El AGUA es el principal activo GeoESTRATÉGICOS del PLANETA; mucho MÁS que el PETRÓLEO

El agua no es sólo un insumo para la producción, sino un factor de poder y disputa estratégica, capaz de redefinir las relaciones entre Estados, comunidades, empresas e instituciones financieras.

En América Latina y el Caribe, esta disputa adquiere rasgos específicos por la combinación de abundancia relativa, extractivismo, desigualdad en medio de la crisis climática.

Escasez, reservas y disputas en Latinoamérica 

A nivel mundial, sólo el 2,5 % del agua es dulce, y de ese volumen menos del 1 % está disponible para el consumo humano. En este escenario de creciente escasez, América Latina ocupa un lugar clave ya que concentra cerca del 31 % de las reservas de agua dulce del planeta.

• Grandes cuencas hídricas como la del Amazonas, el Orinoco o del Paraná-La Plata dan testimonio de esta riqueza esencial. Brasil, Colombia, Perú y Venezuela figuran entre los diez países con mayores recursos hídricos renovables del mundo.
• En el Cono Sur, el Acuífero Guaraní (compartido por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) constituye una de las mayores reservas subterráneas de agua dulce del planeta (alrededor de 37.000 km³) y es objeto de creciente interés geopolítico y económico por parte de las corporaciones.
• Esta abundancia se convierte en una maldición, permanentes y profundas tensiones con el modelo extractivista de la megaminería, los agronegocios, las energías convencionales y renovables, la contaminación industrial, entre otras.

La privatización o apropiación de los recursos naturales y la desigualdad en el acceso al agua convierten a la región en un territorio de disputas crecientes. Esa riqueza hídrica, lejos de ser garantía de bienestar universal, se transforma en factor de conflicto, vulnerabilidad y dependencia.

La huella hídrica de un modelo intensivo

El agua no sólo es disputada en su acceso y propiedad, sino también en su uso intensivo por industrias que cada día demandan volúmenes crecientes y afectan la disponibilidad de comunidades y territorios.

• En el sector agropecuario, por ejemplo, producir un kg de carne vacuna puede requerir entre 10.000 y 15.000 litros de agua, considerando el riego de pasturas y la cadena de procesamiento.
• La industria textil también es enormemente intensiva en agua, ya que para confeccionar un solo jean se requieren entre 7.000 y 10.000 litros, por los procesos de tintura y lavado que además generan contaminación con metales pesados.

Menos visible pero aún más relevante es el sector tecnológico, en dónde la fabricación de microchips y el enfriamiento de centros de datos exigen agua ultrapura y en grandes volúmenes; una sola planta de semiconductores puede consumir más de 15 millones de litros diarios.

Estos usos industriales, muchas veces vinculados a cadenas globales de valor y a inversión extranjera, compiten con los usos domésticos, agrícolas de subsistencia o comunitarios. La prioridad, ante la escasez se desplaza hacia quien tiene mayor poder económico, político o corporativo, dejando en situación de vulnerabilidad a amplios sectores populares.

El agua como mercancía

En las últimas décadas la expansión del modelo neoliberal-extractivista y la crisis climática transformaron el agua en una mercancía estratégica. Hoy el agua, un bien común necesario para la vida, cotiza en bolsa, se privatiza y se negocia como cualquier otro recurso.

• En 2020, por primera vez en la historia, el agua comenzó a cotizar en el mercado de futuros del Nasdaq, mediante el índice Nasdaq Veles California Water Index (NQH2O) (que refleja el precio del agua en el estado de California).
• Este hecho marcó un precedente, el agua dejó de ser sólo un derecho humano (como la reconoció la Organización de las Naciones Unidas en 2010) para convertirse también en un activo financiero sujeto a la especulación y a la lógica de la financiarización.
• Mientras en el mundo más de 2 mil millones de personas no acceden al agua potable, este tipo de cotización evidencia cómo se traslada a los mercados un bien que ha sido históricamente público o comunitario.

Diversas firmas de capital privado e infraestructura -como KKR & Co., Bain Capital, Blackstone Group, Infraestructura Bember, Socios de Infraestructura de Morgan Stanley, HIG Capital, Littlejonh & cia, Ridgewood Infraestructure son los principales fondos de inversión activos en la infraestructura hídrica global, a través de la adquisición de empresas de tratamiento, inversiones en tecnologías de agua, salidas estratégicas y fondos multimillonarios que apuntan al negocio del agua y las aguas residuales, principales responsables de la especulación y del mercado de futuros del agua a nivel global.

