El Gobierno de México ha inaugurado una nueva etapa de tensiones con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a raíz del último informe que señala que las desapariciones de personas son un crimen de lesa humanidad que se practica de manera generalizada y sistemática en el país latinoamericano.
- La decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de solicitar que la crisis de México sea remitida urgentemente a la Asamblea General de la ONU ha motivado una dura respuesta de rechazo por parte del Gobierno de Claudia Sheinbaum, que insiste en responsabilizar por las desapariciones exclusivamente al crimen organizado y en destacar los esfuerzos institucionales de su Administración para contener el problema.
Este lunes, Sheinbaum ha enfatizado que el estudio del CED se basó en el análisis de unos cuantos casos, en algunos Estados y en periodos de tiempo anteriores a la llegada al poder de Morena, su formación política, en 2018. Sin embargo, el informe también incluye ejemplos más recientes, y señala que en México prevalecen condiciones estructurales que propician la comisión del delito, que suma más de 133.000 casos, a veces con la participación o “aquiescencia” de autoridades locales, estatales y federales.
- El Comité de la ONU se centró en casos documentados en Coahuila entre 2009 y 2016; Nayarit entre 2011 y 2017, y Veracruz entre 2010 y 2016. Las fechas corresponden a Gobiernos distintos de Morena, principalmente del PAN y el PRI, que es la base de la defensa de Sheinbaum.
“No tiene nada que ver con los Gobiernos de la Cuarta Transformación [el movimiento político del oficialismo]”, ha sostenido la mandataria. No obstante, el informe también menciona las 28.880 desapariciones reportadas entre enero de 2023 y abril de 2025 en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, periodo que abarca el final del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y principios del de Sheinbaum. Tan solo en Jalisco, el Estado con mayor número de desaparecidos, la Fiscalía ha procesado, de 2018 a 2025, 205 fosas clandestinas en 19 municipios, donde se localizaron los cuerpos de 1.959 personas. En Guanajuato, dice el informe, el número de desaparecidos “se ha multiplicado por ocho” de 2017 a 2025, y en Tabasco las desapariciones “han tenido un incremento exponencial en 2024 y 2025, con niñas y jóvenes como principales víctimas”.
El informe ha llegado en un momento en que México ha elaborado una reinterpretación de las cifras oficiales de desaparecidos. En el nuevo conteo se señala que solo una tercera parte del total —43.128 registros— corresponde a personas de las que no se ha sabe nada y que no han reportado alguna actividad desde que fueron inscritas como desaparecidas; el resto se trata de personas que registraron alguna actividad —como usar el sistema bancario o acudir a los servicios de salud— o de las que no existe suficiente información como para iniciar su búsqueda —por ejemplo, personas de las que solo se ha registrado un alias—.
- Las desapariciones alcanzaron estatus de crisis en el marco de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el expresidente Felipe Calderón en 2006 y hoy constituyen una de las mayores afrentas de México. El problema ha rebasado a los Gobiernos, en cuya ausencia han tomado protagonismo los colectivos de búsqueda integrados por los familiares de las víctimas de desaparición.
México ha rechazado las conclusiones del CED en el sentido de que las desapariciones forzadas son una práctica sistemática. Su principal argumento es de índole formal y apunta a que no se trata de una política emanada del Gobierno, como lo fue durante la Guerra Sucia, cuando se utilizó como instrumento de represión de grupos disidentes.
La ONU, que concede que “no hay indicios bien fundados de que esto constituya en sí misma una política federal para la comisión de tales actos”, pone de relieve las omisiones del Estado en la prevención, la investigación y el castigo del delito. Eso, sin contar los casos documentados en los que participaron funcionarios gubernamentales corruptos, “siendo de las más comunes las detenciones ilegales de personas por parte de autoridades para entregarlas a grupos criminales o liberarlas y desaparecerlas. También destaca el uso, en ocasiones, de recursos públicos para la comisión de desapariciones forzadas, incluidos vehículos e instalaciones oficiales”.
El Comité de la ONU señala que, institucionalmente, las condiciones no han mejorado respecto a años anteriores en que hizo visitas a México y emitió recomendaciones. A pesar de que se reconoce la creación de fiscalías especializadas de búsqueda y la aprobación de leyes en la materia, “el número de personas desaparecidas sigue aumentando y la crisis forense y la impunidad continúan prevaleciendo”, además de que “no se ha hecho rendir cuentas a los responsables de alto nivel” y “las autoridades responsables siguen sobrepasadas por la magnitud del crimen”.
