En el año 2001, participé en una asamblea en Caracas que reunió a integrantes del movimiento político Un Solo Pueblo. La intención principal era transformar dicho movimiento en un partido político formal. Aunque el partido tuvo una existencia breve, su historia refleja los desafíos que enfrentan las agrupaciones opositoras en contextos de autoritarismo.
Willian Ojeda, quien fue el miembro fundador más destacado del movimiento, terminó alineándose con el chavismo lo que hirió de muerte al partido. Por otro lado, varios miembros opositores debieron exiliarse, entre ellos Esteban Gerbasi y yo mismo. Sin embargo, algunos integrantes decidieron permanecer y continuar la lucha política, como Antonio Febres Cordero, quien se mantuvo activo en el movimiento hasta 2007.
Finalmente, tras la retirada de varios integrantes, un grupo decidió unirse a UN NUEVO TIEMPO, partido surgido de una escisión de Acción Democrática. Entre los fundadores de esta nueva organización se encontraba mi profesor Luis Emilio Rondón, lo que marcó una nueva etapa en la historia de la oposición venezolana.
En el año 2001, mientras discutíamos los estatutos de nuestro movimiento, recuerdo claramente la profunda admiración que sentíamos por el Partido Acción Nacional (PAN). Su victoria en las elecciones frente al poderoso PRI, que había gobernado México de manera ininterrumpida desde 1929, representaba para nosotros una muestra contundente de que la alternancia política era posible a través de los votos.
Ese ejemplo del PAN no solo nos motivaba como jóvenes latinoamericanos, sino que también alimentaba nuestra esperanza y convicción de que, incluso en contextos políticos difíciles, los cambios podían lograrse por la vía democrática. La experiencia mexicana nos inspiraba a creer en la posibilidad de construir partidos fuertes y ganar espacios políticos sin recurrir a métodos autoritarios, reafirmando la importancia de la participación ciudadana y la confianza en los procesos electorales.
Aun en Venezuela en aquellos años pensábamos que el chavismo era democrático y temporal, pero nos equivocamos, era una dictadura disfrazada de democracia que apenas comenzaba, nos esperaban duros años en Venezuela y en el exilio.
Es conocido que a las autocracias no les convienen los partidos políticos, su finalidad es desprestigiarlos, quitarles financiamiento asfixiándoos y a la final suplantarlos por partidos fachada que no sean opositores al gobierno para ganar todas las elecciones y terminar con una democracia fachada. No tiene que ser una dictadura dura como en Nicaragua, Cuba o Venezuela también las hay blandas como Turquía y como lo fue Rusia hasta a hace poco, y liquidas que se adaptan juegan con la anarquía el des gobierno, el desorden para mantenerse en el poder de cualquier forma.
Ya Hugo Chávez impulsaba desde 2007 la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que integro a todos los partidos aliados del chavismo y presionó a los partidos de izquierdas que no se quisieran unir (PPT, Podemos, MAS), con retiro de financiamiento estatal, campañas de desprestigio, intervenciones, persecuciones judiciales y cambio de diligencia por sentencias de tribunales, la idea consolidar un partido único de facto.
Maduro al seguir este libreto como sabia que perdería las elecciones del 28 de Julio de 2024 ejecuto nuevas medidas contra partidos y oposición como inhabilitación de partidos políticos en marzo de 2024 y dirigentes, el Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo control del gobierno, anuló la participación de varios partidos opositores: Convergencia, Movimiento al Socialismo (MAS), Movimiento por Venezuela (MPV), Partido Unión y Entendimiento (PUENTE) y GENTE. Con ello, la oposición legalizada se redujo drásticamente, dejando muy pocas opciones formales para postular candidatos.
Uso de leyes represivas para criminalizar la disidencia política a través de leyes como la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada en 2017, el gobierno creó mecanismos legales que pueden usarse para sancionar, multar o cerrar medios de comunicación, así como revocar partidos u otorgar penas a quienes sean imputados por “promover odio” o disidencia, esta ley sirve para censurar y perseguir a opositores políticos. Bajo esta norma, se pueden cerrar medios, multar prensa, y penalizar la actividad política de opositores, lo que estrecha aún más la posibilidad de organización política contraria al oficialismo.
El hostigamiento, criminalización y represión de la sociedad civil, ONG, activistas y organizaciones críticas más allá de los partidos “clásicos”, el gobierno de Maduro ha perseguido a organizaciones de la sociedad civil, a ONG, a defensores de derechos humanos, a prensa independiente y a ciudadanos críticos. Esto incluye detenciones arbitrarias, encarcelamientos, amenazas, estigmatización, tortura y regulaciones que dificultan su labor.
En la práctica, esto limita fuertemente la posibilidad de formación de partidos, agrupaciones o movimientos alternativos —o al menos de su operación abierta— inhibiendo la pluralidad política, también el control y manipulación institucional del sistema electoral y del registro partidista desde años atrás, a través del judicialismo, decisiones arbitrarias del poder judicial (o de órganos afines al gobierno) y reformas legales, se ha creado un escenario en el que muchos partidos han sido declarados “inelegibles”, obligados a renovarse, cancelar sus tarjetas, o cumplir requisitos imposibles, lo que en la práctica los deja fuera de las elecciones. Esto ha contribuido a la consolidación de un sistema único dominado por el oficialismo, y sin competencia.
