NARCOLABORATORIO generan IMPACTOS AMBIENTALES en MÉXICO

De acuerdo con una investigación realizada por el medio Milenio, relató sobre su trayecto hasta el narcolaboratorio de metanfetamina tomó dos horas desde Culiacán, en Cheyennes del Ejército, con escolta y chaleco antibalas. Algún punto de la Sierra Madre Occidental, en los límites de Sinaloa con Durango, hacia Tamazula.

El bosque es también escenario de esta guerra contra el narco. Una víctima que no grita, pero se marchita por los desechos que deja la fabricación de toneladas de «cristal», un crimen ambiental por el que ningún narcotraficante ha sido procesado penalmente.

Lo más difícil fue dar con el laboratorio. La vereda estaba recién abierta: ramas quebradas, huellas de llantas, la maleza apartada a la fuerza. El sitio habría operado al menos un par de meses, oculto entre la espesura, apenas percibido por la comunidad cercana de El Potrero.

• Conforme se asciende, el bosque de coníferas se hace más denso, hasta que un boquete entre los árboles delata la ubicación del laboratorio. El olor: acetona, ácido, sosa… compuestos que flotan en el aire y se impregnan en la nariz.
• Cuando se llega, lo primero que salta a la vista son las tinas de PVC color marrón, esenciales para el traslado de químicos. Tambos azules y metálicos con restos de líquidos corrosivos, algunos con etiquetas en mandarín que delatan su origen asiático. Costales rasgados con polvos blancos se mezclan con la tierra húmeda.
• Armatostes de aluminio y tubos improvisados conforman un sistema de destilación rudimentario. El reactor, de fabricación artesanal, parece todavía respirar, con una nata que sigue fermentando. Un estanque de agua turbia completa la escena. La superficie está cubierta por una película aceitosa: líquido usado para enfriar los reactores, que se filtra en el suelo y arrastra residuos hacia un riachuelo.

El primer registro de un laboratorio para la fabricación de metanfetaminas, con el que cuenta el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, data de mayo de 2002 en Culiacán, Sinaloa. Desde entonces, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) intensificó su participación en la lucha contra las drogas sintéticas, particularmente en la localización y destrucción de estas «cocinas», que incrementaron drásticamente desde que Felipe Calderón inició la llamada guerra contra las drogas y que hasta agosto de 2025 sumaron 3 mil 867 en todo el país.

Los cocineros producen su meta y se van. Los soldados aseguran y se van. Lo que se queda, no se ve.

El medio Milenio recabó muestras de tierra de dos laboratorios clandestinos, uno cercano a Sanalona, Sinaloa, y otro hacia Tamazula, Durango, y las sometió a pruebas de laboratorio.

Permanencia

Los resultados revelan lo que los operativos rara vez registran: un rastro químico que persiste en la tierra mucho después de que los oficiales se retiran.

• Se trata de la primera vez que un medio de comunicación documenta en México, con evidencia científica, que el suelo donde hubo un laboratorio para la fabricación de metanfetamina sí está contaminado, con daños que los especialistas califican como prácticamente irreparables, sin un sistema de remediación ambiental.

El ejercicio es apenas un primer acercamiento, una pequeña muestra de lo que se tiene que hacer para dimensionar el impacto ambiental real de un laboratorio clandestino.

Para estos análisis se acudió al laboratorio especializado Tecnologías Limpias y todos los estudios fueron supervisados por el doctor Jorge Alberto Mendoza‑Pérez, profesor investigador de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), con formación en química y biotecnología, y parte del núcleo académico de posgrado. Sus líneas de trabajo incluyen química orgánica, antioxidantes naturales y estudios de toxicología ambiental.

Las muestras de suelo y sedimento fueron analizadas con métodos estandarizados de química ambiental.

Ahí se midieron compuestos específicos como efedrina, piperidina y fenilamina, además de parámetros generales como carbono orgánico total, nitratos y relación carbono/nitrógeno. Incluso con un muestreo limitado, los suelos revelaron alteraciones profundas y la persistencia de precursores de metanfetamina.

En Sanalona, el laboratorio había sido intervenido e incinerado al menos tres meses antes de la recolección de pruebas. Aun así, las muestras de suelo revelaron la presencia de efedrina en concentraciones de 0.0027 a 0.0033 microgramos por gramo y piperidina en 0.0051 μg/g. La detección de estos compuestos, pese al tiempo transcurrido y a la quema de residuos, demuestra que los precursores de metanfetamina no se degradan con facilidad: permanecen atrapados en la matriz del suelo.

Los análisis también registraron acetilos totales y ftalatos en todos los puntos, rastros de los procesos químicos y de los plásticos de cubetas y contenedores. El Carbono Orgánico Total (COT) superó los 224 mil mg/kg, un valor anómalo que indica acumulación de residuos químicos y materia orgánica que el terreno no puede procesar de manera natural. Los nitratos, con 14.73 mg/kg, indican que todos estos compuestos no deberían estar ahí y advierten una contaminación deliberada.

