Hace 100 días, Donald Trump llegó a la Presidencia de Estados Unidos gracias, entre otras, a la promesa de sacudir el sistema migratorio y expulsar a millones de personas en situación irregular del país.
Aunque los números no benefician la retórica de las deportaciones masivas, la nueva política migratoria ha materializado los peores miedos de la comunidad migrante, hasta en aquellos a los que prometió no tocar.
- 100 días de la radical transformación del ‘sueño americano’. En sus tiempos de candidato, Donald Trump ancló su campaña presidencial en su discurso anti-inmigrante prometiéndole a los electores que, si regresaba al poder, también reviviría la estricta política migratoria que caracterizó su primer mandato hace ocho años…y lo haría de manera recargada.
- Conceptualizando a las personas migrantes en situación irregular como el origen de todos los males que achacan al país, el magnate inundó sus mítines de campaña con promesas sobre deportaciones masivas, redadas migratorias en centros de trabajo y escuelas, expulsiones expeditas y el desmantelamiento del sistema de asilo estadounidense. Promesas que, tras su victoria electoral en noviembre de 2024, se convirtieron en amenazas latentes.
En su discurso de investidura el 20 de enero, el magnate neoyorquino avisaba a la ciudadanía estadounidense sobre su convicción de hacer realidad su plan migratorio apenas entrara a la Oficina Oval.
En un mes como presidente, Trump firmó 42 órdenes ejecutivas – las mismas que Joe Biden en su primer centenar de días –, con la migración como gran protagonista en una gran parte de ellas.
- Desde el envío de miles de tropas a la frontera hasta el uso de una ley fraguada en tiempos de guerra, Trump ha impulsado un abanico de medidas que pretenden no solo detener el ingreso de nuevos flujos migratorios irregulares por la frontera sur, sino también devolver a sus países de origen a millones de personas, aunque estos ya no sean lugares seguros para su regreso.
- «Trump ha sido consecuente con su discurso (…) Lo más preocupante es que estas políticas no solo afectan a quienes estaban por llegar a Estados Unidos, sino también a los que ya se encontraban dentro del país con una cita para continuar su proceso de asilo», explica Milagros Garrido Rosales, especialista en migración por el Colegio de la Frontera, para France 24.
El mandatario estadounidense demostró que su segunda Presidencia no se iba a quedar solo en la retórica y sus consecuencias ya son perceptibles apenas en los primeros tres meses de su Gobierno. Pero, cabe preguntar: ¿Hasta qué punto se han materializado las promesas migratorias de Trump en sus primeros 100 días? Lo analizamos.
Un ICE reforzado, eliminación de programas y militarización
Trump comenzó a implementar medidas para completar el viraje migratorio del Gobierno estadounidense desde su primer día en el cargo.
- A pocas horas de haber sido investido presidente, el republicano ordenó la eliminación de CBP One –una aplicación implementada por Biden para facilitar las peticiones de asilo – así como la suspensión de todas las citas con autoridades migratorias que habían sido agendadas para el 20 de enero en adelante, que se calcula pudieron haber sido hasta 30.000, según información de ‘The New York Times’.
- El presidente también decretó un «estado de emergencia» en la frontera sur del país, argumentando que los flujos migratorios irregulares tenían la soberanía del país «bajo asedio». La imposición del estado de emergencia se tradujo en la movilización de 1.500 tropas militares en la frontera, quienes reforzaron al contingente de 2.500 soldados que ya estaban estacionados en la zona.
Además, la Casa Blanca anunció la implementación de más helicópteros, drones y tanquetas militares para facilitar la vigilancia en la zona fronteriza, avisando que «solo es el inicio».
Aunado a la eliminación de CBP One, Trump dedicó sus primeros días en la Oficina Oval para desmontar los pocos mecanismos de protección migratoria que fueron creados por su antecesor en el cargo.
