El Congreso mexicano pisa el acelerador para aprobar antes del 15 de diciembre una nueva legislación para el agua en el país. Promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, esta propuesta ha creado un nuevo punto de conflicto entre las organizaciones agrícolas y ganaderas y el Gobierno, tras la disputa por el precio de la tonelada de maíz durante el mes de octubre.
Este desacuerdo entre las partes llevó a que los campesinos bloquearan durante dos días las carreteras en al menos 20 Estados de la República. Las organizaciones del campo han acordado este domingo cerrar carreteras, empresas y pasos fronterizos en caso de que Morena y sus aliados insistan en apresurar el proceso legislativo.
- El núcleo del conflicto recae en que las concesiones para el uso del agua ya no podrán ser transmitidas entre particulares, teniendo que volver al Estado para que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) las pueda reasignar.
- La justificación para esta prohibición es acabar con el mercado ilegal de concesiones de agua que se ha creado en el país. De acuerdo con los campesinos entrevistados, esto les imposibilitará heredar o vender sus tierras, ya que sin el permiso para uso del agua no tienen valor.
“Es una ley regresiva que nos despoja de los derechos ganados por los agricultores con las concesiones de agua; pone en riesgo la estabilidad de nuestras familias, nuestras inversiones y el crecimiento económico del campo”, denuncia Eraclio Rodríguez, exdiputado federal del PT y campesino de Chihuahua. De acuerdo con Rodríguez y sus compañeros del Frente Nacional para el Rescate del Campo, una organización con presencia en 25 Estados, sus tierras carecen de valor sin la concesión de agua.
En los 90, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se promulgó la Ley de Aguas Nacionales que permite la transición de derechos entre privados sin tener que pasar por la Administración pública. Esto llevó a que, actualmente, la Conagua no tenga ni control ni trazabilidad de cuánta agua usan los usuarios ni para qué fines.
- Como hay demasiado volumen de extracción concesionado, la Conagua no puede dar más permisos y los particulares son orillados a realizar operaciones alegales de compraventa. Con esta nueva ley, una concesión no utilizada vuelve a la Conagua para que la reasigne.
- Los millonarios del agua, un trabajo académico que analizó las concesiones de agua en México, observó que hay unos 3.300 grandes usuarios privados a los que la Conagua ha dado un volumen de un millón de metros cúbicos o más al año.
- En total, siendo el 1,1% del padrón, tienen un total de 13.000 millones de metros cúbicos al año, el 22% de toda el agua concesionada en todo el país. Para hacerse una idea, el volumen de una piscina olímpica es de 2.500 metros cúbicos.
Esta nueva regulación se compone de una iniciativa para hacer una nueva Ley General de Aguas y un proyecto de decreto que reforma la Ley de Aguas Nacionales. En 2012, la Constitución dio rango constitucional al derecho humano al agua y otorgó un año de plazo para promulgar una Ley General de Aguas.
Aunque hubo intentos en el sexenio de Enrique Peña Nieto y en el de Andrés Manuel López Obrador, estos no llegaron a concretarse. Esta nueva legislación busca, según su exposición de motivos, asegurar el acceso al agua como un derecho garantizado y prioriza, en momentos de escasez, el uso doméstico y público sobre el industrial o el agrícola.
“La prohibición de las transferencias de concesiones es un aspecto positivo, ya que con la ley vigente se ha creado un mercado ilegal en el que las concesiones son del dominio de las personas, que pasan a tener un título de propiedad, y entonces pueden transferirlas, traspasarlas, hipotecarlas o especular con ellas, como si fuera una mercancía, no un permiso o una concesión”, explica Beatriz Olivera, maestra en ingeniería industrial y miembro del colectivo Cambiémosla Ya, que busca reformar en profundidad la ley minera. Olivera cree que debe revisarse el caso específico de los campesinos y pequeños propietarios, pero entiende la lógica detrás de quitar esta posibilidad.
- Otro punto de conflicto para las organizaciones campesinas es que la nueva legislación condiciona los volúmenes asignados al hecho de tener una infraestructura que cumpla condiciones de sustentabilidad y ahorro de agua. Esto supone un gasto de importancia para los pequeños y medianos productores, que carecen de los recursos necesarios, y los pone en desventaja contra las grandes empresas de la agroindustria.
“Tenemos canales de tierra todavía, no tenemos sistemas de aspersión o de goteo, no contamos con el recurso como lo tienen las empresas extranjeras que están en el Estado”, lamenta Horacio Gómez, presidente de la Asociación de Productores de Trigo en Baja California.
