El panorama de la seguridad pública en México ha dado un giro controvertido con la implementación del Registro Obligatorio de Líneas Telefónicas de Celulares 2026 y la expedición de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
Aunque el discurso oficial posiciona estas medidas como herramientas indispensables para combatir el secuestro y la extorsión, un análisis profundo revela que estas políticas no solo son ineficaces para frenar el crimen organizado, sino que establecen una infraestructura de vigilancia masiva que vulnera los derechos fundamentales.
La insistencia en vincular la identidad legal y biométrica de cada ciudadano a su dispositivo móvil ignora los fracasos históricos de proyectos similares, como el RENAUT en 2009 y el PANAUT en 2021, este último declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha sostenido que la recolección masiva de datos personales y biométricos bajo la premisa de combatir el crimen, constituye una «interferencia desproporcionada» en el derecho a la vida privada. El argumento central es, que el Estado no puede tratar a la totalidad de la población como presuntos delincuentes para intentar capturar a una minoría, especialmente cuando no hay pruebas técnicas de que el registro reduzca efectivamente la incidencia delictiva.
Lejos de desarticular bandas criminales, que operan mediante el robo de dispositivos, la clonación de tarjetas SIM o el uso de redes internacionales, el registro actual termina por asfixiar la privacidad del ciudadano promedio, creando una base de datos centralizada que se convierte en un botín irresistible para el mercado negro, como ya está sucediendo, y para intereses políticos de control.
La ineficacia técnica del registro es el primer síntoma de que su objetivo real no es la seguridad, sino la fiscalización. Es ingenuo suponer que un delincuente profesional utilizará una línea registrada a su nombre y vinculada a su CURP para realizar llamadas de extorsión; por el contrario, estas medidas incentivan el mercado negro de «chips» y el uso de tecnologías de suplantación que los marcos legales actuales no logran regular con éxito. Al forzar al usuario a entregar información sensible bajo la amenaza de bloquear su servicio, como un recurso hoy vital para el trabajo, la educación y la comunicación, el Estado ejerce una coacción.
En un país con un historial documentado de uso de software espía contra periodistas, defensores de derechos humanos y opositores, la creación de este padrón otorga a las instituciones de seguridad una hoja de ruta detallada sobre la vida privada de la población, facilitando el rastreo de movimientos, asociaciones y patrones de consumo bajo un manto de supuesta legalidad.
Por otro lado, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia complementa este esquema al ampliar las facultades de las instituciones de seguridad para intervenir en el ámbito digital con una supervisión judicial que suele ser opaca o reactiva. Esta ley, publicada en julio de 2025, permite una integración de datos que, sumada al registro telefónico, crea un perfilado exhaustivo de los ciudadanos.
La centralización de la inteligencia, si bien teóricamente busca eficiencia, en la práctica elimina los contrapesos necesarios para evitar el abuso de poder. Al no existir mecanismos de transparencia robustos que permitan auditar cómo y por qué se accede a la información de una línea telefónica, el sistema se inclina hacia la fiscalización social. Se vigila al ciudadano para «prevenir», pero esa prevención a menudo se traduce en la neutralización de la disidencia o en el monitoreo de grupos vulnerables, más que en la detención de los grandes capos que operan fuera del radar de estas normativas administrativas.
Finalmente, el riesgo de seguridad de los propios datos es una razón de peso para cuestionar estas políticas. Los sistemas de los operadores y del propio gobierno ya han mostrado vulnerabilidades; un error de configuración, una filtración interna o una violación a la seguridad de la infraestructura crítica como está sucediendo en algunas dependencias e instituciones, bastarían para que la identidad de millones de mexicanos termine en manos de los mismos extorsionadores que la ley dice combatir.
En lugar de fortalecer las fiscalías y los procesos de investigación criminal basados en evidencia de campo, el Estado apuesta por una solución tecnológica autoritaria que trata a toda la población como sospechosa. En este escenario, el Registro 2026 y la Ley de Inteligencia se revelan no como soluciones al problema de la violencia, sino como una oportunidad aprovechada para consolidar un control estatal sin precedentes, donde la seguridad pública es el pretexto y la libertad ciudadana el bien jurídico sacrificado.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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