México se prepara para enfrentar la crisis climática el próximo año con el presupuesto ambiental más bajo en más de 20 años.
- Organizaciones de la sociedad civil señalan que el Proyecto de Presupuesto de Egresos (PPEF) 2026 destinado al medio ambiente refleja un retroceso y puede significar un paso atrás en la protección de sus ecosistemas, justo cuando la situación exige reforzar y no debilitar sus instituciones ambientales.
- De acuerdo con el PPEF, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), responsable del manejo de 232 zonas que cubren más del 30% del territorio nacional, enfrentará un recorte de 12% respecto al presupuesto de 2025, equivalente a 138 millones de pesos.
De aprobarse, la Conanp operará con apenas 1,002 millones de pesos, el monto más bajo en más de dos décadas.
“Estamos hablando de una asfixia financiera. Es imposible mantener programas de vigilancia, restauración o educación ambiental con ese monto. Las áreas naturales protegidas no se cuidan solas: requieren personal, recursos y acompañamiento comunitario”, señaló Gina Ileana Chacón, representante de Wildlands Network México.
- La también integrante de Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA) sostuvo que este recorte afectará tareas básicas como la conservación de ecosistemas, la restauración y la vigilancia ambiental.
«No solo son cifras, son funciones esenciales que se quedarían sin sustento. De aprobarse en estos términos, estaríamos frente a un retroceso muy importante en la protección del ambiente”, advirtió en entrevista.
- La especialista recordó que entre 2007 y 2026 el presupuesto destinado a la conservación se ha desplomado 52%, y que solo el 0.2% de los recursos del Anexo Transversal 16 —el instrumento en el presupuesto que agrupa el gasto climático— se destina realmente a la protección de la naturaleza.
- Este presupuesto significa literalmente administrar la desprotección (…) Sin recursos suficientes para la vigilancia y manejo, las áreas naturales protegidas serán solo líneas en un mapa condenadas a desaparecer.- Gina Ileana Chacón, activista medioambiental.
- Con un presupuesto tan limitado, los expertos alertan que las áreas naturales protegidas operarán prácticamente al borde del colapso administrativo. Cada hectárea recibirá, en promedio, poco más de 10 pesos al año para su cuidado, una cantidad simbólica frente a la magnitud del desafío.
Medioambiente no es prioridad de la Presidenta, apodada Ecologista
Actualmente, solo 140 de las 232 áreas naturales cuentan con un programa de manejo vigente, por lo que sin presupuesto suficiente, señalan las organizaciones, la elaboración y actualización de estos instrumentos —que incluyen consultas con comunidades indígenas— se vuelve casi imposible.
- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tampoco escapa al recorte: se estima que para 2026 su presupuesto disminuya 4.3%, 1,859 mdp menos que en 2025.
- Reduciendo su participación al 0.6% del gasto federal total y apenas 0.1% del PIB, cifra por debajo de los estándares internacionales: la CEPAL recomienda destinar al menos 3.7% del PIB a protección ambiental.
“Nos preocupa que se mantenga la narrativa de compromiso con la biodiversidad mientras se debilitan los instrumentos básicos de protección. El medio ambiente no es un gasto, es una inversión en bienestar y seguridad para todas las personas”, enfatizó Chacón.
Megaproyectos con 30 veces más recursos
Mientras el presupuesto ambiental disminuye en el PPEF 2026, los megaproyectos del gobierno federal mantienen una posición privilegiada.
- Por ejemplo, el programa “Proyectos Trenes e Infraestructura”, que incluye al Tren Maya, recibirá un presupuesto 30 veces mayor al asignado al cuidado de todas las áreas naturales protegidas del país.
- Dentro del Anexo Transversal 16, que agrupa el gasto destinado a la adaptación y mitigación del cambio climático, menos del 0.2 % se orienta a la conservación ambiental, a pesar de que los ecosistemas naturales son la primera línea de defensa frente a huracanes, incendios e inundaciones.
- Para Jorge Martínez, coordinador del Programa de Justicia Climática de Oxfam México, esta distribución presupuestal “refleja las verdaderas prioridades del país”. “Tenemos dinero bueno y lo estamos tirando al malo”, dijo.
