El gasto en “estado de derecho” –que incorpora los recursos para seguridad nacional, interior, justicia y asuntos de orden público– será de 2 mil 582 pesos por persona el próximo año.
En total, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2026 contempla recursos por 347 mil millones de pesos para este fin, explicó Jorge Cano, cordinador del programa de Gasto Público de México Evalúa.
- En total, los recursos efectivos destinados a estas áreas equivalen a 0.9 por ciento del producto de interno bruto (PIB) o 3.4 por ciento del gasto total, lo cual exhibe que este tema, de acceso a seguridad y justicia, que “es la mayor preocupación de los mexicanos, no está teniendo un financiamiento adecuado respecto a las necesidades que tiene el país”, apuntó.
- Agregó que al observar sólo los recursos que se destinan a subsidios en seguridad para estados y municipios, la situación se agrava. En total son 2 mil millones de pesos, 88 por ciento por debajo de los 16 mil 400 millones de pesos de 2014.
- “Que no se esté tratando de fortalecer a los municipios y a las entidades federativas desde el gobierno federal muestra que en realidad no existe una prioridad para fortalecer a las poblaciones civiles, que son la primera línea de defensa ante el crimen organizado y son las que tienen una mayor efectividad y presencia al momento de presentar casos ante el Ministerio Público”, comentó Cano.
En 2026, menos gasto en seguridad para la gente
Para 2026, el gasto destinado para garantizar el Estado de derecho por persona equivale a 2,465 pesos, esto es mil pesos menos que en 2015, además de que el costo del delito en México es 153% mayor, según estimaciones de México Evalúa.
- Un análisis refiere que, el delito tuvo un costo promedio de 6,225 pesos por víctima en 2024, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística Geografía (Inegi), es decir, esto es 153% más que lo que se invierte en garantizar el Estado de Derecho, es decir, los recursos para garantizar la seguridad y justicia.
- “Con este menor gasto lo que vemos es que la seguridad no es una prioridad, y tampoco lo es el tema de la gobernanza porque no se están destinando los recursos para garantizar el Estado de derecho en el país”, indicó Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público en México Evalúa.
El especialista explicó a La Silla Rota que lo que ven es que algunos índices de violencia han aumentado, la población ha crecido, pero los recursos no, lo que afecta la seguridad de la ciudadanía.
- “Tener menores recursos significa invertir menos en policías civiles, en instancias que brinden seguridad a las personas y esto al final afecta a la ciudadanía porque no se cuenta con lo necesario para garantizar su seguridad”, destacó el especialista.
- En 2026, propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para garantizar el Estado de derecho alcanzará 331.3 mil millones de pesos, apenas 2.5% más que en 2025, pero 97 mil millones por debajo del máximo registrado en 2015.
El organismo destaca que, en proporción a su economía, México gasta lo mismo que países seguros como Noruega, pero enfrenta niveles de violencia superiores a Colombia.
Presupuesto en mínimos históricos
México Evalúa detalla que, al excluir transferencias no relacionadas con seguridad (como fideicomisos de infraestructura de la Defensa Nacional), el gasto efectivo en Estado de derecho representa el segundo nivel más bajo en los últimos 15 años.
- De acuerdo con Ángel Ruiz Tovar, investigador del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad, existe un contraste severo entre la disminución de recursos para seguridad pública.
El estudio muestra que los tres componentes principales del presupuesto destinado a garantizar el Estado de Derecho presentan recortes significativos respecto a su punto máximo histórico:
- Asuntos de Orden Público (policías civiles): 62.3 mil millones de pesos, 31% menos que hace 12 años.
- Seguridad Nacional (Sedena y Marina): 138.4 mil millones, 20% por debajo de 2015.
- Justicia: 130.6 mil millones, una caída de 28% respecto a 2016.
Jorge Cano advirtió que esta tendencia prolongada de desinversión en seguridad y justicia limita la capacidad del Estado para prevenir, investigar y sancionar delitos.
Inseguridad y violencia en aumento
A pesar de un repunte marginal del presupuesto para 2026, la violencia y la percepción de inseguridad continúan en aumento.
- Entre enero y septiembre de 2025, los homicidios dolosos, feminicidios y desapariciones mostraron tendencias al alza en 17 entidades del país.
Por su parte, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi reveló que 63% de la población adulta se siente insegura en su ciudad, una cifra que no ha mejorado pese al aumento marginal del gasto en seguridad.
Expertos advierten desequilibrio estructural
México Evalúa ha insistido en la necesidad de reorientar el gasto público hacia el fortalecimiento institucional y la mejora de las capacidades de procuración de justicia, en lugar de privilegiar el gasto militar o administrativo.
