En México hay 132 mil 534 personas desaparecidas; de 46 mil 742 los datos son insuficientes para su localización y 43 mil 128 no presentan registro de actividad o trámites realizados posterior a su reporte de desaparición.
Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, precisó que 130 mil 728 corresponden de 2006 a la fecha y dos mil 356 de 1952 a 2025.
Explicó que del total de desaparecidos, 46 mil 742 aparecen con datos insuficientes; 40 mil 308, con actividades y registros (administrativos) después de su fecha de desaparición y 43 mil 128 sin “actividad a la fecha”.
Manifestó que de los registros de personas aún en estatus de no localizadas “78 por ciento son hombres de entre 30 y 59 años y 22 son mujeres de entre 18 y 29 años”.
Figueroa especificó que a partir de octubre de 2024, cuando inició el gobierno, han sido localizadas 31 mil 946.
Informó que de 1952 a 2026 se registraron 394 mil 645 personas desparecidas, de las cuales 262 mil 111 personas han sido localizadas y de ellas, 240 mil 211 fueron encontradas con vida -96 por ciento no fue víctima de algún delito- y 21 mil 900 sin vida.
Precisó que los registros correspondientes al periodo 1952-2025, “en su mayoría tienen que ver con el periodo de represión por parte del Estado y la búsqueda es acompañada por colectivos de víctimas de este periodo familiares y sobrevivientes, como el Comité del 68, Eureka y muchos otros con quienes además tenemos reuniones periódicas”, dijo la funcionaria.
Abundó, de 2006 a la fecha, hay 130 mil 178 registros de personas que continúan con estatus de desaparecidas, y para diferenciarlos establecieron tres grupos.
- El primero corresponde a 46 mil 742 registrados con datos incompletos. “Por ejemplo, no cuentan con nombre, sexo, fecha de nacimiento, contexto de la desaparición, fecha o lugar de los hechos, lo que imposibilita la búsqueda”.
Citó como ejemplos que fueron registrados como “menor NN, el cuate, niña, Panchito, chavo y muebles Gaby, entre otros. Algunos se reportaban con nombre de personas, pero sin dirección, teléfono de contacto, ni lugar de desaparición, que son otros datos fundamentales para la búsqueda”.
- El segundo grupo está compuesto por 40 mil 308 registros que sí cuentan con datos suficientes para la búsqueda y de los cuales, “después de una revisión en diversos registros administrativos, se han podido corroborar actividades posteriores a la fecha de su desaparición. Entre ellos, matrimonios, altas en el SAT y cambios de domicilio en el INE”.
Por ejemplo, una persona que fue registrada como desaparecida en el 2010, aparece en el registro de vacunación con todos sus datos en el 2021; otra persona que fue registrada como desaparecida en 2012, se registró en el INE en 2023. Incluso coinciden sus huellas digitales.
Señaló que se cuenta con una estrategia para tener, como establece la ley, una prueba de vida o de fallecimiento. Gracias a este mecanismo, que permite confirmar información, actualizar los registros de manera responsable para cambiar el estatus de la persona de desaparecida a localizada y brindar certeza a las familias, ya fueron ubicadas cinco mil 269 personas.
- El tercer grupo, correspondiente a 43 mil 128 casos, corresponde a registros con datos completos, pero que hasta el momento y después de una búsqueda exhaustiva en registros administrativos no se han encontrado aún coincidencias, ni actividad posterior a la fecha del reporte de desaparición.
“Si bien el 71 por ciento fueron subidos por las fiscalías al registro nacional, solo tres mil 869 cuentan con carpeta de investigación y 26 mil 611 son solamente reportes, con los cuales formalmente no se inicia una investigación dentro de la fiscalía”.
Citó que también están los registrados por las comisiones nacional y locales de búsqueda que suman 10 mil 854 casos. Y por último mil 794 que fueron reportados por la ciudadanía directamente en el portal de la Comisión Nacional de búsqueda.
“En resumen, de los registros de 2006 a 2026, 46,742, el 36 por ciento del total no tienen datos suficientes para la búsqueda”.