“Se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio nacional, frente a la cual imperan una impunidad casi absoluta y la revictimización”, dice el informe. Sobre la impunidad, refiere que esta obedece en gran parte a la corrupción, “en particular por parte de la judicatura local y los gobiernos estatales, lo que impediría investigaciones genuinas”.
El CED señala que, en 2025, tres Estados representaban el 37% del total de fosas clandestinas reportadas en el país de acuerdo con las fiscalías estatales: Sonora, con 972 fosas; Veracruz, con 523 fosas, y Tamaulipas, con 541 fosas.
- A propósito de Jalisco, se pone de ejemplo el caso del Rancho Izaguirre, utilizado como centro de adiestramiento del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y donde colectivos de búqueda hallaron pertenencias de personas desaparecidas, al punto de que se habló de un posible campo de exterminio. El Comité de la ONU afirma que en ese caso, como en otros, fue claro el involucramiento de funcionarios públicos.
“La participación de expolicías en el reclutamiento por parte del CJNG en el rancho sugiere además el posible apoyo o aquiescencia de ciertas autoridades estatales”, indica.
Sobre los fallos estructurales que persisten, el CED señala el hecho de que las autoridades suelen investigar las desapariciones mediante otros tipos penales (como homicidio, secuestro o delicuencia organizada); indica que las comisiones de búsqueda carecen de recursos humanos y financieros, amén de que su personal trabaja en condiciones de precariedad laboral; también señala —retomando a Amnistía Internacional— que la narrativa oficial, consistente en culpar al narco del problema, incurre en “una simplificación del fenómeno de desapariciones en el país que ignora que en muchos de estos casos el crimen organizado opera con la autorización, apoyo o aquiescencia de las autoridades”.
La abogada Melissa Ayala aclara que el informe y la decisión de presentar el asunto a la Asamblea General de la ONU no es una condena a México, sino un diagnóstico que le permitiría recibir ayuda institucional del sistema internacional para atender la crisis.
“No dice que es el Estado el que está cometiendo las desapariciones, sino que la falta de políticas, la impunidad y la existencia de ciertos funcionarios públicos permite que esto se esté dando de manera generalizada en todo el país”, refiere.
“No se está emitiendo esta decisión con el afán de dañar al Estado mexicano, sino que se hace desde una postura de respeto institucional”, agrega. Para la jurista, la respuesta de México en términos de rechazo convierte al informe en una “oportunidad perdida”. “Debemos ver esta decisión como un diagnóstico de algo que vemos todos los días, independientemente de la postura ideológica que tengamos”, señala.
Sin resolver, 67% de las desapariciones forzadas en México
- En México se han denunciado, de manera oficial, 1,436 casos de personas víctimas de desaparición forzada; de las cuales 962 (67%) siguen sin ser localizadas, otras 390 (27%) han sido ubicadas con vida, aunado a 84 casos (6%) de personas que han sido localizadas, pero sin vida.
- De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), desde diciembre de 1952 y hasta ayer, el mayor número de casos de desapariciones forzadas se presenta en entidades con alta presencia del crimen organizado como lo son Sinaloa, donde se han reportado 206 casos; le siguen Sonora (172); Tamaulipas (162), Zacatecas (127) y Guerrero (98).
- Si consideramos solo los casos de personas de las que todavía se desconoce su ubicación, casi los mismos estados lideran, pero en diferente orden: Sonora (132); Sinaloa (127); Tamaulipas (105); Guerrero (83) y se suma Baja California (71).
Aunque este delito impacta en su mayoría a hombres con 1,172 casos (81.62%), también se han reportado a 261 mujeres (18.18%) víctimas. En ambos casos, los rangos de edad van de los 15 a los 55 años, con la mayoría de las víctimas teniendo entre 20 y 35 años al momento de su desaparición.
Es relevante destacar que fue a partir de 2018, año en el que entró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando las cifras de desapariciones forzadas se elevaron de manera considerable, ya que en 2017 se tenía el reporte de sólo 26 casos, y para 2018 la cifra se elevó a más de doble, con 66 casos. Desde entonces, los reportes fueron creciendo, llegando a máximo histórico en 2024 (año en el que concluyó el gobierno de López Obrador), con 239 reportes de los cuales 71 personas seguían desaparecidas a la fecha.
Mientras que en el primer año de Claudia Sheinbaum (2025), el número de casos llegó a 181, de los cuales 136 siguen sin ser localizados.
