Nuevos datos involucran a la PF y al Ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Redacción

Padres de jugadores, cuerpo técnico e integrantes del equipo Avispones de Chilpancingo, aportaron nuevos datos sobre los ataques del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y en donde desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa, los cuales afirman que elementos de la Policía Federal (PF) y del Ejército mexicano sí participaron en esos hechos.

Según la Procuraduría General de la República (PGR), el autobús en el que viajaban los miembros de los Avispones de Chilpancingo fue “confundido” con uno de los camiones que transportaba a los normalistas, motivo por el cual policías municipales de Iguala dispararon en contra de la unidad, lo que originó que  un jugador, el chofer de camión y una pasajera de un taxi que circulaba por el lugar perdieran la vida.

Sin embargo, a través de una carta que dio a conocer el diario digital Aristegui Noticias, las víctimas señalaron que la Policía Federal detuvo al autobús del equipo 20 minutos antes del ataque, tiempo suficiente para que los policías municipales se adelantaran y esperaran, en el crucero de Santa Teresa, a que pasara la unidad con los jugadores.

Al terminar la agresión los padres solicitaron la ayuda de los policías federales, sin embargo éstos se negaron en todo momento a transportar a los heridos, sólo solicitaron los nombres de las víctimas, bajo el argumento de que las ambulancias estaban en camino.

Respecto a la participación del Ejército mexicano la noche en que desaparecieron 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, los familiares aseguraron que los integrantes del 27 batallón de Infantería con sede en Iguala estaban armados y a bordo de su camión en la zona.

Tal afirmación contradice la “verdad histórica” del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien dijo que el Ejército no había salido esa noche del cuartel.

Asimismo, en la agresión contra los Avispones de Chilpancingo, los familiares denunciaron la desaparición de pruebas y la falta de resguardo de evidencias, así como la falta de apoyo por parte del gobierno estatal y federal, ya que la Comisión de Atención a Víctimas sólo les brindó “apoyo psicológico exprés”.

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