El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto sobre la mesa legislativa una ambiciosa reforma a la Ley de Amparo y a un conjunto de leyes secundarias, una iniciativa que, según el Ejecutivo, busca hacer la justicia más «rápida y expedita», pero que ha encendido las alarmas en sectores de la oposición y la sociedad civil por sus posibles implicaciones en la protección de los derechos humanos.
La propuesta, enviada al Senado de la República esta semana, forma parte de un segundo paquete de leyes derivado de la reforma constitucional al Poder Judicial y toca el corazón del sistema de defensa de los ciudadanos frente a los actos de autoridad: el juicio de amparo.
¿Qué busca cambiar la iniciativa?
El objetivo central, según ha enfatizado la presidenta Sheinbaum, es agilizar los procesos judiciales y evitar que el amparo sea utilizado como un «refugio para quienes buscan evitar la justicia».
La reforma no solo modifica la Ley de Amparo, sino que impacta al Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, el Código Fiscal de la Federación y otras normativas clave.
Los cambios más significativos se concentran en tres áreas:
- 1. Freno al descongelamiento de cuentas por «lavado»: uno de los puntos más relevantes es limitar la suspensión en juicios de amparo relacionados con el bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El gobierno argumenta que esta medida es crucial para combatir el lavado de dinero.
De acuerdo con el proyecto, entre diciembre de 2018 y agosto de 2025, se han desbloqueado mediante amparos cuentas por un monto de 27,000 millones de pesos, lo que equivale al 54.4% del total bloqueado por la UIF en ese periodo.
La iniciativa propone que la suspensión provisional nunca proceda en estos casos. Sin embargo, una persona sí podrá obtener la suspensión definitiva si logra acreditar ante un juez el origen lícito de sus recursos.
- 2. Agilizar el cobro de impuestos: la reforma busca poner fin a la práctica de interponer «un amparo sobre otro amparo» para postergar indefinidamente el pago de deudas fiscales, un proceso que, según las autoridades, puede extenderse por más de 20 años. La idea es que la defensa se concentre en un solo juicio de amparo contra el acto final y no se utilice para dilatar cada paso del proceso de cobro.
- 3. Modernización y justicia digital: la propuesta incorpora el uso de herramientas tecnológicas para crear un «juicio de amparo verdaderamente digital» con plena validez legal, sin eliminar el procedimiento documental tradicional. También se establecen plazos claros, como un máximo de seis meses para la resolución de juicios fiscales en vía sumaria.
La Polémica: Parlamento Abierto, vía «Fast Track»
El «cómo» se debe procesar la reforma ha generado un choque de visiones en el Senado.
Por un lado, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, ha sostenido que «urge concretar» la iniciativa por ser el «andamiaje jurídico» del nuevo Poder Judicial. Afirmó que no se ha contemplado un Parlamento Abierto, argumentando que el proyecto ya es resultado de consultas previas y representa «el sentir de la población».
- En el caso opuesto, el presidente de la Comisión de Justicia, el senador Javier Corral Jurado, considera necesario un mecanismo de consulta con expertos, «llámese como se le llame».
- El legislador advirtió que el amparo es el «instrumento más importante para la protección de los derechos humanos» y que abrir la discusión mejora los proyectos.
- Una de sus principales preocupaciones es la modificación del «interés legítimo», pues teme que se pueda restringir el acceso a la justicia para grupos vulnerables o en la defensa de derechos colectivos, como los ambientales.
En ese sentido, el gobierno de México, a través del Coordinador General de Política y Gobiern, Arturo Zaldívar, aseguró que la reforma no limita esta figura, sino que simplemente aclara sus elementos basándose en jurisprudencia ya existente de la Suprema Corte para facilitar su aplicación.
Controversias Políticas
El debate técnico se vió salpicado por la aparición de demandas de amparo a nombre de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quienes negaron haberlas promovido, fue calificada por Zaldívar como un «uso abusivo, interesado para golpear» políticamente.