Los líderes campesinos se reunieron a negociar con la Secretaría de Gobernación, sin llegar a alcanzar un acuerdo. La Administración de Sheinbaum les ofreció que sus demandas queden en un artículo transitorio, es decir, una norma temporal que luego puede derogarse con facilidad.
- Los representantes de los campesinos buscan una mesa de diálogo directa con la presidenta Sheinbaum, ya que consideran que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el de Agricultura, Julio Berdegué, no transmiten de forma acertada sus demandas. “Queremos que ella esté presente y corroborar que tiene la información, que está enterada de nuestras preocupaciones y de nuestras soluciones”, dice Gómez.
El frente campesino se ha reunido este fin de semana en Ciudad de México para discutir las acciones que siguen si avanza la aprobación en el Legislativo. De momento, han acordado una reunión este lunes en la Cámara de Diputados, con legisladores de Morena.
La intención es persuadirlos sobre la aprobación contra reloj del ordenamiento. Para el martes, alistan la toma simbólica de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y una conferencia de prensa frente a Palacio Nacional para anunciar acciones más radicales. Un paro nacional que incluye cierres de carreteras, empresas y la toma de pasos fronterizos. Esta medida de presión funcionó en el conflicto del maíz días atrás, haciendo que el Gobierno concediera un aumento en el precio a pagar por cada tonelada.
Proyecto de Ley de Aguas Nacionales de la 4T “es un lobo con piel de oveja”
El proyecto de la Ley General de Aguas (LGA) planteado por el Poder Ejecutivo Federal “es un lobo con piel de oveja”, advirtió la exfuncionaria federal, hoy activista e integrante de la Coordinadora Nacional Agua Para todos, Agua Para la Vida, Elena Burns Stuck.
- La activista hizo esa declaración durante el Parlamento Ciudadano “Por La Legislación Hídrica que México Necesita”, que se efectuó el viernes 7 de noviembre, en el Congreso de Jalisco, en el que académicos, asesores legales y activistas advirtieron “los riesgos” de la reforma ante legisladores locales y federales.
En el foro se mencionó que la iniciativa se planea y podría aprobar el 29 de noviembre próximo.
Durante la jornada, los ponentes denunciaron que la propuesta que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mantiene el modelo privatizador, extractivista y mercantilista del uso del agua en la República mexicana.
- Elena Burns, quien ocupó el cargo de subdirectora de Administración de Agua en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la pasada administración federal, hizo un llamado a detener la aprobación de la iniciativa, conformando una alianza entre ciudadanos y legisladores locales y federales conscientes.
“Este vínculo entre comunidad, ciudadanía y legisladores, sentimos que nos puede ayudar a construir el contrapeso que necesitamos para poder defender el derecho al agua, pase lo que pase con la ley, porque esta lucha no termina el 29 de noviembre, es una lucha que sigue”, advirtió.
- Elena Burns sostuvo que el actual es un momento crucial en la lucha, ya que en el fondo lo que se busca es perpetuar la “ley salinista”. Calificó el documento que se pretende aprobar de “peligrosísimo” e “intento bárbaro».
- Destacó que, gracias al modelo salinista, actualmente los grandes usuarios no pagan sus deudas y solo solventan el 20% de sus recibos, lo que implica una pérdida de 44 mil millones de pesos cada año.
- El académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Rodrigo Gutiérrez Rivas manifestó que el proyecto que se pretende aprobar en unos días sólo se cambian algunos términos legales y permanece la concentración del agua en 3 mil 300 concesionarios que acaparan el 22% del agua nacional.
Añadió que la Ley General de Aguas “perpetúa” el modelo de uso del agua privatizador, lo que afecta a pueblos y comunidades.
“La propuesta de dos leyes esconde un objetivo político y es no tocar el modelo de gestión del agua que está en el país, basado en la LAN, ese es el objetivo político y creo que es bastante obvio. Es un modelo que nos hizo pasar de una disponibilidad media de 17 mil metros cúbicos de agua por persona al año en 1950, a 3 mil 400 actuales. Hemos perdido más de 70% de la disponibilidad media en menos de 60 años. Ese es el modelo de gestión que está protegido por la LAN”, apuntó.
- El Consultor en políticas públicas y legislación del agua, Miguel Ángel Montoya, dijo que se pretende crear la Ley General de Aguas y también dejar vigente con cambios, la Ley de Aguas Nacionales (LAN).
