MÉXICO vive CRISIS FORENSE: crece la RECEPCIÓN de CUERPOS en UNIDADES ESTATALES ante carencias en Servicios Periciales

El reconocimiento de casi 130 mil personas desaparecidas en México por parte del Gobierno federal fue considerado como un avance y “una noticia alentadora” por colectivos; sin embargo, éstos indicaron que las autoridades deben enfocarse también en la “crisis forense” que se vive en el país, con cerca de 90 mil cuerpos sin ser identificados y sobre lo cual no hay un balance oficial.

• De acuerdo con cifras expuestas en el Primer Informe de Gobierno entregado al Congreso por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hasta el 4 de julio del 2025 en México había 129 mil 939 personas cuyo paradero se desconoce, además de que se reconoce una tendencia al alza, particularmente desde 2020.
• Al respecto, José Ugalde, integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y fundador del Festival Musical Esaúu —plataforma de memoria por desaparecidos—, calificó este reconocimiento como “una noticia positiva”, con la que los colectivos esperan que el Gobierno responda como corresponde, de acuerdo con la dimensión de este fenómeno.

Sin embargo, mencionó que urge que se aborde el problema de los cuerpos sin identificar, pues si esto se atiende adecuadamente, dijo, podría representar un alivio para casi la mitad de los reportes de personas desaparecidas.

• El activista dijo que hasta la mitad de un estudio que los colectivos realizaron hace un año, se reportaban casi 73 mil cuerpos en los distintos servicios forenses de las entidades federativas; aseguró que “ahorita son 80, 90 mil…
• El Estado ha sido incapaz y ha sido rebasado. No lo han hecho y entonces ahora esa carga se ha acumulado”.
• Los datos expuestos en el texto del Primer Informe de Gobierno reflejan una tendencia ascendente en el registro de personas desaparecidas y no localizadas, particularmente en los últimos cuatro años completos.

En 2020 se reportó la ausencia de ocho mil 490 individuos en esta situación, cifra que llegó a 13 mil 76 reportes en el transcurso de 2024 —que marcó el final del sexenio anterior—, lo que representa un aumento de 54 por ciento en ese lapso, mientras que para la primera mitad de este 2025 ya se documentaban siete mil 444 desapariciones forzadas.

Al respecto, el activista comentó: “Ese reconocimiento que le han dado a la cifra oficial, primero, es una gran noticia para nosotros las víctimas, colectivos y todo, porque reconocen el problema que hay”.

Agregó: “Es como una metáfora; cuando uno reconoce que tiene una enfermedad, vas a hacer lo posible porque no avance, por estar en tratamiento, en todo esto es lo mismo, se buscará una solución a partir de que están reconociendo las cifras”.

• José Ugalde recordó que “hace tres, cuatro meses, a principio de año, finales de año, no reconocían, de hecho, decían que no había tantas personas desaparecidas y por eso estas acciones no tienen…
• O no había una estrategia política nacional, porque no lo reconocían, se negaban a reconocerlo. Con este reconocimiento que están haciendo, creo que van a cambiar las cosas”.
• En el texto entregado al Congreso se apunta que la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas es una prioridad para el Gobierno de México, por lo que se ha fortalecido la colaboración entre instituciones.

Sin embargo, los números expuestos para dar cuenta de las acciones emprendidas para tratar de localizar a las personas ausentes quedan muy por debajo de la dimensión del problema, en opinión de colectivos de búsqueda.

• Al hablar de la consolidación de la Red Nacional de Personas Buscadoras, se indica que ésta se compone por apenas 143 expertos en disciplinas como criminología, criminalística, geofísica y ciencias forenses, personal que está adscrito a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) y distribuido en 31 entidades federativas.
• Del 1 de octubre del año pasado al 30 de junio de este 2025, se realizaron cinco mil 730 acciones, de las cuales tres mil 148 fueron acciones de búsqueda en vida y dos mil 582 acciones forenses, lo que derivó en 438 localizaciones de personas, de las cuales, 417 fueron con vida y 21 sin vida.