• Este fenómeno tiene implicaciones profundas en América Latina, la lógica financiera prioriza la rentabilidad, la escala y la liquidez; frente al bien común, la justicia social, la sostenibilidad ecológica, en definitiva la vida.
• En consecuencia, comunidades tradicionales, pueblos originarios y zonas rurales vulnerables pueden quedar rezagadas, con sus derechos hídricos subordinados al capital global.

El agua como instrumento de guerra

• Más allá de la disputa industrial y financiera, el agua también se está empleando como herramienta de presión, dominación o guerra. Esto se hace evidente en la apropiación de cuencas hídricas, el control de la infraestructura de captación y distribución, y el condicionamiento del acceso al agua como palanca política.

Un caso paradigmático, es el de la empresa israelí Mekorot, que controla recursos hídricos en territorios ocupados palestinos y se posiciona internacionalmente como exportadora de tecnología hídrica, mientras simultáneamente ejerce control territorial del agua, sentenciando al pueblo palestino a tomar agua contaminada, a la sed o incluso a la muerte.

• En América Latina, la presencia de Mekorot en consultoría, asesoramiento en gestión hídrica y convenios estatales no es sólo técnica, sino que abre el debate sobre la exportación de un modelo hídrico que vincula control, privatización, dominio y condicionamiento de la libre determinación de los pueblos.

El control del agua como arma estratégica puede generar dependencia hidrológica, limitar la capacidad de los Estados o comunidades de decidir sobre su recurso hídrico, y convertir el agua en vector de poder geopolítico. En un contexto de cambio climático, sequías, escasez y migraciones, este factor debe ser considerado como parte del nuevo escenario de seguridad internacional.

América Latina y el Caribe en la encrucijada

Cómo ya venimos analizando, América Latina y el Caribe se encuentra entre los objetivos estratégicos del capitalismo financiero y tecnológico global, el que para funcionar en esta Nueva Fase de producción, necesita de agua dulce para las grandes metrópolis, Litio para el funcionamiento de las nuevas tecnologías, Combustibles para las industrias y Alimentos para poner en movimiento la Fuerza de Trabajo.

Este nuevo ALCA, lejos de tratarse de una retórica se materializa en la agudización de las tensiones bélicas, comerciales y políticas que se multiplican en la Región.

La empresa estatal israelí Mekorot, denunciada por organizaciones internacionales por su rol en el apartheid hídrico contra el pueblo palestino, ha extendido en los últimos años su presencia en América Latina a través de un perfil bajo y métodos poco transparentes.

• Aunque formalmente se presenta como una entidad pública, su accionar en la región replica el de una corporación privada transnacional, con operaciones difíciles de rastrear, intermediarios locales que eluden normas de contratación estatal y convenios plagados de cláusulas de confidencialidad.

Mekorot no fija domicilio ni oficinas en los países donde actúa, lo que le permite moverse en un terreno gris donde la rendición de cuentas y el control público resultan casi imposibles.

• En Brasil, participó en proyectos en Belo Horizonte; en Colombia brindó consultoría a las Corporaciones Autónomas Regionales de Cundinamarca y La Guajira; en República Dominicana, el Plan Hídrico Nacional que elaboró en 2023 fue suspendido tras denuncias por irregularidades; y en México firmó en 2013 un acuerdo con la Comisión Nacional del Agua para asesorar en remediación de acuíferos.

Los casos más resonantes se dieron en Chile y Uruguay, donde la empresa buscó posicionarse como referente técnico en la gestión del recurso hídrico, pese a las críticas por sus antecedentes y las condiciones contractuales impuestas.

• En Chile, el convenio con el Gobierno Regional del Biobío, firmado en 2023 a través de la fundación privada “Desarrolla Biobío” fuera del régimen de compras públicas, generó fuertes cuestionamientos de la comunidad palestina y de la organización Abogados por Palestina, que denunció la falta de transparencia y cláusulas que someten los conflictos contractuales a tribunales internacionales y legislación extranjera.
• En Uruguay, Mekorot se vinculó a OSE durante la crisis hídrica de 2023, ofreciendo asesorías por USD 275000 para el manejo del agua del Río de la Plata, en el marco del polémico Proyecto Neptuno, hoy frenado, quién buscaba privatizar parcialmente el acceso al agua potable.