- El mandatario suspendió el programa humanitario que facilitaba el acceso de personas migrantes procedentes de países como Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, además de intentar ponerle fin al programa de protección migratoria temporal, conocido como TPS, que ampara la estancia de unos 350.000 venezolanos en Estados Unidos.
- El magnate neoyorquino también paralizó el sistema de refugio, suspendiendo la entrada de todas las personas migrantes en situación irregular al país, facultando a la patrulla fronteriza para rechazar inmediatamente a cualquier persona sin concederle una audiencia de asilo. Una medida parecida a la aplicada por Biden en junio de 2024.
Para Haim Vásquez, abogado dedicado a la ley de inmigración en Estados Unidos, el cambio más importante en el aún joven Gobierno trumpista radica en el «enfoque» que la Casa Blanca impulsa en torno a la migración, detallando que las primeras órdenes del líder republicano han ido enfocadas a desmembrar los sistemas de protección ya existentes, mismos que protegen a personas migrantes que, aunque llegaron de manera irregular, consiguieron la legalidad para establecerse en Estados Unidos.
«Lo que hemos visto también es una política diferente en el enfoque de inmigración, donde el Gobierno ha terminado programas creados en la antigua Administración, lo que pone ahora en peligro, y riesgo de deportación, a muchas personas que en los últimos años han tenido permisos para mantenerse de forma legal en el país», explica Vásquez en entrevista con France 24.
Los aranceles, el arma de Trump para cortar los flujos migratorios en el sur
Para conseguir sus agresivos objetivos en torno a la migración, Trump ha implementado un intenso abanico de políticas restrictivas para los flujos migratorios en sí mismos, pero también ha optado por salir de los medios tradicionales, utilizando otras esferas de acción para, indirectamente, insuflar su política migratoria.
Una de estas herramientas de presión heterodoxa es la imposición de aranceles. El presidente ha dicho que los aranceles son su «palabra favorita», avisando desde su campaña que impondría un nuevo régimen arancelario en relación con sus socios comerciales para nivelar el déficit económico estadounidense.
- En el poder, Trump ha utilizado los aranceles para orillar a otros países en el continente a alinearse con su política migratoria. El mandatario impuso una tasa arancelaria del 25% sobre los productos de México y Canadá, enmarcado en el levantamiento de un «estado de emergencia» por la crisis migratoria y de tráfico de fentanilo.
- Panamá, Colombia y Guatemala han sido también objeto de amenazas arancelarias por parte de la Casa Blanca, que había pedido facilidades para que dichos países recibieran a sus connacionales deportados, además de ciudadanos de terceros países que pudieran luego ser transportados a sus países de origen.
En conversación con este medio, Garrido Rosales señala que la táctica de utilizar aranceles para cortar la movilidad humana al sur de la frontera no es nueva en el mundo Trump, recordando que, durante su primer mandato, el magnate neoyorquino ya había amenazado a México con aranceles progresivos si no intensificaba los esfuerzos para contener la migración desde su territorio; estrategia que resultó en la militarización de las fronteras mexicanas y un aumento en las detenciones migratorias en territorio mexicano.
«Esta estrategia puede ser efectiva para reducir el número de personas que llegan a la frontera de Estados Unidos, pero tiene un costo muy alto porque deja a miles de personas migrantes atrapadas en países que no están preparados para garantizar su seguridad (…) En lugar de atacar las causas estructurales de la migración, las presiones arancelarias solo trasladan el problema sin resolverlo», añade.
El cierre del Darién y la necesidad de buscar nuevas rutas migratorias
Las presiones económicas de Trump y el fortalecimiento en la frontera con México han surtido efecto en todo el continente, logrando detener parcialmente los flujos migratorios, aunque solo por las rutas más populares en los últimos años.
- Uno de los cruces en donde ha surtido efecto la política migratoria trumpista en sus primeros 100 días es en el Tapón del Darién. La frontera natural entre Panamá y Colombia ha experimentado un decrecimiento de hasta el 98% en los cruces migratorios durante los primeros meses del 2025 en comparación al mismo periodo el año pasado.
