Con el inicio del Periodo Ordinario de Sesiones este 1 de febrero, el Congreso de la Unión se prepara para discutir una agenda legislativa de alto impacto, encabezada por la reforma electoral y con los pendientes de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y la figura de los “jueces sin rostro”, orientado a proteger la identidad de los juzgadores que conozcan casos vinculados con la delincuencia organizada, como medida de seguridad institucional.
El escenario parlamentario tiene los antecedentes de desencuentros entre el bloque oficialista consolidado y la oposición, que ha mantenido una postura crítica con pocas propuestas y que se ve obligada a redefinir el papel que desempeña en el juego legislativo.
Esta dinámica, marcada por la polarización y la limitada percepción ciudadana de opciones políticas, refleja un escenario en el que los partidos compiten más desde posturas ideológicas que desde plataformas legislativas capaces de anticipar y atender los problemas del país.
Durante el periodo que iniciará también se abordarán cambios al Código Penal, derechos indígenas, migración y ajustes al Reglamento del Senado, mientras continúan las negociaciones para concretar los temas prioritarios del Ejecutivo.
Y destacan las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reglamentar la reforma judicial publicada en el Diario Oficial de la Federación, con el objetivo de acelerar la impartición de justicia y reducir el rezago acumulado en juzgados, tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Reforma electoral es una prioridad estratégica
Más allá del arranque de un nuevo Periodo Ordinario de Sesiones, se abre el capítulo final de la reconfiguración política iniciada en 2024 e impulsada desde el Ejecutivo. En la agenda legislativa aparecen múltiples reformas, pero una sobresale por encima de todas: la reforma electoral, la última pieza pendiente del llamado Plan C heredado por Andrés Manuel López Obrador y asumido ahora por la presidenta Claudia Sheinbaum como una prioridad estratégica.
El Congreso llega a este nuevo ciclo en un clima de polarización, desconfianza y desgaste institucional. Morena y sus aliados —PT y Partido Verde, que el miércoles pasado reafirmaron su alianza de cara al proceso electoral de 2027—, cuentan con una mayoría constitucional que les permite aprobar prácticamente cualquier cambio sin necesidad de la oposición.
Aun así, la reforma electoral no es un trámite: dentro del propio bloque oficialista existen intereses encontrados, sobre todo en torno a la representación proporcional y al financiamiento público de los partidos.
- El politólogo Javier Martín Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, declara en entrevista que el problema es evidente: “Las iniciativas que buscan desaparecer o reducir la representación proporcional pondrían en riesgo la sobrevivencia del PT y del Verde. Sin los plurinominales, ambos perderían buena parte de sus bancadas. Por eso la negociación es tan tensa”.
En el fondo, lo que se juega es el diseño del sistema político mexicano para la próxima década. La propuesta original del expresidente López Obrador planteaba eliminar a los legisladores plurinominales, reducir drásticamente el financiamiento a los partidos y rediseñar la autoridad electoral. Para Morena, eso implicaría consolidar su dominio; para sus aliados, en especial PT y Verde, significaría una amenaza existencial.
El segundo eje conflictivo es el dinero, considera el investigador. Un recorte general al financiamiento público impacta de forma asimétrica: Morena, que gobierna la mayoría de los estados y municipios, puede compensarlo con recursos indirectos; la oposición y los partidos satélite no.
“En un sistema donde buena parte del dinero que fluye en campañas es ilícito o proviene del uso político de recursos públicos, quien controla el gobierno tiene ventaja estructural”, advierte Reyes.
Habrá reforma con la oposición o sin ella
Por eso, aunque todo apunta a que sí habrá reforma electoral, su contenido final será producto de una negociación cerrada dentro del propio oficialismo. El entrevistado señala que Morena necesita al PT y al Verde para seguir explotando el régimen de coaliciones, que permite multiplicar artificialmente la sobrerrepresentación en el Congreso. A cambio, esos partidos exigirán no ser sacrificados en el rediseño del sistema.
Será hasta que se presenta formalmente la propuesta de reforma que se planteen las tendencias, aunque el anuncio sobre la permanencia de su coalición ya habla de acuerdos al interior.
Mientras tanto, la oposición —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— observa desde la barrera.
En la legislatura pasada, una oposición unificada pudo frenar reformas clave. Hoy, con Morena y aliados controlando las dos cámaras, su papel es esencialmente testimonial. Pero eso no explica el que parece su mayor fracaso: no tener una propuesta propia.
“La oposición debería estar diciendo: sí, se necesita una reforma electoral, pero para limitar la sobrerrepresentación, para fortalecer a los árbitros, para reducir costos sin dañar la calidad y para combatir el dinero ilícito. Nada de eso está hoy sobre la mesa”, señala Reyes.
