Latinoamérica destaca como cada año por las alarmantes cifras de personas desaparecidas en la región, número que no deja de crecer según el reporte de Naciones Unidas.
- Los detonantes que hay detrás de las desapariciones en América Latina dejaron de ser meramente políticos, como ocurrió en la década de 1970 y 1980 con las dictaduras militares que, según estima Amnistía Internacional, dejaron más de 90 mil desaparecidos entre 1966 y 1986. Se resumen básicamente en tres los factores que provocan las desapariciones de personas: migración forzada, crimen organizado y conflictos políticos internos de cada nación.
Pero el factor que más incide es, sin duda, el crimen organizado que suele estar detrás de las desapariciones en los casos de las rutas migratorias y de la represión política como ocurre en Venezuela y Nicaragua, por ejemplo.
«En muchos países las organizaciones criminales operan en contubernio y con la aquiescencia del Estado porque las estructuras estatales se han visto penetradas, afectadas por la actuación de la delincuencia organizada”, explica Juan Pablo Albán, relator del Comité contra la Desaparición Forzada de la Oficina de las Naciones Unidas.
Los casos más nuevos, que se han repetido en el último tiempo y se suman a los ya mencionados, son los que enumera Luciano Hazan, ex miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas. A apuntan a «las desapariciones de activistas ambientales y a favor de la tierra que ocurren especialmente en Colombia; las desapariciones ocurridas como intento de control ilegal por parte de la policía de sectores marginados, que se dan mucho en Argentina, y lo que ocurre en las rutas migratorias, sobre todo en el tránsito a Estados Unidos, víctimas del crimen organizado con cierta aquiescencia de los Estados”.
El rol del Estado y el crimen organizado
Para Rainer Huhle, miembro del Centro de Derechos Humanos de Nuremberg y académico de la Universidad Friedrich Alexander de Erlangen-Nürnberg, la mezcla del Estado con el actuar del crimen organizado representa el mayor desafío en este tipo de casos.
«Cuando uno mira los análisis de politólogos y especialista, se observa que la frontera entre crimen organizado y el Estado en muchas regiones ya no existe; entonces, si lo miramos desde una perspectiva de encontrar a quienes están detrás de las desapariciones, la situación se vuelve más difusa de lo que ya es, haciendo que tanto la búsqueda como la persecución de los perpetradores se vuelva más compleja”.
- Un ejemplo de lo que narra Huhle lo entrega el abogado Juan Pablo Albán, quien detalla otra modalidad en la que se está aplicando la desaparición forzada en naciones con conflictos políticos internos o gobiernos que han derivado en autoritarismo. Se trata del enmascaramiento de las desapariciones.
«Existe un fenómeno que se da en una frontera poco clara entre desaparición y detención arbitraria, y tiene que ver con situaciones en las que se buscan disuadir de ejercer el derecho a las libertades civiles. Lo hemos visto en Cuba, en Venezuela, se ve en Nicaragua, donde las personas desaparecidas después de cierto tiempo son presentadas ante la prensa o las autoridades reconocen que han sido detenidas, pero no dan información sobre su ubicación o no permiten el contacto con sus familiares: Eso es una fachada para evitar que el hecho se califique de desaparición”.
El camino para terminar con el dolor
Para Rainer Huhle «hay dos cosas que son urgentes: hacer más efectiva la búsqueda con organismos especializados y reforzar los órganos de la justicia que tiene la tarea de perseguir el crimen en cuestión”.
La falta de una adecuada inversión y la poca presencia de organismos especializados en este área en los países de Latinoamérica hacen que las cifras de desaparecidos sigan siendo alarmantes. De hecho, para Albán, «el número de víctimas que se registran hoy es mucho mayor al oficial (la ONU registra más de 13.000 casos en su último informe sobre acciones urgentes) debido a que el fenómeno se ha diversificado en sus factores y a la débil institucionalidad que caracteriza a buena parte de los países latinoamericanos, además de los altísimos índices de impunidad frente a la comisión de delitos que hay en nuestra región. Tampoco hay una inversión ni formación adecuada en sistemas de identificación humana, que son elementos necesarios si buscamos disminuir el número de desaparecidos”.
Medidas destacadas
Aunque México y Colombia son los países que más desaparecidos registran (115.540 y 11.640 respectivamente, según sus organismos internos) también son parte de los países que han desarrollado iniciativas que apuntan al esclarecimiento y término de las desapariciones forzadas. A ellos se suman Perú, El Salvador y Argentina. Este último ha desarrollado un buen sistema de recopilación genética.
«A pesar de las iniciativas que apuntan a establecer una maquinaria institucional especializada en la búsqueda de los desaparecidos, ningún país puede mencionarse como el más avanzado en la materia, porque ahí donde hay avances también hay retrocesos. Quizás de la combinación de los avances que se ven en los diferentes países podría surgir un modelo interesante para enfrentar el fenómeno”, apunta Juan Pablo Albán, que también es académico de la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador.
