Los avances y logros de la oposición democrática venezolana se deben a varios factores: los millones de venezolanos unidos en contra del régimen, aunque tenemos distintas formas de ver la solución o los caminos para enfrentar la dictadura, todos han puesto su grano de arena en la salvación de la patria. Se han logrado golpes duros y democráticos, como cuando ganamos las elecciones de la Asamblea Nacional en 2015, aunque después Maduro desmanteló y persiguió a los diputados para crear una Asamblea Nacional Constituyente en 2017. El entendimiento que teníamos que agruparnos bajo un liderazgo para lograr nuestro cometido llevó a que la persona elegida por unas elecciones primarias fue un acto de organización civil internacional en 2023 fuera María Corina Machado quien gano por 90% de los votos, aunque el régimen saboteó esas elecciones. Las elecciones del 28 de julio de 2024 se ganaron a pesar de las trampas de la dictadura de Maduro, y la cereza del pastel fue el trabajo de miles de venezolanos en Washington y personas que conocen nuestra problemática, como Marcos Rubio y María Elvira Salazar, quienes convencieron al presidente Donald Trump de que había que capturar al dictador Nicolás Maduro, lo que se logró este 3 de enero y está obligando al régimen a desmantelarse y hacer cambios urgentes.
Ahora, ¿cuál es la jugada de Delcy y Jorge Rodríguez? Lavarse la cara de complicidad de años de persecución, tortura, saqueo a la nación, destrucción ambiental, corrupción e incitación al odio para quedar con capital político, seguir existiendo sin rendir cuentas a la justicia y salir lo mejor parados de la caída de la dictadura. ¿Cómo lo piensan lograr? Manejando el discurso, con posverdad y mentiras; ahora, como el lobo de Caperucita, se disfrazan de abuelita buena para engañar al pueblo venezolano, tratando de decir que el carnicero Maduro les había dado orden de hacer estos cambios que en realidad llevamos pidiendo desde hace años y hoy en día son órdenes de Washington a través de Marcos Rubio.
Se preguntan por qué María Corina Machado y Edmundo González, si tienen los votos de la mayoría de los venezolanos, ¿por qué no toman el poder ya? El manual de acción del Socialismo del Siglo XXI, creado por Hugo Chávez y Cuba en 2001, nos impuso a los Círculos Bolivarianos, grupos de defensa de la revolución bolivariana; son los mismos que creó Morena en México llamados Siervos de la Nación. Hasta el número de funcionarios se parece: en México son 23 mil, en Venezuela se estiman 20 mil, con la diferencia de que Chávez los armó después de las protestas por la huelga petrolera del 11 de abril de 2002, se dice que la cantidad de armamento estimada es de 228,294 armas y municiones. Esos grupos hoy en día se llaman Colectivos, están armados, se dedican también al control político de zonas populares, delinquir, extorsionar, distribuir alimentos como las bolsas CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción), perseguir y matar opositores; hoy en día, en su mayoría, son controlados por el capo Diosdado Cabello.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (FANB) tiene que recuperar su papel de garante de la seguridad y democracia del país. Para que exista paz, necesita desarmar a estos grupos Colectivos, al Cártel de los Soles, además de otras bandas PRANES (Presos Rematados Asesinos Natos) que operan en el país; la más famosa es el Tren de Aragua, otros peligrosos grupos el Tren de Guayana y la banda de “Wilexis”. Se calcula que hay 19 bandas criminales, ya sin tanto tinte político, y por último los grupos colombianos que operan en Venezuela: ELN (Ejército de Liberación Nacional), las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y la guerrilla local el FBL (Fuerzas Bolivarianas de Liberación). Aunque la oposición tiene el apoyo de la inmensa mayoría de los venezolanos, un 90 %, para garantizar la seguridad de las nuevas autoridades hay que desarmar a los grupos violentos armados. Por esta razón, EE. UU., sin una amplia presencia militar en el país, no puede hacer una transición rápida al nuevo presidente Edmundo González o arriesgar a la líder María Corina Machado.
Lo más difícil no es solo la liberación de los presos políticos, la prueba de fuego es cuando el ejército y una nueva policía vuelva a tener el monopolio de las armas y empiece a desarmar violentos grupos civiles y paramilitares. La semana pasada, aunque aún no se ha declarado la falta absoluta de Maduro en la presidencia por el TSJ chavista, se propuso y anunció por la presidenta encargada Delcy Rodríguez la Ley de Amnistía en Venezuela, que busca básicamente liberar y borrar las causas judiciales de personas detenidas por motivos políticos, como opositores, militares, activistas, periodistas o defensores de derechos humanos que han estado encarcelados o procesados injustamente, como parte de la persecución injusta y represión de civiles y militares que ha vivido el país en las últimas décadas, se tienen registros de estos delitos de lesa humanidad desde el año 2000.
