- El cambio climático nos recuerda que el agua es un recurso natural cada vez más escaso en el mundo, lo cual acarrea riesgos y obliga a las personas a tratar de moderar su consumo.
- En México, el acceso al agua potable es un derecho humano, lo cual también representa un reto para las autoridades en eficientar su uso.
- De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022 del Inegi, el 93% de las viviendas en el país contaba con disponibilidad de agua. A pesar de ello, solo el 66.5% la recibía a diario, una cifra menor al 73.3% registrado en 2016.
¿Cuánta agua hay en México?
A continuación te presentamos 10 datos clave sobre este líquido en el país con motivo de la celebración del Día Mundial de Agua, de acuerdo a datos del Inegi y la Conagua
- El país tiene 214,227 millones de metros cúbicos de agua extraídos del medio ambiente, de los cuales las hidroeléctricas aprovechan poco más de la mitad para poder generar energía, seguido del sector agropecuario.
- México tiene contabilizadas 24,990 de obras de toma de agua para abastecimiento público.
- La mayor parte del agua que se consume en México para el abastecimiento público proviene de los pozos, con 19,201.
- El país cuenta con 623 plantas de potabilización, de las cuales el 83 % está en operación y el resto no brinda servicios.
- Según el Inegi, las tres entidades con mayor número de plantas de potabilización son Sinaloa con 148; Tamaulipas con 44; y Tabasco con 43. Juntas, representan el 37.7 % del total.
- El país cuenta con 3,440 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, pero solo el 65% se encuentra el funciones. Los cinco estados con más unidades fueron: Sinaloa (282), Oaxaca (186), Jalisco (143), Tlaxcala (138) y Guanajuato (127).
- En 2023, poco más de 24,918 millones de metros cúbicos de agua residual regresaron al medio ambiente sin tratamiento, degradando la calidad de los cuerpos del agua.
- El costo para el tratamiento de descargas residuales ascendió a 66,277 millones de pesos, que representan el 0.21 % del PIB.
- Los gastos en protección ambiental incluyen inversiones en sistemas de drenaje, alcantarillado y plantas de tratamiento, en tanto que la conservación se refiere a la promoción del uso sustentable del recurso hídrico, medidas para su ahorro, prevención y reparación de fugas.
- En México existen más de 5,000 presas y bordos, de los cuales 180 presas representan el 82 % de la capacidad de almacenamiento total de agua. Su principal función es la generación de energía, aunque en el norte de país se usan para el sector agrícola. El complejo de mayor capacidad es el Belisario Domínguez, ubicado en el estado de Chiapas, le sigue la Netzahualcóyotl localizada en la misma entidad.
México necesita inversión de 160,000 millones de pesos en infraestructura
Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua (CCA), advirtió que la infraestructura hídrica será el rubro que mayor carga económica implique dentro de la implementación del nuevo acuerdo en materia de agua, debido a que requiere inversiones de largo alcance y obras de gran magnitud en todo el país.
“Creo que la parte toral es la infraestructura (…) es la que más recursos requiere y es la que tiene que llevar un horizonte de largo plazo de 10, 15, 30 años”, explicó.
- Rodríguez explicó que, de acuerdo con las proyecciones del CCA, el presupuesto deseable para el sector debería ser de 160,000 millones de pesos al año, financiados mediante un esquema multianual de al menos una década, con el fin de garantizar continuidad, planeación y resultados en infraestructura, saneamiento y gestión del agua.
- Sin embargo, contrastó que el monto aprobado para el próximo año asciende apenas a 36,000 millones de pesos, lo que incluso representa una reducción de 1.2% respecto a 2025. Este recorte —dijo— aleja al país de la inversión mínima requerida para enfrentar la crisis hídrica nacional y limita la capacidad institucional para ejecutar obras prioritarias.
Rodríguez Márquez señaló que proyectos como presas, ampliación de redes y modernización de sistemas demandarán inversiones “cuantiosas”, pero advirtió que también la supervisión deberá fortalecerse, especialmente ante problemas como la extracción ilegal y la falta de actualización en la disponibilidad real del agua en los acuíferos.
“No sabemos realmente cuánta agua hay en el país”, advirtió.
El especialista apuntó que el nuevo acuerdo hídrico exige una supervisión muy estricta tanto de Conagua como de Profepa, pero reconoció que ambas instituciones enfrentan un presupuesto disminuido.
“Desafortunadamente el presupuesto ha venido disminuyendo (año tras año), entonces necesitamos fortalecerlo mucho. Debo insistir en que el próximo año que será un año como lo hemos bienvenido, platicando muy complicado, económicamente hablando, porque vamos a tener un crecimiento del producto interno bruto, muy pequeño”, señaló.
Tecnificación del riego
Respecto a la meta presidencial de tecnificar 200,000 hectáreas adicionales de riego, el presidente del Consejo Directivo alertó que tendrá, también, como obstáculo la falta de recursos.
“La tecnificación del riego es cara (…) erróneamente desaparecieron programas muy interesantes de uso eficiente del agua”, dijo.