​En Tamazula, las muestras se recolectaron apenas dos días después de la intervención militar. Aquí la piperidina alcanzó su punto más alto: 0.021 μg/g, acompañada de la detección de fenilamina (0.0018 μg/g), un subproducto tóxico de las reacciones químicas.

• Los valores de nitratos fueron mucho más elevados, llegando a 44.18 mg/kg en un sedimento semi‑sólido, lo que incrementa el riesgo de que se filtren esos residuos hacia corrientes y pozos. Los niveles de carbono también fueron extremos, con más de 345 mil mg/kg, y la relación Carbono/Nitrógeno apareció alterada en todos los puntos, señal de un suelo desequilibrado y con menor capacidad de recuperación.
• La humedad observada en campo —alta en algunos suelos y en sedimentos— favorece que los contaminantes no se queden fijos, sino que viajen con el agua.
• ​En ambos escenarios, los hallazgos muestran que la fabricación de metanfetamina no sólo deja tambos y vidrios rotos, también un rastro químico persistente que se incrusta en la tierra, se acumula en los sedimentos y amenaza con filtrarse al agua que beben y usan las comunidades.

Al respecto, Jorge Alberto Mendoza Pérez, profesor de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, reconoce la complejidad de estudiar el terreno.

«Los investigadores quisiéramos estudiar todo eso, pero no tenemos autorización para irnos a… ni la capacidad de irnos a meter en un bosque, en una selva, en una montaña donde además se conoce que hubo actividad de laboratorios clandestinos y todo lo que conlleva.

«Al ya tener esta muestra y poderla trabajar, de alguna manera da una idea de que hay algo ahí diferente a lo que es el suelo testigo. Si esto se puede repetir con mayor número de áreas donde hubo laboratorios clandestinos y con suelos, podríamos tener una estadística. Ya nos podemos ir hacia una inferencia estadística donde nos diga: ‘Bueno, en los sitios donde se está generando metanfetaminas encontramos una gran cantidad de amonios o de fenilaminas’, y ver el impacto que pueden tener al ambiente».

En su experiencia como profesor investigador, le parece impactante que en la producción de sustancias, que dañan al ser humano, se genere otro tipo de destrucción de la que no nos percatamos.

«Cuando analizamos —como ahorita— que un sólo laboratorio puede traer todo este nivel de impacto, pues ahí es donde uno dice: ‘Caray, nos estamos volviendo muy insensibles. Si no lo veo, no existe, y así no tomo responsabilidad'», concluye.

Cada kilo de droga deja entre 25 y 43 litros de residuos tóxicos

Una de las investigaciones más recientes sobre residuos en la fabricación de drogas sintéticas, publicada por el European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) en 2022, revela que la producción ilícita de sustancias como MDMA y anfetamina genera entre 25 y 43 litros de residuos líquidos por cada kilogramo de droga producida.

• Los investigadores holandeses Thomas L. ter Laak y Erik Emke, del KWR Water Research Institute, documentaron un caso en el que residuos de producción fueron vertidos en el drenaje de un estacionamiento conectado a una zanja y posteriormente a un canal.
• Aunque se realizaron acciones de remediación —aislamiento de la zanja, drenaje del agua y retiro del sedimento—, un año después aún se detectaron restos de anfetamina, metanfetamina y MDMA en agua y sedimentos, con concentraciones más altas cerca del punto de vertido. Este hallazgo muestra que los residuos persisten en el ambiente.

De acuerdo con modelos hidrológicos citados en el informe, los residuos de MDMA pueden permanecer en aguas subterráneas durante décadas.

«Si las emisiones ocurren a 300 metros de un pozo de extracción, los residuos pueden detectarse hasta 16 años después; si la distancia es de mil 500 metros, la presencia puede extenderse hasta 154 años» (Ter Laak & Emke, 2023). Este dato ilustra la permanencia de los contaminantes y la dificultad de revertir el daño una vez que los químicos alcanzan los acuíferos.

El mismo estudio documenta que la producción ilícita de drogas sintéticas genera volúmenes significativos de desechos:

«En promedio, la síntesis de anfetamina requiere 3.4 kilogramos de pre-precursores y produce 26 litros de residuos líquidos por cada kilogramo de droga. En el caso del MDMA, se generan entre 25 y 43 litros de residuos por kilogramo producido» (Ter Laak & Emke, 2023). Estos volúmenes, altamente ácidos y cargados de solventes, se convierten en una fuente de contaminación persistente para suelos, ríos y sistemas de drenaje.

Metanfetamina: seis kilos de residuos por cada kilo de droga

El cálculo más citado sobre metanfetamina proviene de informes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) a finales de los años noventa y principios de los 2000, en los que se estima que por cada kilo de metanfetamina se generaban seis kilos de residuos tóxicos.

Posteriormente, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) retomó esa cifra en sus informes globales —como el World Drug Report— para dimensionar el impacto ambiental de la producción ilícita. No ha sido actualizado con mediciones directas en campo, lo que subraya la ausencia de estudios sistemáticos en México sobre el nivel real de contaminación de los narcolaboratorios.

¿Cuánto cuesta limpiar un narcolaboratorio?

El daño ambiental que dejan los narcolaboratorios debería estar tipificado, cuantificado y presupuestado. La legislación mexicana establece que quien contamina debe pagar, pero en la práctica, el costo de la remediación recae en el Estado y se mide en millones de pesos.

El Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados 2021–2024, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), destaca que limpiar un sitio con residuos peligrosos puede costar entre 2.5 y 20 millones de pesos, dependiendo del tipo de contaminante, la profundidad del daño y la tecnología requerida. El cálculo incluye excavación de suelos, confinamiento de residuos, tratamiento in situ, encapsulado, monitoreo multianual y seguimiento sanitario.

• En los laboratorios, las muestras de suelo revelaron la presencia de efedrina, piperidina, fenilamina, ftalatos, acetilos, nitratos y niveles anómalos de carbono orgánico total (COT). Todos estos compuestos están clasificados como residuos orgánicos persistentes o contaminantes de alta movilidad, lo que implica que no se degradan fácilmente y pueden filtrarse hacia cuerpos de agua.

En Tamazula y Sanalona los niveles de residuos como piperidina, nitratos y efedrina parecen pequeños, pero representan una alteración profunda en la química del suelo; su remediación requiere procesos especializados que elevan el costo.

¿Quién paga por eso? En teoría, el contaminador. En la práctica, nadie. No hay detenidos, no hay carpetas por delitos ambientales, no hay protocolos de remediación. Sólo queda el cristal sobre el suelo.

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​El contaminador nunca aparece

Cuando las autoridades descubren una cocina, el aseguramiento de químicos y equipo es apenas el inicio. El verdadero reto es encontrar a los responsables por la contaminación que queda en suelos y ríos.

• La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental señala que «quien cause daño al ambiente está obligado a repararlo». La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente obliga a los generadores de residuos peligrosos a hacerse cargo de su disposición final. El Código Penal Federal tipifica como delito la contaminación de aguas, suelos y aire.

Los narcolaboratorios suelen operar en zonas rurales, bodegas abandonadas o casas improvisadas. Al ser descubiertos, los residuos químicos ya han sido vertidos en el entorno. Para imputar responsabilidad, las autoridades deben probar que esos desechos provienen del laboratorio asegurado y que estaban bajo control de los responsables. Se requieren peritajes químicos que vinculen los residuos con procesos de síntesis de drogas, además de pruebas forenses que conecten a personas con el sitio.

El problema es que, en muchos casos, los responsables huyen, los predios se rentan con identidades falsas y los residuos quedan como evidencia muda.

• México no cuenta a la fecha con datos o indicadores que permitan establecer cuantitativamente los daños que generan los llamados narcolaboratorios al medio ambiente. No existe un diagnóstico gubernamental y, por lo tanto, este no parece ser un tema relevante ni de interés para el gobierno federal ni para los gobiernos estatales
  ​Blanco subraya que, aunque la legislación existe, no se aplica en la práctica:

«Regularmente, la Defensa y la Secretaría de Marina (Semar) detectan y desmantelan los narcolaboratorios, y dan parte a la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar carpetas por delitos contra la salud, pero no por delitos ambientales».
La consecuencia es que el principio de «el que contamina paga» se diluye en la impunidad.

«Lo ideal sería que los responsables asumieran el costo de la reparación de daños. Pero, como regularmente no hay detenidos, es el Estado quien tiene que asumir esa tarea de restitución y rehabilitación de los lugares afectados».

El vacío institucional se refleja también en la falta de transparencia:

«No existe un registro nacional de narcolaboratorios ni de predios señalados por haber albergado uno. La Defensa sí lleva un registro de estos sitios, pero no hay coordinación suficiente con Semar, la FGR ni con las autoridades ambientales», acotó el ex fiscal.
México carece de un diagnóstico certero sobre los daños ambientales y los residuos químicos persisten en el entorno durante décadas, mientras la responsabilidad se diluye entre expedientes judiciales y presupuestos públicos.

El vacío institucional

La autoridad ambiental reconoce que no dispone de información, ni mecanismos, ni protocolos, ni denuncias sobre los narcolaboratorios. Es más, asegura que ni de su incumbencia es.

• La entidad responsable de vigilar y sancionar daños ambientales es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). A través de distintas solicitudes de información, confirmó que no cuenta con protocolos, manuales, lineamientos ni convenios de colaboración para atender el daño ambiental que dejan los laboratorios clandestinos de drogas sintéticas.

Tras revisar sus propios archivos, la institución declaró la inexistencia de documentos y señaló que tampoco tiene atribuciones para pronunciarse sobre la capacitación de inspectores en este tipo de operativos.

Sin expedientes

Profepa vigila daños ambientales, pero no los ocasionados por narcolaboratorios
La institución indicó que tampoco existen registros de denuncias por contaminación química atribuible a laboratorios clandestinos de drogas. En otras palabras, no hay base de datos ni antecedentes oficiales que documenten la afectación ambiental causada por narcolaboratorios.

Al solicitar estadísticas de inspecciones ambientales y medidas de remediación aplicadas desde 2002, la Profepa respondió que no cuenta con información alguna. No existen registros oficiales de inspecciones ni de acciones de remediación ambiental en sitios vinculados a la producción de drogas sintéticas, lo que significa que cualquier tipo de daño permanece y permanecerá fuera de las estadísticas y sin atención institucional.

• También se consultó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Respondió que no cuenta con registros de sitios contaminados por laboratorios clandestinos de drogas sintéticas. La dependencia argumentó que la fabricación de estas sustancias no es de su competencia y que los precursores químicos no están clasificados como materiales peligrosos en la normatividad vigente.
• Y así es. Bajo la NOM‑052‑SEMARNAT‑2005, México clasifica como residuos peligrosos a metales pesados, solventes orgánicos, compuestos halogenados y ciertos residuos industriales por sus características tóxicas, corrosivas o inflamables. Sin embargo, los precursores químicos usados en narcolaboratorios —como piperidina, efedrina y fenilamina, detectados en suelo y agua— no aparecen en ese listado oficial.

Esa omisión normativa permite que la autoridad ambiental se declare incompetente: al no estar tipificados como materiales peligrosos, no reconoce sitios contaminados por estas sustancias ni activa protocolos de remediación.

Consultado al respecto, el entonces comandante de la 9ª Zona Militar en Culiacán, Porfirio Fuentes Vélez, explicó que el trabajo de la Secretaría de la Defensa Nacional inicia con la localización y concluye con la puesta a disposición del Ministerio Público Federal.

«El trabajo empieza cuando encontramos el área de concentración, se hace un informe, damos cuenta del material que hay ahí, se da vista al Ministerio Público. El personal espera de 24 hasta 72 horas y ese material se pone a disposición competente. Normalmente cada tres meses se hace una ceremonia de destrucción de drogas; esta semana está programada. Y todo esto que se encontró ahí concluye el trabajo de la búsqueda y localización del laboratorio para la destrucción de drogas sintéticas».

En cuanto a los residuos, agregó: «Los materiales químicos, ese material, los reactores son destruidos ahí. El metal se pincha con barretas, con hachas, se destruyen y esos se quedan ahí. Pero el producto químico queda a disposición de la autoridad y cuando llega este proceso de incineración en hornos, ahí acaba este residuo».

Al corte de esta publicación, tanto la Procuraduría Federal de Protección Ambiental como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se negaron a emitir un comentario.

Ceniza y diamantina: hojas quedan ‘chamuscadas’ y el piso con cristales

En los laboratorios clandestinos a los que se acudió para este reportaje, pero también en otros visitados a lo largo de más de cinco años de cobertura periodística, se ha podido observar una costra de cristales diminutos en el suelo, que brilla como si alguien hubiera esparcido diamantina. Sólo ramas secas, follaje marchito. Las hojas están chamuscadas. No es sequía. No es plaga. Es intoxicación química.

Determinar el verdadero nivel de contaminación en estos sitios exige un análisis profundo y especializado. Se requiere la presencia de edafólogos, botánicos, expertos en restauración ecológica. Pero mientras eso no ocurre, las investigaciones se limitan a la evidencia visual.

​Como no es posible acceder con un equipo técnico completo, decidimos acercar el bosque a quienes saben leerlo. Le llevamos las imágenes a Erika Pagaza Calderón, maestra en ciencias, activista de rescate silvestre y ex directora del Jardín Botánico de Culiacán, para que pudiera apreciarlas.

• Fotografías, videos y planos del suelo, del follaje y del claro abierto. No fue un protocolo técnico, pero permitió una primera lectura. Se percibe una intoxicación evidente en las plantas, una degradación acelerada por la absorción de vapores químicos. Y explica cómo es que los residuos de la fabricación de drogas contaminan el entorno.
• Cuando un narcolaboratorio se instala en la sierra, lo primero que ocurre es el desmonte. Es decir, se despeja la vegetación, se rompe la cobertura forestal. Ese acto, que parece logístico, es en realidad el primer golpe ecológico.

​En esos claros, las plantas oportunistas llegan primero. Colonizan el espacio, modifican la calidad del suelo, alteran la dinámica del ecosistema. Lo que antes era un bosque con comunicación subterránea —raíces enlazadas por hongos benéficos— se convierte en un terreno fragmentado, sin sinergia, sin memoria.

