Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos autorizó al gobierno del presidente Donald Trump continuar con deportaciones rápidas de migrantes hacia países distintos a su lugar de origen mientras sigue un proceso judicial sobre esta política migratoria.
- La decisión se emitió este lunes 16 de marzo de 2026 en la United States Court of Appeals for the First Circuit, donde dos jueces votaron a favor y uno en contra. El fallo mantiene vigente la política migratoria del gobierno federal durante el desarrollo del litigio.
- La resolución suspendió temporalmente restricciones que un juez federal impuso en una etapa anterior del caso. El tribunal también aceleró el calendario para revisar los argumentos legales de ambas partes en las próximas fases del proceso.
El litigio se originó a partir de una demanda presentada por migrantes que cuestionan la legalidad de enviarlos a países con los que no mantienen vínculos familiares o de ciudadanía.
Política de deportaciones a terceros países
La medida forma parte de la estrategia migratoria aplicada por el gobierno de Trump para ampliar las opciones de deportación de personas sin estatus migratorio regular en Estados Unidos.
Bajo este esquema, autoridades migratorias trasladan a algunos migrantes a naciones distintas a su país de origen cuando no logran concretar su repatriación directa.
- El Department of Homeland Security sostiene que esta práctica permite ejecutar órdenes de expulsión cuando los gobiernos de origen rechazan recibir a determinadas personas.
- Como parte de esta política, el gobierno estadounidense firmó acuerdos con varios países para aceptar deportados procedentes de territorio estadounidense.
Entre los destinos utilizados figuran Camerún, Sudán del Sur y Eswatini, de acuerdo con documentos del proceso judicial y reportes oficiales.
Disputa judicial sobre las expulsiones
El caso se desarrolla a partir de una demanda colectiva presentada por cuatro migrantes ante un tribunal federal. Los demandantes argumentan que el procedimiento limita la posibilidad de impugnar la deportación antes de un traslado a otro país.
- El proceso lo supervisa el juez federal Brian Murphy, quien en resoluciones previas impuso restricciones a la política de deportaciones hacia terceros países.
- En su fallo más reciente, Murphy estableció que las autoridades debían intentar primero la deportación al país de ciudadanía del migrante antes de seleccionar otro destino.
El juez también determinó que las personas sujetas a deportación debían contar con una oportunidad para cuestionar el traslado cuando el gobierno eligiera un tercer país.
Apelación mantiene política vigente
La decisión del tribunal de apelaciones mantiene suspendidas esas restricciones mientras continúa el análisis del caso en instancias judiciales.
El panel que emitió la resolución incluyó a los jueces Jeffrey Howard y Seth Aframe, quienes votaron a favor de permitir la política durante el litigio. La jueza Lara Montecalvo expresó su desacuerdo.
Organizaciones que representan a los migrantes indicaron que continuarán con el proceso judicial para cuestionar el programa de deportaciones.
El tribunal ordenó avanzar con rapidez hacia la siguiente etapa del caso para resolver la legalidad de la política migratoria.
Contexto: deportaciones desde el regreso de Trump
Desde el inicio del segundo mandato de Trump en 2025, autoridades federales intensificaron las expulsiones de migrantes bajo distintas modalidades, incluidas las deportaciones hacia terceros países.
- Datos del Department of Homeland Security y de la agencia U.S. Immigration and Customs Enforcement señalan que decenas de miles de migrantes salieron del país mediante procesos de deportación durante el primer año de la administración.
Entre esos casos figuran traslados hacia países que firmaron acuerdos con Washington para recibir deportados. Los registros oficiales mencionan destinos en África y otras regiones.
La política migratoria del gobierno estadounidense mantiene varios procesos judiciales abiertos en tribunales federales mientras continúa su aplicación en el sistema de control migratorio.
Trump deportó a 14 mil personas a terceros países, denuncian ante CIDH
Más de 20 organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que alrededor de 14 mil personas, incluidos niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, fueron deportadas a México y otros países de Latinoamérica desde que Donald Trump cerró la frontera al asumir su segunda presidencia en Estados Unidos.
- Sin importar si tenían algún estatus de protección, estaban bajo la Convención contra la Tortura, o si se encontraban en situación de vulnerabilidad, por discapacidad o enfermedad grave, los extranjeros fueron expulsados a terceros países con los que el gobierno estadunidense ha suscrito acuerdos, señalaron. De 30 de esos convenios, 14 corresponden a naciones de América Latina y el Caribe.
- En una audiencia pública realizada ayer, en el marco del 195 periodo de sesiones de la CIDH celebrado en Guatemala, organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos, México, Haití, Guatemala y El Salvador alertaron que durante la administración de Trump hay un uso “generalizado y creciente” de la deportación de migrantes a países diferentes a su nación de origen.
Por ello, pidieron a la CIDH que mediante una resolución con carácter “operativo, técnico y dinámico” se especifiquen los deberes de los países que han suscrito estos acuerdos y los obligue a rendir cuentas, ya que esto ha generado consecuencias “devastadoras”, propiciando la separación de familias, detenciones sin el debido proceso e inseguridad jurídica, además de ser víctimas de tortu-ra y desapariciones forzadas.
El Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) detalló que entre el 20 de enero y el 31 de diciembre de 2025, del total de expulsión de migrantes, 77 por ciento fueron hombres y 23 por ciento mujeres, y 697 niñas, niños y adolescentes.
- Al respecto, la vicepresidenta de la CIDH, la comisionada Andrea Pochak, advirtió “con muchísima preocupación” la violación sistemática al principio de no devolución. Reiteró que los acuerdos suscritos con otros países incluyen procedimientos “forzosos, que se caracterizan por un alto grado de discrecionalidad estatal”.
- En México, Diana Solís, del Imumi, denunció que recibieron reportes de que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) entregaron a personas de Guatemala y Cuba a “agentes enmascarados” que les ordenaron trepar por el muro fronterizo hacia México.
También indicó que migrantes de esos países y Honduras, El Salvador y Haití, entre otros, llegan a México sin sus pertenencias, identificaciones ni documentos oficiales y, una vez en custodia del Instituto Nacional de Migración, son trasladados vía terrestre hacia Tabasco y Chiapas durante periodos prolongados en los que permanecen incomunicados y en condiciones precarias.
En el caso de El Salvador, René Valiente, de la organización Cristosal, indicó que en este país las personas deportadas han sido recluidas en la prisión de máxima seguridad Centro de Confinamiento del Terrorismo, donde han perdido la vida 400 extranjeros debido a las condiciones de hacinamiento y falta de higiene, así como por abusos físicos y torturas.
Europa aprueba la deportación de migrantes a terceros países
Con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones, los eurodiputados han aprobado este jueves la creación de una nueva normativa que da capacidad a los Estados miembros de deportar a migrantes a los llamados «centros de retorno» en terceros países, siempre y cuando se haya suscrito previamente un acuerdo y se respete el principio de no devolución.
- Se blinda de este modo el polémico modelo impulsado por Italia, país que sufre una gran presión migratoria desde el Mediterráneo y que en 2024 construyó centros de retorno en Albania para enviar a migrantes que en la actualidad están inutilizados por diversas decisiones judiciales.
En estos centros, los terceros países estarán obligados a respetar los derechos humanos y no estará permitido el internamiento de menores no acompañados.
Cooperación y aumento del internamiento
La nueva norma exige a los migrantes «cooperar activamente» en su proceso de retorno y, si estos no lo hicieran, se podrán imponer sanciones que van desde la retirada de prestaciones sociales y permisos de trabajo hasta sanciones penales que incluyen el encarcelamiento.
- También se permite la detención de migrantes basándose en su riesgo de fuga y otros motivos de seguridad, con un período de internamiento que puede durar hasta un máximo de 12 meses, con la posibilidad de prorrogarlo durante otros 12 meses, si hubiera falta de cooperación o retrasos en la tramitación de la documentación.
- Para migrantes considerados un riesgo para la seguridad pública o nacional, se prevé una expulsión prioritaria, y podrán ser recluidos en prisiones –separados de presos comunes– y enfrentarse a prohibiciones de entrada indefinidas.
- A la hora de apelar una decisión de retorno ante un juez, el reglamento contempla que no se paralice automáticamente la ejecución de la expulsión a no ser que la autoridad judicial así lo decida a petición del migrante.
En cuanto a la tipificación del delito de estancia ilegal en un país, esta quedará a cargo de cada Estado miembro, mientras que la detención de migrantes en domicilios –o que se denominó como el «ICE europeo»– ha sido finalmente eliminada del texto del Parlamento tras las negociaciones.
Rechazo de la izquierda y escándalo por un grupo de Whatsapp
El texto aprobado fue rechazado por partidos socialdemócratas, verdes y de izquierdas, que sostuvieron que la iniciativa no está alineada con un enfoque europeo, sino que muestra un giro a la extrema derecha por parte de los populares.
Poco después de que el expediente se votase en comisión parlamentaria, se reveló además que los negociadores popular, ultraconservador y de los dos grupos de ultraderecha habían creado un grupo de Whatsapp para redactar enmiendas y coordinar posiciones de cara al voto, lo cual demuestra una cooperación mucho más estrecha que la previamente conocida entre el PPE y los partidos antes vetados por el cordón sanitario.
«El resultado de este expediente confirma nuestras preocupaciones. Lo que estamos viendo no es un enfoque europeo equilibrado, sino un giro político impulsado por el deseo del PPE de alinearse con la extrema derecha», dijo Ana Catarina Mendes, vicepresidenta del Grupo Socialistas y Demócratas en la Eurocámara.
- Estos grupos sostuvieron además que el texto fomenta la detención «masiva e indefinida por motivos puramente administrativos» y criticaron la creación de los centros de retorno en terceros países donde «es probable que sean objeto de detención prolongada y arbitraria que conducirá inevitablemente a violaciones de los derechos fundamentales».
Ante estas preocupaciones, fuentes del Partido Popular Europeo señalaron a EFE que los terceros países deberán pasar una serie de filtros antes de que se les permita acoger estos centros, así como la existencia de una previsión de consecuencias para quienes no las cumplan.
Las mismas fuentes sostuvieron que el Reglamento de Retorno, pese a no ser una directiva, es uno de los «puntos esenciales de la política migratoria» de la Unión./Agencias_PUNTOporPUNTO
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