La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), validó este lunes la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI) de 2023, que restringe los apoyos económicos del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) a integrantes de instituciones privadas al dar prioridad a los del sector público.
- Tras un amplio debate en el que la ministra, Loretta Ortiz, sostuvo que la restricción vulnera los derechos de los académicos, el pleno aprobó, por siete votos contra uno, el proyecto de la ministra, Sara Irene Herrerías Guerra, al considerar que la ley busca utilizar eficientemente los recursos públicos y orientar la investigación hacia las prioridades nacionales y el beneficio social.
La resolución, derivada de dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por legisladores de oposición, también fija un criterio para que tribunales inferiores resuelvan más de 90 amparos de investigadores de instituciones privadas que consideran discriminatoria la ley. Entre esos recursos figura uno promovido por Giovanni Figueroa Mejía antes de llegar a la Corte, por lo que el ahora ministro se excusó de participar en la discusión.
“El proyecto adopta una interpretación conforme que salva la constitucionalidad de ambos artículos. El artículo 41 permite apoyos gubernamentales e investigadores de instituciones no públicas cuando realicen actividades sustantivas, docencia de cursos, coordinación de programas, entre otros, en instituciones públicas. O bien, el artículo 34 habilita dichos estímulos cuando sus proyectos se vinculan con las prioridades de la agencia nacional”, explicó la ministra ponente, Sara Irene Herrerías.
- La Corte también avaló los programas de becas de posgrado y apoyos para estancias posdoctorales, pese a que la ley garantiza recursos a estudiantes de instituciones públicas y condiciona los de privadas a que no cobren colegiaturas.
- El pleno concluyó que esta diferencia no es discriminatoria, pues las becas deben destinarse a la manutención y asignarse de manera equitativa, conforme a la disponibilidad presupuestaria.
Asimismo, rechazó que la norma viole la libertad de cátedra y académica, al concluir que fija las prioridades de la agenda nacional y coordina políticas con las entidades federativas sin imponer contenidos, metodologías o líneas de investigación.
Polémica
El debate provocó un choque entre la ministra, Loretta Ortiz Ahlf y María Estela Ríos González. Ortiz, única en votar contra las restricciones a investigadores de instituciones privadas, rechazó que todas persigan fines de lucro y destacó su trayectoria académica.
- “Para empezar, yo trabajé, o sea, estaba inscrita en la Escuela Libre de Derecho, que he dado 44 años clases sin cobrar un céntimo, un céntimo y que no tiene como finalidad de lucro”, sostuvo.
- En respuesta, Ríos González defendió orientar los recursos públicos a investigaciones de interés nacional y cuestionó proyectos financiados bajo la legislación anterior.
“Hubo proyectos, con la anterior ley, para mejorar la preparación de la barbacoa, para el enfriamiento de pastas para pizzas y de salsas para pizzas, además de pintura para vehículos”, señaló.
También reprochó a Ortiz que las leyes no deben basarse en experiencias personales.
Por su parte, Lenia Batres Guadarrama afirmó que entre 2013 y 2018 el extinto Conacyt transfirió más de 45 mil millones de pesos a empresas privadas, frente a 7 mil millones destinados a ciencia básica, y que más de 22 mil millones de 90 fideicomisos quedaron en proyectos inconclusos o subutilizados.
- En otro punto, el pleno avaló la participación de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina en la Junta de Gobierno del extinto Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), al considerar que su presencia no implica militarizar la investigación.
La disposición permanecerá vigente mientras se realizan los ajustes legales derivados de su sustitución por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti)./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
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