El Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) anunció ante la Asamblea General de Naciones Unidas el inicio del proceso para determinar si las desapariciones que ocurren en México son generalizadas o sistemáticas.
- El avisó fue hecho por el presidente del CED, Juan Pablo Albán Alencastro, como parte del informe anual presentado a la Asamblea General de la ONU, en el contexto del 80º Periodo de Sesiones.
- Durante la sesión plenaria de la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, presidida por el representante permanente de Tailandia Cherdchai Chaivaivid, Albán informó sobre la medida tomada por el CED para México.
- País que oficialmente registra 134 mil personas desaparecidas y no localizadas, y que ocupa el primer lugar en Acciones Urgentes sobre desapariciones forzadas reportadas al CED, con 779 comunicaciones de las 2 mil 74 enlistadas por el organismo.
“En marzo de 2025, el comité activó por primera vez el artículo 34 de la Convención (Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas) en relación con México”, dijo Albán, quien comunicó la decisión del órgano colegiado a través de videoconferencia.
- El experto nativo de Ecuador explicó que “dicho procedimiento permite al Comité llevar a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas indicios y una posible práctica generalizada o sistemática de desaparición forzada”.
- Resaltó que desde que decidió iniciar el procedimiento, “en un primer momento, el Comité solicitó información al Estado parte sobre dicha situación, la cual fue presentada el pasado mes de septiembre”, información que México solicitó se mantuviera en sigilo.
Juan Pablo Albán Alencastro indicó que “las próximas etapas del procedimiento serán comunicadas y se harán públicas a su débito tiempo”.
- Treinta minutos después de que el presidente del CED informó a la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU sobre la decisión, el representante permanente de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos y Cruz tomó la palabra para rechazar la medida.
- “México no comparte la decisión del Comité consistente en activar el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención en un caso como el de mi país”, dijo el diplomático.
Tras reconocer el trabajo de CED y del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI), cuya presidenta Gabriella Citrioni rindió también su informe anual, Vasconcelos y Cruz sostuvo que México “se ha distinguido por ser uno de los Estados más abiertos al escrutinio internacional”, siendo prueba de ello la ratificación de todas las convenciones sobre derechos humanos y la invitación “permanente a los expertos internacionales en la materia”.
Sobre la inconformidad hacia la decisión colegiada del CED, Vasconcelos sostuvo que “la aplicación de dicho artículo debe reservarse a situaciones excepcionales y sustentarse en criterios objetivos a fin de no desvirtuar su naturaleza ni sentar precedentes que puedan afectar la confianza y el espíritu de cooperación entre los estados parte y el Comité”.
- El funcionario mexicano apuntó que “cualquier modificación o interpretación sustantiva de la Convención debe surgir de un proceso amplio y transparente y consensuado entre los estados parte”.
Si bien el artículo 34 da facultades plenas al CED para decidir sobre su aplicación, en nombre del Estado mexicano Héctor Vasconcelos concluyó que sólo con el consenso entre el organismo y el Estado en cuestión, “se garantizará la legitimidad y eficacia del sistema en beneficio de las víctimas y del propósito común que compartimos, erradicar la desaparición forzada”.
El artículo 34 de la Convención refiere que “si el Comité recibe información que, a su juicio contiene inicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado parte, y tras haber solicitado del Estado parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter de urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas por medio del Secretario General de las Naciones Unidas”.
Desde que México se adhirió a la Convención en 2010, ha recibido múltiples observaciones por el alto número de desapariciones forzadas, por el GTDFI así como por el CED, que en 2021 visitó el país, y desde entonces ha sido alertado por el incremento constante de ese flagelo, sin que se hayan adoptado las recomendaciones formuladas.
Oportunidad histórica
- Grace Fernández, integrante del colectivo Búscame, afirmó que la apertura del procedimiento representa “la herramienta suprema” para cuestionar al Estado mexicano y obligarlo a rendir cuentas por la crisis de desapariciones que enfrenta el país.
- Recordó que el fenómeno “ya no es solo sistemático, sino generalizado”, afecta a toda la población sin distinción.
- Fernández advirtió que la aquiescencia del Estado mexicano —la tolerancia, omisión o participación indirecta en los crímenes— convierte a todas las desapariciones en desapariciones forzadas, según el derecho internacional.
“Cuando no tienes una estrategia nacional de búsqueda ni de investigación, cuando las comisiones trabajan con cinco personas para buscar a 5,000 desaparecidos, eso es omisión. Y eso es aquiescencia. Y eso convierte todas las desapariciones en forzadas”, sostuvo.
