Políticos, Empresas y Agricultores tienen CONCESIONES de AGUA que llevan a SobreEXPLOTACIÓN

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló en qué consiste la Ley de Aguas que ‘enfureció’ a los agricultores y por lo que mantienen los bloqueos carreteros.

• La mandataria acusó que hay productores que tienen concesiones de agua para riego y como no la usan, las venden a gobiernos municipales, por lo que las ganancias serían de hasta 300 millones de pesos anuales.
• “Resulta que no la usan y la venden a los municipios, entonces los ves en sus carrazos, en sus camionetotas, a los agricultores de algunos distritos de riego y pues eso no puede ser”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 26 de noviembre.
• Según Sheinbaum, la concesión de agua no se paga porque es para riego y producción de alimentos, por lo que la Ley insiste en que no deben pagar por el uso de esa agua. La Ley de Aguas impulsada por ella propone «acceso al agua para todos los mexicanos».

¿Qué sabemos de las concesiones de agua a agricultores?

La presidenta Sheinbaum agregó que quienes se manifiestan es porque tienen la intención de conservar sus privilegios, no por el bien de la gente.

“Nosotros llegamos a transformar la vida pública para todas y todos los mexicanos y en particular para el que menos tiene”, añadió la mandataria.

• Una vez más, Sheinbaum mencionó a Felipe Calderón al decir que en su sexenio se otorgaron muchas concesiones de agua y aseguró que con la reforma se incluye el objetivo de terminar con esos privilegios.

Por esa razón, Sheinbaum pidió que Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explique lo de las concesiones y quiénes gozaban de beneficios en esos temas.

Agricultores levantan mesa de diálogo con Segob

• Dichas declaraciones de la presidenta Sheinbaum ocurren luego de que los agricultores que mantenían bloqueos carreteros levantaron la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación sin lograr algún acuerdo.

Ante la falta de acuerdos, los transportistas anunciaron que mantendrán los bloqueos en al menos 10 estados.

• Eraclio Rodríguez, líder del Frente Nacional por el Rescate al Campo, acusó que el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, condicionó el diálogo a la liberación de las carreteras y no se comprometió a resolver ningún punto de su pliego petitorio.

Como parte de sus exigencias están aumentar el precio de garantía del maíz a 7 mil 200 pesos por tonelada y modificar la Ley de Aguas.

Demandan fortalecer inspección a concesiones de agua

Tras advertir que sólo el 10 por ciento de las concesiones de agua se supervisan, especialistas en la materia demandaron que la reforma en materia de aguas impulsada por el Ejecutivo federal refuerce las inspecciones y fortalezca el marco sancionatorio.

• Tras las audiencias públicas que convocó la Cámara de Diputados para analizar la iniciativa enviada por el Ejecutivo, el abogado Juan Manuel Ramírez Velasco indicó que México tiene 536 mil concesiones de agua en manos de más de 380 mil titulares, pero sólo 240 inspectores para supervisarlas.
• El también coordinador de asesores de la Coordinación Nacional de Movimiento Ciudadano dijo que, de acuerdo con estas cifras, cada inspector tiene que supervisar 2 mil 429 concesiones, lo que es imposible, de ahí que sólo se revisa el 10 por ciento de los títulos y entre 2013 y 2022, estas inspecciones cayeron de 8 mil 547 a mil 858.

Agregó sólo en 2022, no existió ningún programa obligatorio de medición de volúmenes de extracción, lo que significa que en México hay títulos de concesión, pero no supervisión.

• «La Conagua reporta 58 mil 938 inconsistencias en los títulos de concesión y 1.1 por ciento de los usuarios explotan más del 20 por ciento del agua del país. Además, hay usos indebidos de concesiones de agua operadas como industrias y balnearios, clubes de golf registrados como uso agrícola, venta de pipas amparadas con títulos inadecuados.
• Hay 127 concesiones a asociaciones religiosas por más de siete mil metros cúbicos destinados a hospedaje, esto revela que el sistema actual no tiene mediciones obligatorias ni sanciones efectivas, ni procesos claros de revocación. El derecho al agua no puede sostenerse sobre un esquema tan opaco como el actual», sostuvo.

Además, dijo, México tiene 2 mil 826 organismos operadores, cada uno con estructuras tarifarias distintas, lo que genera desigualdad y opacidad y contradice el artículo de la Ley de Aguas Nacionales, que exige tarifas que incentiven el consumo responsable.