En ese lapso, dice el informe, también se reportaron “560 hallazgos”, aunque no se aclara de qué tipo ni se precisa si, en el caso de cadáveres, ya se concretó una identificación o no.

“Hay que enfocarse en la identificación humana… no hay por qué tener sufriendo tantas familias que tienen a sus seres queridos desaparecidos. No se les ha encontrado por falta de información, de procedimientos, de gente.

• Mi pregunta es, ¿por qué si tienen 90 mil cuerpos no los han entregado? Y la respuesta es que tenemos una crisis enorme forense, pero enorme, terrible, de lesa humanidad”, subrayó Ugalde.

Hasta 2024, el Inegi contabilizaba un total de 14 mil 400 peritos forenses a nivel nacional adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las unidades estatales de servicios periciales o servicios médicos forenses, cuyos anfiteatros tienen una capacidad máxima de almacenamiento para alrededor de 15 mil cadáveres.

• De acuerdo con estudios realizados bajo el auspicio del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, entre 2006 y mayo de 2024 —el corte más reciente a nivel nacional— se encontraron tres mil 298 fosas clandestinas en todo el país.

Aumenta 5.4% recepción de cadáveres

En 2024 aumentó 5.4 por ciento la recepción de cadáveres en los servicios médicos forenses de la Fiscalía General de la República (FGR) y en las unidades estatales (UE) del país, al pasar de 94 mil 893 registrados el año previo, a 100 mil 19, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

• Los estados de México, Guanajuato, Baja California y Ciudad de México concentraron el mayor número de cadáveres recibidos del total nacional, con 11 mil 353 (11.4 por ciento); siete mil 646 (7.6 por ciento); siete mil 503 (7.5 por ciento), y siete mil 185 (7.2 por ciento), respectivamente.
• Según los datos recabados de los censos nacionales de Procuración de Justicia Estatal, de Gobiernos Estatales y de Impartición de Justicia Estatal del Inegi, del total de cadáveres recibidos, las mujeres representaron 16.6 por ciento (16 mil 655); los hombres 82 por ciento (81 mil 976), y en 1.4 por ciento no se determinó el sexo.

En cuanto al estado de conservación, 86 mil 726 cadáveres (86.7 por ciento) se recibieron completos, con preservación de tejidos blandos, y tres mil 245 (3.2 por ciento), completos, en estado de descomposición.

• El año pasado, de la FGR y las UE (servicios forenses estatales) egresaron 90 mil 530 cadáveres identificados, de los cuales 99.5 por ciento se entregó a familiares. En el mismo periodo, egresaron siete mil 174 cadáveres no identificados, pero 35.2 por ciento de éstos se quedó en distintos anfiteatros.

100 mil cuerpos fueron recibidos en 2024 por la FGR y las UE

La FGR reportó contar con una bodega para el almacenamiento de indicios y evidencias, mientras que las UE registraron 75, de manera global. Del total nacional, la Ciudad de México contó con la mayor cantidad, con 17 (22.3 por ciento).

El organismo autónomo de procuración de justicia federal expuso que se admitieron cinco millones 69 mil 925 solicitudes de intervención pericial, el dato más alto desde 2020. De éstos, se concluyeron cuatro millones 912 mil 87 y quedaron pendientes 557 mil 962.

• De las solicitudes de intervención pericial que concluyó la FGR, 184 mil 935 fueron con dictamen; 140 mil 336 con informe y el resto con otro tipo de conclusión. En relación con los insumos para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, la FGR contó con 263 brújulas, 196 equipos de fotografía y 52 GPS portátiles.
• Asimismo, la institución dijo poseer ocho sondas o varillas en forma de T, cinco georradares y cinco LiDAR, mientras que las UE y el Centro Regional de Identificación Humana de la Comisión de Búsqueda de Coahuila (CRIH) reportaron contar con 183 brújulas, 357 equipos de fotografía y 149 GPS portátiles.

También aseguraron tener 117 sondas o varillas en forma de T, 66 detectores de metales, 27 drones, 22 georradares y 11 caninos especializados en búsqueda y localización de personas.

