México necesita de manera urgente «una reforma fiscal progresiva que aumente la recaudación, fortalezca los impuestos a la riqueza y garantice una distribución más justa de los recursos”, advirtió la Comisión Independiente para la Igualdad con Justicia Fiscal (Cijuf), integrada por economistas mexicanos, entre ellos el ex subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel.
- Alrededor del 80 por ciento del gasto neto total se destina a gastos obligatorios y empresas públicas –lo que limita el margen para las erogaciones en salud, infraestructura y cuidados–, pero además el crecimiento de la deuda no deja de ser menor y “amenaza la sostenibilidad fiscal”, apuntó la Cijuf.
“México necesita una hacienda pública sólida, donde la recaudación tributaria y otros ingresos recurrentes permitan erradicar la pobreza extrema, garantizar acceso universal a la protección social e invertir en infraestructura que brinde servicios públicos de calidad, sin depender de endeudamiento insostenible”, enfatizó la comisión, también integrada por los economistas Nora Lustig, Jorge Chávez Presa, entre otros.
- De acuerdo con los reportes de Hacienda, la medida más amplia de la deuda pública –el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público– pasará de 43.3 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2019 a 52.3 por ciento al cierre de 2025, un aumento de 9 puntos porcentuales en seis años. Esta “trayectoria ascendente (…) amenaza la sostenibilidad fiscal”, destacó la organización.
- La Cijuf apuntó que, además de lo que crece la deuda, “la rigidez presupuestaria limita gravemente la capacidad de maniobra del Estado”. Enmarcó: alrededor del 80 por ciento del gasto neto total se destina a pensiones, servicio de la deuda, transferencias federales y empresas públicas, lo que reduce el margen del gasto en salud, infraestructura y cuidados.
Esta limitación lleva a que, por ejemplo, el gasto en salud sea de apenas 2.6 por ciento del PIB, menos de la mitad del 6 por ciento recomendado por la Organización Mundial de la Salud, pese que el gasto de bolsillo –el que erogan directamente las familias en un entorno de supuesta cobertura universal– creció 40 por ciento entre 2018 y 2024.
- A pesar de que la discusión sobre ingresos ya fue rebasada en el Congreso y ahora se está en la última fase de lo referente al gasto, la Cijuf enfatizó que del análisis del Paquete Económico surge la insistencia de una “reforma profunda y urgente para garantizar un desarrollo sostenible y una prosperidad compartida” en el país.
“Es impostergable implementar una reforma fiscal progresiva: debemos ampliar la base tributaria, fortalecer los impuestos a la propiedad, ambientales y a la riqueza, y asegurar un manejo eficiente y transparente de los recursos. Postergar esta reforma aumentará el riesgo de ajustes fiscales severos y dificultará financiar la inversión pública esencial y el gasto para atender las legítimas y crecientes demandas sociales”, exhortó.
Existe zozobra por parte de la IP en relación al desarrollo de la Reforma Fiscal
Los cambios fiscales en temas como la repatriación de capitales, las auditorías exprés, las garantías de interés fiscal y el aumento al IEPS en México, son algunos de los temas de la reforma fiscal que preocupan a las empresas.
El director de Saltillo Asesores, Jorge Ayax Cabello Hernández, señaló que hay una preocupación muy importante en los negocios por el tema fiscal y en particular sobre algunos temas; uno de ellos es la repatriación de capitales que se pone en marcha a partir de enero.
- Indicó que lo anterior implica pagar un 15% de aquellos recursos que no hayan pagado impuestos y que se retornen al país, esto ha causado mucho escozor sobretodo en los contribuyentes que sí pagan en tiempo y forma un 35 a 40% de impuestos.
- Otro tema son las auditorías exprés de comprobantes fiscales, donde prácticamente desde que inicien estas auditorías, les suspenderán el sello digital al contribuyente, lo que significa que no podrá facturar o timbrar nómina y con ello, no se cumple el punto de respetar la inocencia antes de ejecutar porque al suspender ese sello, una empresa no puede operar los 24 días que tiene de duración esa auditoría.
Destacó que cuando un contribuyente tiene un diferendo con el SAT aunque sigue manteniendo sus medios de defensa, ahora antes de irse a “pelear con el fisco”, tendrá que pagar primero el crédito fiscal que se les está fincando, situación que ha causado mucho revuelo en la seguridad jurídica de los contribuyentes.
Finalmente indicó que a ello, se suma el incremento de impuestos a las plataformas y el IEPS en el caso de las bebidas azucaradas y videojuegos.
