CRIMEN ORGANIZADO ha comenzado a capturar los MERCADOS de AGUA, ENERGÍA y ALIMENTOS básicos

En el horizonte global del crimen organizado, el futuro ya tiene nombre: la quinta ola. Así lo describe el informe The Fifth Wave: Organized Crime in 2040 (La quinta ola: el crimen organizado en 2040), publicado por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) en noviembre de 2024 y firmado por el académico Phil Williams.

El documento advierte que las organizaciones criminales dejarán de centrarse exclusivamente en las drogas y migrarán hacia el control de recursos estratégicos como el agua, los alimentos y los minerales, aprovechando la crisis climática, la tecnología emergente y las fallas en la gobernanza estatal.

  • Pero en México, esa predicción ya no es futuro: es presente. Desde hace un par de años, diversos casos documentados por medios nacionales e internacionales muestran cómo el crimen organizado ha comenzado a capturar los mercados de agua, granos, energía y alimentos básicos, extendiendo su poder más allá del narcotráfico, diversificando sus fuentes de ingresos y sometiendo a comunidades enteras a través de la sed y el hambre.
  • El informe de Williams plantea que el agua podría convertirse en “el nuevo fentanilo”, mientras que los alimentos básicos, como granos y tubérculos, serían los próximos objetivos de los grupos criminales. Aunque el análisis proyecta estas dinámicas hacia 2040, en México estas formas de captura ya fueron denunciadas en múltiples regiones.

En septiembre de 2022, la Confederación de Cámaras Industriales advirtió que el crimen organizado controlaba en ese entonces los precios y el abasto de alimentos en al menos siete estados: Guerrero, México, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

  • Según el comunicado de la organización, los grupos criminales no solo imponen condiciones a los proveedores, sino que también bloquean las rutas de distribución, amenazan a los transportistas, destruyen camiones y deciden quién puede vender o comprar productos como el aguacate, el limón y el pollo.
  • La industria del aguacate, con un valor estimado de 3 mil millones de dólares anuales según la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, es uno de los casos más emblemáticos.
  • Como documentó el periodista Peter Appleby en marzo de 2024, los grupos delictivos no solo extorsionan a los productores, sino que también promueven la expansión de la frontera agrícola mediante la deforestación ilegal, desplazando a pobladores y facilitando el cambio de uso de suelo a través de la corrupción de autoridades locales.

El negocio del maíz y las tortillerías atraviesa una situación similar. Un reportaje de The Washington Post, publicado en mayo de 2024, reveló que alrededor del 15% de las tortillerías en México (unas 20 mil) son víctimas de extorsión por parte de grupos criminales, quienes controlan desde el suministro de gas hasta el transporte del grano.

  • En estados como Sinaloa, estos grupos también manejan la distribución de agua para los cultivos de maíz, condicionando el acceso al recurso natural y obligando a los productores a pagar cuotas para evitar ataques o saqueos.

El agua, mercancía del crimen

La captura de los recursos hídricos, anticipada como una tendencia futura en el informe de Williams, ya es una realidad en estados como Chihuahua y Chiapas.

  • En Chihuahua, una investigación publicada en 2024 por Vice News, firmada por el periodista Luis Chaparro, reveló que una célula del Cártel de Sinaloa montó una red de cisternas, bombas y kilómetros de tuberías para desviar el agua de ríos y arroyos hacia sus cultivos de marihuana y amapola en la Sierra Tarahumara, en plena sequía.

Agricultores de la región denunciaron que necesitan “permiso” del cártel para acceder al agua y que incluso hoteles y restaurantes pagan por el suministro controlado por la organización criminal.

  • En la frontera de Chiapas con Guatemala, pobladores de los municipios de Bella Vista y La Grandeza denunciaron en diciembre de 2023 que presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa cortaron los servicios de agua, luz e internet como represalia por no colaborar en los bloqueos carreteros organizados por el narco.

Esta forma de coerción incluye la elaboración de censos familiares para identificar quiénes pueden ser reclutados y quiénes serán castigados, como reportó también la periodista Ángeles Mariscal para Aristegui Noticias.

El avance del crimen sobre el agua y los alimentos en México no se da en soledad. Como expuso el periodista J. Jesús Lemus en una columna publicada en diciembre de 2020 en Los Angeles Times en Español, la corrupción estatal y la participación de grandes corporativos —especialmente del sector minero y agroindustrial— han facilitado el despojo del agua a las comunidades.

  • Empresas como Grupo México, Goldcorp Inc., Cemex y Frisco, según los datos citados en ese artículo, concentran la mayor cantidad de concesiones de agua en el país, mientras millones de personas carecen de acceso diario al recurso.

Lemus también advirtió sobre la presencia de células criminales que ofrecían servicios de intimidación y disuasión a favor de las empresas que buscaban mantener el control de los recursos hídricos frente a los movimientos sociales.

Análisis de InSight Crime

Al igual que otros recursos vitales −como el petróleo y la madera− el agua está siendo explotada por grupos criminales en distintas zonas de México. La limitada capacidad del gobierno para vigilar las fuentes y redes de distribución, sumada a la probabilidad de futuras sequías, hace prever que el robo de agua continuará e incluso podría aumentar.

  • Un informe de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) citado por El Sol de México identificó 5.000 tomas ilegales en tuberías de agua del norte del país, casi el triple de las detectadas hace cinco años. En marzo de 2024, autoridades de la Ciudad de México propusieron una reforma legal para aumentar las sanciones por estas tomas ilegales, en medio de un período de escasez hídrica.
  • Además del robo de agua, los grupos del crimen organizado también controlan su distribución. Durante un trabajo de campo de Insight Crime, llevado a cabo en Culiacán, Sinaloa, en abril de este año, diversas fuentes señalaron que grupos criminales −en particular la facción de Los Chapitos del Cartel de Sinaloa− estaban imponiendo un sistema ilegal de cobros a los distribuidores comerciales de agua y forzando la redistribución bajo sus propios términos, lo que afecta tanto a los precios como a la seguridad.

El control criminal de la distribución de agua también permite que los grupos extorsionen a los agricultores. Según un informe reciente de El Imparcial, el Cartel de Sinaloa y los Mazatlecos utilizan amenazas para tomar el control de sistemas de riego que gestionan la distribución de agua en los campos agrícolas y que almacenan información sobre la cantidad de cultivos sembrados y el volumen de agua que requiere cada productor. Luego, usan estos datos para exigir pagos a cambio de mantener el suministro de agua.

La sequía que afecta a México podría hacer que el robo de agua aumente en paralelo al precio del recurso. El huachicoleo −robo de combustibles− se intensificó cuando los precios de gasolina eran altos, lo que sugiere que mayores márgenes de ganancia impulsaron los robos. Solo en Sinaloa, el precio del agua aumentó casi un 5% el año pasado.

Explotación ilegal del agua en el norte de México; este es el rol del narcotráfico detrás de la crisis hídrica

Ante la falta de lluvias, ganaderos y agricultores del norte de México han experimentado pérdidas de ganado y a pesar de que perforan pozos en busca de agua, se quedan con las manos vacías, pues el líquido vital es nulo.

Aunque recientemente los huracanes trajeron agua a diferentes estados, la situación en zonas fronterizas con Estados Unidos va más allá de cuestiones meteorológicas y se debe a múltiples factores que abarcan desde el contexto histórico político hasta el crimen organizado.

  • El precio del agua en Sinaloa experimentó un incremento de casi un 5% durante el último año, una tendencia que, según expertos, podría intensificarse a medida que la sequía se agrava en México.
  • En este contexto, la explotación ilegal del agua se ha convertido en una de las principales amenazas para la seguridad y el acceso a este recurso en el país pero especialmente en regiones específicas como es el caso de estados del norte como: Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Coahuila, en donde las personas se enfrentan a una “sequía excepcional”, es decir, el nivel más alto según el Monitor de Sequía de México de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Esta situación se agravó, cuando Estados Unidos se negó a liberar agua del río Colorado hacia México por primera vez en ocho décadas, debido al incumplimiento de los acuerdos binacionales de reparto.

  • Un informe de la CONAGUA, identificó 5 mil tomas ilegales en tuberías de agua en el norte del país, casi el triple de las detectadas hace cinco años.
  • En marzo de 2024, autoridades de la Ciudad de México propusieron una reforma legal para endurecer las sanciones por estas conexiones ilícitas, en respuesta a la crisis hídrica. El control del agua por parte de grupos criminales va más allá del robo.

Durante una investigación de campo realizada por Insight Crime en Culiacán, Sinaloa, en abril de este año, diversas fuentes señalaron que organizaciones como la facción de Los Chapitos del Cartel de Sinaloa han impuesto un sistema ilegal de cobros a los distribuidores comerciales de agua, forzando la redistribución bajo términos propios, afectando tanto los precios como la seguridad.

Además, el Cartel de Sinaloa y los Mazatlecos utilizan amenazas para tomar el control de sistemas de riego en los campos agrícolas, accediendo a información sobre la cantidad de cultivos y el volumen de agua requerido por cada productor. Con estos datos, exigen pagos a cambio de mantener el suministro.

Contexto de la falta de agua

En abril pasado, México anunció que cumpliría con sus compromisos para restablecer el flujo y en el estado de Michoacán, las autoridades han implementado tecnología satelital para combatir el robo de agua.

  • El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que el sistema de vigilancia ambiental, respaldado por satélites de la NASA y de la Unión Europea, ahora supervisa 35 mil represas para evitar que sean llenadas de manera ilegal durante la temporada seca. Si se detectan niveles elevados, el gobierno investigará la procedencia del agua.
  • Bedolla afirmó que este sistema permitirá a las autoridades “atender los delitos ambientales a gran escala como nunca antes había sucedido en la historia del estado”. E el caso del Lago de Pátzcuaro, una de las principales reservas de agua dulce del interior de México, ha sido blanco frecuente de extracción ilegal.

En abril del año pasado, la policía desplegó operativos para proteger el lago tras constatar que el robo de agua y la sequía habían reducido su superficie en un 42%, alcanzando mínimos históricos.

En una intervención, las fuerzas de seguridad desmantelaron un sistema de bombeo que había sustraído más de 100 mil litros de agua en tan sólo ocho horas, utilizando decenas de metros de tuberías para desviar el recurso hacia una plantación de aguacate.

Sin embargo, el problema no se limita a Michoacán, pues según expertos consultados por Connectas, hasta un 15% del agua en México podría perderse por robo./Agencias-PUNTOporPUNTO

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