El Inegi dio a conocer que, a precios constantes de 2018, el año pasado los servicios periciales y/o servicio médico forense ejercieron cuatro mil 629.1 millones de pesos, 23.4 por ciento más que en 2023.

Familias se ven obligados a buscar a sus desaparecidos en fosas

Alfredo Salcido Meza tenía 24 años cuando desapareció. Viajó de su natal Durango al Estado de México y perdió el contacto con su familia el 16 de febrero de 2020. Su madre y hermanas lo buscaron desde entonces, pero obtuvieron información del caso hasta junio de 2025. La fiscalía estatal les notificó que un cuerpo con rasgos similares fue sepultado en una fosa común. Falleció en un accidente.

• Ahora, la familia se enfrenta a un nuevo proceso doloroso y burocrático para recuperar el cuerpo. Son víctimas del enorme problema de desapariciones en México, de la crisis de identificación forense y la descoordinación entre autoridades.
• Los datos oficiales suman 133,000 personas desaparecidas o no localizadas y más de 72,000 cadáveres sin identificar, según estima una investigación de Quinto Elemento Lab.

La falta de recursos humanos y financieros para servicios periciales, el incumplimiento de protocolos y la desvinculación de los registros de las fiscalías y las comisiones de búsqueda contribuyen a que personas reportadas como desaparecidas acaben en fosas comunes.

Omisiones forenses

Desde el 18 de febrero de 2020, la familia de Alfredo interpuso las denuncias correspondientes en las fiscalías del Estado de México y la Ciudad de México por la desaparición del joven. Recorrieron anfiteatros y ministerios públicos, sin ningún resultado.

• Cinco años después recibieron el informe de la Fiscalía del Estado de México. La dependencia halló una carpeta de investigación con información parecida a la de Alfredo, quien supuestamente llegó al servicio médico forense tras ser atropellado.
• Aunque existía una ficha de búsqueda de Alfredo, no se dio con su paradero desde el primer momento porque la fiscalía omitió subir sus datos a la base de personas no identificadas.
• Cuando la familia acudió al servicio médico forense, no había registro. Ninguna notificación después. Nos enteramos de que mi hermano había fallecido en un accidente 5 años después, gracias a la negligencia de las autoridades”, dijo la hermana de Alfredo

El pasado 13 de junio, los familiares fueron a la dependencia para la identificación y confrontación de ADN. También deben obtener la titularidad de la carpeta de investigación, que se abrió por homicidio. Sin embargo, no ha sido posible recuperar el cuerpo.

• La fiscalía les pide que hagan el servicio de recolección y exhumación a través de una funeraria particular.

“Ahora lo que nos está costando más trabajo y dolor es recuperarlo, porque no fue suficiente con no subir su información al sistema, sino que el trámite lo hacen tardado”, agrega Pamela Salcido, hermana de Alfredo.

Carencias en servicios forenses

La ley establece que los cuerpos de personas no identificadas y no reclamadas en las 72 horas después del fallecimiento serán inhumados, salvo que exista autorización para conservarlos por parte de la Secretaría de Salud, por petición de un Ministerio Público o en cumplimento de las normas sobre desaparición forzada. Pero estas directrices no se cumplen siempre.

• “Por la falta de inversión en los servicios periciales, pero también de coordinación entre fiscalías y comisiones de búsqueda”, explica Grace Fernández, integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, un conglomerado de 59 colectivos de familias buscadoras.

“No vemos ese fortalecimiento de los servicios periciales con la contratación de personal, con instalaciones suficientes, con los reactivos necesarios, con la tecnología necesaria para poder hacer la identificación de las personas”, añade.

• El problema crece, dice Fernández. Al final del sexenio de Andrés Manuel López, calcula, un promedio de 25 personas diarias eran desaparecidas en el país. Hoy son cerca de 45. No es un incremento por mejoras en el registro de los casos, porque asegura que éste funciona a medias.
• Así que cada día hay más desaparecidos y cuerpos sin identificar. Pero el presupuesto y los recursos periciales no crecen a la misma magnitud del problema, agrega Ángel Ruiz, investigador de Fundar.
• El Inegi contabiliza un total de 14,400 peritos forenses a nivel nacional adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las unidades estatales de servicios periciales o servicios médicos forenses en 2024.

