Alcanza 99% IMPUNIDAD en DESAPARICIONES FORZADAS; Corrupción alienta DELITO

México acapara 42% de 1.000 casos presentados al Comité de la ONU contra Desaparición Forzada

A pesar de que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) tiene registro de al menos 82 mil 881 ‘carpetas de investigación sobre personas desaparecidas, desde que se persigue ese delito, únicamente se han dictado 35 sentencias condenatorias de primera instancia a nivel nacional.

  • Ante ese escenario, el nivel de impunidad en cuanto a desaparición forzada y la cometida por particulares alcanza 99%.
  • En lo que va de 2021, 9% personas han sido víctimas de ese ilícito. Hasta ahora, se desconoce el paradero de todas ellas.
  • Los estados que tienen la mayoría de casos son Jalisco, con 11 mil 503; Tamaulipas, con 11 mil 344, y el Estado de México, con 8 mil 777. El año en que se han reportado más desapariciones es 2019, con 8 mil 970.

Organizaciones civiles y colectivos de familias de desaparecidos afirman que, pese a que la ley está de su lado, son ellos quienes buscan a sus seres queridos porque las investigaciones suelen no presentar avances y no hay detenidos ni reparación del daño.

  • En México, según la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), existen al menos 82 mil 881 carpetas de investigación sobre personas reportadas como desaparecidas y que son víctimas de diversos delitos.

Sin embargo, apenas hay un registro de 35 sentencias condenatorias de primera instancia por los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares; es decir, el nivel de impunidad en este tipo de delitos alcanza 99%.

  • En lo que va de 2021, han desaparecido 9% personas. Los estados con mayor número de personas no localizadas son Jalisco, con 11 mil 503.
  • Tamaulipas, con 11 mil 344, y le sigue Estado de México, con 8 mil 777; el 2019 fue el año en el que se reportaron más desapariciones, con 8 mil 970.
  • La desaparición es un tipo penal, al igual que otros delitos. Se contempla en la Ley General de Desaparición Forzada.

Anterior a la aparición de esta norma, sólo las autoridades trabajaban en la búsqueda de personas, pero no constituía delito alguno. Gracias a la presión y trabajo de organizaciones civiles y colectivos de familias de desaparecidos, ahora se permite sancionar y castigar la conducta desplegada por una persona.

Aun con la ley de su lado, las . familias señalan no tener respuestas sobre el paradero de sus seres queridos, pues las investigaciones presentan poco o nulo avance y no hay detenidos ni reparación del daño.

“Las familias investigamos y buscamos. Les entregamos toda la información sobre nuestros casos y ellos no nos dan respuesta. Tenemos que estar detrás de ellos para que hagan su trabajo”, señalan los miembros del Colectivo Una Nación Buscando T.

En diciembre, la CNB mostró su rechazó a la iniciativa de ley orgánica de la Fiscalía General de la República, presentada en el Senado de la República y que pretende sacar a la fiscalía del Sistema Nacional de Búsqueda.

  • “(Esa norma) es un retroceder en la impartición de justicia y transparencia en un país con 98% de impunidad de los delitos que se denuncian, ni siquiera de los que suceden.
  • «No sólo es en tema de búsqueda. En materia de acceso a la justicia hay sólo 35 sentencias a nivel nacional y no todas son de la Fiscalía General.

“Son sentencias entre autoridades federales y locales. Muchos casos de desapariciones tienen que ver con delincuencia organizada, lo que corresponde a la Fiscalía General de la República, pero que se quedan en jurisdicción local, estatal”, comenta Karla Quintana, comisionada de búsqueda nacional.

La postura de la Comisión Nacional de Búsqueda es que la fiscalía no puede aislarse del resto de las instituciones, pues necesita seguir trabajando en coordinación con los miembros del Sistema Nacional de Búsqueda.

  • “Tenemos una grave crisis en materia de desaparición y la única manera de empezar a dar respuesta a las víctimas es trabajando de manera conjunta y no dividiendo.
  • “La ley es muy clara en el hecho de que se tiene que compartir información con todas las autoridades que tengan elementos que puedan incidir en la búsqueda.

La razón de la fiscalía de no querer compartir información es porque, en muchos casos de los que tenemos conocimiento, hay muy poco o nulo avance en las carpetas de investigación”, expresa Karla Quintana.

“Las fiscalías y las procuradurías no han sabido o no han podido dar respuesta a la búsqueda de personas. Tenemos que ver cómo operamos un sistema de manera coordinada, en igualdad de circunstancias con los recursos. Falta empezar a tener una discusión abierta sobre un sistema de justicia más integral “, asegura Quintana

México acapara 42% de 1.000 casos presentados al Comité de la ONU contra Desaparición Forzada

«Entre los casos registrados, el 49% son desapariciones en Irak y el 42% son en México», dice el informe del organismo, fechado en sede de Ginebra y difundido por la representación permanente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México.

Estos casos han requerido de una acción urgente, es decir, una solicitud por parte del CED de la ONU a un Estado miembro para que tome de manera inmediata todas las medidas necesarias para buscar y localizar a las personas desaparecidas.