- Las autoridades migratorias panameñas presumen que, en marzo, el Darién cerró en 112 cruces migratorios detectados en todo el mes; una reducción sustancial de los 36.841 cruces registrados en marzo de 2024.
- La drástica caída en los números de cruces por la selva que conecta Suramérica con Centroamérica ha llevado al presidente panameño, José Raúl Mulino, a declarar el ‘cierre’ de la ruta, afirmando que su Gobierno desmantelaría los centros de atención migratoria que existen en su parte de la selva, además de avisar que «prohibirá» los cruces.
Un reporte de Médicos Sin Fronteras (MSF) apunta que, aunque los flujos de personas han bajado no solo en el Darién, sino también en Centroamérica y México, las personas migrantes siguen expuestas a la violencia en rutas alternas más peligrosas, más costosas y menos conocidas.
- Esas formas de violencia «van desde la tortura hasta la violencia sexual, el robo, el secuestro y la extorsión, lo cual tiene graves consecuencias para su salud física y mental, a veces irreversibles», señaló la organización en una publicación el 4 de abril.
- El desmantelamiento de centros migratorios por baja afluencia de personas se suma a la desarticulación de otros albergues e instituciones por falta de fondos, esto tras los drásticos recortes financieros que ha impuesto Washington.
«La Administración de Trump ha recortado significativamente los fondos destinados a la cooperación internacional, que eran particularmente canalizados a través de USAID. Esto ha debilitado programas en Centroamérica y en México, que estaban enfocados a abordar la violencia», subraya Garrido Rosales para France 24.
El abismo entre promesas y resultados
Aunque la retórica trumpista indica que durante sus primeros 100 días han conseguido resultados meteóricos con su estricta política migratoria, en realidad, las cifras comprobables muestran un panorama distinto.
En números fríos, los primeros 100 días de Trump no son tan diferentes al último año de Biden en la Presidencia. Una de las áreas en donde las políticas de Trump han tenido efectos más visibles es en el movimiento en la frontera sur.
- Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP), durante el mes de marzo solo se registraron 11.017 «encuentros» con personas migrantes en la zona, un 82% menos que los reportados en enero, cuando el republicano entró a la Casa Blanca.
La tendencia en los cruces migratorios ya iba a la baja desde julio de 2024, cuando Biden suspendió parcialmente el sistema de refugio. Tras llegar a su pico máximo en diciembre de 2023 – con más de 300.000 «encuentros» –, la decisión del demócrata en julio resultó en un descenso drástico que llegó a sus mínimos en su último mes en el cargo, con 96.087 cruces reportados por CBP.
- El aumento en las deportaciones y arrestos contra migrantes fueron los campeones entre las promesas de campaña trumpista, pero tras 100 días en el cargo, el mandatario se ha estrellado en su cometido.
- En su primera semana, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) publicó en redes sociales un conteo diario de los arrestos migratorios, presumiendo un promedio estable de 1.000 al día. Las publicaciones solo duraron una semana.
Ante la falta de números oficiales, un reporte del Centro de Intercambio de Información sobre el Acceso a los Registros Transaccionales (TRAC) sugiere que, tras el pico de arrestos durante la primera semana de Trump, los números en los meses siguientes son ligeramente mayores a los de Biden.
- También, el reporte de TRAC arroja luz sobre los perfiles de las personas que han sido objeto de estas órdenes de detención.
- Entre el 20 de enero y el 17 de febrero, se emitieron unas 17.972 órdenes de detención por ICE, pero solo el 28% tenían como objetivo a una persona migrante con antecedentes penales; apenas 30 órdenes fueron dirigidas contra violadores convictos y 65 contra asesinos.
- El delito más popular entre el 28% que posee antecedentes penales es el de conducir ebrio.