La represión posterior a las elecciones de 2024: detenciones, desapariciones y violencia contra opositores, tras perder Maduro las elecciones presidenciales de julio de 2024, el gobierno incrementó medidas represivas: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, amenazas y persecución de quienes protestaron o denunciaron irregularidades electorales.
De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, estas acciones buscan desincentivar la oposición y restar credibilidad o capacidad de movilización a partidos/opositores.
En Ciudad de México el pasado sábado 29 de noviembre de 2025 el PAN celebró su XXVI Asamblea Nacional Ordinaria y su XX Asamblea Nacional Extraordinaria en la Ciudad de México, con delegados de las 32 entidades federativas, al cual fuimos invitados por Mariana Gómez del Campo y Jeraldine Pérez Mondragón.
En ese marco se aprobó una reforma estatutaria de gran calado — la más profunda en la historia reciente del partido — con el fin de “relanzar” al PAN como un partido más abierto, moderno y ciudadano.
Se renovó el Consejo Nacional del PAN para el periodo 2025–2028, que determinará la estrategia del partido los próximos años.
Algunas de las medidas importantes aprobadas en la reforma:
Apertura formal a la ciudadanía: se permite que personas sin historial partidista puedan afiliarse —incluso con un proceso exprés— con la intención de ampliar la militancia.
Habilitación de candidaturas ciudadanas: se flexibiliza quién puede postularse como candidato, más allá de la militancia tradicional.
Modernización del padrón: se impulsa una afiliación digital accesible desde el celular, eliminando lo que describen como “embudos burocráticos”.
Ajustes en las reglas internas: se modifican los estatutos en materia de estructura interna, representación, quizá esquemas de alternancia y renovación de dirigencias, como parte del “relanzamiento” del partido.
Qué busca lograr el PAN con estos cambios:
Ampliar su base de militancia, ante una situación de desgaste y pérdida de afiliados.
Modernizar su estructura para hacerlo más competitivo frente a partidos rivales en futuras elecciones (la mira está puesta en 2027).
Abrirse a nuevos perfiles ciudadanos — no solo militantes de tradición — con la esperanza de renovar su imagen, atraer nuevos simpatizantes, sobre todo jóvenes.
Redefinir su estrategia electoral y su militancia interna, adaptándose al contexto político actual.
La consecuencias para la la democracia que los partidos políticos de oposición sean perseguidos hace que los ciudadanos no tengan opciones institucionales para cambiar el sistema lo que los obliga a aceptar todas las decisiones del régimen. En el caso de Venezuela los partidos opositores fueron anulados, las leyes y regulaciones permiten criminalizar la crítica política, la protesta y la organización, generando un clima de miedo, represión y censura, la sociedad civil, medios y organizaciones independientes están bajo presión constante, reduciendo los espacios para la disidencia o la renovación política, las elecciones y los procesos políticos que pretenden ser competitivos están seriamente debilitados, con dudas sobre su legitimidad, transparencia y pluralismo.
En México hay que luchar de una forma pacifica pero enérgica, apoyando a los partidos sea cual sea su corriente ideológica pero es imperativo que exista la pluralidad, es importante dialogar con todos los sectores para evitar se consolide un sistema de poder hegemónico, donde el poder ejecutivo tenga control de las instituciones clave (electoral, judicial, comunicacional), lo que limita cualquier posibilidad real de alternancia democrática.
La persecución de los partidos políticos de oposición tiene graves repercusiones para la democracia. Cuando estos partidos son atacados o anulados, los ciudadanos pierden opciones institucionales para impulsar cambios en el sistema. Esto les obliga a aceptar todas las decisiones del régimen dominante, sin posibilidad de cuestionarlas o proponer alternativas mediante canales legítimos.
En Venezuela, la anulación de los partidos opositores ha sido acompañada por leyes y regulaciones que permiten la criminalización de la crítica política, la protesta y la organización ciudadana igual que otros países como Cuba, Nicaragua y Rusia. Esta situación ha generado un ambiente marcado por el miedo, la represión y la censura. La sociedad civil, los medios de comunicación y las organizaciones independientes enfrentan una presión constante, lo que reduce los espacios para la disidencia y limita las posibilidades de renovación política. Como consecuencia, tanto las elecciones como los procesos políticos que deberían ser competitivos se encuentran seriamente debilitados, generando dudas sobre su legitimidad, transparencia y pluralismo.
En México, es fundamental luchar de manera pacífica pero enérgica para defender el pluralismo político. Es necesario apoyar a los partidos, siempre que su corriente ideológica sea democrática, garantizando que exista diversidad de voces y opciones. El diálogo con todos los sectores es imprescindible para evitar la consolidación de un sistema de poder hegemónico, en el que el poder ejecutivo controle las instituciones clave como las electorales, judiciales y comunicacionales. Si esto ocurre, se limita cualquier posibilidad real de alternancia democrática y se pone en riesgo la pluralidad indispensable para un sistema político sano.
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