- Además, destacó que el pronunciamiento del Comité debe interpretarse como una oportunidad para que México adopte estrategias más efectivas de búsqueda y prevención, y no como una intromisión extranjera.
- La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, afirmó, por su parte, que la activación constituye “un reconocimiento internacional de la gravedad de la crisis de desapariciones que vive México”.
En entrevista señaló que esta medida es consecuencia de la negación sistemática del Estado mexicano frente a la existencia de la desaparición forzada y advirtió que el país “vive desde hace más de 50 años” con este problema, que se ha agudizado desde 2007 con la militarización de la seguridad pública.
“Lo que sí es generalizado y sistemático —dijo— es que el Estado mexicano niega que en este país haya desaparición forzada, cuando sí la hay. En México existen casos en los que agentes del Estado han participado directamente en desapariciones, como en Ayotzinapa, y otros donde colaboran o permiten que agentes privados desaparezcan personas, como en Teuchitlán, Jalisco.”
- Por su parte, Jonathan Ávila, coordinador del eje temático de desaparición del CEPAD (Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo en México), señaló que el proceso “abre dos posibilidades para México:
- La primera, someterse a una revisión internacional sobre su capacidad para enfrentar esta crisis, y la segunda, generar cooperación y diálogo con otros países que puedan aportar tecnología, estrategias o apoyo forense”.
El experto también advirtió que, en caso de que el CED determine responsabilidades, el asunto podría escalar a la Asamblea General de la ONU, donde los Estados miembros decidirían si aplicar sanciones o mecanismos de cooperación internacional.
Sin embargo, reconoció que este tipo de procedimientos “dependen en gran medida de la voluntad política de los Estados parte”, lo que podría limitar su alcance real.
Los datos de la crisis
Entre el 1 de enero de 2007 y el 26 de octubre de 2025, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas documentó un total de 338,879 personas reportadas como desaparecidas; de ese universo, 120,196 personas siguen sin ser encontradas, lo que equivale al 35.47% del total, mientras que 218,683 han sido localizadas con o sin vida.
Unas 17,895 personas fueron ubicadas sin vida, lo que representa el 8.18% de los casos localizados. Los estados con más personas desaparecidas y no localizadas, desde 2007, son el Edomex (14,500), Jalisco (14,263) y Tamaulipas (13,488). A la misma fecha sumaban 131,218 personas desaparecidas y no localizadas en México.
Sheinbaum rechaza decisión del Comité de la ONU
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno no está de acuerdo con la decisión del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU de activar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum reconoció que la mayoría de las desapariciones en el país están relacionadas con el crimen organizado y subrayó que su administración atenderá los casos con base en las regulaciones establecidas en la Constitución.
La mandataria también indicó que las entidades federativas y el Gobierno Federal discuten actualmente mecanismos de coordinación para fortalecer la atención a las denuncias.
Qué implica la activación del Art. 34 del Comité contra Desapariciones Forzadas
El Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), órgano integrado por 10 expertos independientes en derechos humanos, decidió activar el artículo 34 tras analizar información recibida desde 2014, que incluye denuncias, acciones urgentes y comunicaciones individuales derivadas de su visita a México.
- El artículo 34 permite que el CED lleve un caso ante la Asamblea General de la ONU si considera que en un país existe una práctica sistemática de desapariciones forzadas. Esto solo ocurre después de solicitar información al Estado involucrado y determinar que la situación lo amerita.
- De acuerdo con la Convención, una desaparición forzada ocurre cuando una persona es arrestada, detenida o secuestrada por agentes del Estado, o por particulares con su autorización, seguida del ocultamiento del paradero o la negativa a reconocer la detención. Esta práctica deja a la víctima fuera de la protección de la ley.
Además, el artículo 5 de la Convención establece que las desapariciones forzadas de carácter sistemático o generalizado constituyen crímenes de lesa humanidad, lo que abre la posibilidad de que sean revisados por la Corte Penal Internacional.
Respuesta del gobierno mexicano ante la decisión de la ONU
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, respondió que el país está abierto al escrutinio internacional, pero consideró que las afirmaciones del Comité “carecen de sustento”.
- La cancillería aseguró que el Estado mexicano ha reforzado las estrategias de búsqueda de personas y presentado informes detallados al CED, los cuales —según dijo— deben ser analizados de manera objetiva antes de emitir nuevos juicios.