«Además, los inmigrantes a los que sí se dirigió con las órdenes de retención no eran, por lo general, los delincuentes graves que, según el ICE, eran la razón (para) intensificar la aplicación de las leyes de inmigración», mencionó la organización en su reporte.
- En las deportaciones, Trump se ha quedado corto en su promesa de «masificar» las expulsiones. Hasta el momento, no existe una manera oficial de seguir las cifras de deportaciones minuciosamente ya que Washington no ha compartido datos institucionales que revelen sus ‘progresos’.
Pero una de las maneras para seguir el proceso de las deportaciones está en el conteo de los vuelos de deportación comandados por ICE, aunque la cifra es inexacta, ya que muchas personas son transportadas fuera de la frontera por vía terrestre.
- El monitoreo de Tom Cartwright, defensor de los derechos de los inmigrantes que lleva cinco años en la labor de observar las cifras de vuelos, citado por diarios como ‘The New York Times’, indica que los primeros 100 días de Trump no han consolidado el avance prometido.
En sus primeros tres meses de Gobierno, el ICE bajo Trump ha enviado 369 vuelos de deportación fuera de Estados Unidos; una cifra apenas mayor de los 355 vuelos que envío la Administración Biden en los tres primeros meses del año pasado.
Trump se enfrenta a los tribunales
El presidente estadounidense ha intentado impulsar su agresiva política migratoria a través de la invocación de leyes atrapadas en el tiempo, huecos legales y herramientas judiciales poco convencionales. Varias de las que, tras 100 días, han sido duramente cuestionadas no solo por el público sino por la Justicia estadounidense.
- En sus primeros minutos en la Casa Blanca, Trump advirtió sobre su intención de revivir la Ley de Enemigos Extranjeros para detener la «invasión» a la que el país supuestamente está sometido.
- La legislación fue creada en 1798, pensada en tiempos de guerra, y le da facultades al jefe de Estado para detener y deportar personas extranjeras en caso de una guerra declarada o de una «invasión».
En efecto, Trump invocó en marzo la ley para expulsar de manera express a 280 ciudadanos venezolanos, según dijeron las autoridades estadounidenses miembros de la organización criminal del Tren de Aragua, para ser enviados a la megacárcel salvadoreña Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), tras cerrar un polémico acuerdo con El Salvador en febrero.
- El líder republicano incluyó a bandas como el Tren de Aragua o la MS-13 en la lista de organizaciones terroristas del país, en un intento de facilitar las expulsiones de presuntos miembros en rumbo a territorio salvadoreño. Sin embargo, su intentona ha sido parcialmente detenida por los tribunales.
- La inclusión de las pandillas como «terroristas» y la invocación de una ley de guerra han dado paso a una suerte de perfilamiento sistemático contra personas migrantes, muchas de ellas acusadas por Washington de pertenecer a dichas organizaciones criminales, aunque no haya pruebas suficientes para demostrarlo o un juicio previo.
- «Lo que estamos viendo ahora son detenciones, las cuales en muchas ocasiones son contra personas que tienen un estatus migratorio vigente, pero han sido detenidos bajo la alegación de ser parte de una organización terrorista, en muchas ocasiones sin tener antecedentes criminales», explicó Velásquez, en conversación con France 24.
La arremetida trumpista, como era de esperar, no ha estado exenta de errores. Una de las víctimas de la Administración es Kilmar Ábrego García, de origen salvadoreño, que fue deportado en rumbo al Cecot en el vuelo de marzo. Días después, la Casa Blanca admitió que el joven fue deportado por un «error administrativo».
- Aunque en un inicio el Gobierno admitió su error, semanas después volvió a acusar a Ábrego García de ser parte de una pandilla – aunque un juez había descartado esa hipótesis años antes – utilizando sus tatuajes como prueba irrefutable de su culpabilidad. «Si parece un pato, nada como un pato y grazna como un pato, probablemente sea un pato», dijo la Casa Blanca en sus redes sociales.
