Fragmentación de ORGANIZACIONES CRIMINALES envuelve a GUERRERO en una OLA de VIOLENCIA en las Calles

Dedicado casi 50 años a la evangelización, el obispo emérito Salvador Rángel Mendoza decidió “meterse entre las patas de los caballos” en Guerrero y por segunda vez en México, intentar buscar la pacificación de un estado golpeado por la violencia.

• Con la experiencia de haber impulsado la paz de Huejutla, Morelos, y de haber enfrentado el terrorismo, las bombas y los conflictos internos de Israel, el religioso mexicano sostuvo conversaciones con integrantes del crimen organizado para pactar una tregua.
• El diálogo con criminales es una de las salidas a las que están recurriendo en Guerrero para que la violencia permita una tregua.
• Ubicada en el Pacífico mexicano, esa entidad de 64,228 kilómetros de extensión territorial suma varios años inmerso en una crisis de violencia, la cual se ha agudizado en el gobierno de Evelyn Salgado, ello a pesar de que es el estado con más elementos de la Guardia Nacional y del apoyo que la federación ofreció hace más de dos años.

“Guerrero es una de las entidades con las peores condiciones institucionales del país, vemos una incapacidad de tener gobernabilidad. Me parece que lo correcto es la desaparición de poderes en el Estado”, advierte Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

Al igual que en varios estados, la violencia no es un asunto nuevo en Guerrero ni exclusivo de la gestión de la actual gobernadora: la morenista Evelyn Salgado. Al menos desde 2006, Guerrero se ha mantenido como uno de los focos de la inseguridad en México. Algunos años, los homicidios suben, otros bajan, pero lo que es cierto, es que la violencia es permanente.

• ¿Qué ha causado la violencia en Guerrero? La respuesta es multifactorial y expertos resaltan algunas razones que han contribuido: fragmentación de organizaciones criminales y nexos entre diversas autoridades con integrantes del crimen organizado.

“La situación se agravó aún más a partir de finales de 2006, cuando La Familia Michoacana comenzó a incursionar en Tierra Caliente. Desde entonces, inició en la región una escalada violenta que no ha logrado controlarse a pesar de los múltiples operativos que han desplegado las autoridades federales y estatales”, explica el texto La crisis permanente de Guerrero de Camilo Pantoja del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia El Colegio de México.

Guerrero es una de las seis entidades que concentran el 47.6% de los homicidios del país. En febrero se incorporó al top y desplazó a Michoacán.

• Por años, Guerrero ha sido clave para economías criminales y actividades como el narcotráfico y la extorsión. Ese estado fue epicentro de cultivos de marihuana y de amapola, tránsito para drogas que viajan a Estados Unidos, además alberga un puerto mediante el cual ingresa cocaína desde el sur del continente.
• Lo atractivo del estado propició que más organizaciones criminales se disputarán sus regiones. A principios de la década del 2000, el estado era controlado por una sola corporación: el cártel de Sinaloa, cargo en la entidad de los hermanos Beltrán Leyva.
• Sin embargo para 2015 eran por lo menos 10 los grupos del crimen organizado que operaban en 65 de los 81 municipios de la entidad, agrega el texto de Camilo Pantoja. Si se consideran agrupaciones locales, suman más de 25 agrupaciones, lo cual lo convierte en el segundo estado con mayor densidad criminal.

El Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Guerreros Unidos, Los Viagra, Los Rojos, Los Tlacos, Los Ardillos, La Familia Michoacana y los Tequileros, son lalgunas de las organizaciones que se disputan el territorio , de acuerdo con un analisis de la organización Insight Crime.

