La iniciativa de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, tiene vacíos frente a los posibles efectos de limitar los aumentos anuales de renta a la inflación del año anterior, pues los propietarios podrían fijar precios iniciales más altos para anticiparse a esa restricción, advirtieron especialistas en la materia.
- La iniciativa fue presentada el pasado 14 de octubre por Brugada Molina al Congreso capitalino. Sin embargo, la propuesta se anunció desde el 16 de julio de 2025 como parte del Bando 1, entre las medidas para combatir la gentrificación y proteger a inquilinos.
- Lidia González, académica de la Universidad Rosario Castellanos, celebró que se haya concretado la iniciativa después de más de un año de su anuncio y consideró positivo establecer un techo a los incrementos de renta, pero señaló que es necesario atender sus posibles consecuencias en el mercado de vivienda en alquiler.
“Los propietarios pudieran elevar los valores iniciales de los contratos a modo de adelantarse a las restricciones de esta ley, para arrancar de un punto de partida más elevado en el valor de renta. Esto va a distorsionar el mercado”, mencionó.
- Agregó que algunos pequeños propietarios podrían retirar sus inmuebles del mercado si consideran que ya no les conviene rentarlos, lo que reduciría la oferta disponible. También alertó sobre el riesgo de que propietarios e inquilinos opten por acuerdos informales para evitar las restricciones y el registro de los contratos.
“Si no les conviene el juego, incluso pueden aminorar la poca oferta de vivienda en alquiler y eso también puede ser nocivo. Insisto, el desplazamiento hacia el mercado informal, que de por sí es bastante grande, va a ser menos costoso no declararse”, refirió.
La académica señaló que si bien la iniciativa contempla un apartado de sanciones, falta claridad sobre las capacidades técnicas y administrativas de las autoridades para vigilar su cumplimiento y aplicar las multas. También cuestionó qué incentivos se ofrecerán para promover el registro de los contratos y qué mecanismos se utilizarán para comprobar su información.
- Por su parte, Rosalba Loyde, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, coincidió en que las restricciones a los incrementos de renta generan preocupación por las prácticas que podrían adoptar los propietarios.
“No por el instrumento en sí, me parece que en el papel suena muy bien, pero en las prácticas sociales las personas vamos a tomar las decisiones que parezcan más prácticas y que en este caso generan más rentabilidad. Si me dicen a mí que mis siguientes aumentos de contrato van a estar limitados, ¿qué voy a hacer? Pues mi primer contrato lo voy a aumentar lo más que pueda, lo más que me permita el mercado, para poder equilibrar eso que no voy a ganar en el futuro”, comentó.
Loyde recordó que algo similar sucedió en Argentina en 2020, cuando, tras la aprobación de la Ley Inquilinaria, se abrió un mercado negro para la renta de propiedades. Además, señaló que varios contratos de alquiler se celebran de manera verbal, por lo que no quedan registrados.
Daniela Sánchez Carro, coordinadora de la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, señaló que la iniciativa establece pautas y obligaciones, pero aún falta claridad sobre los mecanismos para sancionar posibles incumplimientos. Por ello, consideró necesario esperar la elaboración de los reglamentos y la definición de cómo operará la Defensoría Inquilinaria./Agencias-PUNTOporPUNTO
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