México esquiva una reforma fiscal
La gran reforma fiscal de México se queda en el cajón. Antes de pensar en la creación de más impuestos, el Gobierno de Claudia Sheinbaum apostará en 2026 por incrementar gravámenes específicos y por una mayor fiscalización para elevar los ingresos públicos por recaudación.
- La meta es ambiciosa: para el próximo año el Gobierno federal busca reunir más de 10 billones de pesos en ingresos, de los que más de la mitad, unos 5,8 billones de pesos, provendrán de los impuestos. En plena desaceleración económica y con el aumento del gasto social en el horizonte, los expertos advierten de que el margen de maniobra de esta Administración será cada vez más limitado.
Con una serie de reformas, el Fisco mexicano pondrá en el punto de mira el pago de impuestos por parte de refresqueras, fabricantes de sueros orales, tabacaleras, plataformas digitales como Netflix, Uber, Tinder, así como de las empresas importadoras y exportadoras.
La ley de ingresos de 2026, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y ahora se encuentra en discusión en el Senado, prevé una batería de impuestos “saludables” a bebidas saborizadas, tabaco, apuestas y videojuegos violentos, así como una mayor carga fiscal a extranjeros. Con estos gravámenes sobre la mesa, el combate a la facturación falsa y una mayor vigilancia en aduanas, Hacienda busca obtener más de 760.000 millones de pesos en 2026.
A la usanza del sexenio anterior, el Gobierno federal estirará el próximo año las costuras de la economía antes de proponer una reforma fiscal de fondo que implique la creación de nuevos impuestos para atajar el desbalance entre ingresos y egresos públicos.
- A partir del próximo año, los refrescos y bebidas saborizadas pagarán un 87% más del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), equivalente a un cobro de 3,08 pesos por litro y, en el caso de los cigarros, la tasa del IEPS pasará de 160% a 200%. Las modificaciones avaladas en la Cámara de Diputados también contemplan un alza del 30% a un 50% en los impuestos de juegos con apuestas en casinos y en los sorteos en línea, así como el cobro de una cuota del 8% en todos los videojuegos con contenido violento.
- La presidenta Sheinbaum calificó como “actualizaciones” estos cambios al alza en los impuestos de ciertos productos. La mandataria reconoció que el único aumento que puede afectar a los ciudadanos es el incremento fiscal a los refrescos, pero matizó que esta medida busca reducir el consumo de estas bebidas.
“En vez de comprar 30 latas de refresco en un mes, compra 29. Te va a ayudar a tu salud y no vas a pagar más impuestos en refrescos”, declaró en su habitual conferencia de prensa en Palacio Nacional. A contracorriente, expertos y pequeños comerciantes han advertido que lejos de inhibir el consumo de estos productos, la medida solo es recaudatoria y pegará de lleno en el bolsillo de las familias.
Más allá del alza en el IEPS de varios productos, el paquete económico de este Gobierno contempla otras medidas para elevar los ingresos públicos. La estrategia también eleva la tasa de retención sobre capitales invertidos en el sistema financiero de 0,5 % a 0,9%.
- La Cámara de Diputados también avaló aumentos de más del 100% en los precios de los documentos migratorios para extranjeros e incrementos similares en las entradas de algunos museos. También se contemplan cambios para el sistema financiero en materia de deducibilidad de aportaciones al IPAB, así como de cuentas incobrables y, finalmente, se ha prometido elevar el combate al uso de comprobantes fiscales falsos.
- Raymundo Tenorio, profesor emérito del TEC de Monterrey, explica que la meta de recaudación de Hacienda se soporta mucho, como siempre, en los impuestos habituales como el ISR, el IVA y postergan la discusión de fondo, de una reforma fiscal debido al coste político que implica proponer algo así. De esta forma, el Gobierno buscará otras alternativas antes de conjurar la creación de más impuestos.
“Es optimista esta meta de recaudación de 5,8 billones de pesos, sobre todo si se considera que la actividad económica en el 2026 no llegará más allá del 1,5%. Hacienda está sobreestimando la eficiencia recaudatoria en resolución de litigios, de persecución a factureras, lo cual va de acuerdo con la ley, pero me parece que son demasiado optimistas dado el crecimiento que se espera en la actividad económica para el próximo año tan mediocre”, apunta.
- De la eficiencia quirúrgica de esta apuesta fiscal pende el equilibrio de las finanzas públicas. En 2024, México cerró con el mayor déficit fiscal de los últimos 30 años, equivalente a un 5,7% del PIB.
