México retrocedió tres lugares en el Índice del Estado de Derecho elaborado por el World Justice Project, en donde se valoran aspectos como ausencia de corrupción, transparencia gubernamental, derechos humanos, cumplimiento de la ley, acceso a la justicia y contrapesos gubernamentales.
En la más reciente edición, México se colocó en el lugar 121 de 143 países evaluados, lo que refleja un bajo cumplimiento del Estado de Derecho.
- Se observa que México tiene retos importantes particularmente en aspectos como la seguridad ciudadana y la justicia; así como en el respeto a los derechos humanos y el combate a la corrupción en el sector público.
- En los primeros lugares, de los países con mayor cumplimiento de Estado de Derecho se ubicaron las naciones nórdicas: Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia.
Si hacemos un acercamiento al desempeño mexicano en los últimos 10 años, donde se retrata el liderazgo de los gobiernos de Enrique Peña Nieto; Andrés Manuel López Obrador y el arranque del que lleva Claudia Sheinbaum, se puede ver un retroceso en aspectos como la protección de derechos fundamentales, la justicia civil y la erosión de los contrapesos institucionales.
Factores que han destacado el American Chamber of Commerce y el Atlantic Council, como factores de riesgo en los procesos de revisión del T-MEC.
- El índice está integrado por ocho subcomponentes: contrapesos al poder gubernamental; ausencia de corrupción; gobierno abierto; derechos fundamentales; orden y seguridad; cumplimiento de la ley; justicia civil y justicia penal.
- El que corresponde a orden y seguridad, México se ubica en la posición 132 de 143 países evaluados.
- En ella incorporan sectores como control efectivo al crimen organizado, recurrencia de personas a la violencia para resolver agravios así como conflictos civiles efectivamente limitados.
En el que corresponde a contrapesos del poder cayó en dos escalones del lugar 106 al 108 Este segmento incorpora la evaluación de límites al poder gubernamental por la legislatura; límites al poder gubernamental por parte del poder judicial; independencia de órgano auditor; transición de poderes sujetos a la ley y ejercicio del poder público sin influencia de poderes fácticos.
Cabe destacar que la evaluación divulgada corresponde al ejercicio del año 2024, que incorpora el último año de gobierno del ex presidente AMLO.
Corrupción y justicia criminal, entre los peor calificados
- El sector de ausencia de corrupción, que también forma parte del índice, es uno donde México sale entre los peor calificados de los 143 países.
- En este segmento ocupa el puesto mundial 134 de 143 países, es decir, solo nueve lugares arriba del que tiene las peores calificaciones.
- Apenas rebasa al último del comparativo, que es la República del Congo; a Camboya, Bolivia, Haití; Camerún, Gabón; Kenia; Venezuela y Uganda.
Integran este factor, subíndices como la evidencia de que el poder ejecutivo no utiliza su posición de poder para obtener ganancias privadas; evidencia de que ningún representante del poder judicial ocupa su posición para obtener ventajas privadas; lo mismo para representantes del poder legislativo; policías y militares.
- En otro subíndice donde tiene México las peores calificaciones es el de justicia criminal, donde se ubica en la posición 135 de 143 países. Apenas rebasa a los últimos de la fila: Venezuela, Bolivia, El Salvador; Myanmar, Camerún; Haití, Afganistán y Nicaragua.
- En este segmento califican el sistema de investigación criminal; eficiencia y oportunidad de acciones del sistema de investigación criminal; imparcialidad de juicios y evidencia de que no hay corrupción en el sistema de investigación criminal.
Autoritarismo precipita caída del respeto a la ley
En el documento pusieron de relieve que “el auge del autoritarismo está ocasionando retrocesos del Estado de Derecho, pues están reduciendo el espacio cívico así como el debilitamiento de los pesos y contrapesos al poder.”
- En el informe destacan que el 68% de los países evaluados por el World Justice Project en su índice de cumplimiento de la ley, redujeron sus calificaciones en este año.
El índice muestra que los sistemas judiciales están perdiendo terreno frente a los excesos del poder ejecutivo en la mayoría de los países con una creciente injerencia política en los sistemas de justicia.
- El WJP es una organización independiente internacional y multidisciplinaria que trabaja para mejorar el Estado de Derecho en el mundo. Entiende al respeto al Estado de Derecho como un sistema de gobernanza.
- En el que se cumplen cuatro principios universales: rendición de cuentas; leyes justas; gobierno abierto y mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas.
