MÉXICO con SISTEMA de JUSTICIA OBSOLETO que impide Atención con Perspectiva de Género: ONG´s

El flagelo de la desaparición de personas en México es un problema que ha ido en aumento desde 2006, aunque al igual que otros delitos, como el feminicidio, sólo con la pandemia de covid-19 se tuvo una leve disminución.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), integrada por 84 organizaciones en 23 estados del país, se sumó a la exigencia de justicia por el feminicidio de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, quien estuvo desaparecida durante 12 días y fue encontrada sin vida el jueves pasado en las instalaciones de un motel de Escobedo, Nuevo León.

  • Exhortó a las autoridades del estado y a las instancias federales para que cumplan “con el derecho a la verdad y a la justicia, pues durante este proceso se han evidenciado de nueva cuenta omisiones, falta de acceso a la información y deficiencias técnicas del personal policial en las búsquedas de mujeres desaparecidas”.
  • En un pronunciamiento, destacó que los procesos burocráticos, las deficiencias del personal pericial y policial, así como la revictimización que se enfrentan en este caso son un reflejo de las dificultades por las que atraviesan familiares de víctimas de violencia feminicida en todas las latitudes del país diariamente.

“El caso de Debanhi expone nuevamente que en México existe un sistema de justicia obsoleto, que no garantiza una atención adecuada ni con perspectiva de género y que en su lugar se encarga de culpabilizar a las mujeres”, aseveró la Red TDT.

Refirió que según datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Nuevo León ocupa el tercer lugar en feminicidios a nivel nacional, con 23 mujeres asesinadas en tan solo dos meses. Respecto a las desapariciones en la entidad, el gobierno estatal afirmó que en 2022 (del 1 de enero al 17 de abril) se recibieron 327 reportes, pero aún continúan 33 mujeres en situación de desaparecidas.

  • Las organizaciones que conforman la Red, exigieron “acciones preventivas y de acción oportuna ante el evidente incremento de la violencia feminicida en Nuevo León. Es necesario reconocer que existe una situación de gravedad en este estado para poder así generar mecanismos urgentes que faciliten salvaguardar la vida e integridad de las mujeres de la región y el país”.
  • También hicieron un llamado al gobierno federal para que “deje de invisibilizar y negar la gravedad de los recientes casos, y atienda de manera urgente la crisis de violencia feminicida hacia las mujeres en el país”. Esto, puntualizó, “por su declaración durante la conferencia mañanera del 22 de abril de 2022, en donde afirma que la entidad no está dentro de los focos rojos y que ‘la Fiscalía del Estado de Nuevo León no pidió el apoyo del gobierno federal en el caso de la joven desaparecida’”.

Demandaron que se agilice la investigación relacionada con el feminicidio de Debanhi Escobar y otras relacionadas con la violencia de género para propiciar un freno a la impunidad, y que se apliquen “adecuada e inmediata de los protocolos de atención a mujeres vulnerables y víctimas de la violencia de género, en particular aquellos relacionados a delitos como la desaparición, feminicidios, acoso sexual y otros que vulneran de manera particular a las mujeres”.

En México prevalece la impunidad por desapariciones

Con apenas 35 sentencias condenatorias por desaparición forzada y ante una crisis de más de 52 mil cuerpos no identificados y más de 7 mil desapariciones en 2021, la organización Amnistía Internacional (AI) advirtió altos niveles de impunidad en esta y otras violaciones a los derechos humanos.

  • En su informe internacional 2021/2022, Amnistía destacó que solo el año pasado las autoridades registraron al menos 7 mil 698 casos (69% hombres y 31%, mujeres), los cuales elevaron más de 97 mil el número total de denuncias desde 1964.

“La impunidad sobre esta cuestión prevalecía; sólo se habían dictado 35 sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada. Según cifras oficiales, seguía habiendo más de 52.000 cadáveres no identificados, la mayor parte de los cuales se hallaban en fosas comunes”, sostiene el documento.