- Este Gobierno tiene ante sí el reto de reducir el desbalance entre ingresos y egresos, pero la tarea no es menor dado el millonario compromiso de gasto social, vía becas, programas sociales y pensiones, y el lento dinamismo de la actividad económica, cuyo consenso de analistas apunta a un crecimiento por debajo del 1% para 2025.
La agencia Moody’s publicó en un reporte reciente que el Gobierno encara crecientes presiones fiscales debido al aumento del gasto corriente y de los programas sociales, junto con una mayor carga de deuda en un entorno de altas tasas de interés.
“Un gobierno que enfrenta un desequilibrio fiscal cada vez mayor aumenta el riesgo de perder la confianza y genera dudas sobre su capacidad para cumplir con sus obligaciones de deuda, lo que a su vez provoca que los compradores de bonos exijan una prima de riesgo más alta. Por lo tanto, un fuerte compromiso con la consolidación fiscal es una condición necesaria para reducir la vulnerabilidad de la economía”, zanja.
El SAT vigilará aplicaciones
La reforma fiscal aprobada por los Diputados, que otorga al SAT acceso en tiempo real a las bases de datos de plataformas digitales, generó críticas por parte de organizaciones como Artículo 19 y la Asociación de Internet MX, que alertaron sobre riesgos a la privacidad, ciberseguridad y libertad de expresión, al considerar que la medida habilita una vigilancia masiva sin controles judiciales claros.
Aunque el gobierno argumenta que busca combatir la evasión fiscal, expertos y asociaciones piden replantear la iniciativa para garantizar una tributación justa sin vulnerar derechos fundamentales.
La Asociación de Internet MX pidió a los senadores, encargados de ratificar la reforma, analizar con detenimiento la iniciativa o de lo contrario, el SAT podría ingresar a los sistemas de Netflix, Amazon, Mercado Libre, Tinder o Duolingo con el argumento de vigilar el cumplimiento de obligaciones fiscales.
“No existen precedentes en México ni en democracias comparables de una medida tan intrusiva”, señaló la Asociación a cargo de Julio César Vega Gómez.
- El organismo, que agrupa a firmas como Amazon, Cinépolis, Banco Azteca, Grupo Modelo y Salud Digna, señaló que México “correría el riesgo de seguir el ejemplo de países autoritarios que han recurrido a la vigilancia masiva como instrumento de control económico”.
A juicio del organismo, la disposición pone en riesgo la privacidad, viola derechos humanos, debilita la confianza en las instituciones y daña la economía digital. Además, incrementa los riesgos en materia de ciberseguridad y contempla sanciones “desproporcionadas y alarmantes”.
“Se argumenta que la medida busca mejorar la recaudación y combatir la evasión fiscal, pero en la práctica habilita potencialmente un sistema de vigilancia masiva sobre las operaciones de las empresas y abre la puerta a violaciones para la privacidad de millones de usuarios de servicios digitales sin exigencia de orden judicial ni límites procesales”, sostuvo la AIMX.
Como alternativa, propuso eliminar la obligación de acceso en tiempo real y sustituirla por auditorías selectivas con orden judicial debidamente fundada y motivada. También sugirió limitar el alcance de los datos a información relevante para la autoridad fiscal y establecer mecanismos seguros de acceso, con autenticación multifactor y registros de auditoría.
Asimismo, pidió aplicar sanciones proporcionales y escalonadas, evitar el bloqueo inmediato de los servicios digitales, crear regímenes simplificados para las MiPyMEs y garantizar que la redacción final del artículo 30-B se apegue al marco jurídico y a los estándares internacionales de protección de datos.
Bloqueo digital, una censura disfrazada de recaudación
Al respecto, Artículo 19 México, organización dedicada a la defensa y promoción de la libertad de expresión, afirmó que el nuevo artículo fiscal que permite el acceso en línea y en tiempo real a la información de las personas usuarias bajo el argumento de “cumplimiento de obligaciones fiscales” representa una intromisión desproporcionada y sin controles en el derecho a la privacidad.
- La organización expresó que, al otorgar facultades para una vigilancia permanente sin necesidad de justificación ni garantías de debido proceso, esta disposición elimina de facto la protección jurídica a los datos personales y carece de mecanismos de control judicial que eviten abusos.
- A ello se suma que la sanción prevista —el bloqueo temporal del acceso al servicio digital— podría restringir el uso de plataformas como redes sociales o servicios de alojamiento web, esenciales para informarse, expresarse y organizarse en el entorno digital. Equiparar estas plataformas con casinos en línea o sistemas de apuestas es desconocer su papel como espacios cívicos interconectados donde se ejercen derechos humanos.