- Sin embargo, advirtió que la existencia de dos leyes federales en la misma materia complicará la defensa del derecho humano al agua de pequeños agricultores, comunidades indígenas y ejidatarios, ya que en el objeto de la ley se limita no solo el acceso al agua sino el derecho mismo al agua.
“Llega a ser de un modo tan fino la propuesta en este caso privatizadora, que nos propone la iniciativa, en este caso planteada por el Ejecutivo federal, que inclusive la disposición del artículo 115 queda medianamente atropellado, ¿en qué sentido? Que a los contenidos de la Ley General de Aguas y a la Ley de Aguas Nacionales le quitan el carácter de público, eso es de la mayor relevancia, de la mayor preocupación y alarma”, apuntó.
Otra agravante que denunció el consultor es que ahora habría opacidad en la información de las concesiones de agua.
La legisladora federal jalisciense de Morena, integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, Claudia García Hernández señaló que se realizan parlamentos abiertos para recoger propuestas de cambios y añadirlas al planteamiento de la mandataria Claudia Sheinbaum y de la Conagua. Sostuvo que asumía un compromiso para llevar la voz de los asistentes a los legisladores federales y para que la discusión del tema se abra.
“Hemos conseguido que esta discusión se abra de manera más amplia, con la idea de fortalecer esta iniciativa de ley que envió nuestra presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión y como resultado justo de este esfuerzo se están realizando parlamentos abiertos, parlamentos ciudadanos en algunos estados, como el que hoy tenemos aquí en Jalisco”, comentó.
- En el documento del programa del parlamento se subrayó que, en el año 2010, la ONU reconoció los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento en la Resolución A/RES/64/292.
- Dos años después, en 2012, se logró su reconocimiento en la Constitución Mexicana, específicamente en el Artículo 4to. En dicho artículo, se estableció un plazo de 360 días para la emisión de una nueva Ley General de Aguas.
Trece años después, a pesar de las movilizaciones, los conflictos por el agua y la construcción y presentación al Congreso de la Unión en el año 2020 de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, México no cuenta con una nueva ley.
Esta nueva legislación debería transversalizar los principios y fundamentos de los Derechos Humanos al Agua y Saneamiento, concibiendo como un derecho de los pueblos y de la naturaleza, un bien común fundamental para la vida y no como un negocio y una mercancía. Este último enfoque, según se asegura, es el principio de la Ley de Aguas Nacionales vigente.
Durante la realización del ejercicio de parlamento ciudadanos se efectuaron sesiones de cuatro grupos de trabajo para la consulta y dictaminación ciudadana e interparlamentaria del proyecto de reforma:
- Alto al acaparamiento del agua, en el que se abordó la modificación al sistema de concesiones, reducción del sobreconcesionamiento, transmisión de concesiones y cambio de uso
- Alto a la privatización del agua, en el que se dialogó sobre los megaproyectos, prohibición de privatización de obras hidráulicas, sistemas de agua y saneamiento y organismos operadores de agua
- Gestión comunitaria del agua, en el que se discutió sobre el agua para los sistemas comunitarios, núcleos agrarios y pueblos originarios, y se hablaron de las estrategias y cambios normativos frente a la contaminación.
En cada grupo de trabajo también se incluyeron las propuestas de participación y de control social del agua, la gestión de cuencas, la defensa y derechos de las y los defensores del agua y la naturaleza.
En el foro estuvieron presentes la diputada local del partido Futuro, y presidenta de la comisión Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua, Mariana Casillas Guerrero; el diputado local, integrante de la Junta de Coordinación Política, Leonardo Almaguer Castañeda; el diputado federal por Jalisco, José Luis Sánchez González.
- Las mesas de trabajo estuvieron a cargo de Aimée Figueroa Neri, investigadora de la Universidad de Guadalajara (UDG); Claudio Figueroa, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC); Juan Lira Calderón, del Colectivo Resistencia Civil por el Valle y Patronato de Agua de El Refugio, Tala Jalisco; Mario López Ramírez, investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
En estos módulos participaron usuarios claves del agua, las conclusiones se enviarán a los diputados federales.
La directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), en representación de las organizaciones y redes convocantes, María González Valencia informó que se acordó que los diputados locales Mariana Casillas y Leonardo Almaguer presentarán un Punto de Acuerdo para enviar a la Cámara de Diputados las conclusiones de este parlamento.
