TEXTO ÍNTEGRO: ÍNDICE de DESAPARICIONES en México CRECIÓ 98% este SEXENIO

El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) denunció que el Gobierno federal busca modificar artificialmente la estadística, para decir que 46 mil personas no han desaparecido.

Desde el 2006 a la fecha, únicamente entre el 2 y el 6% total de las desapariciones en México han sido judicializadas, según revela el Informe General del Examen Periódico Universal de México 2024 ante la Asamblea General de la ONU.

  • El documento señala que el delito de desaparición forzada en México está sumergido en una impunidad casi absoluta ya que, hasta 2021, en el país sólo se han emitido 36 sentencias por casos de desaparición de personas a nivel nacional, entre ellas, ninguna contra un mando civil o militar.
  • De acuerdo con el Informe, realizado por más de 300 organizaciones no gubernamentales y que ofrece un panorama general sobre la crisis de derechos humanos en México, de las más de 111 mil víctimas de desaparición que hay hasta el día de hoy, 40 mil ocurrieron durante este sexenio.

Apunta que el índice creció exponencialmente, hasta en un 98%, durante esta administración pues el resto de desapariciones se registró en un lapso de 12 años, desde 2006 hasta el año 2018, durante el inicio de la denominada «guerra contra el narcotráfico».

A partir de esa fecha, el Examen Periódico Universal detalla que se han diversificado las modalidades del delito y las víctimas, siendo en su mayoría hombres entre 15 y 40 años. Sin embargo, las cifras revelan que hubo un notable aumento de desapariciones entre la población de adolescentes y mujeres a partir de los 12 años, tendencia que se agudizó durante la pandemia por Covid-19.

Las desapariciones forzadas están vinculadas en su mayoría con reclutamiento a organizaciones criminales, trata y explotación sexual, como medio para ocultar la violencia, homicidios y feminicidios y, en el caso de los menores, por sustracción.

Crisis forense: 52 mil cuerpos sin identificar

El Informe General resalta que, de manera paralela, el país enfrenta una crisis forense con más de 52 mil cuerpos de personas fallecidas sin identificar, que se encuentran bajo custodia estatal, que no tienen un procesamiento adecuado por autoridades o los que son encontrados por familiares.

  • En esta línea, el escrito basado en el Informe del Comité Contra la Desaparición Forzada durante su visita a México asegura que los mecanismos implementados por el gobierno federal para esclarecer la crisis de desapariciones forzadas y de identificación, aunque son iniciativas relevantes, no son suficientes, ni cuentan con la capacidad o el presupuesto para resolver y contener la problemática.

«El impulso por parte del Estado de mecanismos extraordinarios de esclarecimiento en casos de desapariciones recientes y del pasado – a pesar de algunos avances – no ha logrado otorgar justicia y verdad a las víctimas, y tampoco se han constituido mecanismos replicables frente a la magnitud de la crisis.

«A más de 5 años de entrar en vigor la Ley General en materia de desapariciones, se enfrentan deficiencias en la implementación de instancias fundamentales, como el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Fosas, el registro nacional de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, el Programa Nacional de Exhumaciones», informa el documento con el que México se someterá a su cuarto examen en materia de derechos humanos el próximo 24 de enero de 2024.

Buscan borrar 46 mil desaparecidos: ONC

El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) denunció que el Gobierno federal busca modificar artificialmente la estadística, para decir que 46 mil personas no han desaparecido.

  • “No hablemos del caso de desaparecidos, donde a la fecha han desaparecido más de 46 mil personas (en el sexenio) y pues el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) está enojado, queriendo modificar artificialmente esa estadística, para decir que 46 mil personas no han desaparecido.

“Y para no reconocer que esas 46 mil personas son muchas más que las personas que desaparecieron en los últimos dos sexenios juntos”, declaró Francisco Rivas, director de la organización.

  • Lo anterior se suma a las preocupaciones de diversos colectivos, que han denunciado que las autoridades pretenden rasurar el número de personas con estatus de desaparecidas, debido a que no se desea reconocer la gravedad del delito en el país.
  • Incluso, se señala que por ese motivo renunció al cargo Karla Quintana, quien fungía hasta hace unas semanas como la comisionada nacional de Búsqueda, y a quien criticó el propio Ejecutivo federal, al señalar que tenía posiciones en contra de la Cuarta Transformación.
  • Rivas Rodríguez comentó que, además, hay una cifra negra de personas desaparecidas, ya que no se registran todas, debido a que hay casos en diferentes estados a los que no se les abren carpetas de investigación, por ser de grupos olvidados, como los migrantes.

No hablemos del caso de desaparecidos, donde a la fecha han desaparecido más de 46 mil personas (en el sexenio) y pues el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) está enojado, queriendo modificar artificialmente esa estadística.- Francisco Rivas, Director del ONC

  • Las Madres Buscadoras de Sonora, el Colectivo 10 de Marzo, Los Otros Desaparecidos en Iguala y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México han confirmado que el número de víctimas puede ser mayor, ya que aún hay centros forenses y cementerios con personas que nunca han sido identificadas.
  • En este contexto, el experto aseguró que las cifras del Gobierno federal respecto a la disminución de delitos no son reales, debido a que hay una ruta de deterioro y erosión de las instituciones de seguridad y justicia, dijo, que hacen imposible recuperar el control del territorio.

Señaló además que se debe revertir el rezago presupuestal en materia de seguridad pública y justicia que hay en los últimos cinco años, pues, dijo, se requieren al menos 225 mil millones de pesos adicionales para el ejercicio del 2024.

  • “Afirman que vamos muy bien, que los delitos están bajando, que la paz se está recuperando en el país; de hecho, hay una afirmación que nos habla de que el homicidio en este sexenio ha disminuido 17 por ciento y la verdad es que tenemos que decir que nada de esto es real”, explicó Rivas.