- Además, recordó que el sector agrícola consume el 76% del agua del país, mientras que el uso público urbano representa el 14%, por lo que ambos deben ser prioritarios para cualquier política hídrica.
Reconoció que la meta va “en buena dirección, pero muy modesta”, advirtió que el universo por atender es de 8 millones de hectáreas, una magnitud muy superior a lo planteado para el sexenio.
Instalaciones envejecidas que no permiten el uso eficiente del agua
La cooperación del agua entre México y Estados Unidos descansa sobre un tratado de 80 años, pero su viabilidad futura depende de algo mucho más tangible: presas, plantas desaladoras, canales de riego, sistemas de tratamiento y redes de distribución.
Sin infraestructura adecuada para medir, almacenar, conducir y sanear el recurso compartido, el acuerdo más longevo del mundo en materia hídrica podría no resistir las presiones del siglo XXI.
- Un análisis reciente elaborado por expertos de la Red del Agua de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de UNESCO y Agua Capital revela que la infraestructura hídrica en la frontera norte enfrenta un deterioro acelerado justo cuando más se necesita: la población crece, el clima se vuelve más extremo y la demanda aumenta en ambos lados de la frontera.
- De una serie de reuniones realizadas por representantes de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Consejo Consultivo del Agua, el Consejo Nacional Agropecuario y académicos de instituciones como la Universidad de Texas A&M y El Colegio de la Frontera Norte, emergió una radiografía donde la infraestructura apareció como el eslabón más débil de la cadena.
El informe Perspectivas de las aguas transfronterizas México-Estados Unidos: Orientaciones hacia la seguridad hídrica señala que varios organismos operadores trabajan bajo esquemas de crédito que exceden su capacidad de pago, mientras otros carecen de acceso al financiamiento, lo que limita su capacidad para implementar las soluciones ya identificadas.
«Es necesario buscar alternativas para eficientar el uso del recurso, tales como la tecnificación del riego, la diversificación de las fuentes, la desalinización de aguas salobres, el reúso de agua residual tratada, y el intercambio entre distintos usos y usuarios», establece el documento.
Sin embargo, los expertos advierten que para ello se requiere contar con estudios que permitan la integración de una cartera de proyectos técnicamente sólidos, así como consolidar el sistema financiero del sector.
Las plantas que no funcionan
En México, 1,881 plantas potabilizadoras y de tratamiento se encuentran detenidas por falta de recursos para su operación y mantenimiento. Esto ocurre mientras ciudades fronterizas como Nuevo Laredo, Tijuana, Mexicali, Nogales y Naco experimentan desafíos en su infraestructura de saneamiento debido a problemas de obsolescencia, tecnología inapropiada y falta de capacidades técnicas.
- El informe recomienda el desarrollo de un inventario de infraestructura prioritaria, así como la actualización de las descargas municipales, buscando alternativas de financiamiento que pueden provenir de organismos internacionales como el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBANK), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
La tecnificación del riego
El sector agrícola consume más de 70% del recurso en las regiones fronterizas. La tecnificación del riego emerge como una prioridad en el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, que contempla la modernización de 200,000 hectáreas en 17 Distritos de Riego prioritarios.
- Para 2026, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación destina 2,419 millones de pesos a la tecnificación del Distrito de Riego 014 Río Colorado, compartido por Baja California y Sonora. Otros 11,905 millones se asignan a la modernización de los Distritos 100 Alfajayucan, 003 Tula y 112 Ajacuba en Hidalgo.
Sin embargo, los expertos advierten que existen evidencias de que las medidas de conservación en el sector agrícola han resultado en la extensión de las áreas de cultivo, es decir, el déficit perdura.
Por otra parte, se incrementa la presión de los usuarios agrícolas, particularmente de Estados Unidos, para negociar la disponibilidad del recurso.
Obras estratégicas en la frontera
La infraestructura para agua potable prevé inversiones clave para 2026. Entre los proyectos prioritarios del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación destacan:
- Baja California: La planta desaladora Rosarito recibirá 7,500 millones de pesos para abastecer a Tijuana y Playas de Rosarito, beneficiando a 994,000 habitantes.
- Sonora: El sistema de presas Sinoquipe y Puerta del Sol para Hermosillo contará con 1,500 millones de pesos.
- Durango: La Presa Tunal II recibirá 1,600 millones de pesos y beneficiará a 300,000 habitantes.
- Zacatecas: La Presa de Almacenamiento Milpillas y Línea de Conducción para el Corredor Zacatecas-Fresnillo tendrá una asignación de 2,000 millones de pesos.
En materia de saneamiento, el presupuesto contempla 1,347 millones de pesos para la restauración del Río Atoyac y sus tributarios en Puebla y Tlaxcala, y 3,000 millones para el Río Lerma y sus afluentes en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Estado de México.
El rezago presupuestal
El Plan Nacional Hídrico 2024-2030 contempla 17 proyectos estratégicos con una inversión estimada de 122,600 millones de pesos durante el sexenio.
Para 2025 se invirtieron 15,000 millones, mientras que para 2026 el presupuesto federal proyecta 12,600 millones.