- De acuerdo con ellos, un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, protege a las personas de hechos injustos y combate a la pobreza, porque es el sustento de la igualdad, oportunidades y paz.
WJP comenzó en 2006 como una iniciativa de la American Bar Association bajo el liderazgo de William H Neukom. Y se ha convertido en una organización sin fines de lucro desde el 2009.
El gasto en estado de derecho será del 0.9 del PIB
El gasto en “estado de derecho” –que incorpora los recursos para seguridad nacional, interior, justicia y asuntos de orden público– será de 2 mil 582 pesos por persona el próximo año.
En total, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2026 contempla recursos por 347 mil millones de pesos para este fin, explicó Jorge Cano, cordinador del programa de Gasto Público de México Evalúa.
- En total, los recursos efectivos destinados a estas áreas equivalen a 0.9 por ciento del producto de interno bruto (PIB) o 3.4 por ciento del gasto total, lo cual exhibe que este tema, de acceso a seguridad y justicia, que “es la mayor preocupación de los mexicanos, no está teniendo un financiamiento adecuado respecto a las necesidades que tiene el país”, apuntó.
- Agregó que al observar sólo los recursos que se destinan a subsidios en seguridad para estados y municipios, la situación se agrava. En total son 2 mil millones de pesos, 88 por ciento por debajo de los 16 mil 400 millones de pesos de 2014.
- “Que no se esté tratando de fortalecer a los municipios y a las entidades federativas desde el gobierno federal muestra que en realidad no existe una prioridad para fortalecer a las poblaciones civiles, que son la primera línea de defensa ante el crimen organizado y son las que tienen una mayor efectividad y presencia al momento de presentar casos ante el Ministerio Público”, comentó Cano.
En 2026, menos gasto en seguridad para la gente
Para 2026, el gasto destinado para garantizar el Estado de derecho por persona equivale a 2,465 pesos, esto es mil pesos menos que en 2015, además de que el costo del delito en México es 153% mayor, según estimaciones de México Evalúa.
- Un análisis refiere que, el delito tuvo un costo promedio de 6,225 pesos por víctima en 2024, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística Geografía (Inegi), es decir, esto es 153% más que lo que se invierte en garantizar el Estado de Derecho, es decir, los recursos para garantizar la seguridad y justicia.
- “Con este menor gasto lo que vemos es que la seguridad no es una prioridad, y tampoco lo es el tema de la gobernanza porque no se están destinando los recursos para garantizar el Estado de derecho en el país”, indicó Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público en México Evalúa.
El especialista explicó a La Silla Rota que lo que ven es que algunos índices de violencia han aumentado, la población ha crecido, pero los recursos no, lo que afecta la seguridad de la ciudadanía.
- “Tener menores recursos significa invertir menos en policías civiles, en instancias que brinden seguridad a las personas y esto al final afecta a la ciudadanía porque no se cuenta con lo necesario para garantizar su seguridad”, destacó el especialista.
- En 2026, propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para garantizar el Estado de derecho alcanzará 331.3 mil millones de pesos, apenas 2.5% más que en 2025, pero 97 mil millones por debajo del máximo registrado en 2015.
El organismo destaca que, en proporción a su economía, México gasta lo mismo que países seguros como Noruega, pero enfrenta niveles de violencia superiores a Colombia.
México Evalúa detalla que, al excluir transferencias no relacionadas con seguridad (como fideicomisos de infraestructura de la Defensa Nacional), el gasto efectivo en Estado de derecho representa el segundo nivel más bajo en los últimos 15 años.
- De acuerdo con Ángel Ruiz Tovar, investigador del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad, existe un contraste severo entre la disminución de recursos para seguridad pública.
El estudio muestra que los tres componentes principales del presupuesto destinado a garantizar el Estado de Derecho presentan recortes significativos respecto a su punto máximo histórico:
- Asuntos de Orden Público (policías civiles): 62.3 mil millones de pesos, 31% menos que hace 12 años.
- Seguridad Nacional (Sedena y Marina): 138.4 mil millones, 20% por debajo de 2015.
- Justicia: 130.6 mil millones, una caída de 28% respecto a 2016.
Jorge Cano advirtió que esta tendencia prolongada de desinversión en seguridad y justicia limita la capacidad del Estado para prevenir, investigar y sancionar delitos./Agencias-PUNTOporPUNTO
Documento íntegro a continuación:
https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/downloads/WJPIndex2025.pdf
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