El 10 de abril, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ordenó al Gobierno «facilitar» el regreso de Ábrego García al país. Una orden que, por el momento, no ha cumplido.
- Pero la decisión judicial sobre Ábrego García no es la única que se ha presentado contra la política trumpista en sus primeros meses. El 19 de abril, la máxima corte del país decidió frenar el uso de la polémica ley para las expulsiones de por lo menos una treintena de personas migrantes de origen venezolano retenidas en Texas, congelando su deportación a El Salvador.
Los abogados de la Casa Blanca han argumentado que el Poder Judicial no tiene jurisdicción sobre la política migratoria de Trump, ya que es también un asunto de política exterior – según su lógica –, lo que le compete únicamente al presidente.
«Lo que tenemos ahora mismo es una lucha entre el poder Ejecutivo y el poder Judicial», sentencia el abogado especialista en migración.
El duelo entre la Casa Blanca y los tribunales, el alardeo de ‘progresos’ sin el respaldo de números, la instrumentalización del ICE, la incertidumbre de las personas migrantes que viven dentro de Estados Unidos –aunque sea de manera legal– y el sufrimiento de aquellos que están buscando nuevas rutas migratorias ante la fortificación en el sur… Esas son las marcas de los primeros 100 días de Trump al volante de la migración en el continente.
Trump estaría «ilegalizando» a inmigrantes para justificar su deportación masiva
El regreso de Trump a la Casa Blanca ha estado marcado por lo que los especialistas llaman “crimigración”, un proceso que implica integrar la legislación migratoria con la legislación penal, explica Lady Junek Vargas León, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en migraciones.
“Ahora, cualquier persona migrante puede ser tratada como criminal, sin importar su estatus legal. Se amplió el uso de antecedentes penales como causa de deportación, incluso para residentes legales”, dice Vargas.
- “Además, cruzar la frontera sin documentos, que antes era una falta civil, ahora se criminaliza cada vez más, especialmente a personas racializadas. Lo más grave es que bajo esta lógica, todos los inmigrantes son sospechosos, solo por su estatus o nacionalidad”, agrega.
- Aunque hasta ahora los intentos de revocar el estatus de miles de inmigrantes han sido detenidos por los tribunales o se encuentran en medio de disputas legales, muchos venezolanos, algunos con el TPS, por ejemplo, viven con miedo de ser objeto de detenciones o deportaciones.
El 16 de marzo, Estados Unidos deportó a El Salvador a 238 venezolanos a quienes señaló de ser miembros del Tren de Aragua, pero hasta el momento no ha presentado pruebas que lo demuestren.
Fueron enviados por el Gobierno de Nayib Bukele al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) como parte de un acuerdo vigente con Washington. El Gobierno de Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar las deportaciones pese a un fallo judicial que detuvo la medida.
- Leticia Calderón, doctora en Ciencias Políticas y especialista en procesos migratorios, explica que la criminalización de los inmigrantes ha sustentado desde hace muchos años la política migratoria de Estados Unidos.
- “Es una cuestión casi del origen de Estados Unidos asociar lo ilegal con lo criminal. Cuando ellos hablan de inmigración ilegal, automáticamente la mentalidad de los estadounidenses es que es un acto criminal”, dice Calderón.
La especialista dice que es muy difícil que ese argumento se pueda cambiar porque se ha construido a lo largo de mucho tiempo. Se consolidó con las políticas migratorias de 1996 que establecieron el término “illegal alien”, redefiniendo lo que significa estar sin autorización en el país.
- “De forma que la criminalidad y la condición de no autorizado se consideran con demasiada frecuencia sinónimos”, de acuerdo con un análisis del Centro de Estudios sobre Migración de Nueva York (CMS, por sus siglas en inglés).
- “Que ellos no digan incluso indocumentado no es nada más de léxico, no es nada más de un prurito de cómo se menciona, sino una connotación de asociarlo a lo criminal y por tanto, pues tener la razón en el sentido de que, ojo, cualquiera lo es”, dice Calderón.