Claudia Sheinbaum enfatizó que su gobierno mantiene un enfoque de cooperación internacional, pero siempre bajo el principio de respeto a la soberanía nacional. Recordó que, si bien en el pasado las desapariciones estaban vinculadas a motivos políticos, actualmente la mayoría están relacionadas con actividades del crimen organizado, lo que requiere estrategias específicas de seguridad y justicia.
- La mandataria explicó que los gobiernos estatales y el federal trabajan en la regulación de acuerdos y protocolos para mejorar la atención a las víctimas, fortalecer las fiscalías especializadas y mejorar los mecanismos de búsqueda.
La crisis de desapariciones en México en cifras
(Lista de Datos Relevantes)
- Entre el 1 de enero de 2007 y el 26 de octubre de 2025, se han registrado 338,879 personas desaparecidas y no localizadas en México.
- 120,196 personas continúan sin ser localizadas, lo que representa 35.47% del total.
- 218,683 han sido localizadas con o sin vida.
- De las personas localizadas, 17,895 fueron encontradas sin vida, equivalente a 8.18%.
- Los estados con mayor número de desapariciones son:
- Estado de México: 14,500 casos
- Jalisco: 14,263 casos
- Tamaulipas: 13,488 casos
- Desde 2007, suman 131,218 personas desaparecidas y no localizadas a nivel nacional.
Organizaciones como Amnistía Internacional y colectivos ciudadanos sostienen que la crisis se agudizó a partir de la militarización de la seguridad pública en 2007.
- Activistas advierten que, de confirmarse la práctica sistemática, el caso podría escalar ante la Asamblea General de la ONU para la determinación de posibles sanciones o mecanismos de cooperación internacional.
- La activación del artículo 34 del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU marca un momento clave para la rendición de cuentas sobre la crisis de personas desaparecidas en México.
- Aunque el gobierno federal ha manifestado desacuerdo con la medida, el procedimiento internacional abre la posibilidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda y cooperación global.
Mientras tanto, el país enfrenta un desafío estructural: la atención a más de 120 mil personas que continúan desaparecidas y la necesidad de garantizar justicia a las familias. El debate entre la responsabilidad estatal, la soberanía nacional y el escrutinio internacional continuará siendo central en la agenda de derechos humanos en México.
Las desapariciones se elevaron 44% en CDMX
Las desapariciones en la Capital registran un incremento de 44.8 por ciento respecto al año pasado.
- Entre enero y el 15 de octubre, la Comisión Nacional de Búsqueda reporta mil 838 denuncias por este delito, frente a las mil 13 que se reportaron en el mismo periodo de 2024.
- Desde octubre, cuando entró en funciones la actual Administración, encabezada por la morenista Clara Brugada, la Capital se ubica con alta incidencia de desapariciones.
- El alza de ese delito y plagios también impacta a municipios conurbados del Estado de México en donde gobierna la morenista Delfina Gómez y el Secretario de Seguridad estatal es Cristóbal Castañeda, quien tiene el grado de Teniente Coronel en el Ejército.
En lo que va del año han ocurrido al menos 12 casos de secuestro o desaparición en el Valle de México que involucran a una o ambas entidades, en los que se acumularon 15 víctimas, de las cuales 6 aún no han sido localizadas.
- El último es el caso de Kimberly Moya, estudiante de 16 años que fue vista por última vez el 2 de octubre y cuyos familiares y amigos bloquearon durante 15 horas Periférico Norte el lunes pasado.
- Ese mismo día se reportó la detención de dos hombres presuntamente relacionados con el secuestro de la menor, sin embargo, ella no ha sido localizada.
- «Es fácil decir que ocurren estas tragedias porque hay conflictos bélicos, pero la Ciudad de México, históricamente, y a la fecha, se tiene como una burbuja, un espacio en el que no ocurren estos acontecimientos».
Las desapariciones reflejan que sí hay una crisis institucional y reflejan la magnitud del fenómeno y la agudización del fenómeno», explicó Andrea Horcasitas, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
Avances y retos en la lucha contra desapariciones
- Las iniciativas implementadas por la actual administración del Gobierno federal frente a los casos de desaparición de personas han logrado el establecimiento de una ruta más clara para la búsqueda y localización de personas, en comparación con gobiernos anteriores.
Entre estas tareas se encuentra la atención a las acciones urgentes emitidas por la ONU en casos específicos de personas no localizadas.