- El centro de análisis advierte que mantener un nivel de inversión insuficiente aumenta la brecha entre los costos sociales del delito y la capacidad del Estado para enfrentarlo.
“México sigue gastando más en reparar los daños del crimen que en prevenirlos”, señala el organismo en su informe más reciente.
México retrocede tres lugares en Índice de Estado de Derecho en 2025
México retrocedió tres posiciones en el índice de respeto al Estado de Derecho 2025 que elabora el World Justice Project, con lo que se ubicó en el lugar 121 entre 143 países considerados.
- Inmediatamente antes de México, se encuentran Rusia, Turquía, Guinea, Honduras, Nigeria, El Salvador, Angola, Madagascar y Togo.
- En el mismo comparativo, identificaron como los líderes en respeto al Estado de Derecho a Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia y Nueva Zelanda.
Si hacemos un acercamiento al desempeño mexicano en los últimos 10 años, donde se retrata el liderazgo de los gobiernos de Enrique Peña Nieto; Andrés Manuel López Obrador y el arranque del que lleva Claudia Sheinbaum, se puede ver un retroceso en aspectos como la protección de derechos fundamentales, la justicia civil y la erosión de los contrapesos institucionales.
Factores que han destacado el American Chamber of Commerce y el Atlantic Council, como factores de riesgo en los procesos de revisión del T-MEC.
- El índice está integrado por ocho subcomponentes: contrapesos al poder gubernamental; ausencia de corrupción; gobierno abierto; derechos fundamentales; orden y seguridad; cumplimiento de la ley; justicia civil y justicia penal.
- El que corresponde a orden y seguridad, México se ubica en la posición 132 de 143 países evaluados.
- En ella incorporan sectores como control efectivo al crimen organizado, recurrencia de personas a la violencia para resolver agravios así como conflictos civiles efectivamente limitados.
En el que corresponde a contrapesos del poder cayó en dos escalones del lugar 106 al 108 Este segmento incorpora la evaluación de límites al poder gubernamental por la legislatura; límites al poder gubernamental por parte del poder judicial; independencia de órgano auditor; transición de poderes sujetos a la ley y ejercicio del poder público sin influencia de poderes fácticos.
Cabe destacar que la evaluación divulgada corresponde al ejercicio del año 2024, que incorpora el último año de gobierno del ex presidente AMLO.
Corrupción y justicia criminal, entre los peor calificados
- El sector de ausencia de corrupción, que también forma parte del índice, es uno donde México sale entre los peor calificados de los 143 países.
- En este segmento ocupa el puesto mundial 134 de 143 países, es decir, solo nueve lugares arriba del que tiene las peores calificaciones.
- Apenas rebasa al último del comparativo, que es la República del Congo; a Camboya, Bolivia, Haití; Camerún, Gabón; Kenia; Venezuela y Uganda.
Integran este factor, subíndices como la evidencia de que el poder ejecutivo no utiliza su posición de poder para obtener ganancias privadas; evidencia de que ningún representante del poder judicial ocupa su posición para obtener ventajas privadas; lo mismo para representantes del poder legislativo; policías y militares.
- En otro subíndice donde tiene México las peores calificaciones es el de justicia criminal, donde se ubica en la posición 135 de 143 países. Apenas rebasa a los últimos de la fila: Venezuela, Bolivia, El Salvador; Myanmar, Camerún; Haití, Afganistán y Nicaragua.
- En este segmento califican el sistema de investigación criminal; eficiencia y oportunidad de acciones del sistema de investigación criminal; imparcialidad de juicios y evidencia de que no hay corrupción en el sistema de investigación criminal.
Autoritarismo precipita caída del respeto a la ley
En el documento pusieron de relieve que “el auge del autoritarismo está ocasionando retrocesos del Estado de Derecho, pues están reduciendo el espacio cívico así como el debilitamiento de los pesos y contrapesos al poder.”
- En el informe destacan que el 68% de los países evaluados por el World Justice Project en su índice de cumplimiento de la ley, redujeron sus calificaciones en este año.
El índice muestra que los sistemas judiciales están perdiendo terreno frente a los excesos del poder ejecutivo en la mayoría de los países con una creciente injerencia política en los sistemas de justicia.
- El WJP es una organización independiente internacional y multidisciplinaria que trabaja para mejorar el Estado de Derecho en el mundo. Entiende al respeto al Estado de Derecho como un sistema de gobernanza.
- En el que se cumplen cuatro principios universales: rendición de cuentas; leyes justas; gobierno abierto y mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas.
