CARTA A NUESTROS GOBERNANTES CDMX.

CÓMO PODEMOS ESTAR FELICES COMO SOCIEDAD, SI UNO DE LOS PRINCIPALES PILARES DEL ESTADO, HA SUCUMBIDO ANTE LA SEDUCCIÓN Y FUERZA EJERCIDAS POR EL CRIMEN ORGANIZADO QUE ES QUIEN DIRIGE, CONTROLA Y ADMINISTRA EL VERDADERO PODER?

 

A Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la CDMx.

A Patricia Mercado, Secretaria de Gobierno de la CDMx.

A los Diputados de la Asamblea Legislativa de la CDMx.

 

Respetuosamente, a nombre de muchos ciudadanos que coincidimos, en términos generales, en la misma percepción de la realidad que padece nuestra Ciudad de México, nos dirigimos a ustedes para manifestar que hemos sido testigos, al paso de diferentes personas que han gobernado  nuestra ciudad, de cómo se ha ido perdiendo la noción y la conciencia, de los fines que dieron origen a la concepción del Estado.

Muchos de los servidores públicos que ejercen un cargo dentro del Gobierno de la CDMx,  en los gobiernos delegacionales y en la Asamblea Legislativa, toman decisiones todos los días usando el poder público sin saber o sin querer reconocer el origen de este. Ejercen el cargo con criterios personalísimos, ignorando las necesidades sociales que deben orientar el ejercicio de gobierno en función del bien común y en la atención de las necesidades reales de la población; ejercen el poder buscando, y muchas veces lo logran, darle la vuelta a la Ley e incluso a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Como seguramente deben estar ustedes informados, existen en nuestra Ciudad de México, muchos brotes de inconformidad ciudadana frente a diferentes actos u omisiones de gobierno. Uno de ellos se ha gestado en las colonias Hipódromo, Hipódromo Condesa y Condesa. Nuestra comunidad está molesta con el actuar gubernamental y el deterioro continuo de nuestra calidad de vida; por la anarquía, la corrupción, la inseguridad (robos a casa habitación, robos a transeúnte, robos de autopartes y de automóviles, asaltos a mano armada a negocios y a clientes de éstos, balaceras, asesinatos de personas), la violación de los usos de suelo, los deficientes servicios públicos, la extorsión tanto desde el gobierno como desde diferentes grupos criminales que operan en la zona, la simulación, la complicidad en actos contra el orden público, la imposición de obras no necesarias, mal planeadas y de mala calidad, la destrucción de las áreas verdes y arboladas de nuestra contaminada ciudad, haciendo gala de actitudes despóticas como justificación al uso del poder de manera absoluta sin tomar el parecer de la población, es decir,  “todo por el pueblo, pero sin el pueblo”. En resumen, hay enojo y gran malestar.

Cuando se habla del Estado fallido, entendemos esto como el fracaso en la materialización de las finalidades del Estado, tales como: el asegurar la justicia tanto individual como social, mantener el orden público, buscar el bien común; es decir, la protección de la vida, la seguridad de la persona y de sus propiedades, la legalidad de los actos de autoridad, el trabajo productivo, el medio ambiente saludable, la protección de la salud personal y la salud de la sociedad, el pleno respeto y vigencia de los derechos humanos, así como el ejercicio y protección de los derechos civiles, sociales y políticos.

Para el adecuado funcionamiento de la sociedad, es necesario un orden con base en el establecimiento de reglas a las que todos los integrantes de la comunidad debemos sujetarnos, y para ello el conjunto de la sociedad otorga a determinadas personas el poder público para que, a través de acciones positivas, administrativas o coercitivas, se obligue a todos a cumplir las reglas que jerarquizan y ponen orden a las actividades humanas dentro del territorio en el que se asienta el grupo social. Si no se respeta el orden y ejercicio legítimo y legal de autoridad, se fracasa en el cumplimiento de las finalidades del Estado.

Es penoso que la mayoría de las veces, cuando hemos sostenido diálogo con diferentes autoridades tanto del Gobierno de la Ciudad de México, como del Gobierno de la Delegación Cuauhtémoc o con los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los servidores públicos que han tenido la interlocución con nuestros representantes ciudadanos o con nuestros vecinos, desconocen o hacen caso omiso tanto de los derechos de los habitantes y de los ciudadanos, reconocidos en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, así como de los derechos humanos y sus garantías contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy clara, cuando en su artículo 39 establece que “Todo poder público reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Partiendo de esta premisa, si nuestra comunidad está en extremo molesta con las autoridades, es evidente que los actos de gobierno que hasta ahora han incidido en el estado de ánimo social, han sido contrarios al beneficio que como soberanos esperamos recibir de nuestros gobiernos que fueron elegidos democráticamente. La rendición de cuentas claras y objetivas  es casi nula y la transparencia del ejercicio en el gasto está ausente. En estos resultados, el gobierno federal y el Congreso de la Unión, no están exentos de culpa ni de responsabilidades.