El bloqueo constituye una forma de censura indirecta, prohibida por el artículo 7 constitucional y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al utilizar herramientas administrativas para obstaculizar la circulación de ideas y opiniones.
Aunque la recaudación tributaria es un objetivo legítimo, no puede justificarse a costa de otros derechos fundamentales. Por ello, organizaciones y especialistas urgen al Poder Legislativo a replantear esta medida y adoptar mecanismos menos lesivos que permitan una tributación justa y proporcional sin vulnerar la privacidad ni la libertad de expresión de millones de personas usuarias en línea.
Ley de Ingresos fortalece al SAT
La aprobación de la Ley de Ingresos 2026 en el Senado, también se avaló una reforma al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, que —según especialistas— endurece las condiciones para los contribuyentes que enfrenten créditos fiscales y limita su capacidad para defenderse.
¿Qué cambia con la reforma al artículo 141?
De acuerdo con información del medio Reforma, el artículo 141 aplica cuando un contribuyente, ya sea persona física o moral, interpone un juicio o recurso de revocación contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por ejemplo, al impugnar un crédito fiscal.
- Según explica Juan Carlos Pérez Góngora, socio director del despacho Pérez Góngora y Asociados, el cambio principal es que ahora se deberá garantizar el interés fiscal desde el primer medio de defensa, es decir, desde que inicia la impugnación, y no en etapas posteriores como sucede actualmente.
Hoy en día los medios de defensa son sobre una liquidación de la autoridad fiscal. Es el recurso de revocación ante la misma autoridad administradora, después sigue el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y luego te vas al juicio de amparo en el Poder Judicial”, explicó.
“En la actualidad tú tienes que garantizar el interés fiscal cuando te vas al juicio de nulidad ante el tribunal y ante el amparo, no cuando te vas al recurso de revocación con la misma autoridad, ahí no garantizas el interés fiscal”.
Según el especialista, la nueva disposición adelanta esa obligación, lo que incrementará la carga financiera de los contribuyentes que busquen defenderse legalmente.
Las garantías fiscales: del abanico a la lista obligatoria
Otro cambio importante, explicó un fiscalista que pidió omitir su nombre, es que el artículo 141 antes ofrecía siete opciones para garantizar el interés fiscal:
- Depósito en dinero
- Carta de crédito
- Prenda o hipoteca
- Fianza
- Obligación solidaria
- Embargo
- Títulos valor o cartera de créditos
Con la reforma, el SAT establece un orden obligatorio, comenzando con la figura del billete de depósito en una institución autorizada, lo que en la práctica implica entregar dinero en efectivo.
“Es prácticamente en efectivo y seguramente va a ser en el Banco del Bienestar o en el Banco del Ejército, en algún banco de Gobierno”, señaló.
“Al establecer un orden obligatorio en las formas de garantía y excluir ciertos bienes, se limita la capacidad de las personas físicas y morales para cumplir con esta obligación de manera flexible”.
¿Qué pasa si no se garantiza el crédito fiscal?
El especialista advirtió que si el contribuyente no garantiza el crédito conforme a las nuevas reglas, el SAT podrá proceder al embargo de cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles, o incluso intervenir su negocio sin suspender los actos de cobro.
“La nueva redacción del artículo 141 refuerza la capacidad del SAT para actuar con rapidez y limitará la flexibilidad que hoy tiene el contribuyente. Se incrementa el riesgo operativo y financiero de quienes no cumplan oportunamente con la garantía”.
Además, el SAT ya no aceptará predios rústicos ni bienes intangibles (como derechos o marcas) en las garantías de prenda o hipoteca.También se prohíbe ofrecer el mismo bien como garantía en más de dos ocasiones.
Impacto en las pequeñas y medianas empresas
Los especialistas coincidieron en que las pymes y personas físicas serán las más afectadas, ya que muchas no tienen capacidad para inmovilizar capital o conseguir una carta de crédito.
Muchas pymes y personas físicas no tendrán la capacidad para inmovilizar capital o conseguir una carta de crédito”, comentó el fiscalista.
“En la práctica, el contribuyente podría no ejercer su derecho de defensa fiscal, si no logra garantizar primero el crédito fiscal conforme al nuevo orden”.
Pérez Góngora añadió que esta medida entorpece la actividad económica y aumenta la presión sobre los negocios formales.
“Desafortunadamente las reformas vienen a meter más trabas a la actividad económica de las empresas, y obviamente a las pequeñas y medianas empresas, son las que salen más perjudicadas”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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