El LAVADO de DINERO y la CORRUPCIÓN representan un RIESGO ALTO en el PAÍS: Expertos

En 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó más de 10 millones de actividades vulnerables y presentó denuncias en 150 casos, sin embargo fue el gobierno de EU el que reveló el escándalo de lavado de dinero que involucró a los bancos con el crimen organizado.

El lavado de dinero y la corrupción representan un riesgo alto, de acuerdo con 50 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

  • Al presentar los resultados de la Encuesta Empresarial de Negocios Familiares, dijeron que la percepción de los delitos mencionados son una amenaza constante para ellos, y sólo 23% por ciento de los encuestados los percibe como un peligro controlado.
  • A dichas preocupaciones se suma la falta de preparación empresarial en materia para evitar casos: 53?por ciento de los negocios nunca ha recibido capacitación formal sobre prevención de lavado de dinero (PLD), y sólo 31?por ciento cuenta con políticas anticorrupción formalizadas y activas.

Otro punto, es que sólo 10 por ciento de los empresarios consideró que la actuación de las autoridades en el combate al lavado de dinero y la corrupción es positiva.

“La lucha contra la corrupción y el lavado de dinero no puede ser un tema marginal ni reactivo: debe ser un componente estructural de la estrategia empresarial, con liderazgo gremial, colaboración y herramientas prácticas”, dijo el presidente de la confederación, Octavio de la Torre de Stéffano.

  • Las empresas que enfrentaron alguna situación relacionada al soborno, extorsión o irregularidades en trámites durante el último año, representan 30 por ciento de los encuestados, mientras 24?por ciento tuvo casos de corrupción.
  • Por los resultados de esta encuesta, la confederación convocará a la Jornada Nacional de Actualización en Materia de Reforma a la LFPIORPI, el próximo 22 de agosto, donde se van a analizar nuevos lineamientos antilavado y antiterrorismo, así como cambios normativos y tecnológicos.

“Este diagnóstico reafirma la importancia de impulsar políticas de integridad, transparencia y cumplimiento normativo como pilares de la competitividad del sector terciario en México”, indicó la Concanaco Servytur, quien puso a disposición pública su estudio.

México será evaluado

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) evaluará a México en materia de controles al lavado de dinero y el panorama no es optimista. Casos como el de Vector Casa de Bolsa y los bancos CIBanco e Intercam —señalados por el gobierno de Estados Unidos por acciones ilícitas y relación con cárteles mexicanos– o el de huachicol fiscal empañan los esfuerzos del gobierno de México.

En 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó más de 10 millones de actividades vulnerables y presentó denuncias en 150 casos, sin embargo fue el gobierno de EU el que reveló el escándalo de lavado de dinero que involucró a los bancos con el crimen organizado.

  • En junio de 2025, el Departamento del Tesoro de EU señaló a Vector Casa de Bolsa, fundado por Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador; CIBanco, del empresario Jorge Rangel de Alba Brunel, e Intercam, del empresario Eduardo García Lecuona Mayeur, como instituciones financieras de «principal preocupación» por presuntas operaciones ilícitas ligadas al Cártel de Sinaloa, así como sobornos al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, preso en ese país.

La sanción se dio en medio de la estrategia que emprendió el presidente Donald Trump para debilitar la estructura financiera de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa y Cártel del Golfo, nombradas previamente como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE).

  • A siete meses de que se reveló el caso, los bancos tuvieron consecuencias: CiBanco fue vendido a Grupo Multiva y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNByV) intervino y revocó la licencia a Casa Vector, pero no se conocen acciones penales por este caso y bajo esas condiciones es que México enfrentará su evaluación de controles antilavado.
  • Gabriel Regino, abogado penalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, considera que la revisión a México detectará la persistencia de vacíos en instituciones y legislación que frenen efectivamente el blanqueo de activos. “La evidencia cita que faltan controles y hay actividades vulnerables que siguen desarrollándose fuera de la Ley”.

¿Por qué México será evaluado por GAFI?

El GAFI es un organismo intergubernamental creado en 1989 para indicar medidas y estándares internacionales que frenen el lavado de dinero vinculado al narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, el fraude cibernético y otros delitos; 200 países se comprometieron a asumir sus recomendaciones, por lo que sus medidas son revisadas periódicamente.

  • Actualmente hay 40 recomendaciones a cumplir que se han perfeccionado con los años debido a que los grupos criminales también sofisticaron sus mecanismos para blanquear fondos.
  • La revisión de GAFI consiste en la visita de expertos internacionales que se entrevistan con distintas autoridades, van evaluando la legislación, los resultados que se han tenido, por ejemplo, en decomisos, para ver si se está cumpliendo con las recomendaciones.

En la más reciente revisión, la de 2017-2018, no hubo una buena evaluación, por lo que la SHCP solicitó la recalificación de siete de 16 recomendaciones que fueron calificadas como parcialmente cumplidas (PC).

