AGENCIAS
El ejército mexicano aseguró el viernes que colaborará en la investigación a cargo de autoridades civiles para esclarecer la muerte de 22 presuntos delincuentes, 21 de los cuales habrían sido asesinados por soldados después de rendirse, según una testigo.
Luego de que la Procuraduría General de la República anunciara que investiga si se respetaron los derechos humanos en la confrontación entre militares y los presuntos delincuentes el 30 de junio en una comunidad del Estado de México —limítrofe con la capital del país, la Secretaría de la Defensa Nacional informó en un comunicado que esa dependencia «es la más interesada en que este incidente sea investigado a fondo».
La secretaría al mando del ejército y la fuerza aérea señaló que «prestará su colaboración irrestricta para que la autoridad competente esclarezca los hechos y determine la verdad jurídica sobre este acontecimiento».
El anuncio de la investigación por parte de la Procuraduría y de la colaboración del ejército se dio también horas después de que organizaciones internacionales y el Departamento de Estado estadounidense llamaran a las autoridades a investigar el incidente tras la denuncia de la testigo.
La AP reveló el jueves que una mujer dijo que vio a un grupo de soldados asesinar a tiros a su hija de 15 años pese a que la adolescente yacía herida en el suelo. Veinte jóvenes más de un presunto grupo criminal también habrían sido rematados después de haberse rendido, dijo la mujer cuya identidad permanece en el anonimato por temor a represalias en su contra.
El gobierno ha dicho que todos murieron durante un tiroteo ocurrido en la mañana del 30 de junio. Esa versión fue puesta en duda pues de los soldados sólo uno resultó herido y las evidencias físicas en el lugar apuntan a que hubo un asesinato selectivo y colectivo.
La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que el ejército está comprometido a cumplir sus misiones con apego a la ley y «respetando invariablemente los derechos humanos de los ciudadanos».
La Comisión Nacional de Derechos Humanos aseguró el viernes que entró en contacto con la testigo.
Marat Paredes, visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dijo el viernes a The Associated Press que funcionarios del organismo habían hablado con la madre hace unos dos meses y que investiga el caso para saber qué es lo que realmente pasó.
«Recientemente hemos tenido acceso a la averiguación previa y las necropsias. Estamos analizando todos estos datos», dijo Paredes.
La comisión tiene la facultad de emitir recomendaciones que el gobierno puede acatar o explicar públicamente por qué no.
El secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, aseguró el viernes que las autoridades federales investigarán los hechos y que harán públicos los resultados si encuentran cualquier contradicción con la versión del ejército, el cual sostiene que soldados fueron atacados el 30 de junio por hombres armados en una bodega abandonada en una comunidad del Estado de México.
«Lo que se tenga que dar a conocer en caso de que haya pasado algo diferente a lo que se tiene, por supuesto que se hará del conocimiento público», dijo Osorio en Radio Fórmula.
Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) dijo en un comunicado que efectúa una investigación profunda en torno a los hechos con un equipo de especialistas.
«Nuestra responsabilidad es precisar con claridad si las conductas del caso (de los soldados) se apegaron a derecho, y con respeto absoluto a los derechos humanos», agregó.
Las fuerzas armadas sostienen que los soldados sólo respondieron a la agresión y mataron a 22, además de que rescataron a tres mujeres secuestradas.
Sin embargo, la madre dijo a la AP que ella estaba ahí y que fueron los soldados los que dispararon primero, lo que viola las reglas de combate de la institución castrense.
La mujer también dijo que en el tiroteo inicial murió un joven, antes de que los miembros pertenecientes a una presunta banda criminal se rindieran, desarmaran y salieran de la bodega en la que se encontraban con las manos en la nuca.
«Lo que más llama la atención es la opacidad del gobierno en cuanto a la investigación», dijo Maureen Meyer de la organización WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos). «No hay información disponible sobre los resultados de la investigación. La exigencia de las organizaciones de derechos humanos es tener información sobre una investigación que debía ser imparcial y transparente, pero parece que no ha sido así».
Por su parte, el vocero del Departamento de Estado Jeff Rathke manifestó que: «Como sucede en todos los casos en los que las fuerzas de seguridad utilizan la fuerza letal, es imperativo que haya una revisión fáctica, creíble, de las circunstancias y las acciones emprendidas en respuesta a ellas».
El director de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, también dijo el viernes que de ser cierto el testimonio de la madre «nos encontraríamos frente a una de las más graves masacres ocurridas en México».
«Es muy importante que mantengamos la presión sobre las autoridades para que pronto produzcan la información para que sea examinada por el público en México», dijo Vivanco a la AP.
La organización Amnistía Internacional llamó a las autoridades civiles a investigar exhaustivamente y de manera imparcial la muerte de los presuntos delincuentes en la municipalidad de Tlatlaya.
«Es de destacar que cualquier acción oficial para desviar una investigación de los hechos con el fin de encubrir las violaciones graves de los derechos humanos y lograr la impunidad de los responsables, implica la colusión del estos funcionarios en los abusos», dijo la organización en un comunicado.
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