En tanto que la diputada federal morenista, Claudia García le indicó que se comprometía a entregar las conclusiones del parlamento a sus compañeros legisladores en la Cámara baja.
Advierten riesgos de nueva ley de aguas
La iniciativa con proyecto de decreto para una nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales es tan amplia que sus alcances son comparables con la reforma agraria de 1917, estimaron diputados federales de Morena, PAN, MC, PRI y Verde.
- El gobierno de México plantea tres puntos fundamentales en la iniciativa: garantizar el derecho humano al agua, otorgando 60 litros diarios a cada mexicano para uso personal y doméstico sin pago alguno; acabar con el mercado negro y especulativo del agua, que el Estado recupere la rectoría, y ordenar las concesiones para evitar ilegalidad y corrupción en el manejo del agua; no se podrán transferir, heredar, ni vender.
- Eduardo Fuhrken, vicepresidente del Sector Privado Empresarial del estado de Durango, compartió a Excélsior detalles del encuentro que junto a sus colegas Miguel Sánchez y Guillermo Pérez Gavilán, tuvo con diputados federales, entre ellos Alfonso Ramírez Cuéllar.
La reunión que se dio por intermediación de la diputada por Morena Martha Olivia García Vidaña y que se prolongó por casi tres horas, refirió Furhken, fue la oportunidad para decirles a los diputados que el sector empresarial “es el principal interesado en que haya una ley nueva de aguas, porque la vigente tiene más de 40 años, y está totalmente fuera de la realidad, pero que habría que ajustar ciertos temas”.
Entre los puntos más sobresalientes de la pretendida nueva ley de aguas están que se acabará con el mercado negro del líquido; es decir que los tenedores de licencia para la explotación de agua –campesinos, rancheros, ejidatarios, empresarios–, ya no la podrán vender o intercambiar con terceros el líquido.
El Capítulo IV Infracciones y sanciones administrativas, artículo 119, de lo que sería el nuevo instrumento legal, en sus apartados XXV y XXVI señala:
“Ceder, suministrar, intercambiar por pago en especie, o proporcionar de cualquier forma a terceros, provisional o definitivamente, el uso parcial o total de las aguas materia de los títulos de concesión asignada o permisos; transmitir los títulos de concesión o los permisos..”
También se pretende que haya un riguroso proceso para las concesiones que se otorgaban por periodos de hasta 30 años; el criterio de una nueva ley en materia de concesiones es que serían revisadas cada año en razón del aprovechamiento que se haya tenido la concesión, contrastando el volumen de agua ocupada, con lo que se cosechó en esos doce meses.
- Otro punto es que las tierras que entren en un proceso de compra-venta y que tengan una licencia de explotación de algún pozo de agua, tendrán que ser vendidas sin la garantía (plusvalía) del agua, es decir, al momento de finiquitar una transacción comercial, la licencia de agua se entregará a la Conagua y ésta decidirá qué volumen de agua se entrega al nuevo poseedor o propietario, o si no se le da agua. Con lo que se elimina el uso patrimonialista del agua.
El artículo 56 bis vigente en estos momentos permite “transmitir sus derechos de agua”, en caso de que los ejidatarios y comuneros transmitan la titularidad de la tierra. El pretendido nuevo 56 bis señala que “en los casos que las personas ejidatarios o comuneros trasmitan la titularidad de la tierra conforme a la ley y éstas cuenten con un título de concesión de agua, deberán solicitar a la autoridad del agua –Conagua”–, la reasignación de volúmenes para la nueva persona titular (…) exceptuando el análisis de la disponibilidad”.
Se revocarán concesiones
En el contexto de una nueva ley de aguas, las licencias de agua no tendrán más el carácter de herencia; lo que establece es que, a partir de la nueva ley, la titularidad de una licencia de agua se acaba con el fallecimiento de éste y en todo caso Conagua decidirá si al heredero de la tierra se le otorga una nueva licencia.
- De aprobarse esta nueva ley de aguas, los concesionarios que no hayan utilizado durante un periodo de dos años el agua a la que tiene derecho se les revocará la concesión; lo que inhibiría ciertos procesos productivos que eventualmente se benefician de las lluvias, cuando hay, y que necesitan del agua de una concesión en temporadas de secas.
- Por ningún motivo, a partir de que exista una nueva ley de aguas como se plantea en la iniciativa que está en la Cámara de Diputados, los distritos de riego podrán cambiar totalmente el uso del agua, previa autorización de Conagua, como lo establecía el artículo 75 inciso III.