- En este contexto, las cifras oficiales también muestran que a la fecha se ha reportado la desaparición, por diversas circunstancias de, al menos, 395,476 personas en todo el país. De ellas, el 33.6%, es decir, 132,854, siguen desaparecidas; mientras que 21,964, fueron localizadas pero sin vida.
Cabe señalar que la desaparición forzada se trata del arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad no reconocida y realizada por agentes del Estado, es decir, hecha por servidoras o servidores públicos, o bien, por personas o grupos que actúen con la autorización, el apoyo o la aprobación del Estado.
La desaparición forzada se caracteriza por la negación de las autoridades a reconocer dicha privación de la libertad y por la ocultación de información sobre la suerte o el paradero de la persona desaparecida, por lo que es considerado un delito grave.
ONU responde a México por informe sobre desapariciones
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) respondió a las críticas del Gobierno mexicano y de actores políticos tras su reciente informe sobre la situación de desapariciones en el país.
A través de su presidente, Juan Pablo Albán, el organismo defendió la legalidad de su actuación y pidió preservar el respeto institucional, subrayando que su objetivo es fortalecer la cooperación internacional en favor de las víctimas.
- En un posicionamiento público, Albán explicó que los órganos de tratados “sí formamos parte del Sistema de las Naciones Unidas” y que su función es supervisar el cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por los Estados. Añadió que los integrantes del Comité son elegidos por los propios países y actúan con independencia.
- Respecto al procedimiento aplicado, señaló que el artículo 34 de la Convención permite llevar el tema ante la Asamblea General cuando existen “indicios bien fundados” de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas. “Nuestra decisión no es una remisión o informe dirigido al OACNUDH, sino al máximo órgano deliberante de la ONU”, precisó.
También rechazó que el análisis se limite a administraciones pasadas, al afirmar que evalúa la evolución del fenómeno hasta la actualidad. Citó datos que reflejan más de 132 mil personas desaparecidas registradas y un aumento constante, así como cerca de 72 mil restos humanos sin identificar en 2026.
Llama a evitar descalificaciones
El presidente del CED sostuvo que “el desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable”, en referencia a las críticas del Gobierno mexicano, que calificó el informe como parcial y sesgado. La Secretaría de Gobernación ha defendido que no existe una política estatal de desapariciones y ha destacado avances institucionales recientes.
En este contexto, el Comité reiteró que su procedimiento tiene carácter preventivo. Asimismo, insistió en que el objetivo central debe ser “fortalecer la prevención, la búsqueda y la investigación” de los casos.
Informe de desaparecidos de la ONU se rechazó porque cifras correspondían a un análisis de 2009 a 2016: Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el gobierno de México rechazó el informe del Comité contra Desapariciones Forzadas (CDF) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) porque extrapoló a 2025 la cifra de un análisis que hizo del periodo de 2009 a 2016.
En la conferencia matutina de hoy, informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores explicará con mayor detalle las razones del rechazo al reporte de ese comité, pero adelantó que ese documento presenta un análisis de cuatro entidades de la República de un periodo de la época neoliberal, pero los resultados los extendieron a 2025.
Subrayó que además es una investigación que queda fuera de lo que estipulan los estatutos de esta comisión y de la ONU sobre la caracterización de la desaparición forzada y por ello se rechazó el documento.
“No fueron consideradas las acciones que hemos hecho y no tiene nada que ver con los colectivos, la solidaridad con los familiares buscadores y el trabajo que hacemos de la alerta y erradicar el delito de la desaparición vinculado con la delincuencia organizada”, aseveró la mandataria federal.
- El pasado viernes la Secretaría de Gobernación calificó dicho informe de “tendencioso y falto de rigor jurídico”, al señalar que omite los avances contra esa problemática que desde 2018 se trabajan, a la vez que “excede” su mandato al presentar un documento en el que amplió indebidamente el alcance de la definición de desaparición forzada.
- Esa respuesta oficial se da ante la decisión del comité de solicitar al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que remita “urgentemente” la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General para que se considere apoyar al país a prevenir, investigar, sancionar y erradicar estos crímenes.
Al respecto, esta mañana, la presidenta Sheinbaum explicó que su gobierno sigue trabajando con el tema de desaparecidos y que no tiene nada que ver con la desaparición forzada definida por los estatutos de la ONU como un Estado que la usa como un mecanismo de represión hacia su pueblo.
“Este comité enviará al alto comisionado de las Naciones Unidas este informe; nosotros vamos a establecer una relación estrecha con el alto comisionado y exponerle porque no estamos de acuerdo con ese documento”, afirmó./Agencias-PUNTOporPUNTO
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