La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló un probable desfalco de 74.2 millones de pesos en la operación del Programa Nacional de Inglés (PRONI) para el ejercicio fiscal 2019 que mantiene la Secretaría de Educación Pública (SEP) con los gobiernos estatales.
En la primera revisión de la Cuenta Pública 2019, se informó que dicha cantidad representa el 9.2 por ciento de los 800 millones de pesos que la Cámara de Diputados aprobó para la operación de este proyecto educativo.
Los auditores señalaron que las autoridades educativas entregaron recursos económicos a 14 entidades, mediante la formalización de adendas a los convenios previamente establecidos, por ello, las instituciones locales no recibieron los apoyos correspondientes para el desarrollo de sus funciones.
En este caso, las pérdidas económicas sumaron 28.2 millones de pesos, que deberán ser aclarados por la Subsecretaría de Educación Básica, al ser la instancia que opera dicho programa.
- Las entidades federativas afectadas por estas acciones son: Campeche, Colima, Chiapas, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas y Durango Además, la ASF destacó que las autoridades federales reasignaron recursos del PRONI, con clave presupuestal “U031”, mediante una adecuación presupuestaria, lo que ocasionó que los centros educativos estatales no contaran a tiempo con libros de texto.
Esto derivó en el desvío de 44 millones de pesos, de los cuales no se sabe su destino final. A pesar de estos resultados, el dictamen de la ASF indicó que la SEP “realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos”.
Hallan desfalco en clases de inglés
La Auditoría Superior de la Federación señaló un probable desfalco por 74.2 millones de pesos en el Programa Nacional de Inglés (PRONI).
Sobre ese monto, el organismo apuntó que se realizaron transferencias de recursos sin la debida justificación, así como el incumplimiento de los convenios formalizados con las entidades para el desarrollo de una plataforma tecnológica, lo que afectó al presupuesto asignado.
- Las auditorías de la ASF señalaron irregularidades en la operación del programa que beneficia a alumnos de preescolar, primaria y secundaria. De un presupuesto 800 millones de pesos, en un 9 por ciento se detectaron irregularidades en Campeche, Colima, Chiapas, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán, Durango y Zacatecas.
- Además, la ASF apuntó que no existe un criterio claro en las Reglas de Operación del PRONI, en el que se indique cuál es la metodología, ni los parámetros para la asignación y distribución de los recursos destinados para materiales didácticos para la enseñanza del inglés y desarrollo de una plataforma tecnológica (apoyo en especie) en cada entidad federativa.
Según la Auditoría, San Luis Potosí es la entidad que tiene el mayor monto observado con 13 millones de pesos, entre los que se señala que 9.3 millones de pesos fueron destinados a la contratación de 330 asesores externos de los que no se envió evidencia documental.
Ante esto, Rigel Guzmán Soler, vocera de «Teachers Haciendo Camino», organización nacional de maestros del PRONI, señaló que existe un hartazgo entre los docentes, que ahora están indignados por estos actos de corrupción documentados por la ASF.
Criticó que a docentes se les exijan estrictos métodos de comprobación y los directivos no actúen con transparencia.
«Compañeros fantasmas que iban a cobrar. ¡No es posible! No es posible en verdad. Es un insulto. Había compañeros, lo sé de viva voz, sin internet en su casa y veían la manera de hacer llegar las evidencias», expresó.
Sufren maestros precarización
Maestros de inglés que forman parte del Programa Nacional de Inglés (PRONI) acusan que pese a tener años de servicio no cuentan con una plaza docente ni prestaciones laborales.
Además, denuncian que en el actual ciclo escolar, debido a la austeridad con la que se maneja el programa a cargo de la SEP, en al menos ocho entidades se han suspendido clases o éstas no han tenido la continuidad necesaria.
- En tanto, Guzmán Soler aseguró que es común que a los docentes no les paguen en tiempo, haya retrasos o decidan no renovarles contratos.
- Profesores de Durango, Querétaro, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit y Oaxaca, dijo, reportaron rezagos por la tardanza en la renovación de contrato.
- En tanto, agregó, maestros de Puebla, Veracruz y Yucatán señalaron que pese a haber firmado un contrato temporal, trabajaron sin recibir pagos los primeros meses.
La maestra con 15 años de antigüedad refirió que se han sostenido cuatro mesas de diálogo con el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, pero no ha habido respuesta efectiva a sus demandas.
«Hay presupuesto, pero no sabemos qué pasa. No nos reconocen como maestros, sino que nos reconocen como asesores externos especializados. Las reglas de operaciones especifican que día laborado, es día pagado, no nos pagan días festivos, vacaciones, y las reglas de operación le brindan el poder al Estado de contratar como quiera, de la forma que quiera y pagar de la forma que se le dé la gana», expuso en entrevista.