- En la iniciativa para el cambio de reglas en el uso del agua, el artículo 82 bis establece que “la captación de agua pluvial que no tenga por objeto el consumo personal y doméstico requerirá la autorización de la “Autoridad del Agua” –Conagua–, con el objeto de no afectar la disponibilidad o a terceros”.
En el instrumento que se pretende poner en marcha a la brevedad, se ampara 60 litros de agua diarios por cada mexicano, como parte del derecho humano al líquido. Sin embargo, no se señala que dependencia asumirá el gasto de entregar el agua a los 120 millones de habitantes, sobre todo cuando los servicios municipales de agua son los que tienen la responsabilidad del suministro y en general carecen de infraestructura para certeras mediciones.
Como parte de la información compartida está que a nivel nacional sólo el 58% de la población del país tiene agua diariamente en su domicilio. De acuerdo con datos oficiales, el estado de Guerrero tiene una situación “crítica”. En el medio urbano el porcentaje es de 64 y en el rural de 39. Son 14 los estados con mayor rezago en el acceso al agua, ahí la gente no cuenta con agua todos los días.
Tema de seguridad nacional
En este contexto, Eduardo Furhken informó que presentaron a los diputados federales una versión ejecutiva de un estudio donde aprecian distintos impactos, con 7 propuestas puntuales.
“Les dijimos a los diputados que esta cuestión del agua es vital; que no hablamos de energía eléctrica, gas, sino de un elemento vital: ninguna persona puede estar dos o tres días sin agua.
“También, dijo Furhken, le pedimos a los diputados que el tema de agua lo vean sin los intereses de los colores partidistas, que lo vean como una realidad de seguridad nacional y un bien que necesitamos cuidar mucho”.
- El empresario duranguense dijo que no porque sean sector privado, “no quiere decir que nada más a los malos de la película, como se nos tacha, nos afectará una ley como la que se plantea aprobar, las afectaciones van a ser para todos los sectores productivos del país”.
- Como muestra de la necesidad de tener una nueva ley de aguas, dijo Eduardo Furhken, es que en Durango existe desde hace 40 años vedas hídricas, que no son otra cosa más que la imposibilidad de tener una concesión de agua, aunque escarbando apenas siete metros se pueda obtener el líquido.
“Nosotros estamos en contra de tener que ir a comprar derechos de agua en el mercado negro para poder trabajar, eso lo debe dar la nación, no estamos en contra de la ley, pero sí en ciertas condiciones que trae la ley que va a ser un verdadero problema”, dijo.
- Furhken mencionó que en un momento de la reunión con los diputados, le dijo a Ramírez Cuéllar que “el sector agrícola está muy presionado por la inseguridad, por los precios que no les dan; y le dije el asesinato de Bernardo Bravo, el líder limonero de Michoacán, ha puesto muy caliente el ambiente en el campo, y si sacan está ley como la traen, se va a hacer un súper problema”.
Otros de los puntos que no cuadran para esta nueva ley de aguas es que toda la carga de trabajo la tendría que hacer la Conagua, que a través de 13 organismos de cuenca administra 757 cuencas hidrológicas, agrupadas en 37 regiones hidrológicas, además de 653 acuíferos de aguas subterráneas, ya que los presupuestos para esta dependencia han ido decreciendo. Para 2026 tiene una bolsa de 36 mil 689 millones; en el 2025 el presupuesto fue de 37 mil 119 millones; en 2024, 62 mil 664 millones, y en 2023, 68 mil 485 millones.
La iniciativa del gobierno federal busca:
- Fortalecer y garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento.
- Recuperar la rectoría del Estado en la gestión del agua, con el fin de garantizar la seguridad hídrica de las generaciones presentes y futuras.
- Ordenar el régimen de concesiones, para asegurar una distribución equitativa de los recursos hídricos.
Colectivos se aprestan a impedir cambios en la gestión del líquido
Organizaciones, comunidades, académicos y ambientalistas han emprendido una batalla para frenar la aprobación de las reformas en materia hídrica presentadas por el Ejecutivo federal, al advertir que plantean perpetuar prácticas neoliberales como las privatizaciones, además no corrigen la sobreexplotación, el acaparamiento, el mercadeo y el despojo del agua a comunidades; simulan la participación social y son permisivas con la contaminación y el fracking.