Figueroa resaltó que de cada 100 personas reportadas como desaparecidas en un mes, en promedio 66 son localizadas.
- Del total de personas encontradas, 92 de cada 100 son localizadas con vida y en 96 de cada 100 casos, la localización no está asociada a la comisión de un delito.
Para esta registro, el gobierno federal consideró dos momentos: la llamada guerra sucia y el periodo de la “irresponsable guerra contra el narco, declarada en diciembre de 2006”, durante el gobierno de Felipe Calderón , “cuando inicia un periodo de desaparición de personas relacionadas principalmente con la delincuencia organizada”, precisó Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.
El caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Normal rural, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero, se considera aparte.
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó “de manera muy importante” el trabajo que hemos estado haciendo con los colectivos de búsqueda y también que “hemos estado trabajando con el alto comisionado de Naciones Unidas y su representación en México de derechos humanos. Hay una relación muy estrecha y hemos estado pidiendo asesoría, apoyo y han estado acompañando una buena parte del trabajo” presentado.
Postura del CED sobre desaparición forzada, oportunidad que el Estado debe asumir
El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) hizo pública el jueves 2 de abril su decisión de llevar “con carácter de urgente a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas” (ONU), la situación que guardan las desapariciones forzadas en nuestro país. La noticia, afortunadamente, ha tenido una gran repercusión, tanto a nivel nacional como internacional. No es para menos, en nuestro país están desaparecidas y no localizadas más de 132.000 personas, esto es, una de cada 1.000 personas que habitamos en este territorio.
- En su decisión, el CED le solicita al Secretario General de la ONU que transmita a la Asamblea General la consideración de adoptar medidas que apoyen al Estado mexicano para prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones forzadas. En concreto, el Comité propone que la ONU adopte acciones que se orienten a:
“(i) Brindar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que México requiera en las áreas de búsqueda, análisis forense, e investigación exhaustiva de las alegaciones de desapariciones forzadas y de vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado; y
“(ii) Establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proporcionar asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos, así como a las organizaciones y defensores que las apoyan”.
No hay duda de que esta solicitud es una oportunidad histórica para el Estado mexicano pero, sobre todo, una vía de esperanza para los cientos de miles de personas que están buscando a sus familiares desaparecidos.
Sin embargo, sorprende que algunas autoridades hayan reaccionado de manera negativa en vez de asumir que la colaboración de mecanismos internacionales abre posibilidades concretas para fortalecer las capacidades institucionales y avanzar, de manera decidida, en la atención y resolución de la crisis de desapariciones que tanto daño nos ha causado.
- La reacción sorprende, en primer lugar, porque desde 2008 México ratificó la Convención Internacional para Proteger a las Personas contra la Desaparición Forzada. A través de esta ratificación, el Estado mexicano se comprometió a investigar y sancionar las desapariciones forzadas.
- Además, en 2020 México reconoció formalmente la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, lo cual constituyó un hito en materia de derechos humanos, dado que implica la aceptación de recomendaciones y observaciones para el esclarecimiento de las desapariciones forzadas.
En segundo lugar, resulta sorprendente que algunas autoridades reiteren que en nuestro país no existe una política de Estado orientada a la desaparición forzada. En su decisión, el CED es claro y contundente al señalar que no existen indicios de una política federal orientada a la desaparición forzada de personas, sea por acción deliberada o por omisión.
Además, el Comité reconoce los esfuerzos que ha desarrollado el Estado mexicano en materia de desaparición forzada: se ha aprobado legislación que tipifica este delito, tal como lo plantea la Convención, y además se han instaurado una serie de instituciones y políticas para el registro y búsqueda de personas desaparecidas, así como para investigar la desaparición.
- Pero estos esfuerzos no han sido suficientes y la prueba contundente son las más de 132.000 personas desaparecidas y no localizadas y los más de 72.000 cuerpos sin identificar. El hecho de que la desaparición forzada no sea una política de Estado no invalida la gravedad de este crimen o la pertinencia de la cooperación internacional.
