Los programas sociales impulsados por Morena han contribuido a reducir la pobreza y la desigualdad, pero a un costo fiscal y social preocupante, de acuerdo con artículo publicado por The Economist.
- El gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora de la mandataria Claudia Sheinbaum, sustituyó el programa Prospera, basado en apoyos condicionados, por transferencias universales y sin requisitos, como pensiones para adultos mayores, becas educativas y subsidios al campo.
- Aunque la pobreza ha disminuido de 42% al 36% entre 2018 y 2022, la pobreza extrema aumentó ligeramente. Además, los más pobres reciben hoy una menor proporción del gasto social que antes, mientras servicios como salud y educación sufren recortes.
Actualmente, los programas sociales absorben el 12% del presupuesto federal. Por ejemplo la pensión universal representa casi el 60% del gasto. Mientras tanto, los ingresos fiscales siguen siendo bajos y sectores como salud y educación sufren graves recortes.
Cabe señalar que en el presupuesto de 2025, el presupuesto para salud recibió menos del 1% un tercio menos que en 2024, mientras que Pemex recibió un 5%.
The Economist señala que los apoyos sociales entregados por Morena podían volverse insostenibles bajo la presión de la imposición de aranceles por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que obligaría al gobierno de Sheinbaum a recortar subsidios o arriesgara la inestabilidad económica para preservarlos, lo que implicaría que Morena pueda perder su capital político y militante.
Así han sido los programas sociales en México
México ha sido pionero en América Latina en el uso de programas sociales como herramienta para combatir la pobreza, uno de los más exitosos fue Progresa creado en 1997 y después renombrado Oportunidades y después Prospera.
Mediante este programa el gobierno federal realizaba la entrega de apoyos económico a la población en pobreza en diversas zonas del país, sobre todo en las marginadas.
Con la llegada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2018, el modelo cambió drásticamente, anunció la eliminación de Prospera, alegando corrupción y mal manejo.
Ante ello, el expresidente instauro programas universales entre ellos:
- Pensión para adultos mayores (Pensión del Bienestar)
- Becas para estudiantes (Beca Rita Cetina)
- Jóvenes Construyendo el Futuro
- Sembrando Vida
Guillermina Rodríguez, subdirectora de Estudios Económicos de Banamex, expuso que, si muchos jóvenes y personas de la tercera edad hubieran entrado al mercado laboral, pero por la situación económica del país no hubiera condiciones para generar empleos, entonces se presionaría al alza la tasa de desempleo en México.
En el análisis realizado por Rodríguez se descubrió que la tasa de participación de las personas de más de 65 años en la población económicamente activa (PEA) descendió de 29.6% a menos de 24%.
“Lo que comenzamos a ver y nos llamó mucho la atención es que las personas de más de 65 años habían bajado de manera importante su tasa de participación… es decir, 29.6% de las personas de más de 65 años estaban en la PEA. Y esta tasa de participación bajó a menos de 24%, en el último trimestre. Entonces, eso nos arroja una población adicional de 850 mil personas”, resaltó.
Hogares pobres reciben menos apoyos sociales
Entre 2018 y 2024, la cobertura de programas sociales disminuyó entre los hogares más pobres.
- Esto se debe, de acuerdo con el Instituto de Estudios sobre Desigualdad, a que si bien hay más dinero para programas sociales, está peor redistribuido.
- En un informe, observó que el 80% de las familias en el decil 1 de ingresos recibía al menos un programa social en 2018. Para 2024, la proporción disminuyó a 58%.
En contraste, el acceso a estas ayudas gubernamentales creció entre las familias con más ingresos. Solo el 5% de los hogares más ricos recibía programas sociales y el año pasado subió a 20%.
- Los datos provienen de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, publicada esta semana por el Inegi, y fueron analizados por el Instituto de Estudios sobre Desigualdad.
- Esto ha provocado que los hogares de los estados más pobres del país, como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, tengan menor acceso a los programas sociales del Gobierno federal que al inicio del sexenio anterior.
“Para el 40% más pobre del país, el cambio de la cobertura de programas sociales ha sido negativo o prácticamente nulo entre 2018 y 2024. Para el 20% más rico, hoy la cobertura es, por mucho, la más alta de su historia reciente”, expone el informe.
Aunque el monto total de transferencias monetarias aumentó 184% respecto a 2018, su reparto ha sido menos igualitario.
- Actualmente, 10% de la población con menos ingresos recibe solo 14% del total, frente al 24% que recibía en 2018. En tanto, 10% de la población más rica (decil X) concentra 12% de las transferencias.
