Cuando el Partido Verde y el Partido del Trabajo confirmaron su rechazo a la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a su equipo sacar de la iniciativa dos temas cruciales: retrasar un año la elección judicial prevista para 2027 y adelantar la consulta de revocación de mandato para empatarla con las elecciones del próximo año.
- La iniciativa enviada no contiene esos y otros asuntos estudiados por la comisión presidencial de reforma electoral, para evitar que el rechazo de los aliados de Morena frustre cambios que sí son viables políticamente.
Funcionarios que participaron en los trabajos de la comisión han confirmado a EL PAÍS que la decisión de la presidenta y los coordinadores parlamentarios fue dividir el proyecto en etapas: primero, la reforma constitucional que contiene los propósitos principales ya conocidos (reducir el financiamiento de los partidos, eliminar 32 senadurías de representación proporcional y quitarle a las dirigencias partidistas el control de las 200 diputaciones plurinominales). Segundo, el paquete de leyes secundarias para reglamentar esos cambios y, tercero, las reformas que permitan modificar el calendario electoral previsto actualmente.
La primera iniciativa solo contiene cambios a 11 artículos de la Constitución. En caso de ser rechazada, su temática ya no podría ser abordada en este año legislativo, de acuerdo a las leyes orgánicas del Congreso.
“Cuando una reforma de esta envergadura se desecha, ésta ya no se puede presentar hasta un año después. Ni por la vía secundaria ni por otra vía”, ha explicado el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, quien ha descartado que el mencionado plan alternativo de la mandataria sea una reiteración de cambios a las leyes electorales, como han especulado políticos, especialistas y algunos medios de comunicación.
- El plan B es, en realidad, la reserva de algunos temas para no quemarlos en la primera iniciativa, han explicado las fuentes consultadas. Específicamente, se trata de dos asuntos que sí requieren de reforma constitucional y que ya han sido abordados por la presidenta en sus conferencias matutinas.
- Por un lado, la necesidad de retrasar un año la elección judicial que, según la reforma aprobada en 2024, mandata elegir en 2027 los cargos judiciales que no fueron votados el año pasado. Una especie de reforma de la reforma judicial, para que la elección de jueces no coincida con la de diputados federales, gobernadores, diputados locales y presidentes municipales, prevista para junio del próximo año.
Esto, que además ha sido una petición del Instituto Nacional Electoral (INE), permitiría hacer cambios para corregir los errores detectados en la elección de 2025, simplificar las boletas y fomentar una mayor participación ciudadana, que el año pasado llegó apenas al 13% del electorado.
Por otro lado, se buscará adelantar diez meses la revocación de mandato de Claudia Sheinbaum, prevista para abril de 2028 en la norma vigente. Este cambio ya ha sido propuesto por el diputado morenista, Alfonso Ramírez Cuéllar, en una iniciativa pendiente de dictaminación, pero la intención de la presidenta es presentar una nueva propuesta, más amplia, que no sólo empate la revocación con la elección intermedia de 2027, sino que modifique disposiciones como la prohibición que tienen actualmente los funcionarios públicos (incluida la presidenta) para pronunciarse respecto a su revocación o permanencia en el cargo. Esta posibilidad ha levantado críticas en la oposición, pues con ello Claudia Sheinbaum volvería a estar en la boleta electoral.
La comisión presidencial trabajó, además, un paquete de reformas a leyes secundarias coherentes con la reforma constitucional presentada por Sheinbaum, que sería necesario aprobar para implementar los cambios.
En ese paquete entrarían las reformas a la Ley de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en las que deben aterrizar asuntos como: facilitar las consultas populares, incentivar el voto de los mexicanos residentes en el exterior, fortalecer la fiscalización de los recursos que ejercen los partidos y candidatos, regular el uso de inteligencia artificial en campaña, iniciar los cómputos distritales la misma noche de las elecciones, reducir el tiempo oficial que se otorga a los partidos en radio y televisión durante las campañas, y disminuir el costo de los órganos electorales.
- Monreal ha dicho este viernes que la presidenta no pretende presentar un plan B que retome los temas que se rechacen en la reforma constitucional; sin embargo, algunos propósitos de la reforma, como la reducción del gasto en elecciones, sí podrían implementarse con cambios a leyes secundarias, como lo intentó Andrés Manuel López Obrador con su “plan B” de diciembre de 2022, luego de que el Congreso desechara su primer intento de reforma electoral.
