En el 2025, Representantes de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) defendieron en la Cámara de Diputados que el país no puede transitar hacia un modelo donde el INE asuma todas las funciones electorales. Aseguraron que la magnitud y diversidad de los comicios estatales volvería inviable una operación centralizada y que el federalismo electoral ha permitido estabilidad y alternancia durante una década.
- Paula Ramírez Höhne, presidenta del OPLE de Jalisco, recordó que la estructura constitucional del país impide uniformar la organización electoral. Señaló que “México es una república federal. Eso significa que sus 32 entidades tienen la facultad de darse su propio régimen interior”, y explicó que los OPLES responden a contextos sociales, políticos y culturales que una autoridad nacional no podría cubrir desde el centro.
- Ramírez expuso que el volumen de trabajo que atienden los organismos locales demuestra la imposibilidad de centralizar las elecciones. Recordó que “en 2024 registramos más de 170 mil candidaturas, imprimimos más de 228 millones de boletas e instalamos 2 mil 26 consejos con más de 13 mil ciudadanas y ciudadanos vigilantes”, y advirtió que “la masividad, la diversidad y la complejidad de las realidades locales hacen materialmente imposible la centralización de las elecciones en México”.
La presidenta del Instituto Electoral de Guanajuato, Brenda Canchola, sostuvo que no existe duplicidad entre las funciones del INE y las de los OPLES.
“No hay duplicidad de funciones, sino competencias distintas que obedecen a las particularidades del ámbito territorial”, y destacó que el conocimiento local permite resolver conflictos y diseñar procesos adecuados a cada entidad.
Por su parte, la presidenta del OPLE de Puebla, Blanca Yáscara Cruz García, alertó que un modelo centralizado sería más costoso, más lento y menos cercano a las comunidades. Afirmó que “difícilmente una sola institución podría encargarse del gran cúmulo de responsabilidades requeridas” y que una estructura nacional sobredimensionada estaría “alejada del contexto social y político de los municipios del país”.
- Las consejeras también resaltaron avances impulsados desde lo local, como la paridad y la representación indígena. Ramírez recordó que “el 55 por ciento de las candidaturas locales fueron para mujeres y 21 congresos estatales quedaron integrados mayoritariamente por diputadas”, algo que atribuyó a reglas creadas por los propios institutos estatales.
- Cruz afirmó que la próxima reforma electoral debe construirse con la firme convicción de “garantizar eficiencia, federalismo funcional, transparencia, profesionalismo, participación ciudadana y modernización tecnológica”, al insistir en que cualquier modificación debe preservar los principios del federalismo electoral.
El encuentro se dio en el Salón de Protocolo de San Lázaro, al que asistieron diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios y los titulares de los OPLE’s de los estados de Jalisco, Guanajuato, Puebla, Yucatán, Veracruz, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Oaxaca, Hidalgo, Baja California Sur, Baja California, Chiapas y Estado de México.
Reforma electoral pone a prueba la viabilidad de los OPLEs
La viabilidad operativa y presupuestal de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) quedó bajo discusión en el marco de la iniciativa de reforma electoral que analiza el Gobierno federal. La posible reducción de sus atribuciones, planteada como una vía para abaratar las elecciones y eliminar duplicidades, se enfrenta a un escenario de recortes presupuestales, indefiniciones legales y una carga operativa creciente rumbo a los comicios de 2027, advierten consejerías electorales locales.
- Sostienen que una reforma electoral debe garantizar un presupuesto suficiente; delimitar las funciones del INE y OPLES; fortalecer las acciones afirmativas para grupos discriminados y blindarlas de un uso indebido; uso de urnas electrónicas y voto por internet y eliminar la duplicidad de funciones.
El consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Óscar Rodríguez, puntualizó que se deben garantizar recursos suficientes para su operación. Pese a que su entidad renovará Congreso, éste les aplicó un recorte de 100 millones de pesos.
“Que tengamos un presupuesto asegurado, así como las prerrogativas de los partidos políticos; que no pueda disminuirse, que no sea un capricho de los gobiernos locales, sino que tengamos asegurada una la capacidad técnico-operativa y económica para hacer frente a las elecciones”, afirmó.