«Estas plantas que empiezan a colonizar van a generar una dinámica en el pequeño ecosistema, que va a cambiar su calidad, su condición, y en las especies asociadas».
Los químicos alteran el pH, matan la microfauna, eliminan los hongos que permiten a los árboles absorber nutrientes y comunicarse entre sí.

«Hay hongos en las raíces que permiten que absorban nutrientes, que hacen esta comunicación entre los mismos árboles. Toda la contaminación química va eliminando esos microorganismos».

​Lo que parece una simple mancha amarilla en el follaje es, en realidad, el inicio de una muerte lenta.

Pero el daño no se queda en la raíz. Sube por la cadena. Las orugas se alimentan de hojas contaminadas. Las aves comen esas orugas. Y los depredadores más grandes, a su vez, consumen a las aves.

«Las orugas forman parte de una cadena alimenticia. Si están intoxicadas y las consume otro organismo más grande, seguramente va a tener acumulación de solventes. Y no sabemos qué está pasando en esa cadena de residualidad».

• En México, no existen estudios sistemáticos sobre lo que ocurre con los organismos después de que se neutraliza una cocina ilegal. No hay seguimiento. No hay datos. No hay equipos permanentes de restauración.

«¿Qué pasa después de estos procesos de restauración y remediación? ¿Cómo le hacemos para recuperar esa área que está profundamente impactada?»

Activismo, bajo amenaza

Hay otra razón por la que nadie estudia el bosque: el miedo. Los colectivos ambientalistas trabajan sin fondos, sin protección, sin acompañamiento institucional. Muchos dependen de apoyos gubernamentales. Otros prefieren no meterse en problemas con las organizaciones criminales y enfocarse en otros temas de igual relevancia como el tráfico de especies o contaminación por plaguicidas.

«Los defensores también vivimos una situación de riesgo. No es que yo voy y quiero restaurar una zona y me meto. También necesito ese apoyo gubernamental, necesito tener estrategias que permitan acompañar», indicó la también activista Erika Pagaza Calderón.

Muchos colectivos no tenemos fondos para operar. Estamos haciéndolo voluntariamente, pero implica un riesgo. Sin duda, es una muerte lenta

​»Los más optimistas, los más enamorados de la naturaleza… varios de nosotros, como grupos ambientalistas, conservacionistas, como nos quieran llamar, estamos tratando de dar esta lucha. No queremos meternos en ninguna guerra. Lo que queremos es tratar de proteger a la naturaleza. Son víctimas de esta situación».

Durante 23 años, el narco ha contaminado cuencas y corredores hidrológicos

La erradicación de cultivos y fábricas ilícitas comenzó en la década de 1960 bajo la Procuraduría General de la República. Sin embargo, fue hasta el sexenio de Vicente Fox cuando la Secretaría de la Defensa retomó el control del desmantelamiento de laboratorios, a partir de 2002. De ahí provienen los números empleados en nuestra investigación.

Esta visualización no sólo revela los corredores criminales más importantes en dos décadas de lucha contra el narco, sino también el daño ambiental acumulado: cada punto en el mapa representa una instalación que dejó residuos en suelos, ríos y mantos freáticos, afectando directamente las cuencas que sostienen la vida agrícola, energética y humana del país.

Sin embargo, este mapa es apenas una primera aproximación. Para conocer el verdadero alcance de la contaminación es indispensable incorporar estudios de agua en todo el país, capaces de medir qué tan expuestas han estado las comunidades a los residuos químicos.

• En Sinaloa, el epicentro nacional de los narcolaboratorios desde 2012, estas instalaciones se concentran en Culiacán, Cosalá, Elota, Badiraguato y Mocorito.

Todos se ubican sobre la cuenca del río Humaya–Tamazula, que forma el río Culiacán y alimenta la presa Sanalona.

​Pero más allá de los cuerpos superficiales, esta región está catalogada por el Inegi como zona de alta vulnerabilidad freática: los acuíferos del valle de Culiacán y del río San Lorenzo presentan recarga directa desde los escurrimientos serranos, lo que significa que los residuos químicos —ácido clorhídrico, tolueno, acetona, amoniaco— pueden filtrarse rápidamente al subsuelo.

• En Michoacán, los municipios de Apatzingán, Buenavista, Aguililla, Tepalcatepec y La Huacana se asientan sobre la cuenca del río Tepalcatepec, afluente del río Balsas.

Pero también sobre el acuífero Tepalcatepec–Apatzingán, uno de los más explotados para riego en Tierra Caliente. La cercanía entre los laboratorios y los pozos agrícolas implica que los lixiviados de la producción sintética pueden contaminar directamente el agua subterránea que alimenta cultivos, ganado y comunidades rurales.

• En Jalisco, municipios como Tequila, Zapopan, Tlajomulco y Pihuamo drenan hacia el sistema Lerma–Santiago, pero también se ubican sobre acuíferos de recarga media-alta como el Valle de Atemajac y el Bajío Jalisciense.
• En Guerrero, los laboratorios en Chilpancingo, Heliodoro Castillo y Coyuca de Catalán se ubican en zonas de recarga del Balsas Medio, donde los mantos subterráneos alimentan presas hidroeléctricas y sistemas de riego.
• En Chiapas, los hallazgos recientes en Palenque y San Cristóbal de las Casas se localizan sobre la cuenca del Usumacinta, pero también sobre acuíferos de selva alta con conexión directa a pozos comunitarios.

Cada laboratorio clandestino representa no sólo un punto en el mapa del crimen organizado, sino un foco de infiltración química en los mantos freáticos que sostienen la agricultura, la energía y el consumo humano.

Y a diferencia de los decomisos, que se contabilizan y se cierran, la contaminación subterránea se acumula, se dispersa, se consume.

En el caso de la Secretaría de Marina, clasificó como reservados los datos sobre los laboratorios que ha localizado: ubicación, fechas, materiales incautados. El Estado Mayor General argumentó que revelar esa información pondría en riesgo la seguridad nacional y la vida del personal naval.

Cristal en California deja huella en Sinaloa

El cristal que se fuma en un suburbio de California o en una calle de Chicago no sólo es el resultado de una cadena criminal: es también la huella de un bosque envenenado en la Sierra Madre.

El negocio es transnacional: los precursores llegan de Asia, los cárteles los procesan en la sierra, y el consumidor final en Estados Unidos alimenta una maquinaria que no sólo mata cuerpos, también degrada territorios enteros.

Y sin embargo, nadie asume la factura ambiental. Los cárteles desaparecen entre la maleza, el Estado asegura laboratorios sin restaurar la tierra y el mercado estadunidense sigue demandando sin mirar atrás.

Las industrias contaminantes del CJNG

El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), bajo el mando de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, —asesinado en un operativo del Ejército Mexicano para detenerlo el pasado 22 de febrero— expandió sus actividades criminales más allá de la venta y distribución de drogas a industrias con devastadores impactos ambientales, como la tala y minería ilegales, la deforestación para agrocultivos, el robo de combustibles y el establecimiento de narcolaboratorios.

• Las extensas redes con grupos delictivos locales han permitido construir la organización criminal más poderosa de México, con presencia en todo el país y operaciones en más de 40 países, así como en casi todo Estados Unidos.
• Este control ha facilitado la extorsión a prácticamente cualquier sector de población, por ejemplo pescadores ribereños, y le ha permitido atacar y asesinar a comunidades y defensores que se resisten al despojo de sus territorios.

Especialistas y representantes de comunidades cuentan a Mongabay Latam cómo la expansión del grupo criminal se infiltró en las economías legales e ilegales con grandes impactos socioambientales en México.

Por casi 14 años, la comunidad purépecha de Cherán, ubicada en el estado de Michoacán, al occidente de México, había mantenido a su población en paz, tras levantarse en armas y expulsar a políticos, criminales y policías e impulsar su autonomía como población indígena. Pero en julio de 2025, un ataque del Cártel de Jalisco mató a dos integrantes de la guardia comunal.

• Para Pedro Chávez Sánchez, maestro y ex integrante del Consejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán, se trató de un nuevo intento por parte de grupos criminales por controlar un territorio boscoso que fue explotado sin control hasta la instauración del gobierno indígena.

“Hoy no dejan de ser diferentes, solo cambiaron de nombre, este cártel [CJNG] opera de la misma manera, extorsionando productores, estando detrás de la tala ilegal de nuestros bosques”, dice el comunero purépecha a Mongabay Latam.

La meseta purépecha es una región templada donde el cultivo de aguacate ha proliferado, junto con la fragmentación del bosque, el consumo excesivo de agua y el aumento de la violencia debido al alto valor comercial del fruto. Además, está la tala ilegal de madera que, solo en Cherán, acabó con 10 000 hectáreas de bosque previo al levantamiento armado.

“Pareciera ser que Cherán es el único lugar en el que todavía se preservan las manchas de bosque, pero a los alrededores está talado, donde llega el sembradío del monocultivo del aguacate. Detrás de esos monocultivos están las extorsiones, los cobros de piso y la operación de estos grupos criminales”, comenta Chávez.

David Saucedo, consultor en seguridad, explica que para la expansión del Cártel de Jalisco Nueva Generación en industrias como el monocultivo, la cooptación de grupos delictivos locales ha sido clave.

“Hay grupos delictivos locales que ya se dedicaban a estas actividades y funcionan como franquicias. El Cártel de Jalisco no se dedicaba al cultivo de aguacate o a la tala ilegal, pero tiene a grupos que operan en bosques de Michoacán y Chiapas, tienen aserraderos clandestinos”, expone el especialista a Mongabay Latam.

Si bien el principal ingreso para la organización criminal sigue siendo la venta de drogas y estupefacientes, precisa, todas las actividades extractivas donde participan sus células delictivas son una ganancia extra y una forma de lavar activos.

“No es que el Cártel de Jalisco tenga una división de tala o de minería. Viene como un gran inversor que mete mucho dinero y recurso a actividades que ya existían y eran controladas por mafias locales”, sostiene.

• Rubén Ortega Montes, académico de la Universidad de Guadalajara en temas de procuración, seguridad y administración de justicia, coincide en esta forma de expansión en la estructura criminal.

“Han sometido a grupos locales a la dirección del cártel, como si fueran una franquicia. Pertenecen a esta estructura gigante que se fue construyendo a partir de la violencia extrema del cártel de mayor tamaño y con una economía enorme”, afirma.

• El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) controla hasta la vida de pescadores ribereños. Pobladores han señalado a Mongabay Latam que el grupo les ofrece pago por el traslado de drogas y armas por vía marítima.

Ante la precariedad laboral y la cada vez mayor dificultad para pescar, los pobladores ribereños deciden trabajar para el cártel, que está ligado incluso con grupos delictivos de otros países, como Los Lobos, en Ecuador, quienes extorsionan a pescadores para trabajar o les roban equipo para mantener la cadena de tráfico, como dio a conocer un equipo periodístico de Mongabay Latam en 2025.

Saucedo agrega que este tipo de extorsiones también ocurren en las costas del Pacífico mexicano, litoral que el Cártel de Jalisco controla casi en su totalidad, incluyendo sus principales puertos.

“En las costas de Manzanillo [Colima] el cártel no se dedicaba a la extorsión, pero tiene [cooptados] a los grupos que extorsionan a las embarcaciones y pescadores”, dice el especialista y agrega que incluso obliga a rebasar los límites de captura impuestos por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) en algunas localidades ribereñas.

• La operación del grupo delictivo está presente también en complejas redes de extracción y contrabando minero. Una de ellas es el mercurio, sustancia altamente tóxica utilizada para el procesamiento del oro en la minería ilegal, principalmente en la Amazonía.
• Una investigación de Environmental Investigation Agency (EIA) documentó en 2025 que al menos 19 minas artesanales que extraen el mercurio dentro de la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda de Querétaro son controladas por el Cártel de Jalisco, como informó Mongabay Latam.
• La red de tráfico, que ha enviado 200 toneladas de este metal a países amazónicos en seis años, ha beneficiado enormemente a la estructura criminal, que vende hasta 400 % más caro el mercurio a grupos armados.

Ortega comenta que el descuido a las áreas naturales protegidas ha sido también un factor importante en la expansión del grupo delictivo.

“Hay un abandono a las regiones que han sido declaradas áreas protegidas y que no tienen el suficiente personal para cuidar y velar por esa riqueza que tenemos todavía en algunas sierras. Se han apropiado de minas de todo tipo, se adueñan de la empresa, cobran y recogen las ganancias. Es una de las fuentes financieras más rentables en las que ni siquiera han invertido”, explica el especialista.

Negocio por el robo de combustibles y narcolaboratorios

Especialistas destacan que la producción de drogas y el robo de hidrocarburos han generado también un severo impacto ambiental por parte del Cártel de Jalisco al que solo le bastaron unos años para dominar este mercado ilícito.

“Las drogas que se fabrican en México, como las metanfetaminas, ya representan una afectación ambiental. Los narcolaboratorios se establecen en zonas serranas y apartadas porque emiten vapores tóxicos. Muchos de los residuos químicos de los narcolaboratorios se vierten en el subsuelo y esto genera una afectación del suelo que pierde su fertilidad”, expone Saucedo sobre el incremento de estos laboratorios clandestinos y que generan residuos altamente contaminantes.

• Una investigación realizada por Quinto Elemento Lab reveló que la cifra de narcolaboratorios en México creció más de 16 veces en cinco años, con 2079 hallazgos de este tipo en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Los puntos hallados estaban principalmente en zonas serranas y manglares, ecosistemas altamente frágiles y biodiversos.
• Por otro lado, el robo de combustible, conocido en México como huachicol, se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos para grupos delictivos, especialmente para el Cártel de Jalisco. Se basa en la perforación de ductos, el robo en refinerías y el secuestro de camiones a la petrolera estatal Pemex.

Sin embargo, las fugas representan no solo un riesgo sino un fuerte impacto ambiental, principalmente en zonas rurales del país. “Perforan los productos y hay fugas y accidentes que perjudican a los mantos freáticos. El agua ya no sirve y también las tierras que son propias para la siembra”, señala Ortega.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha señalado a empresas presuntamente vinculadas al Cártel de Jalisco en el robo de combustible.

Ante la caída de Oseguera y una posible reestructuración del grupo criminal o una fragmentación que genere mayores episodios de violencia en México, Ortega señala que las autoridades deberán actuar con estrategia para desmantelar al Cártel de Jalisco.