• Ante el auge de las drogas sintéticas, el cultivo de sustancias como marihuana y amapola dejó de ser rentable para las organizaciones, por lo que optaron diversificar sus negocios principalmente a partir de la extorsión a transporte público, comercios y centros turísticos.
• Al respecto, Rivas recuerda que la extorsión envuelve a todos los guerrerenses y es justo ese delito el que también está obstaculizando el avance en la reconstrucción de Guerrero tras el paso del huracán Otis.
• “La extorsión doblega a sectores completos de la economía”, dice el director del ONC, luego de explicar que personas que intentaron transportar materiales de construcción desde la Ciudad de México a Acapulco para reconstruir sus propiedades fueron amenazados por delincuentes.

“La delincuencia organizada los amenazó, les sacó armas y les dijo, ‘si ustedes traen material, nos los vamos a echar’, o sea, la reconstrucción de Acapulco está siendo controlada por la delincuencia organizada. Es vergonzoso lo que estamos viendo y que no haya ni un plan, ni una estrategia, ni nada”, destaca.

• Los últimos meses han sido difíciles para Guerrero. No solo fue Otis, la violencia se acentuó y en algunas regiones paralizó la actividad. Taxco y Chilpancingo fueron escenario de una ola de asesinatos, principalmente a conductores de transporte público, homicidios de autoridades como el fiscal regional en la zona de la Tierra Caliente en Guerrero, Víctor Manuel Salas Cuadras, y de Fernando García Hernández, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) y recientemente un estudiante normalista fue asesinado por un disparo de un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública.

“El Estado se está cayendo en pedazos. No puede seguir al frente del estado una señora que tenía nexos con los Beltrán Leyva, junto a su padre, que es el que realmente gobierna; él está acusado de abusos sexuales, de corrupción, de nexos con la delincuencia organizada. Si esas son las autoridades, pues a nadie nos sorprende que las víctimas están siendo abandonadas, que las instituciones se dediquen a extorsionar y a revictimizar a las personas y que la delincuencia gobierne prácticamente todas las actividades del estado”, agrega Francisco Rivas.

El experto sostiene que la corrupción y cooptación de autoridades son clave para mantener el poder de criminales. Uno de los casos fue el de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, quien se reunió con el líder de Los Ardillos.

¿Y la gobernadora?

Evelyn Salgado es la primera mujer en gobernar Guerrero. Su postulación se dio luego de que el Instituto Nacional Electoral le retiró la candidatura a su padre, Felix Salgado, por no reportar los gastos de campaña. Por lo que su gobierno ha estado bajo la sombra de su padre.

• Desde los primeros días de su gobierno, Evelyn Salgado recibió el apoyo del presidente López Obrador. Junto a 18 secretarios, presidente llegó a Chilpancingo para anunciar el «Plan de Apoyo a Guerrero» con el cual se buscaba atender la violencia.
• Cuando Otis golpeó Guerrero, el presidente viajó personalmente a Acapulco y en cuestión de horas anunció que más de 10,000 elementos de la Guardia Nacional se quedarían de forma permanente en la entidad.

“Evelyn no está sola”, es otra de las formas en las que el presidente ha manifestado su apoyo a la morenista, quien esta semana estuvo en Palacio Nacional pero evitó aceptar el llamado que reporteros le hicieron para dialogar sobre lo que sucede en su estado.

El gobierno de Evelyn salgado ha sido criticado porque en momentos de crisis guarda silencio o tarda en responder. Así sucedió con el huracán Otis, en la que tardó más de 24 horas en ofrecer un mensaje, con la masacre en la comunidad de Buenavista de los Hurtado, municipio de Heliodoro Castillo.

• Senadores del Partido Accción Nacional (PAN) propusieron la semana pasada la desaparición de poderes en Guerrero y criticaron la ausencia de la gobernadora.
• “La ingobernabilidad en ese estado ya es insostenible, la omisión de las autoridades frente al crimen organizado no tiene marco de referencia”, comentó Julen Rementería, coordinador de los senadores.
• La legisladora Kenia López Rabadán criticó que la gobernadora no defienda a los guerrerenses, por lo que sostuvo, es necesario, tomar medidas.

“Que se analice la desaparición de poderes en el estado de Guerrero y que por fin se ponga un límite al crimen organizado que está lastimando a las familias de Guerrero”, destacó.