Por tanto, consideró que eliminar a estas instituciones o recortar su presupuesto no representaría un ahorro, e incluso podría ser más caro porque implica que algún órgano asuma esta facultad. Además, recordó que su presupuesto representa menos del 1% de los recursos estatales.
El consejero expuso que deben fortalecerse las acciones afirmativas y establecer reglas para evitar fraudes a la ley, es decir, contra aquellas personas que buscan acceder a candidaturas sin pertenecer a uno de estos grupos.
“Yo creo que apostarle a que el INE con todas las elecciones que se vienen para el año 27 es algo complicado. Ellos mismos han reconocido que incluso va a ser difícil o muy complicado llevar a cabo las elecciones ordinarias con las judiciales”, subrayó el consejero.
Por su parte, el consejero electoral de Chihuahua Luis Gutiérrez, quien preside la Red Nacional de Consejerías Electorales por una Democracia Incluyente (Renacedi), aseguró que desaparecer a los OPLES no disminuye costos, ya que se tendría que destinar a la organización de las elecciones un gasto operativo, financiero, humano y material.
“Imagina pasarle a un Instituto Nacional Electoral con nuevas atribuciones que tendría un par de meses para asumir todas las tareas. Primero, entender cuál es la magnitud del número de cargos que se van a elegir, desde regidurías, presidencias municipales, diputaciones, más las gubernaturas; ver cuál es la normativa de cada estado; sustanciación a registros de candidaturas; a las quejas y denuncias en materia de procedimiento sancionadores; la realización de las boletas y material, que tampoco son iguales”, explicó.
- En conjunto, los 32 OPLE solicitaron alrededor de 10 mil 249 millones de pesos para operar en 2026, monto destinado a su funcionamiento básico y los procesos electorales locales.
- El presidente de Renacedi apuntó que el uso de tecnologías como la urna electrónica y el voto por internet sí representarían una reducción en el costo de las elecciones, por lo que debería contemplarse en la reforma.
“Lejos de estar pensando en una desaparición, creo que tenemos que pensar en un fortalecimiento y una base muy importante es la posibilidad de contar con los recursos necesarios y suficientes para cumplir con nuestras obligaciones”, enfatizó.
La consejera de Aguascalientes, Hilda Hermosillo, sostuvo que se debe fortalecer el ejercicio presupuestal de los OPLES, reforzar el sistema de fiscalización, así como eliminar duplicidad de funciones derivadas de la ambigüedad de la ley actual.
“Las elecciones locales no dependen del presupuesto federal. Cada estado del país y acorde a su relación con la autoridad electoral, a la situación política y a un montón de factores determina la suficiencia presupuestal de cada organismo. Te puedes encontrar a institutos como el de Ciudad de México, como el Estado de México que presupuestalmente se encuentran muy sólidos; y en contraste OPLES como el de Colima donde no les alcanza ni para pagar la nómina, constantemente tienen esos problemas”, señaló.
Sostuvo que hay temas que deben incluirse y regularse en la reforma, como uso de tecnologías para emitir el voto, violencia digital contra las mujeres, incluso el uso de la inteligencia artificial, ya que esta última será una “bomba de tiempo” para la elección de 2027.
¿Por qué mantener los OPLES?
La presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Estatales Electorales, Alma Alonso, señaló que desaparecer los OPLES, como han perfilado legisladores y militantes del partido en el poder, aumentaría la burocracia, lejos de disminuir el gasto a nivel estatal.
La consejera electoral de Sonora, consideró que también estaría en riesgo la operatividad ante la renovación de 17 gubernaturas, así como la elección judicial, al desconocer las particularidades y contextos de cada entidad.
«Esto significaría una concentración de atribuciones en el INE o el organismo que se determine en la reforma. Se nulifica la participación de las entidades federativas en la conducción de sus propios procesos democráticos (…) El INE crearía otra burocracia con mayores gastos», apuntó.
Persiste asfixia electoral
La insuficiencia presupuestal en los OPLES es un problema que ha persistido en los últimos años, debido a los recortes aplicados por los Congresos estatales, que ha puesto en riesgo la operación, gastos para elecciones y hasta pago de nómina a su personal.