Así, la empresa israelí avanza silenciosamente en el continente, aprovechando las crisis climáticas y los vacíos institucionales para transformar el agua —bien común vital— en un recurso estratégico bajo control corporativo.

• En Argentina, la empresa israelí Mekorot logró avanzar silenciosamente en el sector hídrico gracias al impulso del entonces ministro del Interior, Wado de Pedro, quien en 2022 promovió una visita oficial a Israel con mandatarios de diez provincias y alentó la creación de una autoridad centralizada de gestión del agua bajo el modelo israelí.

A través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) —utilizado como intermediario para evitar controles públicos y normativas de contratación—, Mekorot firmó convenios con Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Formosa, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero, y más recientemente con Neuquén, Chubut y Jujuy, alcanzando así la mitad del territorio nacional.

• Aunque los contratos son opacos y carecen de información sobre montos o mecanismos de control, las provincias los presentan como “Planes Maestros de Agua”. Detrás de este despliegue, la empresa se inserta en zonas estratégicas para el agronegocio, la megaminería y el petróleo, coincidiendo con el avance del modelo extractivista.
• Frente a esta injerencia, surgió la Campaña “Fuera Mekorot”, impulsada por asambleas ambientales, organizaciones sociales y de derechos humanos, que denuncian la falta de transparencia, la privatización encubierta del agua y los vínculos políticos y empresariales que sostienen la expansión israelí en el país.
• Frente a este panorama, es necesario entender al agua como bien común, vital, frente a la concepción de mercancía financiera. La soberanía territorial requiere la defensa acérrima de nuestros bienes comunes, garantizando un acceso universal, una gestión democrática, pero sobre todo la participación comunitaria.

La financiarización del agua, la mercantilización y su uso como herramienta de guerra o dominación deben ser objeto de una reflexión crítica profunda. Sólo así podremos asegurar que ese recurso esencial, que define la vida, no quede al servicio de unos pocos, sino al cuidado colectivo de los pueblos de nuestramérica.

Proyectan escasez para una quinta parte del mundo en 2040

• El World Resources Institute (WRI) advierte que la situación será aún más grave en el futuro. De acuerdo con sus estimaciones, cerca de una quinta parte de los países del mundo sufrirá recortes severos en el suministro de agua hacia 2040.
• Actualmente, el llamado estrés hídrico —es decir, cuando la demanda de agua es mayor que la cantidad disponible— se ha convertido en uno de los principales desafíos ambientales y sociales que heredarán las próximas generaciones.

¿Cuáles son los países con mayor escasez de agua?

Según el ranking del WRI, Oriente Medio es la región más vulnerable al estrés hídrico. De los 33 países con mayores probabilidades de enfrentar crisis por falta de agua, 14 se encuentran en esta región.

Algunos de los países más afectados podrían ser:

• Bahréin
• Kuwait
• Palestina
• Emiratos Árabes Unidos
• Arabia Saudí
• Omán
• Líbano

En otras regiones del mundo también se proyecta un escenario preocupante. Países como Estados Unidos, China e India probablemente experimentarán recortes significativos en su suministro de agua.

• En particular, zonas como el sudoeste de EE.UU. (incluyendo Las Vegas, Los Ángeles y Texas) y la región autónoma de Ningxia, en China, podrían enfrentar una escasez extrema.

En Sudamérica, el WRI proyecta que Chile pasará de un nivel moderado de escasez en 2010 a una abundancia extrema de agua en 2040, debido a factores como el aumento de las temperaturas y cambios en los patrones de lluvia.

México y el estrés hídrico: una situación alarmante

• México ya enfrenta problemas de escasez de agua y una distribución desigual del recurso hídrico.

Según estudios de la UNAM, si se continúa explotando el acuífero del Valle de México al ritmo actual, en los próximos 40 años será difícil abastecer de agua a la población.

• La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) ya presenta un nivel severo de estrés hídrico, agravado por la densidad poblacional de más de 20 millones de habitantes.