La presidenta Sheinbaum sugirió que este caso es un ejemplo del abuso del amparo y que «vale la pena que se incorpore este tema en la discusión» legislativa para definir mejor en qué casos una persona puede amparar a otra.
Qué cambia y cómo te afecta
El especialista en reformas constitucionales Enrique Arcipreste advirtió que el proyecto “facilita la actuación de las autoridades y servidores públicos, pero no aborda de fondo los elementos esenciales del amparo para garantizar el acceso a la justicia”.
- Según la exposición de motivos del propio documento, la propuesta busca agilizar y hacer más eficiente el juicio de amparo, aunque introduce límites a las suspensiones y redefine los requisitos para presentar demandas.
Entre las modificaciones más relevantes que propone la iniciativa se encuentran:
- Límites a suspensiones: los jueces podrán negar suspensiones provisionales si se considera que afectan el interés social o el orden público
- Congelamiento de cuentas: se impide frenar medidas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) relacionadas con presunto lavado de dinero
- Prisión preventiva oficiosa: desaparece la posibilidad de suspender detenciones bajo este esquema
- Redefinición del interés legítimo: solo quienes acrediten un perjuicio real, actual y diferenciado podrán promover amparos, lo que restringe la acción a colectivos
- Sanciones a funcionarios: se elimina la responsabilidad directa de servidores públicos que incumplan sentencias; las dependencias absorberán las consecuencias
Impacto en los derechos colectivos
Uno de los puntos más polémicos es la redefinición del interés legítimo. Bajo este esquema, organizaciones que busquen frenar proyectos de infraestructura, como en casos ambientales, verían limitadas sus posibilidades de presentar demandas.
La propuesta establece que el acto reclamado debe causar un daño jurídico real, actual y diferenciado, y que su anulación represente un beneficio directo para la persona quejosa. Este planteamiento contrasta con la reforma constitucional de 2011, que permitió ampliar los amparos a demandas tanto individuales como colectivas.
Cambios en el proceso judicial
La reforma también incorpora medidas de modernización procesal:
- Presentación electrónica de demandas de amparo
- Uso intensivo del expediente digital
- Establecimiento de un plazo máximo de 60 días naturales para dictar sentencia
Si bien estos puntos son vistos como avances técnicos, especialistas advierten que los efectos restrictivos de la reforma superan los beneficios.
Evolución reciente del amparo en México
El amparo es el medio de control constitucional más utilizado en México. En los últimos meses, se aprobaron cambios que modificaron su alcance:
- En marzo de 2025 se determinó que las sentencias de amparo no tendrían efectos generales en la población
- Previamente, la mayoría legislativa de Morena impulsó reformas para impedir que el amparo se aplicara contra enmiendas constitucionales
La nueva iniciativa mantiene estas disposiciones y agrega mayores restricciones a la figura.
7 de cada 10 apoyan cambios a Ley de Amparo
La reforma a la Ley de Amparo, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, será en beneficio del país, así lo considera la mayoría de consultados de acuerdo con la encuesta de QM Estudios de Opinión, en alianza con Heraldo Media Group.
- A la pregunta: “La modificación a la Ley de Amparo busca hacer justicia de manera más rápida y expedita, ¿Usted cree que esta modificación sea para beneficio del país o no?”, 68% de los consultados respondieron que sí; 22% dijo que no; y 10%, “no sabe/no contestó”.
- Los cambios a la Ley de Amparo, que ya se analizan en el Congreso, tratan de agilizar los procesos judiciales y evitar que el amparo sea utilizado como un “refugio” para quienes buscan evitar la justicia.
Entre las modificaciones más significativas está el del freno al descongelamiento de cuentas financieras por “lavado de dinero”, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.
La reforma, entregada al Senado, también busca poner fin a la práctica de interponer “un amparo sobre otro amparo”, para postergar indefinidamente el pago de deudas fiscales, un proceso que puede extenderse años. /PUNTOporPUNTO
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