Incluso, los hijos de inmigrantes indocumentados que obtuvieron la ciudadanía por derecho de nacimiento. A partir de un decreto, que firmó el primer día de su mandato, Trump quiere acabar con este derecho constitucional que lleva casi 160 años otorgando la nacionalidad a quienes nacen en territorio estadounidense.
“Ni es un debate cerrado, ni es retroactivo”, es decir, aquellos que ya la obtuvieron no la perderían pero si llegara a implementarse los recién nacidos ya no tendrían este derecho, explica Calderón.
- Este caso también ha llegado hasta la Corte Suprema que acordó recientemente escuchar los argumentos orales sobre la solicitud del presidente para hacer cumplir su plan de terminar con la ciudadanía por nacimiento para casi todas las personas.
- La ofensiva de Trump que, según las especialistas, se ha caracterizado por una criminalización creciente de los inmigrantes, ha pasado factura a las comunidades y las empuja a querer irse.
“Hay terror, depresión, efectos psicológico en la comunidad. Algunos clientes me han dicho mejor yo me voy, y pues explicándoles la consecuencia de irse y repatriarse. Entonces es algo, pues que ha afectado mucho la psicosis del inmigrante”, dice Jaime Barrón, abogado de inmigración en Texas.
Pero también hay clientes que deciden seguir adelante con sus vidas a pesar del miedo, la incertidumbre y la frustración.
- “Al principio todo mundo tenía miedo, pero ya se vuelve costumbre. Entonces dicen ‘pues o me muero de hambre o trabajo’, entonces están trabajando. ‘Si no voy a la escuela, a los niños los van a penalizar, entonces pues los mando a la escuela. ¿Tengo que declarar impuestos? Pues declaro’”.
- Barrón asegura que las cortes de inmigración reciben cada día más casos mientras procesos se alargan cada vez más debido a los recortes que se han implementado a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Esto, dice, no solo cansa a los inmigrantes sino que termina por costarle millones de dólares al Gobierno.
- Cada juez, en vez de procesar 10 casos al día, por ejemplo, ahora solo puede hacerlo con cinco. Entonces, el juez que queda “tiene que hacer más casos, se tarda más y todo es más lento. Y si es más lento, es más caro y acaba costándole al Gobierno”, señala el abogado.
Laveus dijo que intentaba ser positiva y rezaba por una solución. Pero el temor a los peligros a los que se enfrentarían sus familiares y otras personas si son devueltos a Haití es abrumador.
El Gobierno ha etiquetado a estudiantes como criminales, sin pruebas
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha ordenado la terminación del estatus migratorio de miles de estudiantes internacionales basándose en supuestas infracciones menores o simples interacciones con autoridades, sin verificar si dichas acciones constituían delitos ni si los casos fueron desestimados.
- Según documentos judiciales y declaraciones en audiencias, funcionarios federales aplicaron una política conocida como “student criminal alien initiative”, que resultó en la exclusión de estudiantes de universidades, pérdida de empleos y deportaciones voluntarias, aun cuando muchos no habían cometido delito alguno.
- Las decisiones se tomaron mediante búsquedas automatizadas en bases de datos criminales sin revisión individual, lo cual ha causado duras críticas de jueces federales por la falta de debido proceso.
- La situación ha derivado en más de 100 demandas en cortes federales, en las que abogados argumentan que el gobierno violó derechos fundamentales al eliminar registros en el sistema SEVIS (acrónimo de Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio, en inglés) sin notificación ni oportunidad de defensa.
Jueces como Ana Reyes y Sparkle Sooknanan han exigido respuestas claras al Departamento de Justicia, cuestionando incluso si el gobierno sabe si ciertos estudiantes están legalmente en el país.