• Ante la crisis y la polémica de su ausencia, Evelyn Salgado tomó medidas y pidió su renuncia a sus secretarios de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso y de Seguridad Pública, Rolando Solano, además, solicitó la remoción de la fiscal Sandra Luz Valdovinos, la cual fue concretada este martes 19 de marzo.

Para Francisco Rivas, las renuncias y remociones no resuelven el problema en Guerrero, son paliativos, mientras que lo que se requieren acciones contundentes, como la desaparición de poderes, asunto que debería resolverse en el Senado de la República, pero que Morena no deja pasar por contraponerse a sus intereses e imagen partidista.

Otis dejó brecha de violencia en Guerrero

La consultora Integralia difundió su informe La huella de Otis en Acapulco, un análisis de las secuelas políticas, económicas y sociales, en el cual detectó un aumento de la violencia en Guerrero tras el paso del desastre natural.

• Dentro del estado, la violencia afectó algunas regiones en mayor medida después del huracán; se formó una franja entre los municipios de Acapulco, Coyuca y Chilpancingo con altas tasas delictivas que se cruzan con la entidad, mismas que se mantuvieron en el primer bimestre de 2024.

El informe señala que una explicación a dicho fenómeno es que los grupos criminales expandieron sus actividades a otros territorios con el propósito de compensar la suspensión de sus operaciones en Acapulco y evitar el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas.

Lo anterior no solamente habría propiciado mayor violencia entre grupos criminales, sino también un incremento de la incidencia delictiva y otras actividades ilícitas no reportadas por las cifras oficiales, como el cobro de piso o el control violento de las rutas de transporte público”, explicó la consultora.

• Un elemento a destacar es que el colapso de las economías locales afectó a grupos delincuenciales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana o el Cártel Independiente de Acapulco. Delitos como el narcomenudeo y la extorsión mostraron reducciones de más de 50% en el último trimestre de 2023.
• No obstante, se monitoreó un incremento de los robos, probablemente por la falta de vigilancia y la ola de saqueos desarrollados en los días y semanas siguientes al azote de Otis.
• En los primeros dos meses de 2024 se registró un incremento de extorsiones y homicidios. Integralia recordó al respecto los videos que se mostraron en redes sociales donde miembros del crimen organizado castigan con violencia a operadores del transporte público.

“A pesar de la fuerte presencia del Ejército y la Guardia Nacional, el crimen organizado se apropió de nueva cuenta de la explotación de las economías locales, situación que podría recrudecer en los próximos meses, pues Guerrero atraviesa una profunda crisis de gobernabilidad que ha motivado un cambio abrupto de los titulares de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, lo que no augura necesariamente mayor eficacia en el combate al crimen organizado”, expuso el informe.

En las últimas semanas se registró el control de grupos criminales sobre las economías locales en el puerto de Acapulco, exhibiendo la profunda debilidad institucional de Guerrero, insistió.

Rezago social

Otra temática que documentó Integralia es el rezago social que se vive en Acapulco tras el paso del huracán Otis, el cual se refleja en la falta de acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo. La población sin derechohabiencia a servicios de salud representa 41% y las viviendas con piso de tierra llegan a 33.3%.

• Las casas que no disponen de agua entubada de la red pública representan 17.9%, los hogares sin drenaje son 9.4% y los que no disponen de un excusado son 0.9% del total en la entidad.
• En materia de educación la población de 15 años y más con educación básica incompleta es de 22% y la de 6 a 14 años que no asiste a la escuela es de 12%. El análisis de la consultora mostró además que la reconstrucción de Acapulco después del paso de Otis evidenció la profundización de las desigualdades sociales, puntualizó.

“Se observa una tendencia donde las zonas con mayores niveles de bienestar reciben más apoyo, mientras que las comunidades menos desarrolladas quedan en desventaja en el proceso de reconstrucción que no alcanza a llegar a las zonas marginadas de Acapulco”, recalcó.