La inversión durante los dos primeros años apenas cubre 22.5% del costo total, dejando 95,000 millones pendientes para los últimos cuatro años de la administración.
- El presupuesto propuesto a Conagua para 2026 asciende a 36,689 millones de pesos, apenas 0.1% del PIB, representando una caída de 4.5% en términos reales respecto al año anterior y 46% menos que en 2024.
- La Red de Agua UNAM afirma que la inversión necesaria tendría que ser del 1.5% al 2% del PIB.
- El Consejo Consultivo del Agua sugiere que se necesitarían 150,000 millones de pesos anuales para cubrir los requerimientos del sector. El gasto federal es solo una cuarta parte de eso.
Del presupuesto de Conagua, 31% corresponde a gasto corriente para administración y operación. El 69% restante incluye 21,208 millones en inversión física y 4,181 millones en programas y subsidios para entidades federativas y municipios.
La brecha con Estados Unidos
La disparidad presupuestal revela una asimetría que limita la capacidad de México para gestionar el Tratado de 1944, que regula la distribución de las aguas de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo.
En 2024, México asignó 52.7 millones de pesos a la Sección Mexicana de la CILA, mientras Estados Unidos destinó el equivalente a más de 5,200 millones de pesos a su contraparte. «Esta diferencia limita la capacidad técnica, operativa y diplomática de México en la implementación del Tratado», establece el documento.
Los expertos plantean crear un Fondo Nacional para la Gestión de Aguas Transfronterizas, con aportaciones federales, estatales y municipales que permita atender el rezago en infraestructura, generar estudios técnicos, fortalecer el monitoreo y mejorar las capacidades institucionales.
Infraestructura bajo presión climática
- Los modelos climáticos regionales pronostican menores precipitaciones y una mayor frecuencia de sequías extremas en las próximas décadas. Esto equivale a una reducción de hasta 30% menos de agua efectiva debido a la desaparición parcial de la capa nevada y al aumento de las temperaturas, que elevan las tasas de evaporación.
Las lluvias se han mantenido prácticamente iguales entre 1900 y 2004, pero su patrón de ocurrencia es distinto, lo que propicia que los escurrimientos sean diferentes y que los niveles de almacenamiento en las presas se vean afectados.
- El río Bravo experimenta una reducción de su caudal de más de 80%, reteniendo apenas 20% de su volumen original debido a sequías prolongadas y usos crecientes. A pesar de ello, abastece hoy a alrededor de 15 millones de personas en siete estados de Estados Unidos y cuatro de México.
Además, se espera que la población en la franja fronteriza, que hoy alcanza los 30 millones de personas, se duplique en los próximos 30 años.
Este crecimiento urbano e industrial se traducirá en un incremento de la demanda. Se prevé que el uso público-urbano podría aumentar hasta 100% en las próximas cinco décadas, mientras que el uso industrial lo haría en 40%.
El desarrollo de parques industriales, zonas logísticas y clusters de energía renovable requerirá importantes volúmenes en la próxima década.
Propuestas de infraestructura
Los expertos plantean desarrollar un programa integral de infraestructura hidráulica fronteriza que incluya un diagnóstico actualizado de instalaciones críticas, un estudio sobre potencial de soluciones basadas en la naturaleza (humedales artificiales, recarga natural, captación de agua de lluvia) y la identificación de fuentes de financiamiento para cada solución.
- «Debido a su importancia económica, social y diplomática, se propone incluir como sitios prioritarios a los ríos Bravo, Colorado y Tijuana», establece el documento. Esta decisión permitiría asignar presupuestos para su atención y articular esfuerzos interinstitucionales para promover una gestión coordinada del saneamiento.
Igualmente, coinciden en que es fundamental mantener y modernizar la red de monitoreo hidrológico y de alertas tempranas.
- Esta información demanda ser unificada y compartida, no solo entre Conagua y CILA, sino también con las contrapartes estadounidenses. Se requiere invertir a corto, mediano y largo plazos en instrumentos de medición que provean información necesaria para definir políticas públicas y acuerdos de gestión hídrica.
La visión de largo plazo
- Jorge Arriaga Medina, coordinador ejecutivo del Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de UNESCO, subrayó que estamos viviendo lo que podría convertirse en la transformación jurídica más profunda del sector hídrico mexicano en más de una década.
- «Sabemos que no basta con tener una ley: necesitamos construir rutas claras para su implementación, fortalecer capacidades y dejar explícitos los derechos y responsabilidades de todos los usuarios. Solo así podremos avanzar hacia una verdadera Seguridad Hídrica basada en equidad, sostenibilidad y responsabilidad pública», explicó Arriaga.
- Eduardo Vázquez, director ejecutivo de Agua Capital, consideró que las reformas establecen nuevas reglas, refuerzan la prevención de delitos hídricos y clarifican las facultades de la autoridad federal.
Sin embargo, señaló que no incluyen incentivos que hubieran sido pertinentes para mejorar la eficiencia en el uso del recurso, especialmente del sector agrícola, que consume 76% a nivel nacional. /PUNTOporPUNTO
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