El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta una crisis institucional y de credibilidad que se agrava con el recorte presupuestal de seis mil millones de pesos para 2027, los cuestionamientos a sus consejeros, los conflictos internos y la falta de acuerdos políticos para completar su integración, advirtieron especialistas en materia electoral.
- Guadalupe Salmorán Villar, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, y Jorge Aljovín, analista político, coincidieron en que el organismo llega debilitado a uno de los procesos comiciales más grandes de la historia, con riesgos para su operación y para la confianza ciudadana.
- Aljovín habló de una “tormenta perfecta” en la que, a su juicio, se pretende debilitar al árbitro electoral hasta su eventual desaparición. Enumeró la falta de renovación de la presidencia del Consejo General, el paro de trabajadores de módulos que exigieron mejores salarios, el recorte y los señalamientos contra consejeros.
Salmorán Villar recordó que en 2027 se renovará la Cámara de Diputados y habrá elecciones en 17 gubernaturas, 30 congresos locales y cargos municipales en al menos 30 entidades, con una lista nominal de más de 102 millones de electores. Explicó que la ausencia de una consejería dificulta la deliberación y altera los equilibrios internos, sobre todo cuando se requieren mayorías calificadas, por ejemplo, al definir las reglas de asignación de diputaciones plurinominales.
La académica cuestionó además a Morena, partido al que atribuyó alimentar una narrativa que pone en duda la legitimidad del INE, pese a que el partido y sus aliados impulsaron a integrantes del Consejo General. Calificó de “bochornoso” su intento por deslindarse de la consejera que ellos propusieron.
Sobre el recorte, Aljovín advirtió que podría afectar la capacidad operativa del instituto y planteó una responsabilidad compartida: el INE debe garantizar transparencia y austeridad, y los legisladores, proveerle recursos. Distinguió entre la austeridad que elimina privilegios, “bienvenida”, y la que merma las capacidades de un órgano autónomo, que consideró innecesaria.
También criticó la desigualdad salarial: un consejero percibe unos 180 mil pesos netos mensuales, mientras que los trabajadores de módulos reciben cerca de nueve mil 600. “Me parece que es una ofensa”, dijo.
Salmorán opinó que, en lo técnico, el instituto podrá cumplir su calendario, pero hay dudas sobre cómo organizará los comicios con menos recursos y más cargos y votantes. “Comenzamos este proceso electoral con el pie izquierdo”, sostuvo.
- Jorge Aljovín cuestionó los intereses políticos detrás de la disputa por la presidencia del Consejo, donde mencionó perfiles afines al oficialismo, como Mónica Soto Fregoso, exmagistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y Estela Damián Peralta, exconsejera jurídica del Ejecutivo federal. Expresó también preocupación por la asistencia de un consejero al informe de un actor político, aunque se aclaró que fue a título personal. Ante los presuntos conflictos de interés y vínculos con proveedores, dijo que los nombramientos deben privilegiar la preparación y la probidad sobre las afinidades políticas.
Finalmente, advirtió que el debilitamiento podría abrir la puerta a que, tras 2027, se plantee refundar el INE, como ocurrió con el Poder Judicial. Salmorán subrayó que será determinante que el Consejo General cumpla el calendario y decida a tiempo, aunque anticipó que será difícil que la elección transcurra sin cuestionamientos a su certeza./Agencias-PUNTOporPUNTO
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