- De acuerdo con ellos, un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, protege a las personas de hechos injustos y combate a la pobreza, porque es el sustento de la igualdad, oportunidades y paz.
WJP comenzó en 2006 como una iniciativa de la American Bar Association bajo el liderazgo de William H Neukom. Y se ha convertido en una organización sin fines de lucro desde el 2009.
Sheinbaum delinea sus prioridades de gasto: menos para seguridad
El Congreso mexicano se dispone a desahogar la próxima semana el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026. Es el segundo de la presidenta Sheinbaum, que se escuda en una ‘Policía Federal 2.0’ para afianzar la estrategia de seguridad en México, pero el primero que ha trazado de principio a fin su Administración ya sin el ojo de su antecesor y que resulta en una radiografía de las prioridades de su Gobierno.
- Hasta el momento no ha sufrido cambios respecto a la propuesta original entregada a la Cámara baja por la Secretaría de Hacienda, en donde los egresos llegan a 10,2 billones de pesos, un aumento del 5,9% respecto al de 2025.
- En la propuesta, la Secretaría de Energía tiene asignados 267,4 millones de pesos, un sustancial incremento de 86,8% respecto al año anterior, el mayor aumento del gasto federal para el próximo año.
- En paralelo, Petróleos Mexicanos (Pemex) —el gran lastre de las arcas públicas del país— se lleva nuevamente una bolsa millonaria de 517,3 millones de pesos, un alza de 7,7%. De ese total, 249,8 millones de pesos van a inversión.
Sheinbaum ha apostado a que sea el último desembolso millonario para la paraestatal que se mantiene en números rojos y representa el 46,6% del gasto total y el 90% de la inversión.
- En el universo de cifras que se dibujan en el gasto para el segundo año de la presidenta mexicana —cuando debe apuntalar las prioridades y metas de su sexenio—, los números chocan con el discurso.
- La Estrategia Nacional de Seguridad, la gran apuesta de la mandataria que ha requerido de un puñado de cambios constitucionales y legales y parte de los siete ejes de su Plan Nacional de Desarrollo, hoy enfrenta un impasse.
- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), comandada por Omar García Harfuch, sufre un recorte de 10,3 millones de pesos respecto a 2025, equivalente al 18%.
La narrativa de que la Guardia Nacional ha pasado a manos del Ejército —como respuesta a la reducción en seguridad— contrasta con los números planteados. Ese cuerpo uniformado tiene programada una bolsa de 23,5 millones de pesos, 12.000 millones menos que el ejercicio fiscal anterior.
- La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados ha marcado la ruta para iniciar, este lunes, con la discusión. Morena ha ganado tiempo para cumplir con el requisito de distribuir el dictamen cinco días antes de que se someta a debate.
Mientras, este fin de semana, sobre la mesa de la Secretaría de Hacienda de Edgar Amador, se resuelve la reasignación de una bolsa de entre 17.000 y 18.000 millones de pesos que han de salir de los recortes que el oficialismo prepara en detrimento de las solicitudes presupuestales de los poderes autónomos: un poco al Poder Judicial, al Tribunal Electoral y al Instituto Nacional Electoral (INE), igual que un año atrás, los más afectados.
- Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara baja, cercano a Sheinbaum y con el pulso de la política económica de la Administración, ha adelantado que las reasignaciones se harán durante la discusión en la Comisión de Presupuesto.
- Aunque todo apunta a que los cambios se lleven hasta el debate en el Pleno, una fórmula que ha venido aplicando el oficialismo para meter modificaciones de última hora a temas de calado propuestos desde la presidencia.
“Todo es provisional. Hay que reasignar y hacer correcciones”, ha dicho este viernes Ramírez Cuellar. El legislador, que sigue de cerca el tira y afloja del techo presupuestal, se ha referido a la bolsa millonaria que se ha asignado a Pemex y que pretenden que sea la última.
“Esperamos que a partir de 2027 Pemex tenga un nivel de capitalización mayor”, lanzó. La realidad se aparta de los pronósticos optimistas. Pemex anotó pérdidas por unos 61.242 millones de pesos -unos 3.300 millones de dólares- durante el tercer trimestre del año.
- El mapa de prioridades de Sheinbaum viene condicionado por el corto margen de maniobra que le deja Pemex y el pago de la deuda, que para 2026 llegará a representar el 52,3 % del PIB con un endeudamiento neto del 4,1 % del PIB y un costo igualable.
- La mayor parte del gasto lo absorbe el pago de intereses, relegando la inversión y otros gastos prioritarios. El Gobierno de Sheinbaum ha aumentado en 21,3 % lo asignado a inversión hasta 1,25 billones de pesos, el 12,4 % del gasto neto total y el 3,2 % del PIB.
