El Estado moderno reposa sobre una premisa tan elemental en la teoría como extraviada en la práctica nacional: la pretensión de detentar con éxito el monopolio del uso legítimo de la fuerza física dentro de un territorio determinado, idea expresada por el sociólogo aleman Max Weber.
Cuando esa potestad se disipa o se negocia en la sombra, como sucede con la corrupción e impunidad, el diseño institucional deja de ser un cuerpo soberano y se convierte en una ficción protocolaria.
En México, la disfunción de la seguridad pública no obedece a un mero déficit de pertrechos ni a la escasez de efectivos uniformados; constituye una avería institucional de índole sociológica, política y jurídica. La descomposición del orden pacífico delata una renuncia paulatina a la coercibilidad legal, transformando regiones enteras en un conglomerado con poderes fácticos que desafían impunemente la soberanía que la Constitución de 1917 reserva de manera exclusiva a los poderes de la Unión.
Frente a la disyuntiva clásica entre el político que vive para la causa pública y aquel que medra al amparo de las prerrogativas del mando, la gestión contemporánea de la seguridad mexicana exhibe el predominio de una clase gobernante orientada al usufructo del cargo antes que a la responsabilidad del orden.
Se ha optado por administrar el diferendo mediante paliativos retóricos, mientras las corporaciones policiacas locales y sus elementos permanecen en un abandono técnico y moral vergonzoso. Esta claudicación en la imposición del imperio normativo pulveriza la legitimidad racional-legal del orden público. Cuando el ciudadano advierte que la garantía de su vida y de su patrimonio no proviene del mandato de la ley sino de la caprichosa tolerancia de bandas armadas, el pacto fundacional del Estado se resquebraja, desnudando la triste verdad de una autoridad que renuncia a su función primordial para no alterar sus cálculos electorales.
A esta patología estructural se suma una perversión filosófica en la toma de decisiones: la suplantación de la ética de la responsabilidad por una cómoda ética de las convicciones. Resulta indudablemente tentador para la autoridad predicar voluntades pacíficas, proclamar discursos bienintencionados y desentenderse de las consecuencias tangibles de sus omisiones territoriales, atribuyendo el mal social a inercias pasadas.
No obstante, en la ciencia del Estado, el gobernante debe responder por los efectos previsibles de su inacción. Desarmar la respuesta coactiva bajo el pretexto de una pureza ideológica o doctrinaria abstracta, constituye una frivolidad inexcusable cuando el saldo se cuantifica en vidas truncadas y en la parálisis de la convivencia social. La fuerza pública no es un aditamento optativo ni un agravio ideológico; es el instrumento indefectible que vuelve vigentes las libertades colectivas.
Frente a este colapso funcional, la solución no radica en la militarización permanente de las tareas civiles de proximidad ni en el encogimiento de hombros ante la catástrofe humanitaria.
El restablecimiento de la paz exige una reconceptualización de la seguridad como política de Estado, el encarcelamiento de aquella autoridad corrompida o impune, ambas sustentadas en la profesionalización implacable de los ministerios públicos y la reconstrucción técnica de las policías municipales y estatales.
El monopolio de la coacción legítima debe recuperarse subordinándolo rigurosamente al control judicial de la legalidad y al respeto irrestricto de los derechos humanos. Sólo cuando la autoridad política asuma la ética de responder por los resultados de sus mandatos, la Nación podrá convocar a un auténtico patriotismo civil que cierre el paso a la barbarie y devuelva al ciudadano la tranquilidad de vivir bajo el amparo de la ley.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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