Pemex está perdiendo dinero pese a todo lo que se le inyecta, y aun así se prioriza sobre la política climática. Es una desconexión enorme entre el discurso y los hechos.- Jorge Martínez, activista de Oxfam México.
- Martínez explicó que dentro de Semarnat, “la política de cambio climático tiene muy poco presupuesto” y que la mayoría de los recursos se van a Conagua, lo cual considera necesario, “pero sin una visión integral de política climática, es insuficiente”.
La propia secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra, reconoció durante su comparecencia en el Congreso los retos que implica operar con menos recursos.
- La funcionaria federal explicó que la Semarnat trabaja en siete prioridades hacia 2030, entre ellas el saneamiento de cuencas como la del Lerma-Santiago y el Atoyac, la restauración de manglares y bosques, y la reducción del 35 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero, advirtió, el financiamiento actual es insuficiente.
“Estamos pidiendo que se nos regresen los excedentes de 5,800 millones de pesos que hemos recaudado. Con eso podríamos trabajar muchísimo”, dijo Bárcena, al recordar que parte de esos recursos, obtenidos por cobro de derechos y servicios ambientales, no fueron reintegrados por Hacienda.
El contraste frente al cambio climático
- La diferencia entre las metas ambientales y los recursos asignados es clara. Mientras países como Brasil, Colombia o Costa Rica incrementan sus inversiones en transición energética y conservación, México destina apenas el 0.1 % del PIB al medio ambiente.
“El país pierde competitividad ante el mundo”, advirtió Martínez. “Sin agua, con energía sucia y sin estrategia climática, México se rezaga en atracción de inversiones verdes y en seguridad económica. No es solo un tema ambiental; es un asunto de desarrollo nacional”, aseguró.
- El coordinador de Oxfam insistió que México está parado sobre una visión de desarrollo obsoleta, centrada en el petróleo, cuando se deben realinear las prioridades hacia energías limpias, movilidad sostenible y agua segura.
«Aun si duplicáramos o triplicáramos el presupuesto ambiental, no alcanzaría si mantenemos un sistema económico que incentiva destruir ecosistemas. Los incentivos para devastar la naturaleza son hoy mucho más grandes que los recursos para protegerla. Hay que cambiar el modelo”, sostuvo.
El cambio climático no es un problema de osos polares. Es un problema que ya nos afecta y que está golpeando más a quienes menos tienen.- Jorge Martínez, de Oxfam.
- Martínez recordó que el impacto del cambio climático ya golpea directamente a las comunidades más vulnerables y que el presupuesto debe prevenir las crisis ambientales y no agravarlas.
- “Sin financiamiento público, sin prevención, sin capacidades institucionales, cada huracán o inundación será más devastador. Lo vimos con Otis y lo veremos otra vez si no se corrige el rumbo”, dijo.
Justicia fiscal, justicia climática
A días de que la Cámara de Diputados deba aprobar el presupuesto antes del 15 de noviembre, Martínez insistió que es necesario que la gente sepa lo que está pasando y poco a poco crear la voluntad política para cambiar las prioridades en el presupuesto público.
- “Mientras no alcemos la voz, mientras no exijamos justicia fiscal, energética y climática, las cosas seguirán igual. Pero sí hay esperanza si la sociedad presiona y exige transparencia y coherencia entre el discurso y los hechos”, dijo.
Para Gina Chacón, lo que está en juego no es una cifra, sino la capacidad del país para sobrevivir a la crisis climática.
- «El dinero invertido en medio ambiente no es un gasto, es una inversión en bienestar y calidad de vida. Garantizar ecosistemas sanos es garantizar salud, agua y alimento para la población.
- Sin recursos suficientes, las áreas protegidas quedarán abandonadas, y con ellas desaparecerán especies, servicios ecosistémicos y oportunidades para las comunidades locales”, subrayó.
Incongruente, discurso y presupuesto para enfrentar emergencia climática
México se encuentra en un momento clave con la actualización de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0, por sus siglas en inglés). Este documento definirá la ambición, la justicia y el rumbo de su política climática para las próximas décadas.
