Cinco municipios con altos grados de violencia y marginación social se ubicaron como los epicentros del desplazamiento forzado de personas en el país durante el año pasado, pues en conjunto expulsaron al 25 por ciento de la población que fue atendida en albergues fronterizos ubicados en 12 ciudades.
- De acuerdo con el informe Desplazamiento Interno, Migración y Retorno en la Frontera Norte de México, realizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y difundido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
- Las zonas más conflictivas del país fueron Ciudad Hidalgo, Michoacán; Tijuana, Baja California; Acapulco, Guerrero; Morelia, Michoacán; y Cuajunicuilapa, Guerrero.
- Entre esa lista destaca el caso de Ciudad Hidalgo, Michoacán, pues fue la demarcación que registró la mayor incidencia de migración forzada hacia la frontera norte durante el año pasado al concentrar 11 por ciento de los casos totales.
Los históricamente expulsados
- El número de personas que huyeron de dicho municipio fue casi similar a la suma de casos reportados en entidades históricamente expulsoras como Chiapas (7%) y Oaxaca (5%) en 2022 y para el presente año dicha tendencia tiende ser la misma por los altos niveles de violencia que se padecen en la zona.
Apenas el 17 de julio pasado el presidente municipal de Ciudad Hidalgo, José Luis Téllez, confirmó que un grupo criminal, identificado como ‘Los Correa’, tomó por la fuerza la tenencia ubicada en Angostitlán, tras varios días de violencia denunciada por los pobladores.
El edil explicó que, desde hace unos meses, diversos pobladores denunciaron anónimamente actos de extorsión, por lo que pidieron ayuda a través de las líneas de atención municipal y por tal motivo se solicitó el auxilio de fuerzas estatales y federales.
- Sin embargo, los problemas de inseguridad se intensificaron desde el pasado 8 de julio cuando un comando arremetió contra un salón de fiestas dejando como saldo una persona muerta. Tras ese ataque la Guardia Nacional y la policía estatal arribaron para realizar labores de patrullaje.
Como respuesta, los criminales amenazaron de muerte varias familias con la condición de que retiraran la denuncia, pero lo único que lograron es que al menos 20 habitantes, entre ellos 12 adultos y ocho niños, tuvieran que huir de Angostitán para refugiarse temporalmente en la cabecera municipal.
- Los otros municipios con altos índices de desplazamientos presentan panoramas diferentes, mientras que en Tijuana, Acapulco y Morelia el tema de la inseguridad es un tema primordial al registrar 814, 223 y 131 homicidios dolosos, respectivamente; en Cuajunicuilapa el tema pasa más por las presiones sociales y de género.
- En el sondeo difundido por la ONU, que recopiló la información de mil 780 personas, se identificaron tres principales razones que provocaron el 88 por ciento de los desplazamientos forzosos en México: haber sido víctima de agresiones contra ellos, su familia o amigos (38%), la presencia de delincuencia organizada en su entorno (38%) y las extorsiones o cobro de “derecho de piso” (12%).
- Otras causas que ocasionan la huida de pobladores tienen que ver con la violencia de género (8%), enfrentamientos entre grupos armados (2%), violencia intra-comunal (1%) y la discriminación religiosa o sexual (1%).
La OIM señala que “el 91 por ciento de las personas abandonó sus hogares debido a un contexto de violencia generalizada en distintos municipios del estado de Michoacán. Si agrupamos de igual forma para los otros estados, en Baja California el porcentaje fue de 96%, en Guerrero del 89%, en Oaxaca del 68% y en Chiapas del 67%”.
- Rutas Frecuentes: El estudio del OIM señala las rutas más frecuentes de desplazamientos forzosos en el país y entre ellos destaca el hecho de que las personas que salen del estado de Michoacán buscan en su mayoría refugio en Ciudad Juárez, Chihuahua, (12%) y en Mexicali, Baja California, (11%); mientras que, en el caso de Guerrero, los destinos preferidos son Matamoros, Tamaulipas, (8%) y Tijuana, Baja California, (8%).
- Violencia de Género: Mientras que la violencia relacionada con grupos criminales provoca el mayor número de desplazamientos, en el sureste las presiones sociales y culturales representan una carga pesada para los hombres y mujeres que pertenecen a grupos vulnerables como mujeres o grupos LGTB.