En tercer lugar, llama la atención que algunas autoridades señalen de manera reiterada que en México ya no existen desapariciones forzadas. En su artículo 2, la Convención señala que “se entenderá por ‘desaparición forzada’ el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”
Desafortunadamente, en nuestro país sí hay casos en que agentes del Estado, es decir, servidores y servidoras públicas, han desaparecido personas. Aunque muchas de estas desapariciones permanecen impunes, otras han sido investigadas y sancionadas, lo cual obviamente da cuenta de la persistencia de este terrible crimen. También en muchos casos las desapariciones que cometen agentes privados (incluido el crimen organizado) cuentan con diferentes formas de participación y colaboración de servidores y servidoras públicas, lo cual también es reconocido cotidianamente por las propias autoridades mexicanas a través de investigaciones y publicaciones.
Pero lo que más preocupa de la reacción negativa de las autoridades es que provoca aún más daño a quienes solo quieren saber dónde están sus familiares desaparecidos. Para cientos de miles de personas en nuestro país, la decisión del CED valida su dolor frente a la cotidiana ausencia de un ser querido desaparecido. Para esas cientos de miles de personas se abre una luz de esperanza cuando el Comité hace un llamado a la comunidad internacional a brindar cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para la búsqueda, el análisis forense y la investigación de desapariciones forzadas.
Por ello, Amnistía Internacional saluda esta decisión del CED, que no solo reconoce la grave y dolorosa crisis de desaparición que atravesamos en México, sino que subraya la urgencia de fortalecer las capacidades del Estado, reconoce la complejidad de la desaparición y plantea la cooperación internacional como una vía legítima y necesaria para garantizar los derechos de las víctimas.
- En Amnistía Internacional, estamos convencidas de que la solidaridad es una expresión profunda de nuestra humanidad compartida. En ese sentido, con esperanza, compromiso y convicción, hacemos un llamado respetuoso a las autoridades del Estado mexicano para que acepten y aprovechen el acompañamiento que la comunidad internacional está en posibilidad de brindar, como una oportunidad para fortalecer las acciones encaminadas a enfrentar la crisis de desaparición y avanzar hacia la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas.
Piden a México que acepte ayuda de ONU por desaparecidos
Especialistas en derechos humanos consideran que México no debe rechazar la ayuda exterior contenida en la resolución del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de Naciones Unidas (ONU) para resolver el problema de las desapariciones de personas y la crisis forense del país.
Señalan que la respuesta defensiva del Estado mexicano frente a este proceso obstaculiza el acceso de las familias a la verdad y la justicia, y abre paso a la impunidad para erradicar este delito y evitar que se reproduzca en el futuro.
México, dicen, debe aceptar la cooperación internacional, establecer mecanismos de búsqueda y reparación del daño, y no rechazar el informe del CED.
El pasado jueves, el organismo de la ONU decidió solicitar al Secretario General que remita a la Asamblea General la situación de las desapariciones en México para que tome medidas destinadas a apoyar al Estado en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.
- El comité concluyó que hay “indicios fundados” de que en el país se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas que podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad.
- Santiago Corcuera, exintegrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, advierte que —después de una evaluación muy serena y concienzuda— el organismo concluye que la situación no mejora y que se siguen dando demasiadas desapariciones.
Afirma que “no es una bronca contra México”, es para ayudar a solucionar el problema. Corcuera detalla que el CED se propone establecer un mecanismo con financiamiento y cooperación internacional para atender la impunidad y la crisis forense.
“Ya hay más de 80 mil cuerpos sin identificar y la crisis forense sigue creciendo”, señala, al criticar que el gobierno reacciona de manera muy agresiva insultando al comité de la ONU.
“El problema de negar un problema es que no se adoptan las medidas para solucionarlo”, menciona. Se está desperdiciando una oportunidad de oro para obtener asistencia internacional, insiste. “El gobierno tiene que admitir que necesita ayuda internacional”, dice, y destaca que el enfoque está en frenar las desapariciones y no en sancionar al país.