La iniciativa de la presidenta ya ha sido plasmada en un proyecto de dictamen de las Comisiones de Reforma Electoral y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que van a sesionar durante la próxima semana para aprobar el dictamen que envíen al pleno de la cámara. El PVEM y el PT mantienen su rechazo a las principales propuestas de la presidenta, por lo que Morena no alcanzará los 334 votos que requiere para aprobarlo.
Mier confirma Plan B de reforma electoral
El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, confirmó que hay un Plan B en caso de que no se apruebe la reforma electoral y será la presidenta Claudia Sheinbaum quien lo presente.
- Previo a la sesión de esta cámara, estimó que seguramente ese proyecto tiene que ver con modificaciones constitucionales. Pero hay que esperar. Mier apuntó que Morena seguirá dialogando con los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), para tratar de salga adelante la reforma electoral. Subrayó que tienen muchas coincidencias con ellos y que una diferencia, “no rompe una coalición que le ha dado mucho beneficio a México”.
- Confió en la habilidad del coordinador guinda en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, para sacar adelante este cambio constitucional, luego de que anoche se confirmó que la titular del ejecutivo enviará el documento a San Lázaro.
Por otra parte, informó que el senador mexiquense Higinio Martínez se reincorpora como vicecoordinador de la bancada, luego de que sus compañeros lo ratificaron por unanimidad.
Especialistas advierten sobre impactos
Aun sin el apoyo de los aliados de Morena para reformar la Constitución, hay una ruta por la que la presidenta Claudia Sheinbaim podría lograr su propósito de hacer cambios profundos al sistema electoral, a través de reformas a las leyes secundarias e incluso una “interpretación legal”, es decir, resignificar el sentido de una norma jurídica para modificarla.
- Este eventual “Plan B”, sugerido por la presidenta en su conferencia el 4 de marzo, permitiría hacer cambios en la forma de elección de diputados plurinominales, hacer recortes al Instituto Nacional Electoral (INE), modificar los mecanismos de fiscalización y regular el uso de inteligencia artificial en las campañas, consideran expertos en materia electoral y derecho constitucional.
Para Daniela Arias Sánchez, coordinadora de Laboratorio Electoral, equipo de expertos que actualmente realiza un mapeo de los cambios legales, seña que Morena podría sacar adelante sin necesidad de tener la mayoría calificada, explica que aspectos relacionados con la fiscalización y la organización de elecciones no requieren necesariamente de una reforma constitucional.
”No necesitan estar en la Constitución. Por ejemplo, las medidas de coordinación entre autoridades para los reportes que tienen que entregar las autoridades externas al INE, de los movimientos financieros de las candidaturas y de los partidos y demás. Eso no necesariamente tendría que venir en la Constitución. Eso puede ser una modificación a la ley. Eso puede venir en los lineamientos del INE”.
“Todo lo de fiscalización puede entrar en legal, casi todo lo de fiscalización puede entrar a nivel legal. La parte de inteligencia artificial también puede entrar a nivel legal”, explica Arias Sánchez.
El constitucionalista Javier Martín Reyes, doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advierte que los cambios podrían darse en dos vías: intentar meter por ley secundaria los cambios constitucionales contenidos en la propuesta o cambios a normas que, sin estar en la Carta Magna, modifiquen por completo el sistema electoral.
“Hay cosas que posiblemente se podrían establecer: la prohibición de uso de dinero en efectivo quizá podríamos ver una regulación más dura y el tema de la prohibición de financiamiento ilícito”, dice.
“Ellos podrían insistir en modificar cómo se integran las listas, cómo se asignan los plurinominales, respetando que la Cámara de Diputados tendrá 500 posiciones quizá tratar en la ley secundaria el tema de mejores perdedores y el tema de listas abiertas”.- Javier Martín Reyes, doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones
Como ejemplo de los cambios vía leyes secundarias, Martín Reyes, expone el caso del Plan B de López Obrador a través del cual en 2022 se aprobaron cambios a artículos de las siguientes leyes:
- General de Instituciones y Procedimientos Electorales
- General de Partidos Políticos
- Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
- Ley General en Materia de Delitos Electorales
Todos esos cambios pasaron sin necesidad de contar con los votos de ninguna otra bancada, pues bastó la mayoría simple, es decir, la mitad de votos más uno en San Lázaro y en el Senado para que pasaran. Actualmente, Morena tiene 253 diputados y 67 senadores, lo que hace viable sacar adelante cualquier ley secundaria.