En ese vacío político se incuban las reglas que definirán la competencia rumbo a 2027.
Oposición, un contrapeso debilitado
El nuevo periodo en el Congreso inicia con una certeza incómoda para PAN, PRI y Movimiento Ciudadano: por primera vez en años, la oposición ya no es necesaria para aprobar reformas constitucionales. Morena, el PT y el Partido Verde controlan por sí solos las mayorías calificadas en ambas cámaras, lo que convierte al bloque opositor en un actor políticamente irrelevante en términos aritméticos y lo obliga a redefinir su papel en un Congreso dominado por el oficialismo.
La diferencia con la legislatura pasada es sustancial: entonces, una oposición unificada logró frenar reformas clave, desde la electoral hasta la eléctrica o la de la Guardia Nacional. Hoy, ese margen desapareció. En ese contexto, su margen de maniobra se reduce casi exclusivamente al terreno del debate público, precisa el entrevistado.
Sin embargo, ese espacio tampoco está siendo aprovechado. Reyes señala que, aun si se reconoce que la oposición está en una posición muy difícil, “se ha quedado a deber”. En particular, en el tema más sensible del periodo —la reforma electoral— PAN, PRI y MC no han puesto sobre la mesa una propuesta propia.
La verdadera negociación está en el bloque mayoritario del Congreso
El PT y el Partido Verde se han convertido en actores clave porque dependen de la representación proporcional para sobrevivir políticamente. Estos dos partidos junto con Morena protagonizan la negociación real.
Frente a ese escenario, la oposición queda atrapada en una dinámica que la estanca: denuncia todos los días al poder, pero carece de herramientas para incidir en él.
Por eso, su única posibilidad real es ganar el debate público con argumentos, propuestas y posiciones comunes, algo que hasta ahora no ha ocurrido.
Si PAN, PRI y Movimiento Ciudadano no logran pasar de la protesta a la propuesta, el nuevo periodo ordinario quedará marcado por una oposición que observa, critica y pierde, mientras las reglas del país se reescriben sin ella.
Más que una simple discusión técnica: los ‘jueces sin rostro’ y la jornada laboral de 40 horas
El Congreso de la Unión avanza con una agenda legislativa que busca marcar precedentes en la justicia y las condiciones laborales. Más allá de la dominante reforma electoral, emergen dos temas que encenderán debates y confrontaciones entre oficialismo y oposición: la creación de la figura de los “jueces sin rostro” y la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.
La propuesta de los jueces sin rostro forma parte del esfuerzo por reglamentar la reforma judicial publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2024. Esta figura busca proteger la integridad de los juzgadores que enfrentan casos relacionados con delincuencia organizada, narcotráfico y terrorismo, al mantener su identidad en anonimato bajo estrictas medidas de seguridad.
- Según la iniciativa avalada por el Ejecutivo, los nombres de los jueces no se divulgarían, sus rostros no se mostrarían en audiencias públicas y, en casos extremos, dictarían sentencia desde lugares seguros sin contacto directo con los procesados.
- La medida se inspira en modelos internacionales aplicados en contextos de violencia extrema, como Italia, Colombia y Brasil, donde se ha recurrido a métodos similares para enfrentar a mafias y grupos armados.
- Quienes impulsan la medida aseguran que el anonimato puede garantizar imparcialidad, reducir presiones o amenazas y facilitar la eficiencia de procesos judiciales de alto riesgo, además de abatir el rezago crónico en tribunales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado, en ocasiones anteriores, su oposición a este recurso como instrumento dentro de la impartición de justicia, porque “viola el derecho de ser juzgado por tribunales independientes, imparciales y sin conflicto de interés, se salta la máxima de igualdad procesal y defensa”.
Derechos laborales en discusión
En paralelo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales entra a la agenda como una demanda histórica de trabajadores y organizaciones sociales que buscan mejores condiciones de vida y trabajo.
- La iniciativa, respaldada por sectores sindicales y parte del espectro legislativo, propone modificar el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo para disminuir la jornada desde las actuales 48 horas.
- El debate contempla mecanismos de implementación gradual, con plazos diferenciados para distintos tamaños de empresas, con la meta de alcanzar el nuevo estándar entre 2027 y 2030, sin reducir salarios ni prestaciones.
Legisladores y representantes del sector productivo han llamado a debatir con prudencia y a consensuar esquemas de transición que no afecten la competitividad. Mientras algunos promueven la obligatoriedad de dos días completos de descanso para garantizar el objetivo original de la reforma, otros plantean que el tema requiere ajustes técnicos y amplios acuerdos./Angencias-PUNTOporPUNTO
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