La crisis de los desaparecidos escala el pulso de México contra la ONU
El Gobierno de México se ha enfrascado en una batalla con la Organización de las Nacionales Unidas (ONU), tras la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de escalar a la Asamblea General del organismo multilateral la crisis que atraviesa el país latinoamericano en esa materia.
- El pulso de México tiene trasfondo semántico y político. A raíz del informe que el CED emitió la semana pasada, el Gobierno ha rechazado que las desapariciones en México tengan carácter de “desapariciones forzadas” y “crímenes de lesa humanidad”, con el argumento —apegado a la literalidad de esos términos— de que no se trata de una política de exterminio patrocinada por el propio Estado, como sí ocurrió en la época de la Guerra Sucia, en el siglo pasado.
El Gobierno también ha criticado las conclusiones del Comité porque —asegura— se basan en una revisión parcial de unos cuantos casos, en algunos Estados y en periodos de tiempo que no corresponden a los Gobiernos de Morena, el partido oficialista.
- La Administración de Claudia Sheinbaum ha movilizado al aparato gubernamental y político para hacer eco de esas afirmaciones, aun cuando el informe del Comité aclara que, en efecto, las desapariciones no obedecen a una directriz gubernamental, pero sí advierte de que el Estado no ha hecho lo suficiente para atender una crisis de la que los mayores responsables son los grupos criminales.
El informe final del CED fue elaborado tras más de una década de intercambio de información con el propio Estado mexicano, con organizaciones de derechos humanos y con los familiares directos de las víctimas. El periodo de trabajo también incluyó una visita de campo en 2021 y la emisión de recomendaciones urgentes. El informe del Comité concluye que en México persisten las condiciones estructurales que posibilitan el delito, que suma alrededor de 133.000 casos, a menudo con la participación o “aquiescencia” de autoridades locales, estatales y federales.
Las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores emitieron la semana pasada un comunicado en el que descalifican la resolución del CED, que consideran “tendenciosa”, carente de “rigor jurídico”, “parcial” y “sesgada”. Las dependencias señalaron que el informe no recoge las medidas que ha implementado la Administración de Sheinbaum para atajar el problema, en contraste con la inacción de los Gobiernos anteriores del PRI y el PAN.
“El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, resaltamos que en esta Administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo”, señalaron en el comunicado.
- A su vez, Enrique Ochoa, subsecretario de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos, defendió que México ha mantenido una cooperación con el Comité “ejemplar e inmensa”, pero le acusó de “exceder su mandato” por “presentar un informe con falta de rigor jurídico, ampliando indebidamente el alcance de la definición de desaparición forzada”.
- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), un órgano autónomo del Ejecutivo, asumió una postura incluso más dura y de descalificación a las oenegés que aportaron información al CED, a las que señala “por su manipulación de las demandas en materia de derechos humanos” y por su intento de “lucrar”.
La CNDH aseguró que la desaparición forzada a manos de funcionarios federales “ha venido disminuyendo desde 2018” —año de la llegada al poder de Morena— “hasta prácticamente desaparecer”. También fustigó al Comité, acusándolo de tener una “postura acomodaticia y sesgada”, pues ignora los efectos de la guerra contra el narco del expresidente Felipe Calderón y minimiza “los proyectos de transformación política de los últimos años”.
La dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, sumada al coro oficial, ha afirmado que la resolución del Comité de la ONU, “indebidamente”, clasifica como desapariciones forzadas los casos en que “el Estado no tiene participación”.
“Un informe que no distingue con precisión la responsabilidad estatal de otras formas de violencia, como desapariciones por crimen organizado o desapariciones que no tienen que ver con delitos, no solo debilita el instrumento internacional, sino que dificulta que haya respuestas efectivas”, señaló.
La dirigente morenista refirió a la nueva clasificación que ha hecho el Gobierno de las cifras de desaparecidos y que reduce a poco más de 43.000 los casos que empatan completamente con el delito (un tercio del total). “Nunca en la historia de este país se había tenido un compromiso tan firme con la búsqueda de personas desaparecidas”, sostuvo.
- El presidente del CED, Juan Pablo Albán, salió al paso de la andanada de críticas del oficialismo al trabajo del órgano técnico de la ONU. El diplomático, cuyo nombramiento, como el del resto de integrantes del Comité, fue a propuesta de los países parte, aclaró que el informe “no se limita a un periodo cerrado”, pese a que México insista en que el análisis se detuvo hasta antes de los Gobiernos de Morena.
Albán refirió que la enorme cantidad de desaparecidos en los registros oficiales “y su constante aumento son en sí mismos indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia inversa”. También señaló el agravamiento de la crisis forense, pues, a inicios de 2026, se estimaban alrededor de 72.000 restos humanos sin identificar, en comparación con los 52.000 registrados en 2021, año en que el Comité visitó el país. “El desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable”, asentó el diplomático.
