TEXTO ÍNTEGRO: La CORRUPCIÓN e IMPUNIDAD son los RIESGOS que afectan el CRECIMIENTO ECONÓMICO

Mientras en marzo del año pasado 5 por ciento de los analistas encuestados por el instituto central consideró a la corrupción como un factor que podría obstaculizar el crecimiento económico, en el mismo mes de este año la cifra ascendió a 12 por ciento.

La corrupción e impunidad cobraron relevancia como factores que afectarían el crecimiento económico en los próximos seis meses, incluso más que la inflación, de acuerdo con analistas consultados por el Banco de México (Banxico).

  • Este año, el Producto Interno Bruto (PIB) podría reportar un avance de 2.4 por ciento con respecto al que se registró en 2023, pero los factores antes señalados se consideran como riesgos crecientes para esta meta, de acuerdo con la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, realizada por Banxico.
  • Mientras en marzo del año pasado 5 por ciento de los analistas encuestados por el instituto central consideró a la corrupción como un factor que podría obstaculizar el crecimiento económico, en el mismo mes de este año la cifra ascendió a 12 por ciento.
  • Recientemente, la organización Transparencia Mexicana señaló que a pesar de que la sociedad identifica a la corrupción como uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y la reducción de las desigualdades, los grandes casos de corrupción no han sido sancionados.

«De hecho, el Estado mexicano no reconoce a los ciudadanos y contribuyentes del País como víctimas en las tramas de corrupción que han sido documentadas y expuestas ante la opinión pública», señala la edición 2023 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que elabora Transparencia Mexicana.

Por cuarto año consecutivo, México mantuvo la misma calificación reprobatoria en el IPC, al conseguir sólo 31 puntos sobre 100, que es la mayor puntuación posible.

  • A su vez, la impunidad pasó de 4 por ciento de respuestas en marzo del año pasado a 8 por ciento para el mismo periodo de 2024.
  • En contraste, la inflación preocupa a menos, debido a que mientras en marzo de 2023 alrededor de 13 por ciento de los especialistas encuestado lo consideraba un posible factor de riesgo, para este año la cifra se ubicó únicamente en 5 por ciento.
  • De acuerdo con la misma encuesta, la inflación seguirá cediendo aunque a un ritmo moderado y se ubicará en 4.10 por ciento para el cierre de este año.

Para 2025, los analistas encuestados prevén que el aumento de precios será de 3.70 por ciento anual. Esta encuesta fue realizada a 40 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado, tanto nacional como extranjero, a finales del mes pasado.

Para los expertos, la inseguridad que enfrenta el País sigue siendo el principal factor que puede representar un obstáculo para el crecimiento de la actividad económica, con 22 por ciento de las opiniones, nivel similar al que se reportó en el mismo mes del año pasado.

Corrupción costó a mexicanos más de 11 mil mdp

El costo de la corrupción al realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos, o por tener contacto con autoridades ascendió a 11 mil 910.6 millones de pesos el año pasado, lo que implicó un aumento del 42.5% en comparación con 2021.

  • Por persona afectada el costo promedio de esa corrupción alcanzó los 3 mil 368 pesos, un aumento de más del 25% en comparación con los 2 mil 681 pesos de 2021.
  • Alrededor de 147 millones de pesos se derivaron de la corrupción en los pagos de tenencia o impuesto vehicular, y 77.6 millones se fueron en trámites en el registro civil.

Un total de 10 entidades rebasaron el costo promedio nacional por actos de corrupción. La ciudad de México, Hidalgo, Sinaloa, Chiapas y Guerrero encabezaron la lista con un costo promedio de entre los 4 mil 883 a los 6 mil 471 pesos.

Por debajo se ubicaron Durango, Quintana Roo, Estado de México, Veracruz y Jalisco en donde el importe osciló entre los 3 mil 322 y los 4 mil 882 pesos por persona afectada.

  • Sin embargo, en cuanto a percepción de inseguridad fue en 13 entidades donde se superó la media nacional, encabezadas por Chiapas, Michoacán, CDMX, Puebla, Guerrero, Morelos y Oaxaca con percepción del 87.1 al 88.3 por ciento.
  • En contraste las entidades con la menor percepción de corrupción fueron Querétaro, Yucatán, Baja California Sur, Colima y Aguascalientes.
  • A nivel nacional, la cantidad de personas que experimentó al menos un acto de corrupción al contactar con alguna persona servidora pública tuvo una tasa de 13 mil 966 por cada 100 mil habitantes.