- La Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, que agrupa a más de 82 organizaciones, las 34 Contralorías Autónomas del Agua locales y regionales, la Red Nacional de Sistemas Comunitarios del Agua y la Coordinadora Mexicana de Organizaciones por el Derecho Humano al Agua manifestaron que la iniciativa es contraria a los consensos obtenidos en los 13 foros que hizo la dependencia entre febrero y marzo de este año.
La demanda ciudadana, refieren, fue abrogar la LAN, expedida en 1992 en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, como parte del andamiaje neoliberal previo a la firma del Tratado de Libre Comercio, y que, como lo marca la reforma al artículo 4 constitucional de 2012, ésta se sustituyera con una Ley General de Aguas (LGA) que sentara las bases para el “acceso y uso equitativo y sustentable” al agua.
Aparte, esa reforma que elevó a rango constitucional el derecho humano al agua y al saneamiento fue específica, por primera vez en la Constitución, en mandatar la participación ciudadana, al mismo nivel de los tres órdenes de gobierno.
En los transitorios la reforma al artículo 4 estableció un plazo 360 días para expedir la LGA, por lo que el Estado mexicano lleva ya 12 años de omisión.
- Elena Burns, exsubdirectora de Administración de Agua de la Conagua y fundadora de Agua para Todos, señala que fue al cobijo de la LAN que se generó un “mercado del agua” en el país, con el cual las concesiones pasaron de 2 mil a 320 mil en los siguientes 10 años, sin que se hicieran estudios de disponibilidad y generando el sobreconcesionamiento de 215 cuencas y acuíferos más poblados y productivos.
En la exposición de motivos de su iniciativa, la Conagua alerta que México enfrenta “una crisis sin precedente en materia de agua”. Indica que en 2023 la Red del Agua, de la Universidad Nacional Autónoma de México, estimó que el 71% del territorio nacional presenta presión hídrica elevada; más del 60% de los cuerpos de agua contienen algún grado de contaminación; 157 acuíferos se encuentran sobreexplotados y al menos 106 municipios son vulnerables a las sequías.
- Las organizaciones revelaron que apenas Efraín Morales ocupó la Conagua, 27 de los más importantes investigadores y académicos en temas hídricos y ambientales del país se reunieron con él para proponerle medidas para atender esta crisis, pero que ninguna de esas recomendaciones se tomó en cuenta en la iniciativa oficial.
- El 13 de octubre, representantes de colectivos confrontaron a legisladores afines a la 4T en la Cámara de Diputados, a quienes exigieron apoyar la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas que desde 2013 han construido organizaciones e investigadores articulados por la Coordinadora Nacional de Agua para Todos.
Esta propuesta, que se presentó primero en 2015 y luego en 2020 y que incluso ya se había dictaminado, fue calificada por Pedro Arrojo Agudo, relator de la ONU para los derechos humanos del agua y saneamiento, como “ejemplar para el mundo”.
“Es importante que como diputados definan de qué lado están. ¿Están del lado de las empresas capitalistas? ¿Defienden el modelo neoliberal que implantó Carlos Salinas de Gortari o están con el pueblo?”, les dijo a los legisladores José Jacobo Femat, de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares.
La Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua reclamó que la iniciativa presidencial excluyera a los pueblos indígenas y afromexicanos de su derecho a decidir sobre los acuíferos ubicados en su territorio.
- El 17 de octubre, un grupo de 13 diputados federales, encabezados por Reginaldo Sandoval Flores, José Narro Céspedes y Dolores Padierna, volvieron a presentar la iniciativa ciudadana de LGA, llamada 3.0 por ser la tercera revisión que se ha construido a través de un proceso que conecta luchas en diferentes entidades contra la privatización, contaminación, pueblos indígenas y movimientos populares.
- Además, hay otras dos iniciativas de los legisladores morenistas Xóchitl Zagal, del 12 de noviembre de 2024, y Hugo de la Rosa, del 9 septiembre de 2025, que son consideradas afines a la propuesta ciudadana.
La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento acordó realizar foros regionales de Parlamento Abierto para analizar las propuestas legislativas.
Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena, dijo que representantes de la industria refresquera, minera y agrícola también estaban pidiendo diálogo para revisar esta reforma, ante el riesgo de resultar afectados.
La Coordinadora Agua para la Vida ha emprendido además una campaña de firmas para exigir que la reforma hídrica se dictamine en Parlamento Abierto, en el cual se debatan las cuatro iniciativas presentadas, incluida la del Ejecutivo y la ciudadana./Agencias-PUNTOporPUNTO
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