El OIM señala que “en Oaxaca y Chiapas la violencia basada en género fue una causa que tuvo una mayor incidencia en comparación con los otros estados, con un 23% de personas chiapanecas y un 18% oaxaqueñas que tuvieron que abandonar sus hogares por esta razón, ambos estados con una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres”.
10 mil mexicanas y mexicanos se movilizan en familia cada mes hacia el norte
En México se han convertido en tragedia cotidiana las acciones del crimen que impunemente arrasa al país, dejando una larga estela de víctimas, de dolor humano y de pérdidas graves para el desarrollo y el bienestar social.
- El país vive la peor etapa en la historia de las cifras de homicidios y de otros delitos, que se repiten una y otra vez en espacios en donde el Estado y sus instituciones –de los tres órdenes de gobierno– navegan entre indiferencias o abiertas complicidades.
- La militarización de la seguridad pública mediante la Guardia Nacional y la presencia de las fuerzas armadas a lo largo del territorio poco ha servido, incluso en las zonas más conflictivas.
- Como consuelo y falso dilema, alguien podrá decir que sin esa militarización la realidad sería mucho peor y que más nos vale prepararnos para un estado dictatorial y alternativas tipo Bukele en El Salvador.
De una vez, cabe advertir que ese argumento sólo sirve para quienes promueven un Estado autoritario; su efecto es posponer el necesario control democrático de las instituciones y la vigencia efectiva del estado de derecho.
- El autoritarismo nunca garantiza el ejercicio de los derechos humanos, ni la procuración de los demás derechos; justamente, está en su naturaleza excluirlos, negarlos. Por consiguiente, es una paradoja cruel imaginar al autoritarismo como alternativa ante el crimen y las incapacidades del Estado.
- No olvidemos que la ruta autoritaria sólo sirve a sí misma; es su principio y finalidad última. Lamentablemente el presidente AMLO está empeñado en ese camino, intentando borrar toda huella de contrapesos políticos y de supervisión ciudadana sobre el desempeño gubernamental.
- Este proyecto regresivo y de enormes riesgos para la nación está en curso en prácticamente todas las áreas del Estado, incluidas las del juego del poder. ¿Pero ha servido para controlar al crimen y reducir los delitos y sus daños a la sociedad? Evidentemente, no.
Con tasas de impunidad que rondan al cien por ciento
Más salvaje escenario, no se puede, el espacio que resta para las víctimas no es la justicia o la reparación del daño, que muchísimas veces es tan imposible como recuperar una vida.
Salvo casos excepcionales, lo que queda es la resignación, asumir los costos, olvidar, escapar o vivir entre el miedo y el temor en el mejor de los casos. O bien protestar y exigir justicia a sabiendas de enfrentar amenazas o posibles daños adicionales.
- Entre las negativas opciones que tienen las víctimas se ha vuelto frecuente huir del espacio habitual de vida y buscar algún refugio alternativo, temporal o permanente. Muchas veces escapa algún miembro de la familia; en otros casos se trata de familias enteras o incluso de comunidades completas.
El desplazamiento forzado se ha convertido en una práctica extensa, dolorosa en todos los sentidos, abierta y cínicamente injusta: es perfectamente conocida por indolentes autoridades, municipales, estatales y federales.
- Al mismo tiempo se trata de una realidad inexistente, marginal o negada como asunto de interés para las altas tribunas del poder gubernamental, lo cual promueve impunidad y más injusticia.
- Hasta el mes de abril del año 2019 y durante los años previos, mensualmente alrededor de 2 mil personas mexicanas –en grupo familiar– intentaron un cruce irregular o solicitud de refugio en la frontera sur de los Estados Unidos.
La cifra ya era importante y sintomática de alguna situación compleja en México, pero esencialmente describía una dinámica habitual, “normal”, de las relaciones familiares de la población mexicana en uno y otro país.
- Esta tendencia se alteró profundamente entre los meses de mayo y septiembre del 2019: la escala de personas en grupo familiar ascendió hasta más de 6 mil, superando por tres veces el promedio de meses previos y rompiendo la inercia de toda una época.
- La coyuntura de parálisis económica y social impuesta por el covid-19 contuvo temporalmente la movilidad de personas en grupo familiar. Pero a partir de abril del año 2021 los movimientos retomaron su impulso y volvieron a crecer mes con mes.