Chihuahua, Guerrero, Tabasco, Sinaloa, Quintana Roo y Oaxaca fueron las entidades que el año pasado alcanzaron las mayores tasas de víctimas de la corrupción. El 59.4% de las personas encuestadas señalaron que el contacto con autoridades de seguridad pública fue el trámite en el que más experimentaron algún acto de corrupción.

  • Por debajo se ubicaron los trámites para abrir una empresa (27.5%); permisos relacionados con la propiedad (23.5%); la solicitud de la carta de no antecedentes penales, de diversas licencias, trámites ante el INE, de CURP, entre otros, implicaron el 21.2%, y el mismo porcentaje abarcó los trámites ante el ministerio público o las fiscalías estatales.
  • A nivel nacional, los hombres fueron los que estadísticamente por encima de las mujeres reflejaron la mayor prevalencia en cuanto a creer o haber escuchado que hubo corrupción en los trámites que realizó, los que en mayor medida señalaron que conocidos fueron víctimas de algún acto de corrupción, y también mantuvieron la tasa más alta de corrupción al realizar algún trámite personal.

7 de cada 10 mexicanos normalizan la corrupción

De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, 2 de cada 3 personas consideran que es inútil denunciar la corrupción en nuestro país, por lo que no sorprende que muchos expertos coincidan que actos como el soborno o la mordida sean concebidos como una solución a los problemas cotidianos de los mexicanos.

  • Para la International Organization for Standardization (ISO), el soborno es un riesgo significativo para los negocios en muchos países y sectores. Este puede ser tan pequeño como el pago a un oficial de policía por una multa por conducir en exceso de velocidad o tan profundo como el pago para ganar un importante contrato.

Aunque para muchos una “mordida” puede ser concebida como un delito menor, el soborno sistémico a distintos niveles tiene grandes y graves consecuencias que impactan en el crecimiento económico y desalientan la inversión, aumentando la pobreza y la desigualdad social.

  • A pesar de los múltiples esfuerzos que han impulsado desde distintos ángulos, hoy expertos aseguran que es y será un problema difícl de erradir. En un estudio reciente, publicado por MCCI, titulado “¿Cambiar para seguir igual?”, se señala que si bien al gobierno se le ve con más responsabilidad, la ciudadanía percibe que existen otros actores que deben involucrarse para hacer frente a la corrupción en México.

A nivel global, el Banco Mundial estima que se pagan más de 1 billón de dólares (3% del PIB mundial) al año en sobornos. En muchos casos, se tolera como una parte necesaria de “conseguir el negocio/cerrar el trato” o para eludir trámites burocráticos.

“Aunque pareciera que ciertos actos de corrupción parecen ser percibidos con mayor normalidad, entre los empresarios mexicanos existe un deseo creciente de mantener alejadas a sus organizaciones de estas situaciones, mediante la implementación de las mejores prácticas internacionales contra este tipo de actos delictivos”, señaló Carlos Pérez, director general de NYCE México.

Por lo que no es de extrañarse, que un gran número de países han introducido o reforzado la legislación contra el soborno que hace que sea una ofensa para las organizaciones y los individuos pagar o recibir sobornos, pero ahora es la Iniciativa Privada mundial, mediante el ISO 37001, Sistemas de Gestión Antisoborno, quienes toman la delantera.

Gobiernos de AL pierden millones por la corrupción

De acuerdo con un reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI) divulgado en 2019 sobre la relación que existe entre la corrupción y los ingresos fiscales de los gobiernos revela que este flagelo tiene un impacto significativo en las cuentas públicas, incluso en el caso de los países con economías desarrolladas.

«Si comparas los países que son percibidos como menos corruptos con aquellos que son percibidos como más corruptos las diferencias en la proporción de ingresos como parte del Producto Interior Bruto (PIB) es de 4 puntos porcentuales. Esa es una gran diferencia», dice Paolo Mauro, subdirector del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI.