- Moisés Montiel, abogado especialista en derecho internacional, explica que el análisis del CED indica claramente que en México hay una “crisis endémica” de desapariciones y que el Estado ha sido omiso en actuar frente al problema. Actuar, en amplio sentido: desde localizar a las víctimas —con vida, o bien sus restos— hasta implementar todos los mecanismos necesarios y dotarlos de recursos para revertir el patrón de sistematicidad. El especialista reconoce que hay un “costo reputacional” en la decisión de escalar el asunto a la Asamblea General de la ONU, lo que explica la renuencia del Gobierno de Sheinbaum a abrazar las conclusiones del CED y el acompañamiento que derivaría de parte del sistema de las Naciones Unidas.
“El Comité no dice que el Estado mexicano está desapareciendo gente. Sin embargo, en este punto, la vocación técnica del Comité deja de ser suficiente y todo el mecanismo se politiza”, incide. “El Comité advierte que el problema se le salió de control a México y en la Asamblea General lo jurídico deja de importar. Se vuelve un foro de golpeteo político”, agrega.
Pese a las críticas y la resistencia, no hay manera de que México eluda comparecer ante la Asamblea General de la ONU tras el informe del CED, pues se trata de una obligación adquirida por el país tras ratificar, en 2008, la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada.
“Allí, México deberá justificar que en el país no se practica de manera generalizada la desaparición por parte de particulares con aquiescencia o tolerancia del Estado”, detalla Montiel. El jurista añade que el daño a la reputación de México es una manera de obligarle a “comenzar, ahora sí, a hacer todo lo que pueda hacer”, máxime en un año tan importante para el país, con el Mundial de Fútbol en la puerta y la perspectiva de inversiones extranjeras. “Esas inyecciones de capital ¿se van a dar sobre las mínimas condiciones de seguridad física en el territorio?“, cuestiona.
Algunas cifras
- Brasil: según datos oficiales del Ministerio de Justicia y del Foro Brasileño de Seguridad Publica, en Brasil se registra una persona desaparecida cada seis minutos, lo que refleja un aumento del 3,2% con respecto a 2022, con una persistente diferencia entre personas desaparecidas y localizadas.
- Colombia: a pesar de la firma del Acuerdo de Paz entre las antiguas FARC-EP y el Gobierno colombiano en 2016, los casos de desaparición en el país siguen siendo frecuentes, debido, entre otros factores, a los ocho conflictos armados no internacionales y otras situaciones de violencia que afectan a la población.
Entre la entrada en vigor del Acuerdo de Paz (diciembre 2016) y el 31 de julio de 2024, 1.730 nuevos casos de desaparición. Aunque existe una estructura institucional robusta, la magnitud y complejidad del problema imponen retos para la búsqueda e identificación forense y la atención de las necesidades de las familias.
- México y Centroamérica: según cifras oficiales de México, en el país hay más de 100.000 personas desaparecidas y no localizadas y han sido descubiertas más de 5.600 fosas ilegales. En paralelo, organizaciones civiles han reportado la existencia de 52.000 personas fallecidas no identificadas, cifra reconocida por las autoridades mexicanas.
En América Central se desconoce con exactitud el número de personas que están desaparecidas, pues no existen registros centralizados y actualizados. Sin embargo, aunque fragmentada, la información pública y oficial existente muestra una realidad que la desaparición no es un fenómeno del pasado.
Según datos de la Unidad de Desaparecidos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) de Honduras, de 2012 a 2022 se reportaron 9.838 personas desaparecidas. En Guatemala, el Ministerio de Gobernación informó que a diciembre de 2023 había 3.245 personas mayores de 18 años desaparecidas y al menos 45.000 personas desaparecieron durante el conflicto armado interno entre 1960 y 1996.
En el Salvador entre 8.000 y 10.000 personas desaparecieron durante el conflicto armado interno entre 1980 y 1992 y más de 22.000 denuncias de personas desaparecidas se registraron entre 2014 y 2019, según datos de la Fiscalía General de la República.
Perú: La cifra de personas desaparecidas del periodo de violencia 1980 – 2000 supera las 22.550, según datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Existen dos sistemas complementarios para la búsqueda: las investigaciones penales que realiza el Ministerio Público y las investigaciones humanitarias a cargo de la Dirección General de Búsqueda del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Los datos de la crisis en México
Entre el 1 de enero de 2007 y el 26 de octubre de 2025, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas documentó un total de 338,879 personas reportadas como desaparecidas; de ese universo, 120,196 personas siguen sin ser encontradas, lo que equivale al 35.47% del total, mientras que 218,683 han sido localizadas con o sin vida.
- Unas 17,895 personas fueron ubicadas sin vida, lo que representa el 8.18% de los casos localizados.
- Los estados con más personas desaparecidas y no localizadas, desde 2007, son el Edomex (14,500), Jalisco (14,263) y Tamaulipas (13,488). A la misma fecha sumaban 131,218 personas desaparecidas y no localizadas en México./Agencias-PUNTOporPUNTO
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