontación, de grupos del crimen organizado.
En varios estados, especialmente en Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Guerrero, la violencia ha alcanzado niveles sin precedentes, afectando tanto a comunidades rurales como urbanas./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
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