- El pasado mayo de 2023 la cifra ascendió a casi 13 mil personas, superando varias veces al promedio “normal” de los años 2018 y anteriores. Comparando el número actual con la tendencia de años previos puede estimarse en más de 10 mil personas por mes a EU.
Hacia el día de hoy, entonces, alrededor de 10 mil mexicanas y mexicanos se movilizan en familia hacia el norte, mensualmente. De ese tamaño puede estimarse el desplazamiento forzado que llega a la frontera norte y que sin mayor dificultad podemos correlacionar con los efectos del crimen y la violencia. No es casualidad que los lugares de origen sean Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Oaxaca y Chiapas, entre los principales, como puede corroborarse en los albergues de la generosa sociedad civil fronteriza.
Expulsados por violencia saturan la frontera norte
El desplazamiento forzado interno se mantiene como una crisis latente en nuestro país; con una ley general congelada en el congreso y miles de personas saturando algunos de los albergues de la frontera norte de México, en busca de asilo en Estados Unidos.
- Según datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C, hasta septiembre de 2022 se estima que al menos 4,521 personas habían sido desplazadas en México, cifra que se suma a las más de 379,000 que han dejado sus hogares a causa de la violencia entre 2008 y 2021.
Mientras que entre enero y agosto de 2022, se contabilizan unos 17 episodios de desplazamiento forzado interno a causa de la violencia, en estados como Chiapas, Chihuahua, Zacatecas, Michoacán, Oaxaca y Guerrero.
- En Mexicali, Baja California, al menos 70% de las personas que mantienen saturados los 32 albergues destinados para personas migrantes y en situación de vulnerabilidad, son mexicanos, quienes llegaron a la entidad luego de ser víctimas de desplazamiento forzado, así lo dio a conocer José Ascensión Moreno Mena, presidente de la Coalición Pro Defensa del Migrante A.C, en dicha localidad.
“Para nosotros es normal ver los albergues saturados… pero hay más migración interna por desplazamiento forzado que la de centroamericanos, venezolanos, etc.… ellos ahora están tomando la ruta del noroeste”, explicó.
- En este sentido, Moreno Mena detalló que desde hace varios años las personas desplazadas internas que llegan a Mexicali provienen de al menos cuatro tres estados, fundamentalmente de Michoacán, Guerrero, Jalisco y Zacatecas, donde el clima de violencia está a la orden del día, lo cual, añadió, ha provocado que familias enteras, grupos de madres y sus hijos o mujeres que huyan de la violencia intrafamiliar, se desplacen hasta la frontera norte.
Y es que el activista destacó que además de ser víctimas de amenazas o extorsión por parte del crimen organizado quienes les cobran derecho de piso por tener algún negocio o los despojan de sus tierras, también existe otro fenómeno que ha surgido de esta la violencia: madres que salen de sus hogares para que sus hijos no sean reclutados por el narco.
- Inunda la desinformación: Lo anterior, lamentó el activista, ha generado una crisis de migración interna en Mexicali, ya que muchos de ellos llegan desinformados al pensar que al igual que los centroamericanos tienen la oportunidad de pedir asilo en Estados Unidos, sin embargo, señaló que al acercarse a las autoridades estadounidenses se dan cuenta que los mexicanos no están contemplados dentro de las categorías de asilo del país vecino.
Finalmente, el presidente de la organización, advirtió que el gobierno federal no tiene una política adecuada para atender el desplazamiento interno, mientras que hay una legislación en la materia congelada, lo que tampoco permite que se generen políticas públicas que atiendan a las personas que quieren regresar a sus lugares de origen o que les puedan otorgar vivienda o empleos.
Desde 2020, la Cámara de Senadores mantiene pendiente de análisis y votación una Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Atender el Desplazamiento Forzado Interno, que, entre otras cosas, busca que se reconozcan los derechos de las personas desplazadas y que las protejan en su calidad de víctimas de violaciones a derechos humanos, o víctimas de desastres vinculados con fenómenos naturales.
A principios de septiembre de 2019, a Ciudad Juárez, Chihuahua comenzó el arribo de personas mexicanas internamente desplazadas provenientes de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Zacatecas que huían de diferentes situaciones de violencias.
