La Fiscalía General de la República (FGR) podrá obtener la información bancaria o fiduciaria de Juan Collado Mocelo, debido a que un Tribunal Federal declaró infundado un recurso de queja que promovió el abogado contra la autorización que dio un juez de control.
Collado impugnó la resolución judicial del pasado 10 de septiembre, dictada en el expediente 312/2019 (técnica de investigación) donde el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, autorizó la entrega de información a la FGR.
- Ante esta situación, el litigante interpuso una demanda de garantías en el juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, con la intención de no proporcionar dicha información, pero el juez rechazó concederle una suspensión provisional. Por esta razón, Collado promovió una queja y este lunes, por unanimidad, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal la declararon infundada.
En su acuerdo, los magistrados señalaron: “…aunque la naturaleza del acto permite la suspensión de la ejecución de la técnica de investigación, debe negarse la medida cautelar dado que como se vio, con los datos que se cuenta no es posible afirmar que el acto reclamado sea ostensiblemente inconstitucional (…) aunado a que de conceder la medida cautelar para los efectos que propone se privaría a la colectividad del beneficio que le otorgan las leyes antes señaladas para coadyuvar en las pesquisas de los ilícitos denunciados e incluso se les generaría ese daño que de otra manera no resentirían”.
- Hace un par de semanas, un Tribunal Unitario otorgó una suspensión provisional al abogado Juan Collado que evita en estos momentos que su caso pase a etapa de juicio, hasta en tanto se resuelve la legalidad de la vinculación a proceso dictada en su contra. No obstante, lo anterior no frena las investigaciones que tiene en curso la FGR para reunir elementos en contra del litigante.
- Collado busca revertir el auto de vinculación a proceso que un juez de control emitió en su contra por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La FGR integró la carpeta de investigación contra el abogado usando una averiguación previa que está en manos de las autoridades de Querétaro y con la denuncia del empresario inmobiliario, Sergio Hugo Bustamante Figueroa, quien dijo haber sido defraudado por una empresa cuyos propietarios supuestamente son los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, así como el gobernador Francisco Domínguez Servién, entre otros./MILENIO-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