- Ello tiene implicaciones directas en el presupuesto, la planeación nacional y la justicia social del país, en un contexto de intensa negociación internacional y de cara a la Conferencia de las Partes (COP 30) de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (CMNUCC), que se celebrará en noviembre de este año en Belém, Brasil.
- En un contexto de crisis climática, la política pública del país debe atender una clara necesidad de celeridad, poniendo su enfoque en la implementación de medidas urgentes para la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación ante fenómenos climáticos, señala un comunicado conjunto.
Por tanto, contar con los mecanismos fiscales, presupuestales y programáticos que habiliten dicha implementación resulta indispensable para lograr una política climática efectiva.
- Sobre los mecanismos fiscales, las organizaciones señalaron que hace falta adecuar la política fiscal bajo un enfoque de justicia intergeneracional y climática, considerando principios como el que contamina paga y el de responsabilidades comunes pero diferenciadas.
Respecto de los mecanismos de presupuestación, las organizaciones compartieron monitoreos de los anexos transversales destinados a la transición energética y a combatir el cambio climático, brindando indicadores objetivos que evidencian la insuficiencia de recursos para la acción climática, así como la falta de congruencia en la asignación del presupuesto público.
- En su participación, Alberto Alarcón, abogado del CEMDA quien se refirió al Anexo Transversal 15 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, destinado a la Transición Energética, señaló que la transición energética implica una diversificación económica que no está siendo atendida a nivel presupuestal.
- 68% de los recursos del Anexo Transversal 15 se destinan a programas que no guardan relación con la transición energética. Además, 27% de los recursos carecen de una acción transversal que nos permita conocer su verdadero destino, lo que podría aumentar hasta un 95% la cantidad de recursos desvinculados del objetivo del anexo.
Con relación al Anexo 16 del PEF, titulado Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, Beatriz Olivera, directora de Engenera, A.C., señaló que estos recursos son acaparados por programas que no dejan clara su contribución para hacer frente a los efectos del cambio climático, como el Programa de Defensa para la integridad, la independencia y la soberanía del territorio nacional al que se le asigna el 21.02%.
“El de Infraestructura en materia de seguridad nacional con el 18.82%; entre otros, dejando con escasos recursos, programas relevantes que podrían tener un mayor impacto como el manejo forestal comunitario, investigación en cambio climático o programas de gestión sustentable del agua”, apuntó.
- Giselle García, Abogada de la AIDA, refirió la importancia de que la política pública y los recursos orientados a la transición energética contemplen la sustitución del carbón en la matriz eléctrica y el cierre de las minas de carbón, pues de esta forma, México evita enormes cantidades de gases de efecto invernadero y avanza a la transición energética.
- Vinculado con lo anterior, Pablo Ramírez, campañista de justicia energética en Greenpeace México, apuntó que no existe justicia energética sin atender la dimensión social de la energía. La pobreza energética es un gran pendiente en la agenda pública pero también una oportunidad de avanzar hacia una transición energética justa.
- Finalmente, las organizaciones consideraron necesario complementar los instrumentos de planeación vigentes para incluir medidas que permitan una acción climática efectiva, como la sustitución progresiva y responsable del carbón y la democratización de los recursos energéticos para combatir la pobreza energética.
Asimismo, hicieron un llamado urgente a las autoridades estatales y federales para habilitar los medios de implementación de la NDC 3.0, cumplir con los compromisos climáticos y garantizar los derechos humanos de generaciones presentes y futuras.
Gran simulación de los presupuestos mexicanos contra el cambio climático
- En política, el lenguaje del amor se habla en los presupuestos y, sobre el papel, México está cada año más enamorado de los programas para combatir y adaptarse al cambio climático. Este campo ha pasado de 61.000 millones de pesos en 2018 a más de 200.000 en el último año.
- Pero al entrar al detalle se descubre que es un falso amor: en realidad solo tres de cada 10 pesos acaban realmente en programas y acciones enfocadas a la mitigación de los efectos del calentamiento global, mientras el resto va a las redes de gas natural de Comisión Federal de la Electricidad (CFE) o acaba en las manos de los militares para que sigan construyendo el Tren Maya.
