Editorial. PUNTOporPUNTO
En México, la seguridad pública se ha convertido en una batalla de narrativas. Mientras el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum y el gabinete de seguridad dirigido por Omar García Harfuch presumen descensos en delitos de alto impacto, los datos desagregados y la experiencia cotidiana de los ciudadanos revelan una realidad mucho menos optimista; y, en algunos casos, brutalmente alarmante.
El discurso oficial sostiene que los homicidios dolosos han disminuido y que varios delitos patrimoniales presentan una tendencia descendente. Sin embargo, el análisis técnico de las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestra un fenómeno más complejo: la reducción parcial en ciertos delitos convive con un crecimiento acelerado que afectan directamente la vida económica y social del pueblo.
El gobierno no ha podido contener la extorsión
Entre enero y noviembre de 2025 se registraron 10,322 víctimas, el nivel más alto para ese periodo desde que existen registros comparables.
Si se observa la tendencia estructural, el problema es aún más grave:
• La tasa nacional de extorsión creció 59.6 % en la última década.
• En los primeros nueve meses de 2025 se contabilizaron 8,585 víctimas, la cifra más alta desde 2015.
• El promedio diario de denuncias por extorsión aumentó 20.8 % entre 2024 y 2025.
En términos territoriales, Ciudad de México, Estado de México y Guanajuato concentran casi la mitad de las extorsiones registradas en el país, lo que evidencia la consolidación del “cobro de piso” como mecanismo estructural de control criminal.
Pero incluso estas cifras oficiales subestiman el fenómeno
Diversos análisis advierten que más del 90% de las extorsiones no se denuncian, debido al miedo a represalias o a la desconfianza en las autoridades. En otras palabras: lo que muestran las estadísticas es apenas la punta del iceberg.
Se amplía la brecha entre los datos oficiales y la realidad
La desconexión entre la palabrería gubernamental y la cruel realidad social se observa claramente en los sondeos oficiales.
- La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestra que alrededor del 70% de los mexicanos se sienten inseguros en su ciudad, a pesar de los reportes de reducción delictiva presentados por el gobierno.
En varias ciudades la percepción de inseguridad supera el 90% de la población, lo que indica que el miedo se ha convertido en una condición estructural de la vida urbana.
- Este contraste revela un problema metodológico central en la política de seguridad mexicana: la narrativa se construye a partir de promedios nacionales, mientras la violencia se concentra territorialmente.
Es decir, aunque algunas regiones registren descensos, otras experimentan verdaderas explosiones criminales, lo mismo en estados del Sur, que del Centro y Norte de México.
El verdadero tamaño del fenómeno criminal
El problema no se limita a la incidencia delictiva registrada. Estudios académicos estiman que los cárteles mexicanos emplean entre 160 mil y 185 mil integrantes activos, convirtiéndose en una de las estructuras criminales más grandes del mundo.
- Estos grupos reclutan aproximadamente 350 nuevos miembros cada semana para sostener sus operaciones, lo que refleja la magnitud del mercado criminal en el país.
El costo económico también es colosal. Algunas estimaciones ubican el impacto financiero de las organizaciones criminales en más de 19 mil millones de dólares anuales, una cifra que supera varias partidas del presupuesto federal.
- En ese contexto, reducir el debate público a la disminución marginal de ciertos indicadores resulta, cuando menos, insuficiente.
FantasiosaS ESTADÍSTICAS vs. la Seguridad REAL
La “estrategia de seguridad” actual parece orientada a administrar las cifras más que a transformar las condiciones estructurales de violencia, que logren un paz real que detone el desarrollo regional y el crecimiento nacional.
- El resultado es una paradoja peligrosa: México puede mostrar indicadores parcialmente favorables en los informes oficiales mientras, al mismo tiempo, millones de ciudadanos enfrentan diariamente extorsión, desapariciones, violencia territorial y control criminal de economías locales.
- La seguridad no se mide en conferencias de prensa matutinas ni en porcentajes agregados. Se mide en la posibilidad de abrir un negocio sin pagar “derecho de piso”, de viajar por carretera sin miedo, andar por las calles tranquilos y vivir una vida en felicidad plena.
La falacia de la seguridad no se combate con cifras avitualladas y subrealistas, se le enfrenta de frente sin miedo con acciones tangibles en investigación, persecución, justicia y prevención. Hasta entonces, cuando la gente salga a la calle y llegue a sus destinos sanos y salvos… SI NO PUEDEN RENUNCIEN!!!
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