Los hallazgos del análisis detallaron que el huracán Otis tuvo un impacto profundo y diverso en los indicadores de rezago social en Acapulco, que afectó de manera negativa sobre todo en la educación, la salud, las condiciones de vivienda, y el acceso a servicios básicos, lo cual plantea desafíos en la recuperación y el desarrollo sostenible de la comunidad a futuro.

“La reconstrucción ofrece una oportunidad para rectificar desigualdades históricas y construir una base más sólida para el futuro de todas las comunidades afectadas, asegurando que los esfuerzos no solo reparen los daños, sino que también promuevan una mayor equidad y resiliencia”, subrayó el estudio.

• Indicó que la respuesta gubernamental a la emergencia presentó áreas críticas que requieren mejoras, en especial, en la efectividad de la asignación de los apoyos, ya que la aplicación de programas de asistencia tuvo efectos mixtos; por un lado se benefició a la economía de la población y, por el otro, desincentivó la búsqueda de empleo.

El resultado de dicho análisis, agrega, resaltó la necesidad de una mejor planificación y respuesta ante el desastre natural, ya que las medidas emprendidas no han sido suficientes para reactivar una ciudad turística, donde las brechas de desigualdad social se han ampliado, y solo entre 10% y 15% de los negocios lograrán abrir a principios de 2024, mientras otros cerrarán definitivamente por falta de apoyo. a tuvo efectos mixtos; por un lado se benefició a la economía de la población y, por el otro, desincentivó la búsqueda de empleo.

La solución al problema de violencia en Guerrero no es la desaparición de Poderes: expertos

De acuerdo con analistas en asuntos constitucionales, de seguridad y políticos, aseguraron para El Economista que en Guerrero presenta un serio problema de Estado de derecho, gobernabilidad y violencia; sin embargo, la solución no es decretar la desaparición de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; lo que sí se requiere, y con urgencia, son acciones contundentes desde la federación y el ámbito local, y que se convoque a un gran pacto estatal de reestructuración y de combate a la impunidad.

Para la exdiputada federal guerrerense, Ruth Zavaleta, la solicitud de desaparición de Poderes es un asunto relacionado con cuestiones políticas.

Dijo que además de considerar si se reúnen o no los votos necesarios en el Senado para que una propuesta de este tipo prospere, debe de contar con el respaldo del Presidente de la República.

• La exlegisladora comentó que antes de votarse el caso en el Senado, se tendría que hacer una investigación en Guerrero para constatar si se cumplen los supuestos que plantea la ley para que proceda.

Si eso ocurre, el gobierno, el Congreso del estado y el Poder Judicial guerrerenses van a decir que cumplen con su trabajo y organizaciones no gubernamentales o sociales que estén padeciendo problemas derivados de ingobernabilidad simplemente no van a denunciarlo porque de hacerlo corren el riesgo de ser reprimidos por quienes ejercen el poder en sus comunidades.

Eso ocurre porque donde hay problemas serios que pudieran ser elementos para una desaparición de Poderes, grupos de criminales o de poder controlan la vida en esos lugares.

La reconocida política guerrerense y doctora en Derecho consideró que lo que se necesita en esa entidad es un acuerdo en el que participen todos los sectores.

Para restaurar la gobernabilidad en Guerrero se necesita un gran pacto de reestructuración y de combate a la impunidad y la violencia.

Por ello indicó que se requiere que la gobernadora convoque a todos los sectores, tanto los legalmente constituidos como sociales y construir un verdadero proyecto de conciliación.

En ese sentido, mencionó que es necesario llevar a cabo la compleja tarea que implica reconstruir el tejido social y para ello hay que tomar en cuenta que hasta los delincuentes son ciudadanos y resulta inaceptable que los jóvenes guerrerenses se estén matando entre ellos, simplemente porque están metidos en bandas criminales antagónicas.