Las audiencias han expuesto cómo decisiones fueron impulsadas por algoritmos o datos sin confirmar, lo que plantea inquietudes más amplias sobre el uso de inteligencia artificial en procesos migratorios.
Mientras tanto, los afectados enfrentan consecuencias académicas, económicas y legales, y algunos expertos temen que este enfoque se repita si no hay una reforma profunda del sistema.
Gobierno de Trump deporta a México 38,000 migrantes
- En los cuatro meses que van de la administración de Donald Trump, Estados Unidos, ya deportó a 38,757 personas, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.
- De esa cifra, 33,311 son mexicano y 5,446 extranjeros, detalló la mandataria durante su conferencia matutina.
“Hay un término que se llama Tercer País Seguro. Eso tiene que firmarse por los dos países. Nosotros nunca firmamos nada, sino, sencillamente, por razones humanitarias”, reiteró.
Sin embargo, subrayó que cada vez llegan menos deportados extranjeros a México debido a que el gobierno de Estados Unidos ya tiene convenios para enviarlos de manera directa a sus países.
Los retornados extranjeros llegan al país por la frontera norte o a través del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), mientras que los mexicanos deportados que regresan en avión aterrizan en Villahermosa y Tapachula.
“Somos un gobierno humanitario, nosotros no podemos decir: ‘No te recibimos’. Y ahí se les atiende, desde antes que llegara el presidente Trump, se les atiende y se les pregunta si de manera voluntaria quieren regresar a su país y se hace la relación a través de Migración para que regresen”, indicó.
La presidenta confirmó que sí llegaron deportados que tienen hijos nacidos en Estados Unidos y son separados de su familia, aunque aclaró que son pocos casos. “Ha habido pocos casos, pero en aquellos casos donde ha habido separación de familias, de inmediato Relaciones Exteriores los pone en contacto con la familia para ver de qué manera puede ayudarse a juntarlos”, añadió.
Establecen nuevo corredor militar contra inmigrantes
La administración del presidente Donald Trump ha establecido una segunda zona militar en la frontera sur, esta vez en Texas, como parte de su estrategia para reforzar el control migratorio sin necesidad de declarar formalmente una emergencia bajo la Ley de Insurrección de 1807.
El “Área Nacional de Defensa de Texas”, como la ha denominado el Pentágono, abarca un corredor de 101 kilómetros de largo que se extiende desde El Paso hacia el este, a lo largo de la frontera entre Texas y Nuevo México. Esta franja se suma a la zona de defensa creada en abril en el estado de Nuevo México, que se extiende por 270 km y 18 metros de ancho.
Según el Departamento de Defensa, estas zonas están diseñadas para permitir a las fuerzas armadas detener temporalmente a migrantes o personas que crucen ilegalmente, entregándolos después a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) u otras agencias civiles.
- La medida evita el uso de la Insurrection Act, la cual permite movilizar tropas en respuesta a disturbios civiles, algo que Trump ha considerado innecesario hasta el momento.
- Hasta la fecha, 82 migrantes han sido acusados de ingresar a la zona militar en Nuevo México, aunque todos han sido manejados por CBP y no por tropas militares, según la Oficina del Fiscal Federal en ese estado.
El despliegue fronterizo asciende a casi 12,000 soldados, en un momento en que los cruces ilegales han caído a niveles históricos. En marzo, el número de migrantes detenidos fue el más bajo registrado hasta ahora, según datos oficiales.
- Desde el gobierno federal se insiste en que estas zonas fortalecen la capacidad de respuesta ante cualquier repunte migratorio y blindan áreas sensibles para la seguridad nacional.
- El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, respaldó la medida y compartió imágenes de la colocación de alambre de púas en la zona: “Texas continúa trabajando con la administración Trump para detener la inmigración ilegal”, afirmó en redes.
Abbott ha desplegado desde 2021 a la Guardia Nacional y a la policía estatal para tareas de seguridad en la frontera. /Agencias-PUNTOporPUNTO
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