- De 2019 a la fecha, México ha presumido dedicar un total de 820.000 millones de pesos a Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático. Pero de estos, 575.000 fueron para proyectos que, en lugar de ayudar, han agravado la situación climática del país. Una gran simulación activa desde hace más de una década.
Los anexos transversales del presupuesto de México se crearon en 2012 para identificar y contar los programas y dineros que comparten un tema prioritario común. Actualmente, hay 11 denominaciones, que incluyen pueblos indígenas, prevención de delitos, igualdad entre hombres y mujeres, detección de corrupción. Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, existe desde el ejercicio fiscal de 2013.
- “Este es un instrumento que tiene como objetivo identificar y cuantificar cuántos recursos se destinan a medidas para la mitigación y adaptación al cambio climático e involucra a diferentes autoridades, no solo la Secretaría de Bienestar, sino también a la de Salud, Bienestar, Pemex y CFE”, explica Iván Benumea, coordinador del programa de Justicia Fiscal de la organización Fundar.
Para decidir si un programa entra o no en este anexo se debe seguir una metodología para que las instituciones analicen si una parte de su presupuesto está combatiendo el cambio climático.
- Básicamente, es un sistema de autoadscripción, en el que, si la Comisión Federal de Electricidad (CFE) piensa que su servicio de gas natural está dando la batalla contra el calentamiento global, entonces se cuenta dentro. Esto lleva a que haya proyectos contraintuitivos entre las decenas de miles de millones de pesos que México dice dedicar a este campo.
En 2024, año récord con 233.000 millones de pesos en este anexo, 34.000 se los llevó el Servicio de Gas Natural de la CFE y 125.000 fueron a la Secretaría de la Defensa Nacional para que construir el Tren Maya.
- Es decir, el 68% del monto total fue para un servicio que usa un hidrocarburo para producir energía y un megaproyecto que se saltó las leyes ambientales y tuvo enormes problemas de contaminación como deforestación, daños a sistemas de cuevas y cenotes y alteración de ecosistemas.
Lo mismo ocurrió en 2025—el Servicio de Gas Natural de CFE, la Sedena con el Tren Maya y la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes con carreteras y ferrocarriles se llevaron el 58% de 205.000 millones — y 2023— un 63% de 187.000 millones fueron, de nuevo, para el Servicio de Gas Natural y de nuevo para el Tren Maya. En 2022, 2021 y 2020 siete de cada diez pesos fueron otra vez para el gas natural.
- “Es un proceso confuso en el que, por ejemplo, si la CFE determina que el transporte de gas natural, que es un hidrocarburo pero menos contaminante que otros, tiene alguna relación con la lucha con el cambio climático, entonces deciden clasificarlo así”, dice Benumea.
Ese 70% dedicado principalmente a CFE y Tren Maya es la parte del león, ya que un análisis de los montos más pequeños arroja programas no relacionados que, en el mejor de los casos, no tienen nada que ver con la lucha contra el cambio climático y, en el peor, directamente lo agravan. Es el caso de varios rubros de las empresas estatales Liconsa y Diconsa para el abasto rural de leche y los programas de fomento ganadero.
Pero esta situación no es nueva ni exclusiva de las administraciones de Morena. El informe Evaluación Estratégica del Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, realizado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, concluyó que “no se identificaron procesos de planeación y coordinación interinstitucional que aseguren la variable climática, ni de qué manera los recursos asignados contribuyen a la mitigación o la adaptación para el cambio climático”.
“Definitivamente el presupuesto para cambio climático debería construirse de manera más seria, más técnica, y eso implica excluir dentro de estos instrumentos a proyectos que no tienen una relación profunda con el cambio climático”, reflexiona Benumea, “pero es un instrumento que tiene mucho potencial para que este problema comience a ser integrado en las planeaciones presupuestarias del Estado”.
Programas de infraestructura obtienen la mayoría del presupuesto
El proyecto de presupuesto para 2026 de este anexo considera 212 mil 569 millones de pesos, es decir, 1.2 % menos que el presupuesto asignado en 2025, cuando se le asignó 215 mil 245 millones de pesos en términos reales.
