La tala clandestina devora cada año en México una superficie que equivale a 24 veces la que tiene el Bosque de Chapultepec, seis veces y medio la del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) o, lo que es lo mismo, 4.1 por ciento de la superficie total de Tlaxcala y, a pesar de este impacto, el presupuesto para frenar este delito ha caído 38 por ciento en el sexenio.
- De acuerdo con el reporte “Estimación de las pérdidas económicas por la tala ilegal en México, 2022”, elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la deforestación por esta práctica ilegal impacta en 16 mil 640 hectáreas anualmente en el territorio nacional, según un promedio establecido entre los años 2015 y 2020, cuyo total alcanza las 208 mil hectáreas.
Dicho promedio de 16 mil 640 hectáreas representa 24 veces la extensión de 686 hectáreas sobre las que se asienta Chapultepec y 6.4 veces más que la superficie de dos mil 600 hectáreas del AIFA, pero a la vez es la vigésima cuarta parte del área total de Tlaxcala, que abarca 399 mil 660 hectáreas.
Al realizar una estimación con base en distintos escenarios sobre qué tanto del volumen de madera en el mercado nacional para consumo proviene de la tala clandestina, se expuso que éste podría ir del 30 hasta el 70 por ciento.
Considerando dicho parámetro para calcular el impacto económico anual, se encontró que los ingresos podrían ir de los 41 mil 622 millones de pesos hasta los 97 mil 118 millones, los cuales son entre cuatro y nueve veces más grandes que la producción legal de madera en el país.
- En materia laboral, el documento apuntó que, si estas 16 mil 640 hectáreas deforestadas anualmente por la tala ilegal se destinaran a actividades forestales formales, se generarían hasta 49 mil 920 empleos “verdes”; es decir, formales y sustentables.
- Asimismo, expuso que, si se revirtiera esta práctica clandestina, los espacios afectados podrían aprovecharse de mejor manera para mejorar cuencas hidrográficas o el proyecto gubernamental Sembrando Vida.
Entre las múltiples consecuencias que expuso en materia económica, retomó en la discusión el avance dentro de las regiones forestales del país por parte del crimen organizado, “quienes evidentemente tienen niveles de poder de negociación superiores”.
Hasta el 2021, la dependencia había detallado que existen 122 zonas críticas forestales por distintos ilícitos en 20 entidades federativas.
Entre las prácticas, apuntó la tala clandestina, lavado de madera —es una práctica similar al lavado de dinero, pero en lugar de hacerla con dinero en efectivo, los grupos delictivos la hacen con madera para cubrir la forma ilegal en que se obtiene y así poder comercializarla—, extracción de madera sana, sobreexplotación de los recursos forestales, incumplimiento de programas de manejo, cambio de uso de suelo, incendios forestales provocados y delincuencia organizada.
- Frente a este escenario, las autoridades reconocen impactos sociales como conflictos agrarios, desplazamientos de la población, atentados contra prácticas de comunidades indígenas y sus derechos, así como el empobrecimiento de comunidades campesinas.
- Por ello es que, como está ocurriendo en los límites entre la Ciudad de México y Morelos, se llevan a cabo operativos con fuerzas federales y locales en aserraderos clandestinos, contra grupos de talamontes.
- Y con el fin de “detener y revertir la pérdida de capital natural”, la Semarnat cuenta con el programa presupuestario identificado como G005 “Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales”.
A pesar de que este programa ha tenido un aumento consecutivo en las últimas tres planeaciones presupuestales, el monto otorgado para este 2023 se encuentra 38 por ciento debajo de lo que se le asignó en el año que comenzó la actual administración, el 2018.
- Una revisión hecha al Presupuesto de Egresos de la Federación deja ver que este programa tuvo un aumento consecutivo del 2012 al 2015 y, a partir de entonces, comenzó a descender, teniendo la caída más drástica entre el 2018 y el 2019, cuando pasó de 295 millones 924 mil 32 pesos a 210 millones 58 mil 312 pesos.
Al año siguiente, 2020, el presupuesto aumentó ligeramente a 219 millones 514 mil 279, pero desde ahí la asignación ha sido menor. Este año, recibió 182 millones 40 mil 191 pesos. A pesar de que desde el ámbito legislativo se ha hecho mención del aumento de la tala ilegal, no hay datos oficiales públicos que den cuenta de ello.
Sobre delitos ambientales documentados, el único dato disponible es el ofrecido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el cual expone el número de carpetas de investigación por faltas del fuero común, como la tala, incendios forestales, contaminación del suelo, agua y otras conductas.
- Hasta el primer semestre de este año, se habían documentado mil 270 carpetas de investigación, cifra que es 12.4 por ciento mayor a las mil 129 registradas en el 2022 en el mismo periodo.
- “De no existir la irregularidad en el sector forestal, (el presupuesto) podría destinarse a otras cuestiones de inspección y vigilancia en el territorio nacional y atendiendo otras prioridades del sector ambiental”, concluyó la Semarnat en estudio sobre la tala ilegal.
Controla el crimen organizado la tala clandestina
La tala clandestina está asociada con grupos de la delincuencia organizada y aunque se desconoce la dimensión de la práctica ilegal, en la administración pasada, entre 2013-2018, se estimó que 70 por ciento del volumen de madera comercializada en el país fue producto de esta actividad, indica un reporte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
- Al mismo tiempo, hay dependencia del país por las importaciones de productos forestales, lo que se refleja en que el déficit de la balanza comercial en este rubro va en ascenso, pues llegó a 8 mil 875 millones de dólares en 2022, casi 2 mil millones más que el año anterior.
- Esto indica el estado que guarda el sector forestal durante 2022, divulgado hace unos días, sin presentar datos más actualizados, y refiere que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tiene identificadas 122 áreas críticas en ilícitos forestales.
La dependencia considera que la tala clandestina y el comercio ilegal se relacionan con las restricciones que enfrentan los productores forestales para incorporarse al aprovechamiento de pequeños predios, donde la producción es poco rentable, hay litigios y conflictos agrarios así como con la presencia del crimen organizado en territorio rural.
- La extracción ilegal de madera impacta de manera directa a la producción legal al ocupar su mercado, y también genera impactos directos sobre la degradación del recurso forestal y la pérdida de especies vegetales y animales que dependen de los bosques y las selvas.
- Agrega que la caída del volumen de producción maderable del país tiene diversas causas, pero una de ellas es la competencia que enfrenta la madera legal en términos de precio, ya que la madera clandestina resulta más barata al no pagar impuestos ni incluir costos de manejo forestal, deprimiendo los precios y desplazando con precios bajos a los productores legales.
A eso se suman la corrupción, insuficiente inspección y vigilancia, la presencia del crimen organizado y la impunidad, lo que facilita la extracción clandestina y el lavado de materias primas forestales, principalmente madera para uso comercial.
Destaca que entre las acciones para atender este problema se consideran el trabajo de inteligencia en materia de fiscalización, incrementar la producción de los terrenos forestales, fomentar el consumo responsable de los productos entre los consumidores, promover la certificación del buen manejo forestal y la cadena de custodia, así como el combate a la corrupción, a la impunidad, así como la aplicación de sanciones ejemplares.
Crimen organizado y devastación ambiental
El voraz apetito de los estadounidenses por los aguacates está provocando una deforestación ilegal en los bosques de México, especialmente en el estado de Michoacán, donde las mafias, terratenientes, funcionarios corruptos y líderes comunitarios están implicados en la tala de bosques para establecer huertos de aguacate.
- La demanda de aguacate en Estados Unidos ha multiplicado por tres su consumo en las últimas dos décadas, impulsada por campañas de marketing que promocionan la fruta como saludable para el corazón y la constante solicitud de platillos como la tostada con aguacate y los California rolls.
- En una entrevista con The New York Times, la oficial municipal Maricela Baca Yépez expresó su consternación ante la devastación nunca antes vista en su localidad, Patuán, un punto donde antiguamente se recolectaban hongos y ahora se impone la monocultura del aguacate.
Esta demanda ha tenido un alto costo para México, con la pérdida de bosques, el agotamiento de acuíferos y un aumento en la violencia ligada a la infiltración del crimen organizado en este lucrativo negocio valorado en 2,700 millones de dólares anuales, tanto, que los esfuerzos locales contra la deforestación y el robo de agua han desembocado en intimidaciones, secuestros y asesinatos de activistas y líderes indígenas.