A nivel nacional, más de la mitad del territorio mexicano se encuentra en situación de muy alto estrés hídrico, sobre todo en las regiones del noroeste del país.

Acceso desigual al agua en México

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022, el 93% de las viviendas en México tiene acceso a agua entubada. Sin embargo, el 33% de esas viviendas no recibe agua de forma diaria, lo que obliga a las familias a recurrir a pipas, agua embotellada o sistemas de purificación, generando costos adicionales para el hogar.

¿Qué sectores consumen más agua en México?

Contrario a lo que muchos piensan, el mayor consumo de agua en México no se da en los hogares, que solo representan el 15% del total, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) hasta 2020.

• El mayor uso de agua proviene de la producción de alimentos, forrajes y la ganadería, con un 76% del consumo total.

Otros sectores como la industria, agroindustria, comercio y servicios utilizan un 5% del recurso hídrico, tomando el agua directamente de cuerpos de agua nacionales. Por su parte, las termoeléctricas consumen el 4%.

Así protegen sus recursos hídricos América Latina y Europa

Estas son las principales normativas para la protección y gestión de los recursos hídricos.

• Colombia: un marco legal fragmentado frente a una riqueza hídrica excepcional

Enmarcada por dos océanos y tres cordilleras, Colombia alberga la mitad de los páramos del planeta. Entre ellos, alrededor de 700.000 cuerpos de agua, entre ríos y lagos. De acuerdo con el último Estudio Nacional del Agua del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, la oferta hídrica del país es seis veces superior a la media mundial y multiplica por tres la de América Latina.

• Pero en Colombia, también, 12 millones de personas tienen acceso inadecuado al agua potable. Además, cerca de 1,5 millones de personas no disponen de sistemas de saneamiento. Y solo se tratan el 55,07  % de las aguas residuales, según datos del ministerio de Vivienda.

“En Colombia, las Corporaciones Autónomas Regionales (CARS) son las que velan por la protección del recurso hídrico, entre otras funciones”, explica Calvache. “Sobre el papel están muy bien estructuradas y tienen unas responsabilidades muy claras, pero tienen dos problemas: por su sistema de financiación, algunas tienen pocos recursos y presupuestos muy limitados, y no han logrado aislarse del entramado político, lo que a veces dificulta su gestión y hace que en los proyectos no siempre prime el punto de vista técnico”.

Colombia cuenta con diferentes normativas para proteger el agua, como la Ley 1930, que regula la gestión integral de los páramos, las disposiciones del Decreto 1076 para el Uso y Aprovechamiento del Agua, el Decreto 1575 que regula la calidad del agua o el Plan Hídrico Nacional.

• En julio de 2025 se expidió el Decreto 0776, que reglamenta el mínimo vital de acueducto y saneamiento (50 L por persona/día) como derecho humano. Pero no existe una ley integral del agua que lo articule todo.
• “Hemos tenido varios intentos y planes de gestión, pero creo que hasta ahora ha faltado una continuidad y un mandato a largo plazo para que funcione un cuerpo único de gestión del agua”, añade Calvache.

Para el experto, el sistema colombiano ha dificultado la gobernanza del agua, la participación activa de todos los actores que vivan en una misma cuenca hídrica y aprovechen sus recursos. Esto hace que, a su vez, sea complicado garantizar el acceso equitativo al recurso, sobre todo, en zonas rurales y aisladas y en regiones en las que el agua es escasa.

Además, de cara al futuro, el país –como la región y el resto del planeta– debe hacer frente a los retos climáticos. “Hoy pagamos por el tratamiento del agua o los embalses, pero debemos también pagar por la recuperación y el mantenimiento del agua en su origen, por la protección de los ecosistemas que la generan”, concluye Calvache.

“Hay que estar preparados. Pase lo que pase con el cambio climático, un bosque maduro, bien conservado, responderá siempre mucho mejor a épocas de sequía o a episodios de inundaciones que uno que esté degradado”.

Venezuela: una legislación sólida que no frena la crisis hídrica

Como Colombia, Venezuela está entre los países del mundo con mayores reservas de agua dulce. Sus ríos, sus lagos y sus aguas subterráneas generan una cantidad de recursos hídricos aprovechables estimada en 93 millones de metros cúbicos al año.