- Organizaciones ambientales han advertido sobre los riesgos de la concentración del gasto del Anexo 16 —enfocado en la mitigación del cambio climático— en programas que no están vinculados con este objetivo.
- El programa Defensa de la integridad, la independencia, la Soberanía del territorio nacional es ejercido por la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional y por las Comandancias Regionales.
De acuerdo con el portal Transparencia Presupuestaria, los principales objetivos de este programa son garantizar la organización, equipamiento, adiestramiento y despliegue permanente de militares para prevenir o eliminar amenazas tradicionales, emergentes, riesgos y desafíos.
Asimismo, contempla el despliegue de unidades militares para atender emergencias relacionadas con la defensa nacional y la seguridad interior.
- Mientras, los programas Infraestructura en materia de seguridad nacional e Infraestructura ferroviaria para transporte de cargas y pasajeros implican proyectos de inversión y obra pública en estos rubros.
Por su parte, aunque el gobierno federal aseguró que el programa Sembrando Vida busca atender la pobreza rural y la degradación ambiental, desde 2022, el entonces Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reportaron que el proyecto no contaba con un plan para atender la demanda de agua para cuidar los cultivos y acusaron que, al contrario, ha afectado el medioambiente.
- Como te contamos, Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), mencionó que el programa Sembrando Vida tiene más fines asistencialistas que ambientales.
- En contraste, los programas presupuestarios adscritos a la Semarnat ascienden a 7 mil 887 millones de pesos, es decir, solo 3.7 % del total del Anexo 16. En tanto, los programas de la Secretaría de Energía (Sener) sumaron 12.8 % del anexo para atender el cambio climático.
- El Anexo 16 también contempla programas como servicios públicos de transporte masivo de personas y carga del Tren Maya; servicios de dirección de infraestructura aeroportuaria, ferroviaria y servicios auxiliares; producción para el bienestar.
También se requiere rectoría del sistema nacional de salud; emplear el poder naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional; y fomento y promoción de destinos turísticos.
- De acuerdo con la organización Engenera, en 2023 y 2024 se asignaron recursos contemplados bajo este anexo para las secretarías de Bienestar, Turismo y Defensa Nacional destinados a los proyectos Sembrando Vida y Tren Maya.
- El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) explicó que los recursos etiquetados bajo el Anexo 16 no son una partida específica ni garantizan que se utilicen para el objetivo del anexo.
Continúan los recortes al medioambiente
En términos reales, el presupuesto destinado a medioambiente y recursos naturales tiene una baja de 5 % en el proyecto de presupuesto de 2026. En 2025 se determinaron 44 mil 370 millones de pesos para este sector y se proyecta una bolsa de 44 mil 064 millones de pesos para el siguiente año.
- “Los recortes a organismos como Profepa, Conafor, Conanp limitan la capacidad operativa en áreas clave como vigilancia ambiental, protección de áreas naturales y manejo forestal.
- Aunque existen instrumentos como el anexo para la adaptación y mitigación al cambio climático, los programas incluidos no garantizan acciones directamente vinculadas con dicho objetivo”, replicó el CIEP.
Entre las dependencias para las que se proyecta un recorte presupuestal se encuentran: la Semarnat, con una baja de 4 %; la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con una disminución de 4.8 %, y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), con 3 % menos que en 2025.
- De acuerdo con la organización NOSSA, el proyecto de presupuesto de 2026 contempla 1 mil 002 millones de pesos para la Conanp, lo que implica 10.22 pesos por hectárea natural protegida.
- Aunado a ello, el gasto funcional en protección ambiental disminuyó de 17 mil millones de pesos en 2025 a 16 mil millones de pesos en el proyecto de presupuesto. Esto implica una disminución de 7.3 %.
“La reducción respecto a 2025 muestra que las políticas de conservación no son una prioridad, a pesar de la crisis climática global y los compromisos internacionales. El PPEF 2026 destina sólo 0.1 % del PIB al medioambiente”, señaló NOSSA./PUNTOporPUNTO
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