De acuerdo con datos del INE, 15 entidades tuvieron una disminución superior al 20% de su presupuesto aprobado en 2025, considerando gastos operativos y para la organización de la elección del Poder Judicial.
- La situación más crítica la tiene el OPLE de Zacatecas, que durante el año pasado se mantuvo en clasificación de riesgo alto, porque no contaban con recursos para la contratación de capacitadores asistentes electorales por un monto de 17 millones de pesos, así como un adeudo por el convenio con el INE por 11 millones de pesos.
Contexto: los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) son las autoridades encargadas de organizar las elecciones en las entidades federativas, como comicios para gubernaturas, congresos locales, ayuntamientos y mecanismos de participación ciudadana. Aunque operan a nivel estatal, forman parte del Sistema Nacional Electoral y trabajan de manera coordinada con el Instituto Nacional Electoral (INE), que conserva facultades clave como la fiscalización, el padrón electoral y la designación de sus consejerías.
- Los OPLE surgieron en su configuración actual a partir de la reforma político-electoral de 2014, que transformó los antiguos institutos electorales estatales. Esa reforma buscó homologar reglas, fortalecer la imparcialidad y reducir la influencia de los gobiernos locales en los procesos electorales, al tiempo que centralizó en el INE funciones estratégicas y dejó en los organismos locales la operación directa de las elecciones en los estados.
Desde entonces, el modelo ha sido objeto de debate permanente. Mientras sus defensores sostienen que permite atender la complejidad territorial y normativa de cada entidad, sus críticos argumentan que genera duplicidad de funciones y altos costos. En ese contexto, la posible reforma electoral reabre la discusión sobre su permanencia, atribuciones y financiamiento, en un escenario marcado por recortes presupuestales y elecciones cada vez más complejas rumbo a 2027.
Desaparición de OPLES no ahorraría más recursos
La desaparición de Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) mediante una Reforma electoral no significaría un ahorro de recursos, advirtieron consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).
- En conferencia, la consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño, explicó que el modelo actual en procesos electorales sería menos ágil y eficiente, sin una reducción de costos y con riesgo de crisis en elecciones de alta competitividad.
“Parece sensacionalista, pero se puede presentar hasta violencia en una elección altamente competida, en el momento en que se tome una decisión errónea, se puede dinamitar una elección. Nosotros no estamos definiendo un cargo, nuestro cargo tiene una vigencia, porque se nos designó por un periodo. Va a ser lamentable que una institución tan valiosa como esta desaparezca, porque se crea que va a haber un ahorro”, advirtió.
En su turno, la consejera Erika Estrada consideró que la desaparición de Oples representaría un retroceso a nivel País, con el riesgo de una centralización de la función electoral.
- Sobre otras tareas, afirmó que el registro de candidatos y la atención de quejas es imposible de resolver por una sola autoridad electoral. “No hay una autoridad nacional que pueda soportar esa carga de trabajo en los plazos establecidos que tiene la propia legislación. No sería más barato, tendría que engrosar de manera significativa todas sus estructuras”, afirmó.
Por su parte, el consejero Ernesto Ramos coincidió en que la desaparición de OPLES no significaría un ahorro de recursos, pues se requeriría mayor personal, estructura, procedimientos, protocolos y recursos. “Es más probable que al integrar nuevas autoridades se requieran mayores recursos, con un proceso de transición complicado, para finalmente llegar a un resultado similar en el ejercicio de los recursos públicos”, planteó.
Sheinbaum tiene en la mira a los OPLES
Ahorcados presupuestalmente por los Gobiernos de Morena, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) están en la mira de la Presidenta Claudia Sheinbaum para desaparecerlos con la justificación de que son caros para la democracia.
Tan sólo en 2025, el gasto operativo de los 32 OPLES de los estados es de 7 mil 588.6 millones de pesos y la elección judicial en 19 entidades, que requirió ampliaciones presupuestales, que a regañadientes otorgaron los Gobiernos locales, costó 2 mil 801 millones de pesos adicionales.
El pasado 11 de agosto, la Presidenta lanzó la pregunta que desde ahora confirma que están en vilo los OPLES, encargados de organizar las elecciones en las entidades federativas.