Lo que sí advierte Arias es que cambiaría el proceso, pues a diferencia de la redacción de la Constitución, las leyes secundarias son mucho más específicas y requieren de una revisión más a detalle.
“Realmente nos estaríamos enfrentando a grandes modificaciones legales que incluso podrían ser mucho más técnicas y mucho más largas, porque no es lo mismo modificar la Constitución, que nada más puedes hacer ciertas cosas específicas, ciertos textos más generales a la ley general”, señala la experta.
¿Una “ventanita” legal para modificar los pluris?
El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, reconoció el pasado viernes que hay temas centrales de la iniciativa presidencial que si no son aprobados como cambio constitucional no pueden ser modificados en ley secundaria. Esto lo dijo en referencia específica al recorte del financiamiento a los partidos y la eliminación de 32 senadores plurinominales.
“Cuando una reforma de esta envergadura, una reforma constitucional se desecha, es decir no se aprueba por las dos terceras partes, esta ya no se puede presentar ni en el periodo (actual) ni en el siguiente. La reforma se desecha y no se puede por otra vía, ni por la vía secundaria ni con otra reforma similar aceptarse en la Cámara”, dijo.
- En esto coincide Arias Sánchez, del Laboratorio Electoral, pero advierte que en el caso de la representación proporcional en la Cámara de Diputados existe la posibilidad de que se dé un proceso de “interpretación legal”, es decir buscar cómo hacer una reinterpretación de la ley «estirando mucho la liga».
La representación proporcional podría entrar en interpretación legal. Está redactado de tal manera que podría haber una ventanita para que sea a través de la (reforma) legal se modifique”.- Arias Sánchez, del Laboratorio Electoral.
Actualmente, el artículo 52 de la Constitución es el que establece la conformación de la Cámara de la siguiente manera:
“Estará integrada por 300 diputadas y diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, así como por 200 diputadas y diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales”.
Ese artículo solo indica que habrá listas regionales, votadas en circunscripciones y en razón de la votación proporcional, pero no indica el mecanismo para determinar esas listas. En la reforma de la presidenta, se establecía que 100 serían elegidos por voto directo y los otros 100 a quienes fueran los mejores perdedores dentro del partido.
Reglas específicas como esas u otras no tienen que venir en la reforma constitucional y eso seguramente vendría en legislaciones secundarias, señalan los expertos.
Una reforma «diluida pero regresiva»
Integralia describe la propuesta como una reforma diluida, ya que no es tan radical como los anteriores planes «A» y «B» de 2022, pero advierte que el conjunto de cambios propuestos genera un riesgo alto de inequidad que favorece directamente al partido en el poder.
Entre los puntos de mayor alerta destacados en el documento se encuentran:
- Favorecimiento a la fuerza gobernante: Se propone reducir el financiamiento público y el tiempo en radio y televisión para los partidos, lo cual, en un contexto de hegemonía de Morena, limita las capacidades de la oposición para competir en igualdad de condiciones
- Intervención gubernamental: La reforma permitiría que tanto partidos como gobiernos promuevan consultas populares y procesos de revocación de mandato, eliminando restricciones que antes garantizaban la imparcialidad
- Riesgos operativos y vacíos legales: La iniciativa es general y deja muchos detalles para las leyes secundarias, lo que genera incertidumbre
Además, mantener la elección judicial en la misma fecha que otras elecciones federales representa un gran riesgo operativo para el INE y una saturación informativa para el votante
- Omisiones críticas: El documento señala que la propuesta ignora temas urgentes, como mecanismos para frenar la intromisión del crimen organizado en las elecciones y la regulación de la sobrerrepresentación en el Congreso
- Legislación en «fast track»: Los plazos establecidos obligarían a una aprobación acelerada para mayo de 2026, lo que anula cualquier posibilidad de negociación parlamentaria real con todas las fuerzas políticas
Los temores de un posible recorte al INE
Aunque en principio la reforma electoral propuesta por Sheinbaum aparenta dar más fuerza al organismo en temas de fiscalización y coordinación con autoridades, para Arias el problema está en el aspecto técnico-electoral, pues si bien se les otorgan mayores atribuciones, se deja de lado cómo funciona el organismo.
“Uno de los problemas es que quieren recortar costos de la elección, pero al mismo tiempo que haya voto electrónico, mecanismos de coordinación, informes diarios de fiscalización y sin más recursos pueden saturar, reventar, a volver inoperable a la autoridad electoral”, señala Arias.