En 2021 se reportó que GAFI determinó que “México ha mejorado en seis de las siete recomendaciones en las cuales solicitó recalificación”. La mexicana Elisa de Anda Madrazo encabeza la GAFI, por lo que lidera un grupo de expertos que hará la evaluación de México.

Tibios esfuerzos desde México

En los últimos años se ha reforzado la legislación en la materia, por ejemplo, con las reformas “antilavado” –vigentes desde julio de 2025– que prevén mecanismos de colaboración entre la SHCP, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y organismos internacionales.

  • En 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la institución mexicana encargada de detectar, recibir avisos sobre posibles actividades de riesgo vinculadas al lavado de dinero y promover denuncias, recibió 10.1 millones 122,662 avisos de las actividades vulnerables, que van desde operaciones con activos virtuales, juegos de apuestas, concursos y sorteos, hasta el uso de tarjetas prepagadas.
  • Sin embargo, solo se presentaron 150 denuncias en contra de 1,329 sujetos, ya que el grueso de las operaciones, al menos las reportadas por la UIF, son transferencias internacionales de fondos de escaso monto: 9.5 millones de reportes por envíos por un monto igual o superior a 1,000 dólares de los Estados Unidos o su equivalente en moneda extranjera.

Los datos de la UIF muestran que en relación a otros años, el 2025 tuvo el más alto número de “operaciones preocupantes” registradas en 21 años, de 2004 a diciembre de 2025, con 918 casos.

  • Aun con estos resultados en México, el caso de Vector Casa de Bolsa se detonó en el extranjero, y la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que no tenían información al respecto, es decir, que la UIF no logró detectar las presuntas operaciones ilícitas.

En ese contexto, el especialista Gabriel Regino insiste que estos casos ponen en evidencia que no se han atajado los delitos y no podrá hacerse si aún hay canales financieros por los cuales se blanqueen los capitales.

Sexenio de AMLO fue el de mayor número de sanciones por lavado de dinero

El año de inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue también el de mayor número de sanciones impuestas contra personas y empresas vinculadas con actividades ilícitas, principalmente narcotráfico y lavado de dinero, por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos

En 2018, el último año de Enrique Peña Nieto en la Presidencia, se contabilizaron 2 mil 259 registros, la cifra más alta desde 2015.

  • Estas sanciones, denominadas “designaciones” por la OFAC, implican la incorporación del individuo o la empresa a su Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), lo que conlleva el bloqueo de bienes bajo jurisdicción estadounidense, la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos y empresas de Estados Unidos y, en la práctica, la exclusión del sistema financiero en dólares.
  • Desde entonces, los registros muestran una serie de alertas que incorporaron a personas, empresas y entidades vinculadas con estas actividades ilícitas, con un énfasis en estructuras asociadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

La revisión de los registros públicos consolidados de la OFAC muestra que en 2015 se registraron 940 sanciones; en 2016, 1,190; y en 2017, 1,222, pero en 2018, la cifra se disparó hasta 2,259.

Ese pico estuvo impulsado por designaciones masivas contra redes del CJNG, su estructura financiera conocida como “Los Cuinis”, así como acciones contra el Cártel de Sinaloa. Las sanciones incluyeron tanto a operadores individuales como a empresas utilizadas como fachadas para lavado de dinero.

Auge y estabilización

Tras el máximo histórico, las cifras descendieron. En 2019 se contabilizaron 773 registros; en 2020, 648; y en 2021, 683.

Posteriormente comenzó una recuperación gradual: 754 en 2022; 814 en 2023; y mil 86 en 2024. El segundo pico de la serie se registró en 2025, con mil 384 sanciones, un incremento de 27.5% respecto al año anterior. En lo que va de 2026 (enero-febrero) ya se contabilizan 142 designaciones.

El foco en el CJNG

Dentro de esta dinámica, el CJNG aparece como uno de los principales objetivos. Entre 2015 y febrero de 2026, la OFAC ha impuesto 155 sanciones específicas vinculadas al cártel, correspondientes a 83 personas y 72 empresas, enfocadas en su operación financiera y en redes empresariales presuntamente utilizadas para lavar recursos.

  • La primera sanción que aparece en los registros data de 2015, cuando se designó a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, bajo la Ley Kingpin y se colocó al CJNG como organización criminal prioritaria. Ese año se contabilizaron tres registros relacionados.
  • En 2018, año del mayor volumen total de sanciones de la OFAC, se realizaron 11 designaciones específicas contra el CJNG: seis individuos y cinco empresas vinculadas a una red de lavado que operaba a través del mercado de pirotecnia en Tultepec, Estado de México. Las empresas se dedicaban formalmente a la fabricación y comercialización de fuegos artificiales, pero eran utilizadas como fachada para blanquear recursos.

En 2019 se designó a ocho individuos y tres entidades relacionadas con redes financieras del cártel en Guadalajara, incluyendo empresas inmobiliarias y comerciales usadas como pantalla para movimientos de capital.

