EUA suspende Ley AntiSOBORNO; cancelación impactará lucha AntiCorrupción en LatinoAMÉRICA

Siemens y Odebrecht, al banquillo gracias a ley antisobornos

Por otra parte, Cristián Francos destaca que «la ley tiene no solo tiene un impacto muy positivo para empresas de Estados Unidos, sino también para las multinacionales de otros países». Y menciona el «caso emblemático» del conglomerado Siemens.

• «Luego de una investigación exhaustiva del Departamento de Justicia, junto con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), se detectaron prácticas corruptas de Siemens en decenas de países», recuerda. Siemens fue acusada del pago de miles de millones en sobornos en Brasil, Argentina y México, y tuvo que pagar multas altísimas.
• Más recientemente, el caso Odebrecht sacudió a América Latina. La constructora brasileña pagó sumas millonarias a 12 Gobiernos latinoamericanos para adjudicarse obras públicas, lo que involucró a políticos y empresarios, y desencadenó el Operativo policial «Lava Jato».

«Tanto Siemens como Odebrecht tuvieron que someterse a las leyes estadounidenses», resalta Cristián Francos, «porque había algún punto de conexión con Estados Unidos».

Jonas von Hoffmann sostiene, además, que «mucha de la información que tenemos sobre qué tan sistemático fue el soborno en el caso Odebrecht y cuánto se pagó en cada país, proviene del juicio contra Odebrecht en Estados Unidos».

Más corrupción, mayor violencia y menos derechos humanos

A juicio de Luciana Torchiaro, «el impacto que tendría la cancelación de esa ley es muy grande, porque cuando una empresa paga un soborno, es para obtener favores políticos, o una contratación, sin pasar, por ejemplo, por una licitación o un control ambiental.

• Esto puede tener un impacto enorme en los derechos humanos, como vimos en el caso Odebrecht. Al final del día, las obras de infraestructura que no se construyen, o que son de mala calidad, afectan a todos y tienen consecuencias medioambientales drásticas».
• En la región, «Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú muestran un cumplimiento bajo en lo que respecta a la investigación y el castigo del soborno. Y en el caso de México, el cumplimiento es muy escaso», detalla Torchiaro.
• Cristián Francos explica que «históricamente, la FCPA se aplicó, en los casos más importantes, a empresas no estadounidenses, y no fueron las empresas estadounidenses las que perdieron dinero, como justifica Trump la suspensión de la ley».

Si bien las leyes anticorrupción en América Latina «van a seguir poniéndose en práctica», aclara Jonas von Hoffmann, «los recursos de EE. UU. han sido a menudo clave para impulsar la efectividad de la lucha contra la corrupción».

• «Si esta ley se cancelara, eso tendría consecuencias muy graves para los ciudadanos de América Latina y del mundo, ya que aumentaría la corrupción en la región», recalca Luciana Torchiari. Incluso, podría poner en peligro la estabilidad internacional, prevé, citando un comunicado de Transparencia Internacional del 11.02.2025.
• El motivo: «Los países donde el nivel de corrupción es más alto son los que tienden a tener más conflictos, más violencia». Además, «el aumento del soborno transnacional va a fomentar los flujos financieros ilícitos, dinero sucio que no se va a invertir en solucionar los problemas de la gente, y va a enriquecer a unos pocos».

«Para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley»

Según Jonas von Hoffmann, esta suspensión «abre la puerta al uso discrecional de la ley, que es algo lamentablemente muy conocido en América Latina: ‘Para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley'».

• «Pienso que muchas cosas de las que está intentando Trump son inmediatas y temporales, que habría que ver qué de todo esto se sostiene en las Cortes», pronostica el abogado Cristián Francos. «Estados Unidos tiene un muy buen sistema de frenos y contrapesos, y espero que estos sigan funcionando».
• Aunque es una alternativa menos vinculante, «el cumplimiento efectivo de la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) contra el cohecho transnacional por los países signatarios podría ser un vector para paliar los efectos de una posible cancelación de esta ley estadounidense», sugiere Torchiaro.

Ley nació por la corrupción de otro presidente

La ley antisobornos ha permitido realizar investigaciones por corrupción empresarial de multinacionales con sede en Estados Unidos. Uno de los casos más sonados estos años fue la acusación contra Goldman Sachs por un presunto caso de apropiación de recursos del fondo soberano de Malasia. El banco de inversión estadounidense acordó pagar casi 3.000 millones de dólares (2.900 millones de euros) para zanjar el asunto y que la investigación cesara.

• La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero fue dictada en 1977 al amparo de la presidencia de Jimmy Carter. En la redacción de la ley se tuvo en cuenta la influencia del caso Watergate. La norma pretendía bloquear la influencia extranjera ante empresas y movimientos cercanos al poder que demostró el caso de corrupción.
• La investigación del fiscal especial del Watergate y las pesquisas de la SEC revelaron que inversores extranjeros habían utilizado sociedades pantalla para influir en las elecciones estadounidenses en el contexto de la plena Guerra Fría.
• El escándalo del Watergate nació, de hecho, de las sospechas. Una serie de ladrones se infiltraron en la sede nacional del Partido Demócrata en el complejo Watergate de Washington en 1972 para robar documentación que probara la presunta —nunca demostrada— vinculación que tenía la formación política con Cuba.

Los delincuentes resultaron ser miembros del comité electoral que había apoyado a Richard Nixon en su campaña a la reelección de ese mismo año. A partir de ese momento, el presidente republicano orquestó una operación de encubrimiento utilizando los recursos federales.

El escándalo medró hasta el punto de abrir sendas investigaciones paralelas en el Congreso y el Tribunal Supremo contra Nixon.

Sabiendo que se le venía un juicio político (impeachment) que perdería, el presidente dimitió en 1974. Gerard Ford, su vicepresidente, asumió el cargo y, como primera medida, indultó a Nixon. El perdón presidencial puso fin a las investigaciones por el caso Watergate.

El papel de la FCPA en América Latina

Siete importantes economías latinoamericanas (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú) han fortalecido sus leyes antisoborno y los requisitos de cumplimiento corporativo en relación con sus compromisos con la Convención Antisoborno de la OCDE , basada en la FCPA.

Estos marcos legales reforzados han impulsado importantes brotes de actividad anticorrupción en la región, incluyendo la Operación Lava Jato , que sigue siendo la mayor investigación de corrupción de la historia.

• A lo largo de los años, la FCPA ha impulsado una estrecha cooperación en la recopilación de pruebas y los procesos judiciales entre las autoridades estadounidenses y sus homólogas en Brasil, Colombia, México, Perú y otras jurisdicciones importantes.
• El FBI estableció una oficina en Miami para centrarse en la investigación de la corrupción por una razón: la aplicación de la FCPA ha cobrado una fuerza en Latinoamérica sin precedentes en otras partes del mundo.

Importantes empresas latinoamericanas, como Petrobras, Braskem, Odebrecht, Graña y Montero, LAN Airlines, Embraer, Grupo Aval, SQM y Cemex, han sido objeto de investigaciones o medidas de control de la FCPA en los últimos años. Esto se debe a que cotizan en bolsa en EE. UU. o a que los esquemas de corrupción en los que estuvieron involucradas afectaron a EE. UU.

Los datos de la encuesta sugieren de manera similar que la FCPA ha desempeñado un papel clave en la disuasión de malas prácticas en la región. Las ediciones de 2020 y 2024 de la Encuesta de Corrupción en América Latina , realizada por firmas de abogados de toda la región, revelaron que más del 60% de los aproximadamente 1000 profesionales encuestados afirmaron que creían que Estados Unidos lideraría la aplicación de la normativa anticorrupción a nivel regional durante los próximos tres años. Tanto en 2020 como en 2024, casi el 70 % de los encuestados afirmó estar algo familiarizado o muy familiarizado con la FCPA.

¿Cómo afectará la pausa de la FCPA a América Latina?

• Es difícil creer que la suspensión de la aplicación de la FCPA no tenga un impacto significativo y de gran alcance en el panorama anticorrupción de la región. Los infractores podrían sentirse más empoderados.

Agentes problemáticos, gestores , despachantes y otros facilitadores podrían resurgir como participantes más frecuentes en los negocios locales.

• Las exigencias de sobornos por parte de funcionarios gubernamentales podrían volverse más agresivas, y los ejecutivos globales y los equipos de ventas de primera línea podrían encontrar cada vez más difícil usar la FCPA como defensa contra dichas solicitudes.

Esta dinámica se ve agravada por el hecho de que el riesgo de soborno y fraude ya parece estar arraigado, y quizás incluso empeorando, en América Latina. En el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional del año pasado, 14 de los 19 países latinoamericanos encuestados experimentaron deterioros en el riesgo de corrupción percibido, solo cuatro vieron mejoras y uno no experimentó cambios.

Casi la mitad de los encuestados en la Encuesta de Corrupción en América Latina dijo que la corrupción es un «obstáculo significativo» para hacer negocios.

Para complicar el panorama, el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción más reciente refleja un entorno anticorrupción en la región que ya está bajo presión, con puntajes que muestran que las instituciones críticas tienen dificultades para abordar el riesgo.

¿Qué significa la pausa de la FCPA para las empresas?

Las empresas que operan en la región se enfrentarán ahora a una disyuntiva. Algunas podrían optar por no aplicar sus programas corporativos de cumplimiento anticorrupción si la amenaza inmediata de una posible ejecución no se percibe como grave.

Podrían reducir los presupuestos y el personal de cumplimiento, aplicar una diligencia debida más flexible al contratar intermediarios externos y hacer la vista gorda ante las señales de alerta que sugieran una conducta problemática.

Podrían exigir menos garantías de cumplimiento a sus socios en la región. Sus investigaciones internas podrían volverse menos inquisitivas.

• Las empresas más sofisticadas no serán tan miopes. El soborno sigue siendo ilegal, tanto en Estados Unidos como en toda Latinoamérica. La FCPA, aunque suspendida, sigue vigente; la Orden Ejecutiva no crea nuevas defensas legales ni excepciones para empresas ni particulares.
• El plazo de prescripción de la FCPA es de cinco años a partir de la última acción y puede prorrogarse, y los casos de la FCPA suelen tardar años en investigarse, abarcando varias administraciones. Cualquier mala conducta que se produzca ahora podría fácilmente estar sujeta a medidas de control en el futuro.

Los actores comerciales, como bancos, auditores externos, clientes y socios comerciales, seguirán exigiendo el cumplimiento normativo a sus contrapartes. Además, los participantes del mercado exigirán convenios anticorrupción, que se han convertido en un componente estándar de las empresas transnacionales.

• Además, las prácticas de cumplimiento anticorrupción se han vuelto estándar en las operaciones comerciales de la región. Casi el 80% de los encuestados en la Encuesta de Corrupción en América Latina de 2024 informaron que sus empresas cuentan con componentes esenciales en sus programas de cumplimiento, incluyendo políticas anticorrupción, cláusulas contractuales, capacitación y directrices para regalos, viajes y entretenimiento.
• Existen importantes comunidades locales de profesionales cualificados en cumplimiento en mercados clave de la región, como Brasil, México, Colombia y Chile. Fundamentalmente, un número creciente de empresas en Latinoamérica reconoce que los programas de ética corporativa y cumplimiento que abordan la lucha contra la corrupción son beneficiosos para el negocio.

Si se implementan correctamente, estos programas ayudan a las empresas a saber cómo se gasta su dinero, a identificar fraudes, desperdicios y abusos en las operaciones, y a impulsar el compromiso, la moral y la contratación de los empleados. La gente quiere trabajar en buenas empresas, no en malas.

Dados los mayores riesgos de corrupción que existen actualmente, las empresas harían bien en reforzar sus controles internos, en lugar de relajarlos. /PUNTOporPUNTO