• Toda esta agua está protegida, además, por un entramado legal sólido, que emana de la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, la cual reconoce el derecho de todos los venezolanos al acceso al agua potable de forma equitativa y no discriminatoria.
• Además, tras la aprobación de una serie de normativas más concretas, el país cuenta desde 2007 con una Ley de Aguas que busca establecer las disposiciones que rigen la gestión integral de las aguas como elemento indispensable para la vida, el bienestar humano y el desarrollo sostenible del país.

Sin embargo, el caso de Venezuela muestra cómo el aspecto legal, por sí mismo, no es suficiente para garantizar una buena gestión de los recursos hídricos.

• De acuerdo con el último informe del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, el 90% de la población venezolana tiene algún tipo de problema relacionado con el agua y solo el 27% dispone de un servicio de agua potable regular. Los problemas se deben, en gran medida, a la falta de mantenimiento del sistema hídrico en los últimos años.
• Además, el país también tiene problemas en el origen del agua, debido a la degradación de las cuencas (por minería, deforestación y otras actividades extractivas sin control) y a la contaminación de muchos acuíferos y embalses. La situación ha empeorado de tal manera que el informe habla ya de crisis hídrica en Venezuela.

Uruguay y Argentina: modelos legales contrastados ante la escasez de agua

Más al sur, Uruguay y Argentina comparten recursos (los caudalosos ríos Uruguay y de la Plata dan forma a su frontera natural) y situación (en los últimos tres años, ambos países, eminentemente agrícolas, han sufrido una fuerte sequía que ha llevado al límite a la mayor parte de sus cosechas). Sin embargo, desde el punto de vista legal, el enfoque de ambas naciones no podía ser más diferente.

• Uruguay cuenta con una Ley de Política Nacional de Aguas desde 2009, normativa que desembocó en la elaboración del primer Plan Nacional de Aguas del país en 2017. Este plan está estructurado en 10 líneas con objetivos muy claros, que van desde garantizar el agua para uso humano y la mejora de la gestión del riego hasta establecer las reglas para el diseño y la gestión de obras hidráulicas o los sistemas de información.

Sin embargo, las sequías han mostrado las costuras del sistema y varias plataformas de expertos, como la Asociación de Limnología del Uruguay, piden una planificación a largo plazo para hacer frente a los retos que supone, y supondrá, la crisis ambiental global.

• Argentina, al contrario de Uruguay, carece de una ley única, más allá de la utilización racional de los recursos naturales que establece la constitución. Es cada provincia la que regula jurídicamente el uso de sus aguas.
• El Código de Aguas de Buenos Aires, por ejemplo, regula los permisos y concesiones para disfrutar el agua en todo tipo de usos, desde el abastecimiento de agua potable al agrícola o al energético.

Sin embargo, no establece preferencias entre usos, lo que ha generado conflictos por el agua en varias ocasiones y, en particular, por las presiones industriales y agropecuarias.

Perú: entre la abundancia de agua dulce y los efectos de la desglaciación

• En línea con la situación de sus países vecinos, en Perú el agua dulce es abundante. Según estimaciones de la Autoridad Nacional del Agua, tiene el 1,89 % de la disponibilidad de agua dulce del mundo.

Sin embargo, el recurso se acumula en las montañas, en los altos de los Andes, donde apenas vive nadie, y escasea cada vez más en la costa, donde se concentra la población.

• Lima, una capital con más de 10 millones de habitantes, recibe más del 80 % de su agua de la cuenca del río Rímac, que nace a 5.500 metros sobre el nivel del mar y que bebe de varias lagunas y glaciares.

“El principal problema hídrico que enfrentamos hoy es la desglaciación: hemos perdido ya alrededor del 56% de nuestros glaciares, que son una fuente de agua muy importante”, explica Gisela Murrugarra, directora en Perú de Water for people, una ONG que trabaja en varios países del mundo para aportar soluciones a la crisis del agua y garantizar el acceso duradero al recurso.