Por la contingencia sanitaria, refirió, tampoco tienen apoyo para cubrir herramientas tecnológicas, internet o crédito para celular.
«Una maestra estaba embarazada y acaba de tener a su bebé. Ella se tiene que presentar a trabajar, no tiene derecho de maternidad, ni permisos, no tienes derecho a enfermarte», lamentó.
«No tenemos servicios de ley, olvídese de un servicio médico y con esta pandemia, ¿cómo podemos hacerle? No podemos buscar trabajo porque todo está cerrado. En Guerrero sólo se dio contrato por un mes con la cláusula ‘servicio de apoyo voluntario’, ‘apoyo económico’, pero no dice cuánto. Es una verdadera vergüenza».
Revelan fraude en bebederos escolares por 2 mil millones
Las irregularidades detectadas en el programa de Bebederos Escolares podrían configurar un fraude a la hacienda pública por más de 2 mil 31 millones de pesos, extraídos del Fideicomiso Programa de Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo que opera la Secretaría de Educación Pública. Y es que José Antonio Álvarez Lima –director general de Canal 11– informó que de los 31 mil bebederos proyectados, se instalaron 20 mil 500 y hoy sólo funcionan 10 mil 900. Nunca fueron instalados 10 mil 500. Y hay ahora 9 mil 600 bebederos inservibles.
- En el marco de la extinción de 109 fideicomisos, y ante las irregularidades detectadas por Álvarez Lima –a quien el presidente le encomendó auditar dicho fondo–, el funcionario expuso que ya se presentaron denuncias en contra de las empresas Grupo Constructor Carsov, SA de CV, por más de 624 millones; Grupo Master Kong, por más de 236 millones; y Refrigeración Ojeda, SA de CV, por más de 77 millones de pesos.
- Esas compañías serían las responsables de un desfalco por más de 937 millones de pesos. Según el director de Canal 11, éstas se dedican a actividades “ajenas” a este tipo de artefactos: refrigeración, urbanización y venta de mobiliarios; por lo cual, pareciera que el negocio se hizo sólo para su beneficio, criticó.
Indicó que los bebederos instalados tienen una vida útil de sólo dos años, su mantenimiento cuesta 2 mil 400 pesos mensuales, que tendría que pagar la comunidad escolar. Además, “su tecnología es inadecuada, ya que requiere de acometidas hidráulicas y eléctricas que sólo existen en las ciudades y no en las zonas rurales donde más se requieren”.
Cada bebedero costó 153 mil 900 pesos, “mismos que se compraron sin estudios de mercado ni análisis de experiencias internacionales similares. Las adquisiciones se hicieron al margen de la ley, usando la figura del fideicomiso para simular su cumplimiento”, comentó en la conferencia presidencial.
“Este fue un programa creado para un fin noble; sin embargo, se distorsionó por la corrupción. Hay demandas en los tribunales. La improvisación sin experiencia de las empresas que los instalaron y con irresponsabilidad sólo funcionan el 35 por ciento. Este fideicomiso parece haber sido diseñado para comprar equipos caros y de sólo dos años de vida útil, que requieren de mantenimiento y reparaciones frecuentes”.
El funcionario expuso a detalle que la unidad ejecutora de este fideicomiso fue el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, creado en 2014 [durante el mandato de Enrique Peña Nieto ], “con el objeto de subsidiar a la comunidad escolar para la integración de bebederos con suministro continuo de agua potable”.
- El fiduciario fue el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, SNC (Bansefi), con aportaciones de 4 mil 519 de recursos fiscales para una meta de 31 mil 279 bebederos, de los montos programados, se ejercieron 2 mil 31 millones de pesos y sólo se instalaron 20 mil 543 bebederos, expuso Álvarez Lima.
- “El costo de este fiasco lleva a la fecha 2 mil 31 millones de pesos de gasto y las empresas que han sido demandadas son: Refrigeración Ojeda, SA de CV, por 77 millones 001 mil 409 pesos; Grupo Constructor Carsov, SA de CV, por 624 millones 084 mil 399 y Grupo Master Kong, por 236 millones 312 mil 128 pesos, que hacen un total de 937 millones 397 mil 936 pesos”.
Agregó que “estos contratos equivalen al 46 por ciento de lo ejercido y se comprobó que las empresas contratadas, demandadas en 2019, “se dedican a actividades ajenas a este tipo de artefactos: una a refrigeración, otra a urbanización y otra a venta de mobiliarios”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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