Combatir la violencia que padece requiere intervención local y federal

Francisco Rivas, director General del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), se manifestó en favor de la desaparición, pero solo del poder Ejecutivo en Guerrero, debido a que esa entidad se encuentra en una profunda crisis de inseguridad y, de continuar las cosas como están, la situación irá empeorando.

• En su opinión, generar condiciones de seguridad en Guerrero requiere de la implementación de una serie de medidas tanto desde el ámbito federal como estatal y municipal.
• Llamó la atención en que los estados no tienen competencia para combatir la delincuencia organizada, pero aquí la situación se agrava porque muchos delitos del fuero común son cometidos por integrantes de la delincuencia organizada.

Puso como ejemplo el desbordado problema de la extorsión que afecta a esa entidad y el control de cadenas de producción y distribución de productos como el pollo y huevo, cigarrillos y cerveza, hasta la que afecta a la industria restaurantera.

Eso implica que para solucionar el problema hay tramos de responsabilidad municipal, estatal y federal.

Además, en la solución de esa problemática es necesario involucrar al sector social y al sector productivo, no confrontarse con ellos, remarcó.

Asimismo, garantizar el flujo de presupuesto, por ejemplo, para fortalecer a los cuerpos policiacos estatal y municipales que llevan años sin un centavo para ello.

• Dijo que un ejemplo de la gravedad de la situación es que cuando ocurrió el desastre por el paso del huracán Otis en Acapulco, saquearon cajeros automáticos, abrieron bóvedas de bancos y saquearon negocios en un lugar que estaba lleno de efectivos de la Guardia Nacional.

Por su parte el abogado constitucionalista, Francisco Burgoa, mencionó que estamos ante un asunto indudablemente político, pues, aunque esa entidad acusa serios problemas de inseguridad, ingobernabilidad e, incluso, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, no está cumpliendo con su trabajo, puesto que la situación la ha rebasado, no se cumple con lo que establece la ley para una declaratoria de esa naturaleza.

¿Qué dice la Constitución y ley secundaria respectiva?

De acuerdo con la Constitución mexicana, es facultad exclusiva del Senado “declarar cuándo hayan desaparecido los Poderes en alguna entidad federativa».

En tanto, la Ley Reglamentaria de la Fracción V, del Artículo 76 de la Constitución establece que corresponde exclusivamente a la Cámara de Senadores determinar que se ha configurado la desaparición de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de un estado y hacer la declaratoria de que debe nombrarse un gobernador provisional. El reglamento especifica que se configura la desaparición de los Poderes de un estado únicamente en los casos de que los titulares de los poderes constitucionales:

• “I.- Quebrantaren los principios del régimen federal. II.- Abandonaren el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor.
• III.- Estuvieren imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos o con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico.
• IV.- Prorrogaren su permanencia en sus cargos después de fenecido el periodo para el que fueron electos o nombrados y no se hubieran celebrado elecciones para elegir a los nuevos titulares.
• V.- Promovieren o adoptaren forma de gobierno o base de organización política distintas de las fijadas en los artículos 40 y 115 de la Constitución General de la República”.

Al respecto, Francisco Burgoa consideró que no se cumple con ello. Además, recalcó que la desaparición de poderes implica no solo al Ejecutivo, cuya titular es la gobernadora Salgado Pineda, sino también al Legislativo y el Judicial.

Una declaratoria de desaparición implicaría que se ha corroborado que ninguno de los tres poderes está funcionando.

En su opinión, a la mandataria guerrerense se le puede acusar de incompetencia, e incluso promover un juicio de procedencia en su contra, pero no hay elementos que justifiquen la desaparición de poderes.

Burgoa comentó que si bien de 1917 a 1975 cuando se declaró la más reciente declaración de desaparición de poderes (fue en el estado de Hidalgo) se realizaron 62 desapariciones de poderes, lo cual es una muestra de que se hizo un abuso de esa posibilidad, desde 1978, cuando se aprobó la ley reglamentaria en la materia no ha ocurrido ni una./Agencias-PUNTOporPUNTO