TEXTO ÍNTEGRO: MÉXICO menos TRANSPARENTE; opacidad tira los Índices de “GOBIERNO ABIERTO”

La Secretaría de Bienestar registró un porcentaje promedio de 79.71 en el Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia (IGCPT) entre 2019 y 2021

Las instituciones de gobierno en México fueron menos transparentes en 2021 respecto del 2019, según la tercera edición de la Métrica de Gobierno Abierto, elaborada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

  • Mientras que en el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el Índice de Gobierno Abierto (IGA) fue de 0.52; en 2021, el tercer año de su administración, esta medición cayó a 0.48, lo que implica que las instituciones gubernamentales, tanto a nivel federal como local, son menos transparentes; además de que persisten los obstáculos para la participación ciudadana.

Esta caída, de acuerdo con el estudio, se debe tanto a prácticas recurrentes de los gobiernos y organismos autónomos como a factores coyunturales, como el hecho de que los datos utilizados corresponden a un año de elecciones, al que además se sumaron los efectos de la pandemia de Covid-19 en la administración pública.

  • La Métrica de Gobierno Abierto es, según la definición de sus creadores, “un ejercicio de medición de los alcances de la transparencia y la participación en las oficinas públicas del país, desde una óptica ciudadana”. Esto quiere decir que no se revisan los avances regulatorios o las políticas públicas en la materia, sino que se recurre a la experiencia de la ciudadanía a la hora de hacer solicitudes de información o buscar información del gobierno en internet.

El estudio no sólo mide las solicitudes de información a las que los sujetos obligados dan respuesta —la gran mayoría de las instituciones gubernamentales cumple con esta función—, sino que analiza, entre otras cosas, el tiempo que estas tardan en dar respuesta; además de que mide la entrega proactiva de información, cuando las entidades ofrecen información sobre sus actividades sin que nadie se las solicite.

Para esta edición de la Métrica, los investigadores del CIDE analizaron 1,365 sujetos obligados de los tres niveles de gobierno (49 federales, 870 estatales y 446 municipales). Además, revisaron de forma manual 2,872 solicitudes de acceso a la información y más de 373,000 de manera automatizada.

También se realizaron “2,730 búsquedas individuales en la Plataforma Nacional de Transparencia y en Google, así como 615 consultas en los buscadores de los sitios web de los sujetos obligados y en 13 portales locales de datos abiertos”.

Respuestas y retrasos

El índice de gobierno abierto considera dos componentes de la apertura gubernamental: la transparencia y la participación. Ambas dimensiones cayeron entre 2019 y 2021, de acuerdo con el análisis del CIDE. “Esto es señal de que ciertos elementos del arreglo institucional en materia de transparencia y acceso a la información han alcanzado resultados que son sostenibles en el tiempo, pero que otros fueron afectados en esta medición”, se apunta en el estudio.

  • Aunque las dependencias gubernamentales registran una alta puntuación en el componente de acceso a la información, pues la mayoría de las solicitudes reciben respuesta dentro del plazo fijado por la legislación. No obstante, las personas suelen tener que esperar demasiado tiempo para recibir una respuesta y hay quienes deben esperar un año, algo que se sale por mucho del plazo legal.

Además de que deben responder a las solicitudes de información que se les hacen, las dependencias gubernamentales tienen diversas obligaciones de transparencia que deben publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Sólo 5.3% de todos los sujetos obligados cumplieron a cabalidad con estas obligaciones, de acuerdo con el estudio.

Guanajuato y Guerrero

Al profundizar en los resultados de la Métrica por estado de la República y tipo de sujeto obligado, los investigadores encontraron que Guanajuato es la entidad más transparente, tanto en la dimensión de transparencia como en la de participación. Además, se trata de la única entidad que supera al orden federal en su puntuación; mientras que en el otro extremo se ubica Guerrero, que si bien es la peor entidad del país en lo que a participación ciudadana se refiere, supera por muy poco a Chiapas y a Oaxaca en términos de transparencia.

En lo que respecta a la clasificación por tipo de sujeto obligado, los organismos autónomos, las instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; así como las entidades descentralizadas son las que registraron una métrica por encima de la nacional, lo mismo que las universidades. Los municipios, los fideicomisos, los partidos políticos y los sindicatos son las instituciones menos transparentes en todo el país.