- Estos temores surgieron, incluso, antes de la presentación de la reforma, cuando se plantearon temas como la desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), las Juntas Distritales y del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).
“El problema es que se ha buscado afectar sobre todo la parte técnico-electoral, donde se da certeza a las elecciones y eso es viable que se haga por vía de la ley secundaria”, indica Arias.
- En su análisis de la propuesta inicial, Luis Calor Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE) y director de Integralia, puso igualmente el foco en las legislaciones secundarias, en relación con el INE.
- “Faltan reformas legales. Sin ellas no se puede hacer análisis completo. Por ejemplo, cambios a la estructura y al servicio de carrera del @INEMexico o los detalles de la asignación de pluris o qué pasa con el PREP”, escribió en la red social X el 5 de marzo.
En su diagnóstico general, anticipó una probabilidad de éxito baja sin descartar un «plan B».
Para Javier Martín Reyes, este es el riesgo más grande de las reforma.
«Hay quien dice es que la estructura del INE no viene en la Constitución. Pero yo diría, ahí no viene, pero sí vienen principios, el de certeza, el de legalidad, el del profesionalismo de los procesos electorales que se afectarían si desmantelamos la estructura permanente del INE», señala el también abogado constitucionalista.
Dentro de los aliados las posiciones sobre un eventual «plan B» aún están en duda. Reginaldo Sandoval, coordinador del Partido del Trabajo en San Lázaro, dijo en una entrevista de televisión que espera que las propuestas de modificación a leyes secundarias se hagan en unidad.
Arturo Escobar, coordinador nacional electoral del Partido Verde, por otro lado coincidió en propuestas como la desaparición de las listas para las diputaciones plurinominales, pero pidió establecer un piso parejo de financiamiento para todos los partidos políticos.
La ruta de la reforma de Sheimbaum
Está previsto que este martes en sesión vespertina de la Cámara de Diputados, sea sometido a votación el dictamen de la iniciativa de reforma electoral de la presidenta.
Monreal sostuvo la semana pasada que aún le faltaban 70 votos para que prosperaran los 11 cambios constitucionales propuestos por Sheinbaum.
- Uno de los escenarios es que una vez rechazado el dictamen inicie el análisis de las reformas a leyes secundarias, aún sin dictamen, y que pudieran ser remitidas ese mismo día por la presidenta.
- Un proceso similar y a esa velocidad ocurrió el 6 de diciembre de 2022, cuando la oposición rechazó el Plan A del presidente Andrés Manuel López Obrador, que también consistía en una reforma constitucional.
En sesión vespertina del día siguiente, en la Cámara de Diputados se dispensaron los trámites y se sometieron a discusión y votación las reformas del Plan B. Como se trataba de leyes secundarias no fue necesario contar con la mayoría calificada.
Posteriormente, el Plan B fue aprobado en el Senado a pesar del voto en contra del entonces senador Ricardo Monreal, quien advirtió que varios artículos incluidos en el paquete violaban la Constitución.
Plan B con una Corte afín
A diferencia del bloque de reformas de López Obrador en esta ocasión el panorama es distinto, ya que la integración del Máximo Tribunal es distinto que el que recibió las impugnaciones en aquella ocasión.
- El 21 de febrero de 2023, la Corte admitió a trámite un primer bloque de impugnaciones a las reformas del Plan B. Y para inicios de marzo de ese mismo año admitió una controversia constitucional proveniente del INE. Un mes después, el PRD, ahora extinto, y Movimiento Ciudadano presentaron un segundo bloque de acciones de inconstitucionalidad.
El 25 de marzo, los ministros otorgaron una suspención al paquete de reformas bajo el argumento de una posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía.
Entre los meses de mayo y junio de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó las modificaciones con las que el gobierno pretendía limitar recursos y facultades al INE. Pero en esta ocasión, el panorama del máximo tribunal del país es distinto al de hace tres años, señala Martín Reyes.
“Hoy en día no tenemos una Corte, mínimamente independiente. Es una Corte donde más allá de que hay algunos buenos perfiles -sí creo que los hay- es la Corte del acordeón.
“Algunos de sus integrantes Loretta Ortiz, Lenia Batres, Yazmin Esquivel son figuras que ideológicamente tienen muchísima cercanía (con el gobierno) y también porque es una Corte, digamos, permanentemente amenazada, a la que en cualquier momento le haces una reforma constitucional para para destruirlos”, advierte./Agencias-PUNTOporPUNTO
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