- En este marco, diversas organizaciones llevaron a cabo la encuesta de Mexicanos Desplazados y Solicitante de Asilo en Ciudad Juárez (ENMEDESA-2022), la cual indica que la estructura familiar de las personas desplazadas en la localidad se caracteriza por ser mayoritariamente de familiares nucleares y ampliadas. En 2022, el 27.2% eran jefes(as) de familia, acompañadas de sus cónyuges (12.3%) e hijos (48.7%) y el promedio de integrantes era de entre 3 y 5 integrantes.
Pueblos indígenas, a quienes más impacta el desplazamiento forzado
La exrelatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jiménez-Damary, advirtió que tras visitar México logró identificar que el desplazamiento interno impacta de manera preocupante a los pueblos indígenas, así como a las mujeres y personas defensores y periodistas.
Lo anterior es parte del informe final sobre la visita que realizó a México la extitular de la Relatoría Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos de ONU, Cecilia Jiménez-Damary, que fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
- Entre los principales hallazgos de la visita realizada entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre de 2022, por la entonces relatora especial a México, se observó que las causas del desplazamiento interno en la nación son diversas y multifactoriales, ya que incluyen diferentes tipos de violencia originada por el crimen organizado, proyectos de desarrollo, conflictos comunitarios por la tierra, cambio climático, desastres y, en algunos casos específicos, la creación de áreas naturales protegidas.
En especial, observó con gran preocupación que el fenómeno del desplazamiento interno afecta mayoritariamente a los pueblos indígenas, los cuales, pese a representar el 10% de la población total de México, se vieron afectados por el 40% de los episodios de desplazamiento registrados por la sociedad civil en 2020.
- Asimismo, el desplazamiento interno impacta de forma diferenciada a mujeres y niñas, ya que se enfrentan a la violencia por razón del género, incluyendo la violencia sexual. Además de que observó los riesgos derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad de las mujeres indígenas y afrodescendientes, así como del temor de los hombres a ejercer actividades económicas en una zona controlada por el crimen organizado, obligando a las mujeres a convertirse en las únicas proveedoras.
En este sentido, también alertó sobre la presencia de niñas, niños y adolescentes en casi todos los episodios de desplazamiento en 2020 y resalta su impacto diferenciado debido a su condición particular de dependencia y vulnerabilidad, incluyendo el reclutamiento forzado, la ruptura de la unidad familiar, la pérdida de entornos protectores, el abandono de sus procesos académicos.
- Mientras que subrayó que los riesgos enfrentados por las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como su desplazamiento a raíz de amenazas, agresiones, criminalización y otros ataques, han sido objeto de preocupaciones por distintos expertos de las Naciones Unidas.
“Esta violencia tendría un efecto inhibitorio para otras personas que ejercen el mismo rol. Las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas continúan con medidas de protección inadecuadas, e incluso conoció casos de periodistas que fueron asesinados en su nueva ubicación. Observa la falta de medidas diferenciadas para la protección de mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, así como la ausencia de planes integrales para la reubicación de la familia directa de las personas objeto de medidas de protección”, dicta el informe.
Durante la 53ª Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y ante la nueva relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Paula Gaviria Betancur, la representación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos sostuvo que este informe genera esperanza para que sea una guía para el Estado mexicano, y así avanzar en la protección de las personas desplazadas internas.
- Sostuvo que aunque existe una necesidad de que se creen instrumentos normativos y programáticos, así como políticas públicas específicas para atender la situación de desplazamiento interno de México, la ausencia de estos no puede representar una excusa para que el Estado no cumpla con sus obligaciones.
Y es que lamentó que a pesar de que hay organismo que ya cuentan con atribuciones para reconocer y atender a las personas desplazadas internas, como por ejemplo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), no pueden seguir siendo omisas ante las necesidades de esta población.
- En tanto, también ante este consejo de la ONU, Dora Lilia Roblero Garcia del Centro de Derecho Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), expresó que la violencia generalizada en México ha obligado a que miles de personas tengan que desplazarse forzadamente, siendo la población indígena de Chiapas una de las más afectadas.
Indicó que actualmente se registran desplazamientos forzados vinculados al actuar de grupos civiles armados, algunos sucesores del paramilitarismo y la estrategia contrainsurgente desplegada por el Estado mexicano desde los años noventa.
Por lo que este fenómeno se complejiza por la violencia ocasionada, por grupos de la delincuencia organizada, contra la población y por las características de este fenómeno lo llegan a considerar una forma de tortura, y entorno torturante, ya que, de manera permanente, se infunden sufrimientos físicos y mentales contra la población, con el fin de una apropiación del territorio.