- «¿Vale la pena que continúen?, ¿para qué queremos tantos institutos locales, instituto federal, si ya hay casillas únicas, ya la fiscalización se hace de manera centralizada? Entonces, ¿qué caso tiene que haya instituciones locales?», cuestionó la Mandataria en la instalación de la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral.
- Parte de las respuestas están en los considerandos de la reforma constitucional que entró en vigor en 2014, la última reforma política electoral de gran calado.
Antes de dicha reforma, en cada entidad operaban los institutos electorales con reglas propias y conformaciones diferentes, usualmente vinculados políticamente al Gobernador en turno.
En la reforma del 2014 se buscaba el fortalecimiento de la autoridad electoral, cuando se planteó que el Instituto Nacional Electoral y los organismos locales se coordinaran para organizar los procesos electivos en los estados.
En las negociaciones de la reforma electoral, el Partido Acción Nacional exigía la desaparición de los institutos estatales, porque los consejeros electorales respondían a los intereses de los Gobernadores.
- Al final, el acuerdo con el PRI y los demás partidos fue que continuaran los institutos electorales, pero tendrían que dejar las lealtades políticas por la profesionalización de sus estructuras.
- «Se retirarán las funciones más controvertidas a los órganos locales que han puesto en duda su imparcialidad, se garantizarán las condiciones de legalidad, certidumbre, equidad y transparencia en procesos locales, se fortalecen las normas preventivas de la intromisión de otros Poderes en las decisiones y actuar de los órganos locales.
«Lo más importante, se reforman y fortalecen las autoridades locales con el propósito de hacer que los procesos electorales en todo el territorio nacional sean homogéneos, se observen los principios antes citados y se homologuen las calidades de los procesos electorales federal y de las entidades federativas», refiere el dictamen aprobado por los senadores el 3 de diciembre de 2013 y ratificado por los diputados dos días después.
Aunque el grupo afín al ex Presidente Andrés Manuel López Obrador de senadores del PRD y PT votó en contra de la reforma electoral de 2014, en la discusión en particular del artículo 41 de la Constitución votaron a favor.
Las comisiones dictaminadoras concluyeron que el actuar de los órganos electorales locales podía reforzarse con la intervención del Instituto Nacional Electoral en algunas atribuciones, con el propósito de dotar a estos organismos de los principios que deben regir en todo proceso electoral.
- En el Artículo 41 constitucional quedó establecido que el INE, además de organizar los procesos electorales federales, se coordinaría con los organismos electorales locales para la organización de los comicios en las entidades federativas.
- Se argumenta en el dictamen que de esta forma sería más fácil para la ciudadanía participar y ejercer su derecho al sufragio.
- La modificación constitucional estableció que la organización de las elecciones es una función estatal, que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales.
Para evitar el control político de los institutos locales, se determinó que correspondiera al INE designar y remover a los consejeros electorales de los estados.
Actualmente, en el INE se realizan convocatorias para entrevistas a los candidatos y se aplican exámenes de conocimientos, por lo que son designados consejeros de los OPLES los que tengan mejores evaluaciones.
En la reforma también se estableció que cada organismo electoral local tuviera un consejero presidente y seis consejeros más, con derecho a voz y voto; un secretario ejecutivo y la participación de los representantes de los partidos políticos.
Es decir, se replicó el esquema de organización del INE.
- Aunque el INE tiene como principal función la organización de las elecciones federales, también puede intervenir en la organización de las elecciones locales como autoridad supervisora y generadora de lineamientos.
- El Consejo General del INE tiene la facultad, con el voto de al menos ocho consejeros, de asumir directamente las actividades propias de los órganos electorales locales.
También delegar en los órganos electorales locales las atribuciones relacionadas con la organización electoral, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento.
Asimismo puede atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales locales, por su trascendencia o para sentar un criterio de interpretación.
Luego de organizar las elecciones en coordinación con el INE, los institutos electorales de las entidades federativas conservaron la facultad de imprimir boletas, dar resultados electorales, realizar los escrutinios y cómputos, la declaración de validez y el otorgamiento de constancias a los candidatos ganadores./Agencias-PUNTOporPUNTO
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