¿En qué consiste la amnistía anunciada?
Amplitud temporal:
La amnistía propuesta cubriría casos desde 1999 hasta la actualidad, lo que incluye todo el periodo bajo gobiernos inspirados en el chavismo —desde Hugo Chávez hasta la fase más reciente del Estado venezolano 2026, tendrían que cerrar los al menos 90 centros de tortura, esto traerá un problema al chavismo que no sabe como ocultar tanta violación a los derechos humanos, lo que puede ser utilizado como excusa para eliminar esta ideología prescribiendo el chavismo como movimiento político en un futuro cercano.
Las leyes de amnistía han sido utilizadas en muchos países como instrumentos de transición política, cierre de conflictos armados o procesos de reconciliación nacional, suelen ser polémicas porque pueden ayudar a pacificar, pero también pueden generar impunidad si cubren violaciones graves de derechos humanos.
A continuación, algunos de los casos más relevantes:
Argentina:
Ley de Punto Final (1986) y Ley de Obediencia Debida (1987), buscaban frenar los juicios contra militares de la dictadura (1976–1983). Ambas leyes fueron anuladas en 2003, reabriendo procesos por crímenes de lesa humanidad.
Chile:
Decreto Ley de Amnistía de 1978, durante la dictadura de Pinochet, cubría delitos cometidos entre 1973 y 1978. Con el tiempo, los tribunales chilenos y la presión internacional limitaron su aplicación.
Uruguay:
Ley de Caducidad (1986), impidió juzgar a militares por delitos de la dictadura.
Parcialmente anulada y reinterpretadla; hoy se procesan crímenes de lesa humanidad.
Brasil:
Ley de Amnistía de 1979, benefició tanto a opositores como a agentes estatales. Sigue siendo cuestionada por organismos internacionales de derechos humanos.
España:
Ley de Amnistía de 1977, tras el franquismo, liberó presos políticos y cerró causas del pasado.Muy debatida hoy por su impacto en la investigación de crímenes de la dictadura.
Sudáfrica:
Amnistías de 1995 condicionadas ligadas a la Comisión de la Verdad y Reconciliación tras el apartheid. Se otorgaban solo si el responsable confesaba plenamente.
El Salvador:
Ley de Amnistía General de 1993, después de la guerra civil. Declarada inconstitucional en 2016, permitiendo reabrir casos.
Guatemala:
Amnistía parcial tras los Acuerdos de Paz (1996). Excluyó genocidio, tortura y desaparición forzada.
Colombia:
Leyes de amnistía e indulto dentro del proceso de paz con el M19, FARC y el ELP en 1982, 1989, 1997, 2005, 2016. Solo para delitos políticos; no aplican a crímenes graves.
Perú
Leyes de amnistía en los años 70s, 90s para militares y 2025. Declaradas incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos.
Las experiencias comparadas muestran que las amnistías pueden facilitar transiciones políticas, pero no son válidas internacionalmente cuando cubren genocidio, tortura, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas. La tendencia actual es combinar verdad, justicia y reparación, limitando las amnistías. Aunque en el caso venezolano la propuesta de ley de amnistía no aplicaría a delitos graves, como homicidio, narcotráfico, violaciones graves a los derechos humanos, terrorismo o crímenes de lesa humanidad, sabemos que los verdugos del régimen no están acusados de ningún delito dentro del país; hay acusaciones en EE. UU., en la Corte Penal Internacional (CPI). Hay que leer el proyecto de ley para entender cómo se van a proteger los verdugos del régimen, porque sabemos que ellos no actúan de buena fe, solo buscan zafarse de responsabilidades y mantenerse en el poder.
El centro de detenciones y torturas El Helicoide en Caracas, Rodríguez señaló: “Será cerrado como prisión y transformado en un espacio distinto con usos sociales y comunitarios”. Deberían convertirlo en un museo o espacio de memoria histórica, para que no se nos olviden las violaciones de derechos humanos que sufrieron nuestros hermanos y que nunca más se vuelvan a repetir. La fundación Voces de la Memoria, liderada por Víctor Navarro, ex preso político que estuvo detenido en ese centro de tortura, creó un recorrido virtual en El Helicoide. Yo lo vi en México hace años y fue presentado a distintos diputados y senadores mexicanos entre otras personalidades. Después de verlo, el enorme sufrimiento por detenciones sin debido proceso, aislamiento y tortura, entre otros horrores, pensé:
“El infierno en la tierra sí existe y no está muy lejos, está en los centros de tortura de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela’.”
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