El año 2020 marcó el mayor golpe específico contra el CJNG, con 26 sanciones directas: 13 personas y 13 empresas vinculadas a la estructura financiera de “Los Cuinis”. Las entidades señaladas operaban en giros como bienes raíces, desarrollos inmobiliarios, comercialización de propiedades en la costa de Jalisco y empresas de inversión.

  • En 2021 la OFAC reveló un esquema distinto: el uso de la industria del entretenimiento como vehículo de lavado de dinero. Se sancionó a 12 personas y cuatro empresas, entre ellas productoras musicales y promotoras de eventos en Jalisco, como El Corazon Music Fest S.A. de C.V., señalada por organizar festivales y conciertos usados para introducir recursos ilícitos al sistema financiero.
  • En 2022 el foco se movió al sector ganadero y ecuestre. Ocho individuos y cinco empresas fueron designados por utilizar la compra-venta de caballos de cuarto de milla de alta gama como mecanismo para lavar activos del narcotráfico. Ranchos, asociaciones ganaderas y empresas dedicadas a la cría y comercialización de equinos quedaron bajo sanción.
  • Durante 2023 y 2024 continuaron las designaciones contra familiares y operadores cercanos al círculo de liderazgo del CJNG, así como contra nuevas estructuras empresariales. Las sanciones alcanzaron desarrolladoras inmobiliarias, constructoras, agencias de viajes y compañías de servicios turísticos en Jalisco y Puerto Vallarta.

El segundo gran pico llegó en 2025, con 33 sanciones directas al CJNG. En agosto, la OFAC anunció la designación de cuatro personas y 13 empresas vinculadas a una red de fraude de tiempos compartidos en Puerto Vallarta. Las compañías involucradas operaban como inmobiliarias, agencias de viajes, promotoras de paquetes vacacionales y comercializadoras de propiedades turísticas. En noviembre, otra lista incluyó a 10 personas y nueve empresas en una red internacional liderada por Ryan James Widding, con operaciones en México, Canadá, Italia y Reino Unido. Entre los giros señalados se encontraban empresas de gestión hotelera, inmobiliarias, comercializadoras de combustibles y consultorías.

  • En febrero de 2026, la OFAC anunció la acción contra la llamada Red Kovay Gardens, con 22 registros: cinco personas y 17 empresas. De acuerdo con el Tesoro, se trató de un esquema de fraude y lavado de dinero vinculado a un complejo turístico e inmobiliario asociado al CJNG. Entre las entidades designadas figuran desarrolladoras, administradoras inmobiliarias, constructoras, agencias de servicios turísticos y empresas vinculadas al sector energético y de bienes raíces.

La acción más reciente incluyó a cinco individuos mexicanos presuntamente vinculados al CJNG: José Luis Gutiérrez Ochoa (“Tolin”), Óscar Enrique Jiménez Tapia (“El Tagayas”), José Eduardo Palacios Rodríguez, Jonathan Faustino Ríos González (“Johnny Hood”) y Carlos Humberto Rivera Miramontes, designados bajo la orden ejecutiva EO 14059.

Turismo, bienes raíces, finanzas y combustibles

La lista de empresas incorporadas por la OFAC permite observar los giros donde el cártel, según las autoridades estadounidenses, ha insertado o camuflado operaciones. Aparecen desarrolladoras y firmas inmobiliarias como VG Desarrollos de la Bahía, además de compañías enfocadas en actividades inmobiliarias bajo contrato o comisión como Ornitorrinco Inmobiliaria y Corporativo de Transferencias Internacionales de Bienes Raíces, así como constructoras como Constructora Palacios PV y Colinas Proyectos y Construcciones.

  • En el sector turístico se incluyeron entidades relacionadas con alojamiento y servicios de viaje, como Administradora y Comercializadora del Mar, además de firmas registradas como agencias de viaje, entre ellas High Land Park y Punto 54. También aparece Hotel Management International LLC, con sede en Texas, vinculada a actividades de reservación y administración hotelera.
  • En el rubro corporativo y financiero, la lista incluye empresas clasificadas como servicios financieros y apoyo empresarial, como Deep Blue Desarrollos, Deep Blue Servicios, Estrategia PVR y Reef Administración Avanzada, además de un holding, Corporativo Controlador Explora, y una firma de soporte, Asesoría y Servicios Importadores. También se sancionó al Club Deportivo de Formación al Futbol GMX, registrado como organización deportiva.

Dentro de estas designaciones aparece además una empresa vinculada al sector de combustibles: Solugas Soluciones en Gasolineras, dedicada a la venta minorista de combustible en estaciones especializadas. El rubro ha sido relacionado en investigaciones y reportes con esquemas de huachicol y comercio ilegal de hidrocarburos.

En conjunto, los registros muestran que en los últimos años las empresas han comenzado a superar a las personas sancionadas, un patrón que apunta a un enfoque creciente en las estructuras corporativas que, según Estados Unidos, sostienen el flujo financiero del narcotráfico./Agencias-PUNTOporPUNTO

Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario