La soberanía de un Estado no puede invocarse legítimamente para justificar una dictadura como la chavista- madurista que suprime de manera sistemática los derechos y libertades fundamentales de su población. La defensa de la captura del narco terrorista Nicolás Maduro como si fuera una violación a la soberanía de Venezuela o a principios de no intervención en los asuntos internos del país no aplica en este caso. Esta idea no es solo moral o filosófica; es un principio consolidado del derecho internacional contemporáneo.
La soberanía ya no es absoluta históricamente, la soberanía implicaba la no intervención en los asuntos internos de un Estado. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, ese concepto cambió radicalmente por:
La Carta de la ONU (1945) establece que la soberanía está condicionada al respeto de los derechos humanos, los Estados no son dueños de sus pueblos, sino responsables ante ellos y ante la comunidad internacional.
Hoy, la soberanía es funcional, no un escudo para la impunidad, los derechos humanos limitan la soberanía en instrumentos jurídicos clave como:
- La Declaración Universal de los Derechos Humanos. (1948)
- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (1966)
- La Convención Americana sobre Derechos Humanos. (1978)
Estos documentos estipulan que la represión, la censura, la tortura, la persecución política y la eliminación de elecciones libres son violaciones graves que no pueden justificarse por razones de soberanía. Ningún gobierno puede alegar “asuntos internos” cuando comete crímenes contra su propia población como violación de derechos humanos, (encarcelamiento por razones políticas, tortura, desconocimiento de resultados electorales, trafico de drogas, terrorismo), todos estos delitos están probados en contra de Nicolás Maduro y sus cómplices.
Las dictaduras y los gobiernos autocráticos populistas suelen manipular el concepto de soberanía para permanecer indefinidamente en el poder, criminalizar a la oposición, silenciar a la prensa y a la sociedad civil, bloquear la observación internacional.
Pero la autodeterminación pertenece a los pueblos, no a los regímenes, cuando un gobierno elimina elecciones libres, independencia judicial y libertades básicas, pierde legitimidad soberana.
Los crímenes internacionales anulan la “defensa soberana”, el derecho internacional es claro: Los crímenes de lesa humanidad (persecución política, tortura, desapariciones forzadas), no prescriben, no están protegidos por la soberanía, pueden ser juzgados internacionalmente. Esto es la base de la jurisdicción universal y de la actuación de la Corte Penal Internacional.
La “soberanía” como argumento de las dictaduras, en la práctica, cuando un régimen invoca la soberanía para rechazar:
Misiones Internacionales de derechos humanos han probado la violación de Derechos Humanos en Venezuela como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y misión internacional independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM) creada en septiembre de 2019, los informes publicados en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, señalaron que hay motivos razonables para creer que se cometieron crímenes de lesa Humanidad, responsabilidad de altos funcionarios, cadenas de mando y patrones sistemáticos de represión y continuidad de la misma en años subsiguientes, persistencia de crimines represión post electoral en 2024, falta total de rendición de cuentas y se reitera que las causas estructurales de los crímenes siguen intactas.
A pesar de esto nunca la ONU o su Consejo de Seguridad sanciono al gobierno de Venezuela por violación de Derechos Humanos, lo que si existió fueron unas 500 sanciones unilaterales de EE.UU, Canadá, UE, Reino Unido, Suiza entre otros países que consistían en embargos de armas, prohibición de viaje, congelación de activos y medidas dirigidas a personas físicas y jurídicas vinculadas a la dictadura de Maduro.
Investigaciones independientes de distintos periodistas y ONGs si lograron informar a la población en distintos países, y los 8 millones de venezolanos que migraron fueron explicando lo que pasaba en el país receptor, estos actores en la diáspora fueron fundamentales para que se entendiera internacionalmente el nivel de daño en materia de derechos humanos se le había hechos a los venezolanos, pero el saqueo de más de 300 mil millones de dólares a la nación apenas se conoce, la destrucción ambiental del país desde la Amazonía en deforestaciones ilegales, el Arco Minero del Orinoco, Lago de Maracaibo y principales ríos en Guárico y Apure, costas marinas en Falcón y Carabobo, por explotaciones de petroleo, fugas industriales y mercurio para explotación de oro, no se sabe exactamente la magnitud pero si el daño al país es de proporsiones apocalípticas.
La prensa libre no existe en Venezuela unos 500 medios de comunicación fueron cerrados desde el año 2002 a la fecha. Las empresas privadas fueron desapareciendo se estima unas 500 mil empresas cerradas y más de 5,000 empresas expropiadas entre ellas CEMEX, Holcim, Lafarge, Bimbo, Waltmart, Lala, Maseca, Supermercados Éxito, Exxon Mobil, Conoco Phillips, Total Energies, Eni, Nestlé, Agroisleña, Verizon, Banco Santander, entre otras, se estiman unos 3 millones de empleos perdidos por estas acciones ilegales.
Todos estos hechos suficientemente documentados lo que hacen es confesar la ilegitimidad del régimen de Maduro. La soberanía auténtica se ejerce protegiendo a la población, no oprimiéndola, la soberanía no es una licencia para violar derechos humanos, en nuestra historia reciente el régimen persiguió y daño a niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, tribus indígenas famoso el triste caso de la masacre en Kumarakapay (2019), Pemones, Yanomamis, Waraos, Jivis, Yukpas, migrantes, entre las víctimas. Cuando un Estado se convierte en una maquinaria de represión pierde legitimidad jurídica y moral ante la comunidad internacional. En el siglo XXI, la soberanía sin derechos es tiranía.
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