  • Apenas el pasado 17 de marzo, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reconoció que no existe un censo sobre los cuerpos no identificados, ni sobre los identificados y no reclamados en las fosas comunes.
  • Esto, luego de que el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos sostuvo que hay 52 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses y en las fosas comunes del país.
  • El informe de Amnistía Internacional también señala los ataques desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, defensores y defensoras de los derechos humanos, así como contra académicas y mujeres que han protestado contra la violencia de género.

“Las autoridades siguieron estigmatizando y reprimiendo las protestas feministas y haciendo un uso indebido del sistema de justicia penal para disuadir de su participación a las personas”, expuso el informe sobre las declaraciones del presidente y funcionarios que calificaron de violentas las marchas por el Día Internacional de la Mujer.

Sobre la violencia contra mujeres y niñas, Amnistía insistió en que las investigaciones penales en feminicidios presentan deficiencias graves.

“Las autoridades no custodiaban adecuadamente las pruebas recopiladas ni examinaban todas las líneas de investigación aplicando correctamente una perspectiva de género. Así, los familiares tenían que dedicar tiempo y dinero a investigar, lo que aumentaba la probabilidad de que los delitos quedaran impunes. Además, estas familias siguieron siendo objeto de amenazas y maltrato por parte de las autoridades”, menciona.

  • El informe también critica que las personas defensoras de los derechos humanos siguen sufriendo elevados niveles de violencia, y la mayoría de los ataques contra ellas quedaban impunes.

“El gobierno realizó declaraciones en las que cuestionaba el trabajo de las organizaciones y comunidades que se oponían a los megaproyectos promovidos por la administración presidencial”, expuso.

Además, reiteró que las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo continúan siendo sometidas al uso excesivo de la fuerza, detención arbitraria y devoluciones ilegales por parte de las autoridades, así como a secuestros y homicidios a manos del crimen organizado.

En cuanto a crímenes de odio, Amnistía también destacó a México como el segundo país de la región en registrar el mayor número de agresiones contra personas LGBTI, con al menos 72 homicidios y desapariciones durante el año.

Uno de cada cuatro desaparecidos en México es mujer

El flagelo de la desaparición de personas en México es un problema que ha ido en aumento desde 2006, aunque al igual que otros delitos, como el feminicidio, sólo con la pandemia de covid-19 se tuvo una leve disminución. Hasta el 23 de abril se tenían registradas 99 mil 283 personas en esta condición, de las cuales 24.81 por ciento son mujeres.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), los estados con más casos son Jalisco, con 14 mil 938; Tamaulipas, con 11 mil 924; estado de México, 10 mil 818; Nuevo León, 6 mil 188; Veracruz, 5 mil 607; Sinaloa, 5 mil 436; Michoacán, 4 mil 294; Sonora, 4 mil 280; Guerrero, 3 mil 765; Coahuila, 3 mil 531, y Chihuahua, 3 mil 467.

  • Según datos recabados por el Comité contra la Desaparición Forzada (CDF), de la Organización de Naciones Unidas, mientras en 2006 se registraron 253 personas desaparecidas, para 2012 sumaban 4 mil 148, en 2018 fueron 7 mil 583, en tanto que en 2020 eran 8 mil 613 y hasta el 15 de noviembre de 2021 –cuando visitó el país– se reportaban 6 mil 369.

En su informe sobre la crisis de desapariciones en México, que presentó el 12 de abril pasado, destacó que si bien la mayoría de las víctimas siguen siendo hombres de entre 15 y 40 años de edad, “las cifras oficiales muestran un incremento notable de desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia”.

Detalló que dichos casos corresponderían a desapariciones vinculadas con la sustracción de niños y niñas, dentro o fuera del ámbito familiar, a desapariciones como medio para ocultar la violencia sexual y feminicidio, al reclutamiento y a las represalias.

Respecto a las entidades con mayor número de niñas, niños y adolescentes desaparecidos y no localizados, de diciembre de 2018 al 14 de noviembre de 2021, son el estado de México, con 752; Ciudad de México, 580; Nuevo León, 432; Jalisco, 302; Zacatecas, 286, y Tamaulipas con 207./Agencias-PUNTOporPUNTO

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