«El ingreso fiscal promedio para América Latina es de 26,5% del PIB, por lo que un aumento de 4 puntos porcentuales es una cantidad muy grande. Imaginemos que todos los países mejoraran sustancialmente en el control de la corrupción. Eso significaría pasar de 26% a 30%, por lo que habría muchos más recursos para gastos productivos», agrega.

  • Para colocar ese dato de 4% en perspectiva puede ser conveniente destacar que en 2017, por ejemplo, todo el gasto en educación de Perú fue de 3,9% del PIB y que países como México y Brasil se ubican entre 5% y 6%, respectivamente.

Mauro afirma que esos recursos pueden significar muchas escuelas u hospitales públicos nuevos en cada país.

El estudio del FMI encontró que esta correlación entre la corrupción, medida a partir de los índices de percepción de la misma, y los ingresos fiscales calculados como parte del PIB, se produce tanto en los países de bajos ingresos como en las economías emergentes (grupo en el que se incluye a la mayor parte de los países latinoamericanos) e, incluso, en las naciones avanzadas.

Peligros

La investigación del FMI alerta sobre tres áreas en las que se presentan grandes oportunidades para la corrupción:

  • La explotación de recursos naturales valiosos, dónde hay un gran margen de ganancia, por lo que los países que disponen de estas riquezas deben aplicar aún más medidas de control y transparencia.
  • Los procesos de compras públicas, en particular, aquellas contrataciones que son muy grandes y complicadas como las que involucran armamento o la construcción de infraestructura, en las que es difícil fijar un precio.
  • En las empresas públicas, sobre las cuales en ocasiones se aplican menores controles que los existentes sobre el gobierno central.

Pese a que esas tres áreas pueden retratar la realidad de muchos países de América Latina, Mauro asegura que el haber trabajado comparando muchos países -el estudio utilizó datos de más de un centenar- permite darse cuenta de que esas circunstancias y los problemas que se relacionan están presentes también en muchas otras partes del mundo.

  • De acuerdo con el experto, aunque hay ciertas medidas técnicas que -con un poco de «voluntad política»- los países pueden aplicar.

Recomiendan, por ejemplo, dar transparencia a las cuentas fiscales y publicarlas todas.

En ese sentido, por ejemplo, el estudio destaca el caso de Brasil, donde los resultados de las auditorías municipales han demostrado tener un impacto significativo en las perspectivas de reelección de las autoridades, especialmente en aquellos lugares donde existen emisoras de radio locales.

Mauro insiste en la conveniencia de que esas auditorías sean tanto internas como externas y que cuenten con la participación de expertos independientes, y un tercer consejo es aplicar prácticas modernas, aplicar la digitalización de los procesos.

«Hemos descubierto que los países que evitan las interacciones cara a cara entre los funcionarios de Hacienda y los contribuyentes, tienden a reducir la oportunidad para la corrupción. También ayuda contar con un sistema que opere rápidamente, sin retrasos, así eliminas el margen para que haya negociaciones», apunta Mauro.

  • El experto indica que las mejoras en la lucha contra la corrupción no ocurren de la noche a la mañana y suelen tomar muchos años de esfuerzos constantes, aunque destaca que en el estudio tomaron dos casos ejemplares: Georgia y Ruanda, en los que lograron aumentar la recaudación fiscal en 13 y 6 puntos porcentuales del PIB en unos pocos años.

¿Y cuál podría ser el impacto económico si en el mundo entero todos los países hicieran este esfuerzo?

Los autores del estudio también abordaron esta pregunta hipotética y para responderla se fijaron en los países que durante los últimos 20 años mejoraron su control sobre la corrupción e hicieron una proyección teórica sobre lo que ocurriría si todas las naciones del mundo lograran alcanzar el avance promedio que los primeros consiguieron.

El resultado: un ingreso adicional de US$1 billón alrededor del mundo, lo que equivale a casi el tamaño del PIB anual de México, que en 2017 sumó US$1.151 billones, según cifras del Banco Mundial./PUNTOporPUNTO

Documento Íntegro en el Enlace:

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/%7BEBE3E9ED-1BCB-CDEB-3AD0-ABA005E0689E%7D.pdf

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