- La apuesta de inversión física son los sectores de infraestructura contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo: Pemex, con el 46,6 %; los proyectos de nuevos y viejos trenes, con el 19,7 %, y la otra empresa del Estado, la CFE, con el 11,5 %.
Las rutas de ferrocarril encabezan el rubro de infraestructura. Con una inversión de 104,6 millones de pesos para 2026, se busca arrancar con los nuevos trenes que correrán entre México-Querétaro, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles-Pachuca, Saltillo-Coahuila-Nuevo Laredo, Tamaulipas; Querétaro-Irapuato; Querétaro- San Luis Potosí; Irapuato-Guadalajara; San Luis Potosí-Saltillo; y el mantenimiento al Tren Maya.
Rubros en Salud, Educación, Medio Ambiente y Mujeres
La meta de fortalecer los derechos a la educación y a la salud asentados en el Plan Nacional de Desarrollo choca también con el reparto del gasto público. Salud, Educación, Medio Ambiente y Mujeres no han corrido con la misma suerte presupuestal.
- El piso de gasto para inversión en salud se prevé en 996,5 millones de pesos, un aumento de 55,5 millones respecto a 2025, equivalente a 2,6 % del PIB. Con todo, está por debajo del 6 % mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, ha dicho la oposición.
En Educación, las cifras transitan por el mismo camino, aunque se han matizado. El gasto educativo total previsto es de 1,24 billones de pesos, el 3,2% del PIB, un aumento de 3,0% respecto a 2025.
- La apuesta de Sheinbaum, según sus prioridades de gasto, recae en la educación básica [preescolar, primaria y secundaria], aunque esto obedezca al aumento del 58,5% a la beca Rita Cetina.
- En contraste, hay bajas del 7,9% en educación media superior; del 5,6 % en educación superior y del 6,3% en posgrado. Las promesas sobre la protección al medio ambiente y los recursos naturales, contenidas en el proyecto de Gobierno, han sido desplazadas del presupuesto.
- El gasto en medio ambiente ha sufrido una reducción por tercera ocasión. La bolsa para el próximo año es de 44.000 millones de pesos, un decrecimiento del 4% respecto a 2025.
En cuanto a la Secretaría de las Mujeres, una dependencia cuya creación tiene la firma de la mandataria, el presupuesto es de 2,1 millones de pesos para el siguiente año, esto es, un recorte del 2,4% en comparación con el año anterior. “Todo eso [seguridad, salud, educación] va a sufrir modificaciones, cualquier cifra ahora es una aventura”, ha zanjado el vicecoordinador.
El bloque oficialista, encabezado por la mayoría parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, se ha puesto como meta la próxima semana para aprobar el presupuesto de egresos 2026, con la resistencia estéril de una oposición que se prepara para intentar dar la batalla en el debate.
Golpe al CJNG en España
La Policía española anunció este martes haber desmantelado la “oficina” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en España, encargada de introducir en Europa “grandes cargamentos de cocaína y metanfetamina desde Sudamérica”.
- La operación, que contó con la colaboración de la DEA y la policía de Países Bajos, consiguió arrestar a 20 personas, dos de ellas “objetivos prioritarios de la agencia estadounidense DEA desde hace años”, según indicó en un comunicado la Policía Nacional, que no identificó a los detenidos.
Entre los sospechosos figuran miembros de la Camorra italiana, que estaban a cargo de la distribución internacional desde España. Del total de detenidos, 15 fueron puestos en prisión preventiva.
El CJNG, con presencia en todo México y en varias regiones del mundo, es uno de los grupos criminales designados a inicios de año como “organización terrorista extranjera” por el gobierno estadounidense de Donald Trump.
- La investigación comenzó meses atrás, cuando la policía española detectó un cargamento de cocaína llegado a España, oculto “en maquinaria industrial de gran tonelaje”, según el comunicado.
- Posteriormente, los investigadores comprobaron que la droga era almacenada en fincas ubicadas en la región de Madrid y en la contigua provincia de Ávila, desde donde era distribuida a otros lugares de España.
- La policía descubrió que el mes pasado la red hizo un primer envío de droga a Italia, “a través de un capo de la camorra napolitana perteneciente al clan Amato-Pagano”, indicó el comunicado.
Las autoridades confiscaron a la organización criminal casi 2 toneladas de cocaína, 375 kilos de anfetamina, armas, dinero en efectivo, criptomonedas y 15 vehículos./ PUNTOporPUNTO
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