Los huertos ilegales de aguacate no sólo arrasan con los bosques para su cultivo, sino que crean pozos ilegales que drenan los recursos hídricos, críticos para el sustento de aquellos que aún se dedican a los cultivos tradicionales como tomates o maíz. Estos impactos negativos son exacerbados por la intensiva demanda de agua de los árboles de aguacate, que llegan a consumir tanta como 14 pinos maduros.
De acuerdo con Jeff Miller, autor de una historia global del aguacate, “se están plantando bosques caducifolios de árboles muy hambrientos de agua y arrancando bosques de coníferas de árboles no tan hambrientos de agua” y con esto se “está destrozando el medio ambiente” advirtió en entrevista con The News York Times.
Acuerdos comerciales y prácticas ilegales
Michoacán, la región mexicana con condiciones óptimas para el cultivo del aguacate, enfrenta acusaciones graves de deforestación y corrupción, pese a ser proveedor del 90% del aguacate importado por Estados Unidos. La producción industrial para exportación se disparó a partir de los años 90, cuando México levantó la veda de importación de este fruto tras abrir su mercado al maíz estadounidense.
- Representantes de la industria reconocen la problemática de la deforestación, pero aseguran que se están tomando medidas para combatirla. Sin embargo, fuentes oficiales denuncian que la corrupción local perpetúa la pérdida de bosques, prohibiendo investigaciones sobre huertos de aguacate de más de aproximadamente 5 hectáreas.
Las prácticas corruptas incluyen supuestamente el soborno a supervisores en función del tamaño de los huertos para evitar inspecciones ambientales.
- Mientras la industria emplea a más de 300,000 trabajadores en un estado de 4.8 millones de habitantes, se reporta que más de 10,117 hectáreas de huertos destinados a la exportación ocupan terrenos que eran bosque en 2014, según geógrafos ambientales de la Universidad de Texas en Austin.
Las autoridades ambientales mexicanas han intentado modificar el convenio de exportación con Estados Unidos para prevenir el comercio de aguacates de tierra deforestada ilegalmente, pero sus esfuerzos han sido ignorados. A pesar de los problemas en Michoacán, Estados Unidos autorizó a Jalisco, el segundo estado más grande en producción de aguacate en México, comenzar sus exportaciones del fruto en 2022.
Mientras las autoridades mexicanas parecen permitir que leñadores y agricultores de aguacate ilegales actúen con impunidad, los agricultores locales y activistas encaran una lucha solitaria y peligrosa. En Michoacán quienes se oponen enfrentan amenazas y violencia.
- En el pueblo de Villa Madero, un activista que pidió al Times no revelar su identidad por miedo a las retaliaciones, contó que fue secuestrado y golpeado en 2021, mientras que en Zirahuén, líderes Purépecha contaron al diario neoyorquino que han sido víctimas de secuestros por oponerse a la tala ilegal para plantaciones de aguacate. “Los aguacates que se comen en Estados Unidos están bañados en sangre” dijo uno de ellos.
- Donaciano Arévalo, otro nativo de la zona que compró casi 20 hectáreas de terreno, contó que recibió amenazas de hombres armados por oponerse a personas que deforestaron su propiedad para cultivar aguacates: “Sentí que el corazón me latía con fuerza en el pecho”, relató el hombre de 60 años. “Y dije: ‘Estos tipos me van a matar o me van a desaparecer o me van a entregar a los criminales’” relató.
Las proyecciones apuntan a que el cultivo de aguacate, a pesar de su problemática asociación con el delito, podría incrementar en más de un 80% para el año 2050 en Michoacán. Esto plantea un dilema complejo, donde la economía del estado se equilibra con la necesidad de conservación ambiental.
Alejandro Méndez, secretario de medio ambiente de Michoacán, manifestó la preocupación del gobierno estatal por equilibrar el crecimiento económico con la preservación del entorno natural. “Somos conscientes que no podemos derrumbar la economía del estado, pero también estamos conscientes que si no detenemos esto nos vamos a quedar sin nada”, declaró al New York Times./PUNTOporPUNTO
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