Los anfiteatros de estos centros tienen una capacidad máxima de almacenamiento para alrededor de 15,000 cadáveres. Además, de los 937 laboratorios periciales con los que cuentan, 699 no están certificados.

Pero el año pasado estas unidades recibieron 100,000 cadáveres, 5.4% más que en 2023. De ese universo, 11,300 corresponden solo al Estado de México.

“No tiene la capacidad el Estado para atender este fenómeno, ni en términos de investigación con las fiscalía estatales, donde está la mayor parte de los delitos de desaparición, ni tampoco tiene capacidad para darle identidad a las miles de personas que están como fallecidas sin identificar”, explica.

“Entonces tienes un fenómeno que sigue subiendo y un Estado que no tiene una capacidad institucional para poder atenderlo”, subraya Ruiz, autor del informe Crisis forense en México: Presupuesto forense para entidades federativas.

• La FGR incumple también con la creación de un Banco Nacional de Datos Forenses, como lo ordenó la ley desde 2019, que facilitaría el trabajo de identificación.
• El gobierno de Claudia Sheinbaum reformó las leyes para mejorar y sistematizar la búsqueda e identificación. Grace Ferńandez espera que los cambios se concreten.
• Ella busca a su hermano Dan Jeremeel, quien fue desaparecido en 2008 en el estado de Coahuila.

Es una de tantas mujeres que han luchado por políticas públicas, leyes y protocolos para la atención y búsqueda de las personas desaparecidas.

“La implementación, que está del lado del Estado, no ha ido acorde a la urgencia y la necesidad”, apunta. “Sin un compromiso nacional, en donde todas las fiscalías, todas las comisiones de búsqueda, se comprometan a compartir información, difícilmente vamos a dar con la identidad de las personas”, insiste.

Repercusiones en las víctimas

Ruiz menciona que todo lo anterior contribuye, además, a que muchas familias de personas donde la desaparición no está asociada con algún delito vivan las mismas peripecias de la desaparición que cualquier otra familiar que no encuentra a su ser querido, porque la capacidad del Estado está rebasada.

• La descoordinación entre autoridades lleva a que los cuerpos de personas que sí son buscadas acaben en las fosas comunes; retrasa las notificaciones oportunas a los familiares de quienes sí han sido localizados sin vida, y obstaculiza la identificación forense.
• En algunos casos, los cuerpos de personas que sí fueron identificadas también han sido enterrados por las fiscalías. Y en los peores escenarios, estas dependencias y gobiernos estatales han sepultado de manera ilegal cadáveres desconocidos sin abrir una carpeta de investigación, aunque algunos tuvieran huellas de violencia y tratos denigrantes.

Esto ocurrió en Morelos. En 2014, la familia de Oliver Wenceslao, secuestrado y asesinado en 2013, descubrió que la fiscalía del estado lo enterró en una fosa común pese a estar identificado.

• Además de recuperar su cuerpo, la madre y tía promovieron una lucha legal para reabrir esa fosa de Tetelcingo. En 2016 se recuperaron 117 cuerpos. De estos, 34 no tenían carpeta de investigación. También se encontraron nueve bolsas con restos de otros 12.

Un año después inició la exhumación de fosas en el cementerio de Jojutla. Suman cuatro fases, la última en junio de este año, con 85 hallazgos.

Ante estos problemas estructurales, en el sexenio pasado, la Dirección de Operaciones de la Comisión Nacional de Búsqueda se dio cuenta del problema de los registros y comenzó a hacer cruces de datos entre diversas bases de datos del gobierno para encontrar indicios de personas desaparecidas.