Secretarías con AMLO incumplen en rendición de cuentas

La Secretaría de Bienestar registró un porcentaje promedio de 79.71 en el Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia (IGCPT) entre 2019 y 2021, lo cual la posicionó como la dependencia con menor calificación del gabinete legal de la presidencia de la República.

  • Cultura y Comunicaciones y Transportes son las siguientes entidades con el porcentaje promedio más bajo en dicho periodo, 83.65 y 96.13, respectivamente, según documentos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Bienestar –el despacho encargado del desarrollo social de México– figuró dentro de las tres secretarías con menor IGCPT durante el último trienio. En 2019 fue la más opaca con una puntuación de 82.81% –la segunda fue Relaciones Exteriores con 98.04%.

Para 2020 bajó su porcentaje a 79.72, e igualmente se posicionó como la dependencia menos transparente –tras esta se ubicó Cultura con 95.73%–. En 2021 tuvo un índice de 76.62%, lo cual la dejó como la segunda peor valorada –la tercera fue Comunicaciones y Transportes con 92.30%.

  • El IGCPT es una herramienta que utiliza el Inai para verificar tanto la existencia de información como la accesibilidad en todos los organismos gubernamentales, explicó a Publimetro Jaime Hernández Colorado, secretario técnico del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC), de la Universidad de Guadalajara.
  • Sin embargo, únicamente es un mecanismo de medición, agregó el especialista, no un instrumento que sirva para imponer sanciones. Estas sí las realiza el Inai, tanto económicas como administrativas, pero a través de procedimientos vinculantes no ligados al Índice Global de Cumplimiento.

“Para lo que sirve –el IGCPT– es para dejarnos claro cuáles sujetos obligados en el país no cumplen con la base mínima de la Ley General de Transparencia. Decir eso y ver los resultados ya es suficientemente preocupante”, aseveró Hernández Colorado.

Es necesario vincular los resultados de la citada herramienta con algún tipo de apercibimiento o de notificación para que corrija el rumbo de los sujetos obligados, apuntó el investigador del IIRCCC, de lo contrario se verán tendencias de opacidad como las de la Secretaría de Bienestar.

Incumplimientos sistemáticos

Durante el citado trienio, 10 obligaciones de la anteriormente llamada Secretaría de Desarrollo Social –nombre modificado con la llegada del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en diciembre de 2018– tuvieron cada año un porcentaje menor a 85 en el IGCPT.

  • Los componentes de Bienestar con incumplimiento sistemático de la ley son contrataciones y honorarios; datos curriculares; concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados; padrón de proveedores y contratistas; plan de desarrollo; expropiaciones realizadas; contribuyentes que recibieron cancelación o condonación de créditos fiscales; personas a quienes se les habilitó para ejercer como corredores y notarios públicos; planes de desarrollo urbano; y obligaciones establecidas en el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia.
  • El Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia califica 61 responsabilidades de Bienestar –el número varía según el organismo gubernamental–. En 2019 enlistó 15 con puntuación inferior a 85%, en 2020 fueron 20 y en 2021 subieron a 21.
  • En estos tres años se observa una conducta sistemática de opacidad en la secretaría mencionada, subrayó Jaime Hernández Colorado. La información donde se hallan las deficiencias reportadas por el Inai es bastante importante, agregó, porque se trata de avances programáticos, es decir, los datos financieros.

“Si haces una visión panorámica, lo que tenemos es que la opacidad en este sujeto obligado está haciendo complejo, difícil y en algunos casos imposible que todas las personas conozcan información completa sobre el ejercicio presupuestal, sobre procedimientos de licitación o de adjudicaciones directas”, dijo.

  • El investigador del IIRCCC, asimismo, enfatizó que no hay ninguna justificación para el incumplimiento de Bienestar en materia de transparencia, pues las leyes determinan que toda información es pública, entonces, todo documento no difundido está en un escenario de opacidad.

“Si nosotros que nos dedicamos a la investigación tenemos dificultades para encontrar la información, ya te quiero decir el ciudadano de a pie cuándo va a llegar a esta información. Pues nunca”, concluyó Hernández Colorado./Agencias-PUNTOporPUNTO

Documento íntegro:

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