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, califica de muy lamentable el rechazo del Estado a la resolución del CED porque impide activar mecanismos de cooperación internacional para atender la crisis de desapariciones.
“Está señalando que la desaparición forzada en México es un problema mundial y está llamando a cooperar, a brindar asistencia técnica e incluso financiera”. En este país está desaparecida una de cada mil personas, recuerda.
Hay un alto rigor técnico con base en datos de las Naciones Unidas, de organizaciones y del propio Estado; descalificarlo no daña a esos actores, daña a las víctimas, afirma. “Es indispensable aceptar la cooperación internacional para identificar los más de 70 mil cuerpos sin identificar y localizar a las más de 132 mil personas desaparecidas”, indica, al advertir que hay menos de 4 mil carpetas de investigación en la materia.
Señala que la carga de la búsqueda recae en las familias, principalmente mujeres, quienes enfrentan riesgos constantes, y que las personas buscadoras están siendo amenazadas, desaparecidas o asesinadas.
“La desaparición de personas demuestra que la política de seguridad no está funcionando”, sostiene, tras señalar que la crisis también refleja debilidad institucional y falta de capacidad más allá de la voluntad.
- Michael Chamberlin, activista por los derechos humanos, alerta que con 40 personas desaparecidas cada día, más de dos décadas de crisis sostenida y niveles persistentes de impunidad, México enfrenta un problema estructural que el Estado continúa minimizando.
“El comité no está diciendo que exista una política deliberada como en la guerra sucia, pero sí que hay desapariciones generalizadas, y en algunos casos patrones sistemáticos”, explica, al citar el reclutamiento forzado de jóvenes en el estado de Jalisco.
“Cada vez que México se niega, refuerza la percepción de responsabilidad y debilita su credibilidad”. Considera que aceptar la asistencia internacional con supervisión es necesario.
“Si no se reconoce la realidad, no habrá forma de recuperar el Estado de derecho ni la paz. La negativa oficial puede escalar el caso a instancias internacionales más severas”, advierte.
Subraya que si bien el Estado insiste en atribuir las desapariciones al crimen organizado, ello no lo exime de responsabilidad, ya que tiene la obligación internacional de prevenir, investigar y desmantelar a esos grupos.
- Andrea Horcasitas, encargada del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, detalla que con impunidad superior a 98%, más de 83 mil restos humanos sin identificar y 132 mil personas desaparecidas, México enfrenta una crisis estructural. “Por primera vez, un caso relacionado con México se eleva a la Asamblea General de la ONU. El artículo 34 es el máximo nivel de alerta ante una práctica sistemática o generalizada”, expone.
Advierte que la disputa del gobierno federal por el diagnóstico —que no es nuevo y ha sido sostenido por familias, organizaciones y la academia— retrasa la implementación de la asistencia técnica ofrecida por el organismo.
También considera que la respuesta defensiva del Estado frente a este proceso obstaculiza el acceso de las familias a la verdad y a la justicia.
Para Patricia Olamendi, creadora de la Red Nosotras Tenemos Otros Datos y exconsultora internacional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con su rechazo, México se colocó entre los Estados que niegan la cooperación en derechos humanos.
“El gobierno de México ya dice que no acepta las conclusiones del Comité contra la Desaparición Forzada; esto no implica que el caso no se lleve a la Asamblea General; se va a discutir ahí, como ya ha sucedido con otros países.
“Lo grave es que, con este rechazo y la falta de colaboración con el comité, México pasa a la lista de los Estados que niegan el trabajo conjunto con los mecanismos de protección de los derechos humanos”, sostiene.
“Es muy grave porque México fue promotor de la creación del Consejo de Derechos Humanos y hoy vemos un cambio radical en su política exterior”.
Adalberto Méndez, exintegrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, advierte que el rechazo del Estado mexicano a la resolución del CED no sólo lo coloca bajo mayor escrutinio internacional, sino que puede derivar en un escarnio público.
Explica que aun cuando las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, sí generan consecuencias en la calificación de un país como destino de inversión y en su imagen como país seguro./Agencias-PUNTOporPUNTO
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