“En 2024 tenemos más dinero para programas sociales, pero peor redistribuido. Es urgente corregir el rumbo para garantizar derechos y luchar contra la desigualdad”, señala el reporte.
Además, identifica que 83 de cada 100 pesos distribuidos mediante programas sociales provienen de la Pensión de Adultos Mayores, cuya cobertura sigue en aumento: cubrió al 20% de adultos en 2022 y al 23% el año pasado.
- El ENIGH 2024, arrojó que los hogares más pobres del país aumentaron sus ingresos más de 36% desde 2016, mientras que los más ricos perdieron terreno. El 10% con mayores ingresos vio caer su ingreso promedio en 7.6% en ese mismo periodo.
Los datos confirman el impacto de los programas sociales en la reducción de la desigualdad, señala el reporte de resultados.
El menor crecimiento económico pone en riesgo los programas sociales
Un menor crecimiento de la economía mexicana también dejará efectos en la llegada de ingresos a las arcas públicas.
Para este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) proyecta un crecimiento de 1.5 a 2.3% para el PIB, del cual su estimación puntual es 1.9%, no obstante, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) estima que la economía crezca apenas 0.4%, lo que representa 1.5 puntos porcentuales menos a lo proyectado.
La diferencia entre la previsión del PIB de Hacienda con la OCDE implicará un hoyo en los ingresos calculado en 76,350 millones de pesos, recursos que de no obtenerse afectarán el gasto público.
- Las perspectivas de un menor crecimiento económico vienen en compañía de sectores como el secundario, que reporta una desaceleración, especialmente las manufacturas; la inversión en construcción sigue deprimida por la misma austeridad del sector público. También afecta el estancamiento del consumo, mientras el sector servicios tiene el peso de sostener el poco crecimiento del país. Ni decir de las exportaciones, que se encaminan a un menor ritmo, explicó Jesús Carrillo, analista económico.
- Tampoco hay mucha inversión pública, por el objetivo de la consolidación fiscal de Hacienda y por la incertidumbre que se tiene ante la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, la inversión privada va a paso lenta, entonces “no está encendido ese motor de demanda”, consideró Carrillo.
“Una desaceleración económica se refleja en una menor recaudación tributaria porque al haber menos actividad, se pagan menos impuestos. Se reduce el consumo y se ven menores ingresos por IVA, también IEPS, estos dos son impuestos al consumo, y el ISR también se ve afectado si hay menores utilidades”, comentó Oscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
- Iván Benumea, coordinador de Justicia Fiscal de Fundar, detalló que cuando las personas y las empresas tienen menos ingresos, tienen menos posibilidad de comprar bienes o adquirir servicios, lo que se traduce en una menor recaudación para el Estado.
“Pero hay otras factores económicos que son muy importantes para el Estado y las finanzas públicas, como la situación de Pemex, que es una empresa pública y vive una situación financiera muy preocupante desde hace varios años; además de que el precio internacional del crudo también tiene mucha relevancia”, destacó Benumea.
De acuerdo con Hacienda, un punto porcentual del PIB equivale a 50,900 millones de pesos en los ingresos tributarios no petroleros. Por lo que 1.5 puntos porcentuales representan un faltante de 76,350 millones.
- Los especialistas consideran que la llegada de menores ingresos al erario público tiene como implicaciones aplicar recortes al gasto público programado, o subir las necesidades de financiamiento, y por ende, un mayor déficit, que es la diferencia entre el gasto público -presionado al alza por el costo de la deuda, pensiones, programas sociales y transferencias a los estados- y los ingresos que llegan por derechos, renta petrolera e impuestos, principalmente.
“De todos modos tienes un problema porque tus metas de consolidación fiscal no las vas a poder lograr, porque tienes un PIB, una relación deuda sobre PIB; si sube tu deuda y baja el PIB, la relación deuda-PIB va a crecer, y es lo que se quiere evitar con la consolidación fiscal. Entonces, la receta natural sería bajar el gasto programable o, digamos, cortar donde se pueda. Pero eso a la vez te mete en un círculo vicioso porque si no gastas, no generas crecimiento económico”, advirtió Carrillo.
En principio, si el “presupuesto no alcanza, una posibilidad es que el gobierno decida endeudarse más el siguiente año, para poco compensar lo que no se pudo gastar en el presente ejercicio fiscal”, consideró el especialista de Fundar./Agencias-PUNTOporPUNTO
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