- “Frente a este fenómeno se identifica una ausencia de medidas de prevención, así como para la atención integral de las víctimas, por lo que urgimos se retomen las recomendaciones propuestas por la Relatora”, subrayó ante los representantes de diferentes países.
- Por otro lado, Francisca Méndez, embajadora de México ante la ONU, reconoció que México aún enfrenta enormes desafíos para prevenir y brindar atención al desplazamiento interno, al tiempo que, dijo, el país está consciente de que debe garantizar los derechos de las personas desplazadas, brindarles protección y ofrecerles soluciones duraderas.
- Por ello, aseguró que el Estado mexicano se compromete ante este Consejo a dar seguimiento y cabal atención a las recomendaciones planteadas en sinergia con todos los actores de la sociedad mexicana y con el apoyo técnico de los mecanismos internacionales especializados.
Y es que resaltó que México tiene la voluntad de fortalecer su marco normativo, robustecer los mecanismo de protección y asistencia, mejorar la cooperación interinstitucional y contar con registros de personas desplazadas y producción de estadísticas oficiales.
La violencia desplazó a 28,943 personas en México durante el 2021
La violencia que se registra en el país ocasionó que en 2021 al menos 28,943 personas tuvieran que dejar sus hogares, cifra que representa casi el triple de las que hubo en 2020, el número más alto visto hasta ahora.
- De acuerdo con el informe «Episodios de desplazamiento interno forzado en México 2021», presentado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), de enero a diciembre de 2021, se registraron un total de 42 episodios de desplazamiento interno masivo causado por la violencia en 10 estados, 57 municipios y 221 localidades.
- El informe destaca que el 28% de las personas desplazadas internamente en 2021 pertenecen a comunidades indígenas y uno de los principales motivos para dejar sus lugares de origen fue la violencia, principalmente por enfrentamientos entre grupos armados dedicados a actividades criminales como el narcotráfico.
- Las entidades federativas en donde se registraron más episodios de desplazamiento forzado fueron Zacatecas (10 episodios) y Chiapas (9 episodios), aunque la entidad con más personas desplazadas fue Michoacán con 13,515 personas: 46.6% del total nacional.
El informe apunta además que en 2021 el episodio de desplazamiento interno con el mayor número de personas afectadas ocurrió en los municipios de Pantelhó y Chenalhó, en Chiapas, donde alrededor de 3,205 personas indígenas tsotsiles y tseltales de al menos ocho comunidades tuvieron que desplazarse debido a los enfrentamientos entre grupos armados.
- De acuerdo con el registro histórico de la CMDPDH, que inició en 2016, el total de personas desplazadas en México hasta diciembre del 2021 es de 379,322.
Durante la presentación del informe que se llevó a cabo este martes, Daniel Márquez, investigador de esta organización, resaltó que la cifra de desplazados en 2021 triplicó la del 2020 que fue de 9,741 y es, además, la cifra más alta registrada desde que la CMDPDH lleva un registro sistemático de los desplazamientos internos masivos en México desde 2016.
«Este 2021 también implicó una cifra nunca antes vista de episodios de desplazamiento con un total de 42, que es casi el doble de 2020 (24 episodios) y es la más alta que hayamos registrado en nuestro ejercicio de sistematización», apuntó.
- El informe también destaca que las principales causas por las que las personas se vieron obligadas a dejar sus hogares fueron la violencia generada por grupos armados organizados (31 episodios), la violencia política, conflictividad social y conflictos territoriales (10 episodios) y las violaciones de derechos humanos (un episodio).
En 38 episodios se reportó el uso de armas de fuego o la presencia de personas armadas; en 24 se reportó que casas, cultivos y negocios fueron quemados destruidos o baleados; en 21 episodios se reportó que la población sufrió amenazas e intimidación; en 17 el saqueo de viviendas y el robo de animales, cultivos y otras pertenencias y en 12 se reportaron asesinatos de personas de la comunidad o cercanas a esta.
El informe destaca que la mayoría de los desplazamientos afectó a personas de localidades rurales (32 episodios) y a población indígena (14 episodios)./PUNTOporPUNTO
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PUB2023-104-R-IDP-Frontera-Norte-Mexico-Spanish
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