INE y TRIBUNAL ELECTORAL los que más PIERDEN con Reforma Secundaria a la LEY ELECTORAL

El "Plan B" de la reforma electoral aprobado por la Cámara de Diputados disminuye la capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral (INE), además de que debilita la figura del consejero presidente.

El llamado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para reformar el sistema político-electoral de México continúa su cauce y, en la antesala de la discusión parlamentaria que ratificará esta iniciativa, se destacan las principales modificaciones que sufrirán tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

  • Aunque no se aprobó la reforma constitucional, también conocida como Plan A de AMLO, el jefe del ejecutivo federal propuso un paquete de reformas a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial, además de expedir la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
  • Por lo que esta iniciativa que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, impacte en las principales instituciones electorales de México, esto por la mayoría que ostenta Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados (PT y PVEM) permitirán que esta iniciativa pase.

Cabe destacar que el Plan A contemplaba un ahorro de 15 mil millones de pesos anuales, mientras que el Plan B sólo promete 5 mil millones, por lo que se especifica que, aunque con un menor impacto, sí va a existir un ahorro al erario público, pero este atenderá al reordenamiento de actividades duplicadas entre los organismos locales y los nacionales.

De acuerdo con Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), de los 5 mil millones de pesos que habrá en ahorros, 3 mil 500 millones serán por cuenta del INE, pues se detectó que entre este organismo y los Organismos Públicos Locales (OPLEs) existe duplicidad de funciones, por lo que al acotarlas, se espera eliminar mucha burocracia innecesaria.

Además, las oficinas distritales del instituto se reducirían de 300 a 264. y se obliga al INE a liquidar y reintegrar al erario público dos fideicomisos millonarios, uno de 235 millones de pesos y otro de 40 millones.

Aunado a ello, el TEPJF también se hace más pequeño, ya que se eliminan dos Salas Regionales que no entraron en funciones y la Sala Regional Especializada, de tal modo que la Sección Resolutoria de la Sala Superior del Tribunal Electoral será quien absorba esas funciones.

  • Cabe recordar que, aunque el Congreso de la Unión imprima toda la celeridad posible al proceso que ahora atraviesa en materia político-electoral y se apruebe de manera inmediata la iniciativa, las disposiciones aplicables en relación a esta reforma se aplicarán hasta las elecciones federales de 2024 y no para las locales de 2023, donde el Estado de México y Coahuila renovarán gubernatura.

Finalmente, se reconoció que, al no poder modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) no se podrán reducir el número de los consejeros electorales, de magistrados electorales ni de los legisladores federales (diputados y senadores); sin embargo, si un diputado se quiere reelegir, para proteger los recursos públicos durante las campañas, el candidato deberá de separarse de su cargo para evitar que se utilice dinero del gobierno.

Cabe recordar que el INE es de los organismos electorales más caros del mundo, esto porque, al compararlos con países como Brasil o Estados Unidos, que tienen una mayor población, se descubre que el ejercicio del voto promedio llega a cifras de casi el doble. Ya que en Brasil, con 214 millones de habitantes, cada voto sale en 244 pesos mexicanos; en EEUU, con una población de 331 millones, cada voto sale en 224; mientras que en México, con una población de 130 millones, el gasto es de 480 pesos.

Alerta Ugalde politización de acuerdos en INE

El «Plan B» de la reforma electoral aprobado por la Cámara de Diputados disminuye la capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral (INE), además de que debilita la figura del consejero presidente.

  • La minuta aprobada por una mayoría de diputados de Morena y aliados proponen disminuir las oficinas centrales del INE, al fusionar 17 áreas en 12, como la Dirección Jurídica con la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y la Dirección de Administración con la del Servicio Profesional Electoral.
  • Compacta también las 32 juntas locales, al desaparecer al vocal secretario y al vocal de organización, y desaparece las 300 juntas distritales, que son la base territorial para organizar elecciones, y las sustituye por una vocalía operativa.

En los hechos, esa reducción implica desconfigurar el Servicio Profesional Electoral del INE e implicaría despedir al 85% de 2,500 miembros.

Asimismo, la minuta -enviada al Senado de la República para su análisis- merma la figura del consejero presidente, pues desaparece la Junta General Ejecutiva, brazo operativo del INE y a través de la cual se garantiza la ejecución del mandato del Consejo General.

En su lugar se crea una comisión de administración, integrada por cinco consejeros (uno de ellos el consejero presidente), los directores ejecutivos, así como representantes de los partidos políticos.

Se plantea una reforma al artículo 47 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear las comisión de administración del Consejo General, a la que también asiste el titular del órgano interno de control sólo con derecho a voz.

  • La comisión de administración se reuniría por lo menos una vez al mes, siendo sus atribuciones: proponer al Consejo General, a propuesta de las direcciones ejecutivas correspondientes dentro del ámbito de sus competencias, las políticas y los programas generales del Instituto, así como establecer los procedimientos administrativos, previa propuesta de las direcciones ejecutivas, conforme a las políticas y programas generales del INE, además de aprobar la evaluación al desempeño del Servicio Profesional Electoral Nacional, que realice la dirección ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral Nacional.

A decir del exconsejero presidente del INE, Luis Carlos Ugalde Ramírez, esta reforma “politizará la implementación de los acuerdos del Consejo General y les dará a los consejeros electorales un papel ejecutivo deformando su papel de supervisión”.