• También se dio a la tarea de sistematizar y digitalizar los registros de los panteones. Esto dio origen al Módulo de Fosas Comunes, que incluía información y nombres de personas enterradas en fosas comunes pese a estar identificadas.
• Hasta abril de 2024, esa base de datos contaba con 41,000 registros de cuerpos inhumados en 12 estados, más de 30,000 con nombres.
• Del total, 12,500 pertenecen al Estado de México. Sin embargo, este equipo de la comisión fue obligado a renunciar a principios del año pasado y la base ya no está pública en el sitio web que la alojaba.

Grace Fernández dice que el cruce de datos es importante para generar indicios, pero también abre el dilema ético de cómo avisar a las familias. Porque en muchos casos se encuentra la información, pero no la ubicación precisa de la fosa y el cuerpo, o la recuperación es un proceso complicado.

Afirma que esto requiere un trabajo diligente, científico y digno antes de contactar a las familias, como en el caso de los Salcido Meza, que luchan por recuperar el cuerpo de Alfredo.

“Yo lo único que quiero es ya a mi hijo, lo imploro, para cerrar este círculo de más de cinco años de tortura. Más de cinco años de pensar qué fue de mi hijo, qué pasó con mi hijo, qué le hicieron, dónde está. Por favor, que ya nos dejen de hacer sufrir tanto calvario”, declaró María Eva Meza, madre de Alfredo.

La gran deuda de México con los muertos sin identificar

• En México, la lucha contra el crimen organizado dejó en evidencia la crisis forense. Ante el aumento desproporcionado de muertes violentas, los servicios periciales y de médicos forenses se han visto rebasados en su capacidad de respuesta, dice Mónica Silvy Morales, primera antropóloga forense de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), creada en 2018.
• La crisis forense, explica, «se caracteriza por la insuficiencia de espacios para resguardar cuerpos, la falta de recursos humanos capacitados, laboratorios adecuados y materiales necesarios para procesar los cadáveres».
• «No hay una cifra real que refleje el rezago forense en las morgues», sostiene la experta mexicana, que cita los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): en 2023, se registró el almacenamiento de 15.878 cadáveres y 12.938 restos de seres humanos en anfiteatros, laboratorios, centros de resguardo forense y agencias funerarias en el país.

En cambio, desde la sociedad civil, se habla de más de 50 mil cuerpos sin identificar.

Morgues deficientes e improvisadas

En 2020, el Observatorio Nacional Ciudadano analizó la compleja situación forense en México. «Encontramos una deficiencia brutal en términos de médicos, dentistas y arqueólogos forenses, capacidades institucionales y algunos servicios médicos forenses que estaban contaminados y no tenían recursos, ni siquiera los refrigeradores», cuenta Francisco Rivas, director de esta organización de la sociedad civil.

• Explica que varias fiscalías estatales trabajan con morgues privadas por falta de espacio o problemas de insumos en los propios almacenamientos. «Y muchas de estas morgues privadas son improvisadas», agrega.
• «El Estado lo sabe, pero simula alrededor del tema de los desaparecidos, porque para resolverlo se requeriría un ejercicio de limpia de las fiscalías, porque muchos de los funcionarios están al servicio de los grupos delictivos», sentencia el director del Observatorio Nacional Ciudadano.
• Además, prosigue, los «recursos públicos son absolutamente insuficientes, y muchos ministerios públicos, peritos, policías de investigación, terminan poniendo de sus propios recursos para subsanar lo que no hay en la fiscalía».

Deuda con los familiares

En opinión de Zoraida García Castillo, directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses (ENACIF), el principal pendiente de los servicios forenses mexicanos es identificar a los muertos para «darles un fin digno, entregarlos a sus familias o llevarlos a una fosa común, pero donde queden identificados y no vuelvan a desaparecer».

«Aunque no sepamos su nombre», insiste, «debemos tener todos los datos biométricos necesarios para que sean identificables cuando se les busque».

• La también doctora en Derecho explica a DW que México cuenta con instrumentos normativos, pero que falta voluntad para aplicarlos:
• «El gran reto es que las autoridades creen y consoliden un banco nacional de datos forenses para que estos datos puedan cruzarse con otros que se tienen de las personas que se están buscando».
• «Mientras no tengamos esa base de datos, no vamos a poder identificar a las personas, ni siquiera a mediano o largo plazo», subraya García.