  • Ese mecanismo fue establecido por la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
  • «Detrás de cada solicitud de acción urgente hay una tragedia humana», dice el informe sobre la cifra emblemática en la historia de la organización.

El procedimiento de acciones urgentes permite a las familias, parientes y representantes de la persona desaparecida enviar una solicitud al CED después de haber denunciado la desaparición a las autoridades nacionales pertinentes, generalmente sin respuesta.

«Toda la familia de la víctima sufre por la ausencia de su ser amado y por la incertidumbre de no saber si la victima está todavía viva; mientras el tiempo pasa, la posibilidad de encontrar la persona todavía con vida se reduce y la injusticia crece», dijo el Comité en un comunicado que incluye los logros alcanzados hasta la fecha.

Logros del mecanismo

Gracias al procedimiento de acciones urgentes, 90 personas han sido localizadas. Esos hallazgos se han documentado en Irak, México, Marruecos, Argentina, Togo, Sri Lanka, Kazajistán, Mauritania, Bolivia, Cuba y Camboya.

El organismo internacional confía en que localizará más víctimas «en las próximas semanas y meses».

  • En uno de los casos más recientes, tres defensores de la tierra y el territorio de una comunidad indígena de Chiapas, desaparecieron el 8 de junio de este año.
  • Sus familias sospechaban que un grupo paramilitar, que presuntamente habría actuado con el consentimiento de funcionarios públicos, fue responsable de las desapariciones.
  • Dicho grupo ya había amenazado, secuestrado y asesinados a integrantes de la comunidad en el pasado.

«Después de la solicitud de acción urgente enviado a México por parte del CED el 12 de junio, un grupo especial fue creado a nivel nacional incluyendo al Estado y a representantes de la sociedad civil para negociar con el grupo paramilitar; dos días después, las víctimas fueron liberadas», reseña el informe.

El trámite de «acción urgente» permite un intercambio rápido con los Estados miembros por parte del Comité, el cual proporciona recomendaciones para la búsqueda de las personas desaparecidas y la investigación de sus casos.

El trámite es puesto en marcha en un plazo de 24 a 48 horas, lo que lo convierte en un mecanismo rápido y reactivo para la búsqueda de la persona desaparecida, donde el tiempo es un elemento fundamental.

Hasta la fecha, 63 Estados son miembros de la Convención y han reconocido la competencia del CED de recibir solicitudes de acciones urgentes, indica el informe, emitido en el décimo aniversario de la Convención Internacional en la materia.

  • El 7 de octubre pasado fue publicado el registro histórico de personas desparecidas desde 2006 a la fecha en México, que contiene más de 77.000 denuncias.

El récord anual de reportes de ese crimen ocurrió en 2019, primer año del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que comenzó en diciembre de 2018, informó el subsecretario federal de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

  • «El 18% se ha acreditado en los dos últimos años, y tenemos que reconocer que el año de mayor número de denuncias por desaparición o personas no localizadas fue 2019, con 8.345 casos», dijo Encinas, en conferencia de prensa conjunta con el presidente.
  • En este año, el registro hasta septiembre es de 4.260 personas desaparecidas, lo que apuntaría hacia una reducción.

En ese lapso han sido encontradas 4.092 fosas clandestinas, de las cuales se han exhumado 6.090 cuerpos.

Menos del 1% de los casos por tortura y desaparición contra el Ejército llegó a un juez

El general de brigada Manuel Moreno Aviña fue condenado a 52 años de cárcel el 28 de abril de 2016 en Chihuahua. Los delitos por los que lo sentenciaron: “Homicidio calificado, violación a las leyes de inhumación en su modalidad de destrucción de cadáver y tortura”.

Según la sentencia, el militar ordenó la captura de José Heriberto Juárez el 25 de julio de 2008, acusado de la muerte de un soldado. Durante horas, el hombre fue torturado hasta que falleció y militares bajo las órdenes de Moreno Aviña ocultaron el cuerpo enterrándolo en una finca.

El general siempre aseguró ser un “chivo expiatorio”. Sin embargo, él estaba al frente del Ejército en Chihuahua, donde operaba un escuadrón que sería rebautizado como “el pelotón de la muerte”. Lo significativo del caso es que se trata de una de las pocas ocasiones en las que un militar mexicano ha sido sentenciado por el delito de tortura.

Según datos obtenidos por Animal Político en solicitud de transparencia, solo ocho expedientes por tortura contra militares fueron judicializados en la última década. En ellos, únicamente cinco militares recibieron alguna condena.

La de Manuel Moreno Aviña fue la mayor sentencia y, sobre todo, contra un militar de alto grado. Pero se trata de una excepción. La mayor parte de denuncias que se presentan contra integrantes del Ejército por delitos violatorios a los Derechos Humanos como tortura o desaparición forzosa nunca llegan hasta el juez.

  • La ausencia de casos judicializados por torturas contra el Ejército llama la atención si se toma en cuenta que la Secretaría de la Defensa (Sedena) es la institución más señalada en la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, que tiene 4 mil 655 denuncias entre 2015 y 2019, según datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Pero una cosa es denunciar y otra que un juez termine por analizar el caso. Según los datos de la CMDPDH, solo el 0.55% de todas las investigaciones llegó al juzgado.