Apuntó que en la actual administración federal se llegará a tener un registro de 170 mil homicidios dolosos, que podría triplicar lo observado en los gobiernos anteriores.

  • Al presentar el estudio ¿Transformación o retroceso?; el costo de la tragedia en seguridad y justicia, dijo que se alcanzó la cifra de 110 homicidios por cada cien mil habitantes, el registro más elevado en comparación con todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, que terminó con una tasa de 103, y que, en la gestión de Felipe Calderón, cuando se dieron 90 homicidios por cada cien mil habitantes.

Además, apuntó que el actual Gobierno federal y las legislaturas de la Cámara de Diputados que aprobaron los presupuestos son directamente responsables de la inefectividad y la distribución precaria de recursos públicos para atender la crisis de seguridad y justicia.

  • Adicional al rezago presupuestal, subrayó, se requieren ajustes significativos en las acciones y estrategias de seguridad y justicia para aumentar la efectividad del gasto y reconstruir el tejido institucional del Estado.

“La crisis de violencia y delincuencia sigue vigente y, por ende, la necesidad de contar con recursos suficientes para atenderla. La austeridad presupuestal profundizó su gravedad, así como sus afectaciones humanas”, sostuvo.

  • El experto mencionó que el error de la actual administración fue partir del deseo de cancelar todo lo que existía en el pasado, además de que el gasto en seguridad y justicia ha disminuido 22.5 por ciento, en términos reales, entre el 2018 y el 2022.
  • Francisco Rivas mencionó que la actual administración federal carece de diagnósticos confiables, hay una tendencia centralizadora de funciones, debilitamiento del Sistema Nacional en Seguridad Pública, no hay coherencia en las políticas públicas, no hay planeación ni perspectiva de género, y sí dependencia en los programas sociales.

ONU advierte de impunidad ‘casi absoluta’ en casos

El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) alertó que en México hay una impunidad casi absoluta en el combate a este crimen.

  • Dentro de sus observaciones finales entregadas al Estado mexicano, la comisión sostuvo que esto es un tema de suma importancia.
  • “(El CED) expresó su preocupación por la investigación inadecuada del alarmante número de desapariciones, con su consecuente bajo número de condenas y una impunidad casi absoluta”, indicó.
  • Por esto, hizo un llamado al gobierno mexicano a implementar más acciones para poder contrarrestar el incremento en las cifras de este crimen.

“Instó al Estado parte a garantizar la investigación inmediata, imparcial y exhaustiva de las denuncias de desapariciones forzadas, pero también de las desapariciones cometidas por personas o grupos que actúan sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”, sentenció.

  • Asimismo, el CED resaltó su preocupación por la falta de recursos que se le designan a los organismos encargados de combatir este crimen.
  • “La limitada capacidad de investigación; el seguimiento de hipótesis de investigación basadas en prejuicios y estereotipos sobre las personas desaparecidas; y el insuficiente presupuesto asignado a las fiscalías en el ámbito federal como estatal”, expresó.
  • En este sentido, recomendó al Estado mexicano fortalecer a las instituciones encargadas de combatir estos crímenes.

“(Es necesario) fortalecer a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las fiscalías estatales, particularmente a sus fiscalías especializadas en materia de desaparición, asegurando que cuenten con la asignación, continuidad en el tiempo e incremento gradual de los recursos financieros y materiales necesarios”, expuso.

  • Según cifras oficiales, en México hay más de 111 mil personas desaparecidas y cerca de 52 mil personas fallecidas sin identificar, muchas de las cuales son buscadas por sus familiares.

La tragedia de los desaparecidos, que se suma a una crisis forense, tomó fuerza a partir de 2006, coincidiendo con el comienzo de la llamada guerra contra el narcotráfico en México.

Que AMLO no reconozca magnitud de la desaparición forzada refleja que no quiere erradicarla: experto

Ante la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de atender la recomendación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de que se reconozca la dimensión del problema de la desaparición forzada, Santiago Corcuera, expresidente del Comité de Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU, acusó que dicha negativa solo refleja su voluntad de no resolverlo.

El abogado experto en la materia de desaparición forzada criticó la postura de López Obrador a la recomendación del GIEI, pues en su conferencia de este viernes defendió a la Marina y al Ejército en el caso Ayotzinapa:

  • “Yo quiero contestar porque soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, además de presidente. No es cierto, es una campaña en contra del Ejército de México, sin fundamento”.
  • El GIEI, en su último informe de las investigaciones sobre el caso de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, recomendó al gobierno de López Obrador “que se reconozca la dimensión del problema de la desaparición forzada como el primer paso necesario para desarrollar medidas integrales y efectivas para su erradicación”.

López Obrador no sólo rechazó la recomendación, sino acusó que existe una campaña contra el Ejército mexicano para socavarlo y debilitarlo.

  • «Soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, aparte del presidente de México, por eso quiero tomar la palabra yo, quiero contestar yo, porque no es cierto, porque es una campaña en contra del Ejército de México sin fundamentos», declaró en conferencia.

Corcuera, en un mensaje en sus redes sociales, criticó la postura del presidente López Obrador y lo comparó con lo que en su momento sostuvo el expresidente Felipe Calderón.

  • “Negar el problema: Así lo hacía el gobierno de Calderón y el Grupo de trabajo sobre desaparición forzada de la ONU le recomendó que reconociera la dimensión del problema. Quien niega el problema, nunca hará nada para resolverlo”, señaló el abogado./PUNTOporPUNTO

Documento Íntegro en el Enlace:

https://centroprodh.org.mx/wp-content/uploads/2023/11/InformeGeneral.pdf

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