En el territorio que hoy ocupa nuestra Ciudad de México, acontecieron muchos de los hechos más trascendentes que sentaron las bases para el reconocimiento de nuestro país como nación independiente, dejando atrás más de trecientos años de opresión, injusticia y esclavitud.

RG

Entre las líneas escritas en el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, pronunciada por la Junta Soberana en la Capital el 28 de septiembre de 1821, resalta la esencia del anhelo del pueblo de México: tener voluntad propia, libertad en el uso de la voz, salir de la opresión, ejercer cuantos derechos le ha concedido el autor de la naturaleza (es decir Dios) y reconocidos por inenajenables y sagrados por las naciones cultas de la tierra (aquellos derechos que hoy les llamamos Derechos Humanos). Más adelante resalta que el pueblo ya  cuenta con la capacidad de hacer uso de esos dones y derechos para estar “en libertad de constituirse del modo que más convenga a su felicidad” y con representantes que puedan manifestar la voluntad y los proyectos de la Nación, entendiendo ésta como el conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno.

Hoy es un hecho evidente que dentro de nuestro país, hay un gobierno surgido de las urnas y muchos gobiernos de facto, como los impuestos por el crimen organizado, que someten no sólo a diversas comunidades a lo largo del país, sino incluso a gobiernos municipales y estatales. Siendo así, ¿cómo podemos estar felices como sociedad, si uno de los principales pilares del Estado, ha sucumbido ante la seducción y fuerza ejercidas por el crimen organizado que es quien dirige, controla y administra el verdadero poder?

Nos enfrentamos como sociedad desorganizada, a grupos delictivos organizados que cuentan con redes de complicidad en las policías, en los tribunales y en los gobiernos.

La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se queda corta al definir como “delincuencia organizada” únicamente a los casos en los que tres o más personas se organizan de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los siguientes  delitos: terrorismo, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, corrupción de menores, trata de personas, secuestro, robo de hidrocarburos.

Sin embargo, también debería considerarse delincuencia organizada a quienes han promovido el desarrollo urbano desordenado, la destrucción de las áreas verdes y bosques en la Ciudad de México, la violación sistemática a la Constitución, desatendiendo el derecho a la protección de la salud y a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, que no sólo no se ha protegido, sino se ha sacrificado en beneficio de los especuladores del suelo o de los grupos delictivos incrustados en los centros de poder, para magnificar sus beneficios económicos a costa de la salud, seguridad, integridad física y vida de las personas que habitamos o trabajamos en la megalópolis.

La cultura del libertinaje y del placer, sin responsabilidad y sin conciencia del fin trascendente de los seres humanos, está creando generaciones de jóvenes que destruyen, además de su vida, la de muchos inocentes que perecen ante sus actos que, más que ser deliberados, son producto del miedo, de la incertidumbre ante un futuro sin esperanza, sin sentido de pertenencia y sin la protección del núcleo familiar; ya que ha sido el mismo Estado en manos de políticos sin conciencia moral, el que ha permitido y promovido el debilitamiento del núcleo familiar, como la célula fundamental de la sociedad en la que la persona adquiere autoestima, valores sociales y desarrolla en plenitud sus talentos y capacidades.

Como sociedad exigimos acciones prontas, eficaces y eficientes. No queremos más escenarios de simulación y circo. Exigimos que el desgobierno y el gobierno en manos de las diferentes mafias que tienen sometida a nuestra sociedad, sean sustituidos por un verdadero gobierno que trabaje para lograr la verdadera felicidad de la sociedad, así como de las familias y personas que en lo individual la conforman.

Rompamos el círculo vicioso en el que los ejemplos de éxito en materia de enriquecimiento por corrupción y ligas con el crimen organizado, son la referencia que buscan emular nuestras juventudes.

Construyamos círculos virtuosos en los que los valores familiares y sociales entreguen a nuestro país nuevas generaciones de buenos ciudadanos, y que surjan, de entre estos, los buenos gobiernos que tanta falta le hacen a nuestro destrozado país.

Es por ello que hoy alzamos nuestra voz para exigir, entre otras muchas acciones:

  • Políticas y obras públicas con responsabilidad social, dentro de la legalidad y de la mano con los ciudadanos.
  • Equidad en la distribución del gasto público y proporcionalidad en el reparto del pago de la factura del desarrollo sustentable.
  • Transparencia y efectiva rendición de cuentas.
  • Purga del Tribunal Superior de Justicia y de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México; tanto de jueces como de magistrados y de personal operativo, así como de ministerios públicos y demás personal que actualmente forman parte de las redes de corrupción o que están al servicio, no de la justicia, sino de grupos políticos o delictivos.
  • Defensa efectiva de la vida, de la seguridad y del patrimonio de las personas.
  • Protección y mejoramiento de la calidad de vida y del medio ambiente de los habitantes de la Ciudad de México.
  • Promoción de valores cívicos y sociales que incidan en una mejor sociedad, de la que surjan mejores gobiernos.

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