  • Esta impunidad es corroborada por los datos solicitados por Animal Político al Poder Judicial de la Federación. Desde 2010, un total de mil 137 militares fueron vinculados a proceso por algún tipo de delito.
  • De ellos, apenas 374 terminaron con algún tipo de condena. Este período abarca los dos últimos años de Felipe Calderón como presidente, todo el sexenio de Enrique Peña Nieto y los dos primeros años de Andrés Manuel López Obrador.

La mayor parte de los delitos por los que fueron señalados los militares tienen que ver con la portación de armas, con la colaboración o pertenencia a algún grupo del crimen organizado y por homicidio.

Apenas hay señalamientos por otras vulneraciones graves contra los Derechos Humanos que lleguen ante un juez. Por ejemplo, son solo ocho expedientes abiertos por tortura y otros diez por desaparición forzada.

No obstante, los datos están incompletos, ya que el Poder Judicial asegura no tener información de cómo acabó el procedimiento en 498 de los casos. Es decir, que no tiene registros de si hubo sentencia o no en casi la mitad de los expedientes contra militares abiertos en la última década.

“No hay incentivos para que los militares dejen de cometer actos violatorios contra los Derechos Humanos”, explica Lucía Chávez Vargas, investigadora de la CMDPDH, que ha acompaña a víctimas de abusos y elabora informes que ponen de manifiesto la impunidad que opera en México.

Chihuahua y Jalisco, los estados con más militares acusados

El Ejército es parte fundamental de la seguridad desde que en 2006 el presidente Calderón declaró la “guerra contra las drogas”. Sin embargo, entre los delitos que más se imputan a sus integrantes están la pertenencia a grupos del crimen organizado o los delitos contra la salud por tráfico de drogas.

  • En concreto, según los datos proporcionados por el Poder Judicial, un total de 270 militares fueron juzgados por portación ilegal de armas, 65 por crimen organizado, 37 por delitos contra la salud y 123 por homicidio.

En general, los uniformados logran eludir la justicia. Aunque hay ocasiones en las que sus integrantes terminan ante los tribunales e incluso sentenciados. Es el caso, por ejemplo, del asesinato de Jorge Otilio Cantú, de 29 años, asesinado el 18 de abril de 2011 en Monterrey, Nuevo León. Militares que ejercían labores de orden pública lo acribillaron de 29 balazos. Aseguraron que lo habían confundido con un integrante de un grupo criminal y llegaron a sembrarle un arma.

  • Sin embargo, la perseverancia del padre de la víctima, Otilio Cantú González, permitió que cinco uniformados fueran condenados a 22 años y seis meses de prisión por “homicidio calificado”. Se trató de la primera sentencia contra integrantes del ejército por este delito.
  • Nuevo León, con 51 militares procesados en estos últimos 10 años, no es uno de los estados con mayor número de miembros del ejército sentados ante el juez. La lista la encabezan Chihuahua, con 157; Jalisco, con 125; y el Estado de México con 80. Por detrás se encuentran Baja California, con 61, y Sonora y Tamaulipas, con 56 respectivamente.

La falta de sentencias judiciales es uno de los mecanismos con los que opera la impunidad, pero no el único. Según reveló Animal Político, la Sedena estableció un mecanismo para pagar compensaciones al margen de la Ley General de Víctimas a 187 afectados por violencia provocada por los propios uniformados.

“Sedena no rinde cuentas ni rendirá. El ejemplo es (el general Salvador) Cienfuegos. Es difícil que estos militares de alto rango rindan cuentas y más en la actual administración con todo el poder que se le ha dado al Ejército”, dice Chávez Vargas. En opinión de la investigadora de la CMDPDH, el incremento de atribuciones durante el sexenio de López Obrador va a incrementar la impunidad.

“Con todo el poder acumulado va a ser más difícil que rindan cuentas. Desde los temas de violaciones a los Derechos Humanos hasta los relacionados con cuestiones económicas, que van a tener más opacidad”, considera.

  • Un dato relevante: en la última década no hay un solo militar que haya sido sentado ante un juez por delitos económicos. Habrá que ver si revelaciones como la investigación de El País que probó el desvío por parte de la Sedena de 156 millones de dólares a empresas fantasma entre 2013 y 2019 termina con algún militar vinculado a proceso.

El caso de Cienfuegos es significativo. Porque, al margen de las acusaciones de narcotráfico formuladas por EU (y que el gobierno ha clasificado), existen casos de graves violaciones a los Derechos Humanos perpetrados durante su mandato al frente de la Sedena.

  • No hay constancia de que la Fiscalía General de la República lo esté investigando por acciones u omisiones en hechos tan relevantes como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 o la masacre perpetrada en Tlatlaya, Estado de México.

Chávez Vargas apunta otro dato relevante: en los pocos casos en los que se producen condenas, estas afectan solo a militares de bajo rango, ya que nunca se investiga quién dio las órdenes./Agencias-PUNTOporPUNTO

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