• Para Murrugarra, se están haciendo algunos esfuerzos para adaptarse a la situación (como la reforestación de las cuencas), pero hace falta reforzar la protección del recurso, tener en cuenta las necesidades de la población rural y avanzar mucho en la reducción del desperdicio y en la reutilización del agua.
• Perú cuenta, desde 2009, con una Ley de Recursos Hídricos para todo el país que tiene el objetivo de proteger el agua y modernizar su gestión. Se trata de una ley muy amplia que, hoy en día, sigue en desarrollo.
• Hasta ahora, según la experta de Water for people, ha dejado avances importantes como la sistematización de toda la información referente a las cuencas, mapeando el recurso hídrico de todo el país, el desarrollo de los derechos de uso de agua y el establecimiento de un sistema de retribución económica por el uso de agua y los vertidos.

“La ley generó también mucha expectativa por la creación de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la máxima autoridad sobre el Sistema Nacional de Recursos Hídricos del país. Sin embargo, en algunos aspectos, ha sido complicado avanzar para la ANA”, explica Murrugarra.

“La autoridad se crea adscrita al ministerio de Agricultura, lo que en ocasiones ha acabado por beneficiar a la agricultura en los conflictos por el uso del agua frente a otros sectores y frente al consumo humano. Probablemente la ANA necesite una mirada más independiente de cara al futuro”.

México: reformas pendientes para modernizar su sistema hídrico

Al contrario de lo que sucede en el Cono Sur, México forma parte del grupo de países con una disponibilidad de agua baja.

• Aunque más del 90% de la población dispone hoy de acceso a agua potable, un estudio de la Universidad Autónoma de México estima que una tercera parte de los que acceden al recurso no lo hacen en cantidad ni calidad suficientes.
• Alrededor de 35 millones de mexicanos viven en zonas de elevado estrés hídrico y la situación no ha hecho sino empeorar en los últimos años, cuando el evento de La Niña en el Pacífico extremó la sequía en casi todo el territorio.

Desde el punto de vista legal, México recoge en su constitución el derecho al agua y la define como un bien público.

• Además, desde 1992, cuenta con una Ley de Aguas Nacionales que regula la distribución y el control del agua y designa a la Comisión Nacional del Agua como el órgano responsable de ejercer la autoridad y administración del agua en el país.
• Sin embargo, en 2012, una reforma constitucional abrió la puerta a una necesaria reforma de la legislación hídrica, reforma que hoy sigue sin producirse.
• De acuerdo con el Centro de Investigación de Política Pública, la reforma es necesaria para modernizar el sistema de concesiones de uso de agua, su monitoreo y vigilancia, así como las necesidades de presupuesto y los mecanismos de financiación de la infraestructura hídrica.

De acuerdo con el centro de investigación, la mayoría de las concesiones registradas no cuentan con un medidor y más del 90 % de los medidores instalados no han sido verificados, lo cual incentiva el uso desmedido del recurso y la extracción clandestina.

España y la UE: legislación avanzada frente al aumento del estrés hídrico

• En la región mediterránea, al otro lado del Atlántico, la baja disponibilidad de agua es también la norma. España es, según el World Resources Institute, el cuarto estado con mayor estrés hídrico de toda la Unión Europea.
• Al mismo tiempo, es un país de mucho peso agrícola –el segundo de la UE con mayor superficie calificada como regable–, donde cerca del 80% del consumo nacional de agua se dedica a cultivos.
• Además, el cambio climático está reduciendo el agua disponible: los recursos son hoy un 12% menores que en 1980 y se prevé que antes de mitad de siglo disminuyan entre un 14% y un 40%.

España cuenta con una Ley de Aguas desde 1985 que ha sido reformada en varias ocasiones. Esta establece, entre otros aspectos, la creación del Consejo Nacional del Agua (un órgano consultivo que informe sobre el Plan Hidrológico Nacional y los planes de cada cuenca) y las llamadas Confederaciones Hidrográficas, autoridades que existen desde 1926 y que son las máximas responsables de la gestión de los recursos hídricos de cada cuenca.

• Desde su entrada en la Unión Europea, la legislación española está muy marcada por las directivas comunitarias. Así, a nivel europeo se superponen varias normativas. La Directiva marco sobre el agua de la UE establece un protocolo para la protección de todas las aguas, sean superficiales interiores, de transición, las aguas costeras o subterráneas.

En un segundo nivel, existen directivas más específicas como la relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro, la de agua potable que establece normas de calidad básicas para las aguas de consumo humano o la relativa a las aguas de baño, que busca mejorar la protección de la salud pública y el medioambiente en las aguas destinadas a usos de ocio. /PUNTOporPUNTO