- La ONU-DH, en un boletín publicado por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, reconoce los avances alcanzados en México y los retos en el combate a las desapariciones.
Alienta a las autoridades a consolidar una política judicial centrada en las víctimas, de acuerdo con los más altos estándares internacionales, y tomando debida consideración las recomendaciones en la materia emitidas por los mecanismos internacionales de derechos humanos.
México es el país con el mayor número de acciones urgentes en el mundo con 779 casos registrados ante el Comité, explica César Contreras León, colaborador en el Área de Defensa Integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). “Esto nos habla de la magnitud de la crisis, pero también de la falta de respuesta del Estado mexicano”.
- En la actualidad se tiene el registro de más de 130 mil casos de personas desaparecidas desde 2006, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
- En respuesta a esta grave situación, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha emitido un conjunto de Acciones Urgentes para abordar este problema.
- Es en esta administración, encabezada por Claudia Sheinbaum, en donde se comienzan a ver avances reales para la atención del problema. La Secretaría de Gobernación, de Rosa Icela Rodríguez, ha sido la dependencia que ha instrumentado las estrategias.
De acuerdo con el artículo 30 de la Convención sobre Desapariciones Forzadas, una medida urgente es una solicitud formal del Comité a un Estado parte para que adopte de inmediato todas las acciones necesarias para buscar, localizar y proteger a una persona desaparecida.
Y en ese contexto, el mecanismo de acciones urgentes es una herramienta internacional que busca obligar a los Estados a reaccionar de inmediato ante un caso de desaparición. No es un proceso judicial, sino una vía de presión humanitaria. De acuerdo con Contreras, cualquier familiar de una persona desaparecida puede acceder a él, sin necesidad de abogado ni intermediarios.
“Se trata de un formulario muy sencillo que se envía por correo electrónico al Comité”, explica. “El Comité registra el caso, lo comunica al Estado mexicano —a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores— y pide información a las autoridades competentes: fiscalías, comisiones de búsqueda y comisiones de atención a víctimas”.
Solicitud de ayuda de la ONU es reflejo de la crisis estructural
Pero la existencia misma de este mecanismo, y su uso creciente, revelan algo más profundo. Para el abogado del Centro Prodh, las acciones urgentes son un espejo del colapso institucional mexicano:
“Reflejan que los mecanismos locales —como el amparo o las quejas ante comisiones de derechos humanos— son insuficientes. Las familias recurren a instancias internacionales porque en México no encuentran justicia”.
- La ONU no es ajena al contexto mexicano, recuerda. Desde su visita oficial en 2021, el Comité ha documentado de cerca la crisis y ha emitido informes severos sobre la falta de resultados en búsqueda, investigación y atención a víctimas.
- “No es una institución que hable desde lejos; conoce el terreno, ha escuchado a las familias y ha señalado la falta de voluntad y de capacidad del Estado para enfrentar la desaparición”, añade Contreras.
El Comité comenzó a operar hace casi veinte años, y con él, el mecanismo de acciones urgentes.
- En ese mismo lapso, México ha vivido el auge de una crisis de desapariciones que supera las 130 mil personas no localizadas. Las acciones urgentes, entonces, no son una respuesta reciente, sino un testimonio acumulado de dos décadas de omisiones.
“Cada acción urgente sigue abierta hasta que la persona desaparecida es localizada. No se cierran los casos. El Comité mantiene comunicación constante tanto con el Estado como con las familias. Solo termina cuando se cumple con lo que las familias exigen: hasta encontrarles”.
Familiares de desaparecidos encuentran esperanza entre la impunidad
- El mecanismo del que se habla no sustituye la obligación del Estado mexicano, pero sí ofrece una ruta para romper el silencio institucional. En muchos casos, la intervención de la ONU ha servido para reactivar búsquedas o investigaciones que llevaban meses o años detenidas.
- César Contreras precisa que estas alternativas son utilizadas por los familiares de personas desaparecidas ante la falta de respuesta de las autoridades locales, y cuando los mecanismos de los que dispone el sistema de justicia mexicano han resultado insuficientes, como el juicio de amparo o las quejas en las comisiones de Derechos Humanos.
Aun así, el peso de la impunidad sigue siendo abrumador. Las familias, cansadas de la indiferencia oficial, se han convertido en las verdaderas investigadoras. Y, en muchos casos, son ellas quienes logran movilizar a las instituciones, incluso a nivel internacional.