La directora de la ENACIF saluda los esfuerzos del Gobierno mexicano en reformar la legislación para mejorar la coordinación entre los distintos niveles de las autoridades:

• «Estos intentos me parecen muy loables, pero yo he visto a las autoridades, en materia de seguridad pública, tratándose de coordinar desde hace décadas y no terminan de hacerlo. Entonces, reformar una norma no significa necesariamente que se están encontrando soluciones», matiza.

Apoyo internacional

• En su lucha contra el flagelo de la desaparición y la crisis forense, México también ha recibido importante apoyo internacional. Bajo el liderazgo de la Comisión Nacional de Búsqueda y las fiscalías estatales, el Programa de Identificación Humana del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) colabora en la identificación de restos mortales.
• «Esto se logra especialmente a través del cotejo de huellas dactilares y, con el apoyo de nuestro socio implementador, el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Fráncfort, mediante el cotejo de perfiles genéticos. El programa es financiado por los Gobiernos de Alemania y Noruega», señala Maximilian Murck, coordinador del Programa de Identificación Humana del UNFPA.

En 2024, el Instituto Nacional Electoral (INE) recibió las fichas dactilares de 13.524 personas fallecidas sin identificar. En 6.429 de esos casos, el INE arrojó una coincidencia positiva, devolviendo así la identidad a dichas personas. Esto representaría un aumento del 740 por ciento en comparación con 2021.

ONU alerta sobre crisis forense en México

• La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que México enfrenta una grave crisis forense que impide la identificación de miles de cuerpos y retrasa el acceso a la justicia para las familias de personas desaparecidas.

En un evento realizado en la Casa Refugio Citlaltepétl, en la capital del país, Maia Campbell, integrante de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, reconoció avances en materia de desapariciones forzadas y cometidas por particulares, pero señaló que aún existen retos urgentes.

• “Se tienen que fortalecer las capacidades institucionales y, sobre todo, garantizar la existencia de recursos efectivos que permitan procesos judiciales y llevar a la justicia a los responsables”, declaró.

Cifras alarmantes

De acuerdo con la ONU, México registra actualmente más de 132 mil personas desaparecidas.

• El Movimiento Nacional por los Desaparecidos calcula además que existen más de 70 mil cuerpos sin identificar en servicios forenses del país.
• La magnitud de la crisis se refleja en otro dato: todos los días, en promedio, 45 personas desaparecen en México, sin que regresen a sus hogares.

Campbell advirtió que esta “limitada capacidad forense no deja identificar los cuerpos y eso también se traduce en una gran impunidad”.

Exigencias de las familias

Durante el encuentro, Mina Ruiz, madre de Roberto Córdoba Ruiz, desaparecido en Tamaulipas en 2010, enlistó cuatro prioridades que exigen las familias:

• Identificación humana oportuna
• Sistema nacional de datos para cruce de información entre fiscalías estatales y la FGR
• Bienestar de las familias de desaparecidos
• Prevención del delito de desaparición

Además, subrayó que la designación del próximo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) debe ser un proceso transparente, con participación de las familias y con un perfil “idóneo, sensible y comprometido con las víctimas”.

Riesgos para las buscadoras

La representante de la ONU también condenó el asesinato de Aída Karina Juárez, madre buscadora reportada como desaparecida en Zacatecas en junio de 2025, y pidió acciones urgentes para garantizar la seguridad de quienes buscan a sus seres queridos.

• En el mismo sentido, Olivier Dubois, del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para México y América Central, exigió que se investiguen los ataques contra familiares y que se asegure su protección:

“No se trata de hacer un favor, es una obligación legal. Se les tiene que proteger en sus búsquedas que no hace el Estado”.

• La ONU insistió en que la desaparición de personas es una “herida abierta” en la sociedad mexicana, y que corresponde al Estado garantizar verdad, justicia y protección a las familias frente a un fenómeno que sigue en aumento. /PUNTOporPUNTO