Editorial PUNTOporPUNTO
Con despliegue mediático y retórica de solidaridad internacional, el gobierno mexicano anunció el envío de víveres a Cuba: alimentos de primera necesidad como leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún, sardina, aceite vegetal y artículos de higiene personal.
La Secretaría de Marina informó que el buque Papaloapan trasladó aproximadamente 536 toneladas de insumos, mientras que el Isla Holbox llevó poco más de 277 toneladas de leche en polvo. Y aún falta: se ha anunciado el envío posterior de otras 1,500 toneladas de leche en polvo y frijol.
El discurso oficial habla de ayuda humanitaria. Sin embargo, el debate no gira en torno a la solidaridad en abstracto —México históricamente ha apoyado a pueblos en crisis—, sino a las prioridades. Porque mientras los buques zarpan rumbo al Caribe, en las calles mexicanas se multiplica la pobreza visible y cotidiana.
Basta caminar por cualquier avenida del país: limpiaparabrisas, niños vendiendo dulces, adultos mayores pidiendo limosna, personas con discapacidad sin apoyo suficiente, enfermos crónicos sin acceso oportuno a tratamientos. La precariedad no es una narrativa opositora; es una realidad urbana y rural.
Los datos oficiales lo confirman. La canasta alimentaria alcanzó en enero un costo de 2,486.40 pesos por persona, lo que implicó un aumento anual de 5.1%. Es decir, incluso en cifras gubernamentales, el acceso básico a la alimentación se encarece para millones de mexicanos.
En este contexto, la pregunta es legítima: ¿puede un gobierno que no ha resuelto plenamente la pobreza estructural interna destinar miles de toneladas de alimentos al extranjero sin abrir un debate serio sobre prioridades nacionales?
Claudia Sheinbaum Pardo, hoy presidenta, y Clara Brugada Molina, al frente de la Ciudad de México, proyectan hacia el exterior una política de solidaridad internacional. Pero puertas adentro, la desigualdad, la inflación alimentaria y la informalidad laboral siguen siendo llagas abiertas.
No se trata de negar la ayuda a otro pueblo; se trata de cuestionar si el Estado mexicano está cumpliendo cabalmente su obligación primaria: garantizar bienestar y prosperidad a su propia población.
Porque la responsabilidad constitucional es clara: velar, en todo momento, por la prosperidad de la Nación. Y esa prosperidad comienza en casa… ATIÉNDANLAS YA!!
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