“Es la coyuntura para que el Estado, con inteligencia y con logística, desarticule la base social, financiera y la capacidad de fuego que vimos el domingo”, comenta el académico sobre la reacción violenta del cártel que provocó bloqueos carreteros en casi 20 estados del país.

Para una respuesta en materia ambiental a estas actividades, advierte Saucedo, “ya hay mecanismos, planes de manejo y legislación». «Lo que hace falta es recurso e implementación”, agrega.

En tanto, en Cherán no bajan la guardia comunitaria pues perciben que la violencia contra las comunidades y defensores del territorio puede volver en cualquier momento, pese al descabezamiento del cártel.

“Nosotros nos preguntamos cómo adquieren tanto poderío. Pareciera que esto no tuviera fin, esperemos no sea así y que tampoco merme la organización de nuestras comunidades”, comenta Sánchez.

Los narcolaboratorios en Sinaloa contaminan el agua de las comunidades

Según el informe realizado en 2023 por Iniciativa Global titulado “Región Mar de Cortés: amenazas sociales y ambientales del crimen organizado”, actualmente existe una estrecha relación entre la contaminación del agua y la fabricación de drogas. Esto se debe principalmente a los desechos tóxicos generados durante el proceso de producción en los laboratorios clandestinos.

La calidad del agua en Sinaloa presentaba un nivel de contaminación menor, incluso había personas que bebían agua de pozos. Sin embargo, en la actualidad, las circunstancias socioeconómicas del estado han llevado la contaminación a un nivel químico, especialmente por la fabricación de drogas sintéticas ilícitas producidas en los narcolaboratorios.

“Antes el agua no se trataba, pero estaba menos contaminada, la gente consumía agua de noria, de ríos, de canales, pero no estaba tan contaminada y el tipo de contaminantes no era tan riesgoso, no pasaba de que era un pedazo de madera, de arcilla, de tierra, y ahora no, la contaminación es química”, explica el investigador José Guadalupe Llanes Ocaña.

• El reporte indica que entre 2012 y 2021, la región del Mar de Cortés, que abarca Sinaloa, Sonora, Nayarit, Baja California y Baja California Sur, ha sufrido la contaminación del agua y del suelo por el vertido de al menos 1.6 millones de kilogramos de residuos contaminantes procedentes de la fabricación de metanfetaminas.

Francisco Cuamea Lizárraga, miembro de la Red de Expertos de Iniciativa Global, señaló que en los últimos 10 años aumentó la producción de metanfetaminas en Sinaloa, debido a que el crimen organizado perdió el mercado de la mariguana en Estados Unidos.

En el caso de Culiacán, donde se ha asegurado la mayor parte de los laboratorios clandestinos, dijo que el mayor impacto de la contaminación, lo pueden sufrir las poblaciones locales, “no es que todo Culiacán aquí nos vayamos a morir y a contaminar, sino que las poblaciones locales donde están los narcolaboratorios en las zonas rurales son las primeras que pueden sufrir el mayor impacto ¿por qué?, porque ahí no tienen plantas tratadoras de agua, beben directamente de la noria o de ahí sacan su agua, y si a eso le sumas la contaminación de las minas, estamos comprometiendo la vida sana, la salud de los pueblos, de las gentes que viven en las comunidades rurales”.

Según los datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), menciona Cuamea, en esa década, se aseguraron un total de 168 mil 695 kilogramos de metanfetamina producida en la región del Mar de Cortés y se desmantelaron 974 laboratorios clandestinos, la mayoría de ellos ubicados en Culiacán y Cosalá, y otros en Nayarit y Sonora.

• De acuerdo al informe, entre los desechos encontrados en los narcolaboratorios se encuentran sustancias químicas de uso común como combustibles y disolventes, como los que “se utilizan en el hogar para tareas de limpieza y para el mantenimiento de los automóviles, e incluyen la acetona, el ácido de baterías de vehículos, el líquido para frenos, barnices para madera, amoniaco y refrigerantes para aire acondicionado. Los productos usados para la producción de metanfetamina también pueden contener partículas de litio o mercurio, que actúan como catalizadores de las reacciones.”

Ante este panorama, el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas señaló que “la producción de metanfetamina es también un problema medioambiental; la droga incluye muchas sustancias químicas peligrosas y fáciles de obtener, como acetona, amoníaco anhidro (fertilizante), éter, fósforo rojo y litio”.

El estado del agua permite observar fielmente gran parte de las acciones resultado de la actividad del ser humano y que, en la mayoría de los casos afectan al medioambiente.

El investigador José Guadalupe Llanes Ocaña indica que en Sinaloa el campo de acción dominante es la agricultura, por lo tanto, el factor de desarrollo número uno de la región es el agua.

A su vez, Francisco Cuamea advirtió que la actividad del crimen organizado representa una amenaza para el logro de los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible en la región del Mar de Cortés, los cuales son fundamentales para garantizar una vida próspera en esa área./Agencias-PUNTOporPUNTO