“Las acciones urgentes son un recordatorio de que las desapariciones no son solo estadísticas”, señala Contreras. “Son personas, son familias que siguen esperando. Y mientras el Estado no cumpla su deber, la comunidad internacional seguirá diciendo lo mismo que dicen las madres en las calles: no vamos a parar hasta encontrarles”.
- El reporte más reciente sobre acciones urgentes dado a conocer por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU el pasado 7 de octubre, señala que México es el país con mayor número de estos trámites, 779 en total.
- Después se encuentra Irak con 663 casos, territorio conocido por sus constantes conflictos bélicos y la inestabilidad social que se vive. El tercer y cuarto lugar los ocupan Colombia y Cuba con 244 y 200 casos, respectivamente.
- El documento informa también que entre el 1 de marzo y 16 de septiembre de 2025, el CED recibió 144 reportes de desapariciones forzadas en el mundo, por los cuales se solicitaron acciones urgentes.
El caso de Erick Jair Pérez Limón, de 21 años, desaparecido el 23 de junio de este año en el municipio de San Agustín de las Juntas, revela las deficiencias estructurales en la investigación de desapariciones en México.
Su caso fue recientemente presentado ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, que activó la Acción Urgente 2134/2025 para exigir al Estado mexicano medidas inmediatas para localizarlo y sancionar a los presuntos responsables.
En entrevista, el abogado y activista Joaquín Galván, quien acompaña el proceso, detalló que la desaparición ocurrió apenas dos meses después de que Erick Jair denunciara haber sido agredido y secuestrado por policías municipales y civiles identificados, entre ellos el padre de su pareja sentimental, un hombre conocido como Gaspar “N”.
- El abogado señaló que la Fiscalía de Oaxaca omitió integrar la primera denuncia como línea de investigación clave, lo que permitió que los agresores continuaran libres. No fue sino hasta que el caso se hizo público y se presentó ante instancias internacionales que las autoridades comenzaron a actuar.
- Gracias a la presión mediática y a la intervención del Comité de la ONU, se reactivaron las carpetas. Hoy hay tres detenidos y dos órdenes de aprehensión pendientes, una de ellas contra el principal señalado, Gaspar “N”, quien ya no se encuentra en el estado, de acuerdo con el activista.
Sin embargo, Galván denunció que los avances dependen casi exclusivamente del trabajo de la familia, especialmente del padre de la víctima, quien ha aportado la mayor parte de la información y pruebas.
“Quiero ser claro que hasta este momento, casi todo ha sido por aportación del papá de la víctima, sin un trabajo de investigación adecuado de parte de la Fiscalía. Básicamente, el papá aporta los datos y la Fiscalía ha ejecutado. En eso se ha resumido el seguimiento del caso”, dijo.
‘Las acciones urgentes sirven si el caso se visibiliza’
El abogado explicó que la acción urgente otorgada por el Comité de la ONU es una medida excepcional que obliga al Estado mexicano a rendir un informe sobre las acciones emprendidas para buscar y localizar a la persona desaparecida.
Galván advirtió, sin embargo, que la efectividad de estas medidas depende de la visibilidad pública del caso. Es decir, mientras más visible sea un caso, mayor es la presión sobre el Estado. Si el caso es de perfil bajo, pueden ignorarlo sin consecuencias reales.
- Para el entrevistado, la falta de respuesta institucional no es un caso aislado, sino una muestra de la crisis nacional de desapariciones. “El Estado mexicano prefiere ocultar datos para minimizar la gravedad del problema. Mientras menos casos se expongan, menos presión sienten”, señaló.
- A la espera de la respuesta oficial del Estado mexicano ante el Comité de la ONU, el abogado insiste en mantener el caso en la agenda pública. “La visibilidad es lo único que nos permite presionar. Las familias están cansadas, pero no van a parar. La esperanza es lo único que les queda”, concluyó.
Las acciones urgentes son obligatorias
- Contreras subrayó que las acciones urgentes del Comité no son simples recomendaciones, sino obligatorias para el Estado mexicano, de acuerdo con un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
- “Gracias a la lucha de las familias y de las organizaciones civiles, hoy está reconocido que las acciones urgentes deben cumplirse sin que las autoridades decidan si quieren o no hacerlo”, señaló.
También hizo un llamado a la administración federal para que asuma con seriedad sus obligaciones internacionales, fortalezca la coordinación interinstitucional y garantice los recursos necesarios para cumplir con los compromisos en materia de desaparición forzada. /PUNTOporPUNTO
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