El experto en derecho electoral, Erick Guerrero Luna, opinó que se trata de una reforma para debilitar al INE, ya que reduce de manera unilateral recursos sin un análisis sobre el impacto negativo que tendrá en su operación. Destacó que la reforma no merma a los partidos e incluso contiene beneficios para ellos.

La reforma denominada Plan B, obedece al rencor que el Presidente le guarda al INE, pues más que fortalecer nuestra democracia, sistema de partidos, la fiscalización electoral, entre otras, realiza una cirugía de último momento a la autoridad electoral, ataca directamente al Servicio Profesional Electoral, reduce la estructura orgánica fusionando direcciones y unidades técnicas del Instituto sin hacer un análisis de impacto presupuestal que todo dictamen de reforma debe tener, dicho impacto lo encarga al propio INE en sus artículos transitorios”, dijo el exconsejero.

  • Luis Carlos Ugalde dijo que la reforma propuesta por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador también plantea debilitar la autonomía presupuestaria del INE, pues “propone que todos los recursos del Instituto estén expresamente etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con lo cual se pierde capacidad operativa e independencia frente al Congreso. Asimismo, se mandata que se liquiden y reintegren los fondos provenientes de dos fideicomisos constituidos para pagar las pensiones de sus jubilados, así como para el mantenimiento y actualización de los módulos de atención ciudadana”.

Ugalde consideró como «positivo» de la reforma que incluya acelerar el proceso para que las personas privadas de la libertad puedan votar, ya hay una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al respecto, así como incluir a grupos vulnerables (adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas) a través de acciones afirmativas. También que se facilite el voto de mexicanos en el extranjero, mediante el uso del internet con pasaporte o matrícula consular.

En riesgo altos estándares de calidad logrados por el INE

El consejero del INE Martín Faz Mora, explicó que la reforma electoral que se discute en el Senado “pone en riesgo los altos estándares de calidad logrados” por el INE y su Servicio Profesional Electoral Nacional.

  • En su cuenta de Twitter el consejero afirmó que “elimina de un plumazo al 84.6% del Servicio Profesional Electoral en los 300 distritos electorales. Queda seriamente afectada la capacidad operativa del INE para los procesos electorales”.
  • Resaltó que también se fusionan direcciones ejecutivas con funciones “bien diferenciadas” lo que resultaría en una sobrecarga masiva y concentración excesiva de atribuciones “que ponen en riesgo los altos estándares de calidad logrados”.

Agrega que se realiza sin consulta alguna, análisis, discusión y mucho menos, con un consenso amplio con todos los actores involucrados, requisito indispensable en materia electoral.

Por su parte el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, consideró que de aprobarse el Plan B, se realizarían elecciones de “mentiritas” porque “habría funcionarios electorales a nivel distrital de a mentiritas” y deseó que entre los bloques inconstitucionales que modificará el Senado, “esté detectado el que la Constitución dispone en su artículo 41, Base V, Apartado A, que dice que los órganos ejecutivos y técnicos del INE, dispondrán de personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones”.

Magistrados del TEPJF ven virtudes y defectos en «Plan B»

El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata Pizaña, planteó que el «Plan B» de reforma electoral, aprobado en la Cámara de Diputados, tiene virtudes y defectos.

  • Al participar en el foro nacional “Desafíos de la Reforma Electoral y su aplicación”, el magistrado celebró que el dictamen recién aprobado contenga la reducción de los medios de impugnación, el señalamiento expreso de la implementación del juicio en línea y herramientas para mejorar el acceso a la justicia y la garantía de los derechos político-electorales de grupos vulnerables, como la obligación de generar sentencias de fácil lectura o juzgar con perspectiva de género.

Por el contrario, señaló como problemáticas algunas cuestiones como la limitación de la facultad interpretativa del Tribunal Electoral en los casos de ejercicio de un cargo y en la democracia interna de los partidos políticos, la suplencia de la queja en todos los casos y la falta de fortalecimiento al cumplimiento de las sentencias del Tribunal Electoral.

Por su parte, en el panel “Retos y desafíos de la justicia electoral en México”, el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, dijo que entre los desafíos de las instituciones electorales es establecer mecanismos innovadores para escuchar a la ciudadanía.

Dijo que en el Tribunal Electoral se han promovido acciones para que este máximo órgano jurisdiccional electoral sea más abierto y más colaborativo. Subrayó es pionero en el tema de justicia abierta en virtud de que realiza esfuerzos para empoderar a los mexicanos.

  • Consideró que para enfrentar los retos que demanda la sociedad civil, también las magistraturas del Tribunal Electoral llevan años trabajando para evitar que el tecnicismo o el hermetismo se convierta en una barrera de esta institución, “pues lo más importante es ser transparente y tener las puertas abiertas a la ciudadanía, así como mantener la independencia de otros poderes públicos y fácticos, porque la imparcialidad es un escudo contra la corrupción”.
  • El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón dijo que se debe tener presente que el sistema electoral de hoy es producto de un avance gradual y un logro ciudadano para que los comicios cumplan con los principios democráticos de sufragio universal y equidad política.

Mencionó que esos principios comprometen a los magistrados a cuidar la herencia institucional, porque la sociedad exige una justicia cercana y comprensible. Externó su convicción de que el debate incluyente es imprescindible en la democracia para consolidar un sistema de justicia electoral más coherente, independiente y confiable./Agencias-PUNTOporPUNTO

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