La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se convirtió recientemente en el escenario de una importante disputa legal respecto a los derechos laborales en México. El debate se centró en una propuesta que amenazaba con modificar sustancialmente las reglas del aviso de rescisión establecidas en la Ley Federal del Trabajo.
La controversia surgió a raíz del proyecto de Contradicción de Criterios 165/2025, elaborado por el ministro Irving Espinosa Betanzo. El núcleo del conflicto radicaba en la figura del «despido invisible», una situación de hecho que ponía en duda el momento exacto para iniciar acciones legales.
Dicha iniciativa pretendía que la SCJN redefiniera cuándo comienza el cómputo del plazo de dos meses para que un trabajador demande un despido injustificado. La propuesta sugería que el tiempo corriera desde la separación material al día siguiente, sin necesidad del documento formal.
Bajo la normativa vigente, derivada de las reformas de 2012 y 2019, el reloj legal para presentar una demanda se mantiene detenido hasta la notificación. Es indispensable que el patrón entregue personalmente al empleado el aviso escrito donde se explican claramente las causas del cese.
- Especialistas advirtieron que, de aprobarse el criterio en la SCJN, se validaría el incumplimiento de las obligaciones patronales de notificación escrita. Esto permitiría que el tiempo de prescripción avanzara en perjuicio del trabajador, aun cuando este desconociera su situación legal real.
- Esta modificación representaba un riesgo latente de dejar en estado de indefensión a millones de empleados en el país. Al no conocer oficialmente las razones de su despido, los trabajadores carecerían de los elementos necesarios para estructurar una defensa adecuada ante los tribunales laborales.
El análisis dentro de la SCJN también consideró que la medida desplazaba injustamente el riesgo hacia la parte más débil de la relación laboral. Se impondría al trabajador la carga de reaccionar inmediatamente ante un acto que, por ley, debería ser comunicado formalmente por el empleador.
Críticos del proyecto señalaron que relajar la carga patronal fomentaría prácticas de informalidad y opacidad en las empresas. Esto desalentaría la emisión de avisos formales, profundizando la asimetría de poder existente entre el empleado y el empleador en los litigios.
- Aunque el proyecto argumentaba buscar certeza jurídica ante la SCJN para evitar que el trabajador quedara en un limbo indefinido, la propuesta fue considerada regresiva. Se argumentó que permitir la demanda desde la separación física no justificaba la eliminación de garantías procesales esenciales.
- La presión social y los argumentos de expertos sobre el retroceso en la protección de derechos marcaron la pauta previo a la sesión. Se evidenció que la medida podría vulnerar principios fundamentales de tutela judicial efectiva consagrados en la constitución y los tratados internacionales.
La Segunda Sala de la SCJN presenció un desenlace inesperado cuando el propio ministro ponente solicitó el retiro del asunto. Irving Espinosa decidió no someter a votación el proyecto al inicio de la sesión programada, reconociendo la complejidad del tema.
Con esta acción, se frustró la implementación del nuevo criterio y se mantiene vigente la protección actual para los trabajadores. La SCJN confirma así que el patrón sigue obligado a entregar el aviso de rescisión para que el plazo de prescripción pueda comenzar a correr legalmente./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
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