• Ante ello, demandó que en la ley establezca la obligatoriedad de las inspecciones y garantizar que estas sean suficientes y profesionales, así como el desarrollo de un registro nacional de tarifas justas y progresivas a partir de una metodología nacional y uniforme, que elimine subsidios regresivos y proteger a los hogares vulnerables.
• Analluvia García Vilchis, profesora investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, recordó que más del 70 por ciento de los lagos en el país presentan niveles de contaminación significativas y tan solo en la cuenca del Río Atoyac, la mortalidad por insuficiencia renal en adultos es hasta 4.7 veces superior al promedio nacional.
• Agregó que según cifras oficiales, nueve millones de personas carecen de acceso al agua y 11 millones de servicios de alcantarillado, además de que 515 municipios no disponen de red de drenaje y alcantarillado y apenas 787 de los 2 mil 463 municipios del país tienen plantas de tratamiento.

Dijo que ante este panorama, la necesidad de una reforma en materia de aguas es clara; no obstante, propuso incorporar en el proyecto el derecho al saneamiento, lo que implica definirlo como una obligación estatal, y definirlo jurídicamente, para establecer en la ley las etapas mínimas de recolección tratamiento y disposición final a fin de eliminar ambigüedades técnicas.

• Propuso también establecer en la ley la universalidad de la la cobertura y del tratamiento de aguas, para obligar a todos los municipios a que cuenten con redes de alcantarillado y plantas de tratamiento.
• Elevar la salud pública como fin último de la gestión del agua y fortalecer las obligaciones de fiscalización continua de de concesionarios en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y las autoridades locales.

En su turno, la especialista Jessica Estefanía Jiménez Montoya recordó que el 80 por ciento de los ríos en México están contaminados, lo que debería ser motivo de preocupación, ya que el 60 por ciento del agua de consumo humano proviene de ellos.

• Jiménez Montoya aseguró que no basta con mencionar en la ley la seguridad hídrica o el derecho al agua, por lo que propuso que la Conagua y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua deberán crear un plan nacional de recuperación, restauración y restitución de la salud de los cuerpos de agua, en especial los ríos.

Dijo que si bien ya existe un plan de este tipo, es necesario que forme parte de la planificación de la gestión del agua del país.

Acusan centralización y criminalización

En un foro organizado por la bancada del PRI en Guanajuato, el ex directo general de la Comisión Estatal del Agua, Francisco de Jesús García León, acusó que la iniciativa propuesta por el Ejecutivo federal es centralista.

• Un especialista dijo que si el problema que ha detectado el Gobierno federal es la sobreexplotación de los acuíferos y las cuencas, es un tema que no van a resolver con una ley, porque una de las dificultades es que el Ejecutivo también se ha atrasado en los estudios sobre disponibilidad de agua.
• «El problema también es que el Gobierno Federal se ha atrasado en todos los estudios de cuánta agua tenemos disponible en los acuíferos. Entonces, pasan años y años y lo único que dicen es que van creciendo. De los más de 650 acuíferos que tenemos en el país, ahora ya tenemos sobreexplotados más de 215.2.
• Es decir, una tercera parte de los acuíferos de este país están sobreexplotados, pero después encontramos que en realidad no están sobreexplotados, lo que significa que no han hecho su tarea, no hicieron el estudio oportuno y tampoco obtuvieron las concesiones o otorgaron las concesiones en tiempo y forma», dijo.

García León sostuvo que la iniciativa presidencial criminaliza a los usuarios, porque cualquier situación irregular en el título de concesión que no haya corregido Conagua, los haría acreedores incluso a penas de cárcel.

«Está criminalizando a los usuarios del agua por el simple hecho de que la autoridad no haya dado respuesta a una solicitud tan importante como la de reposición de pozo, de modificación de infraestructura y de cambio de titular. Entonces todos estaríamos siendo delincuentes porque la autoridad no respondió en tiempo y forma», indicó.

• Adrián Hernández Alejandri, Alcalde de Dolores Hidalgo, Guanajuato, dijo que la iniciativa presidencial es preocupante porque centraliza el control del agua en la autoridad federal, permite la cancelación de concesiones sin un procedimiento previo, prohíbe heredar o transferir derechos y condiciona las prórrogas a decisiones completamente discrecionales.
• «Eso significa que un agricultor, un ejidatario o un productor que lleva toda su vida trabajando la tierra, puede despertar un día sin la certeza de si podrá seguir usando el agua que siempre ha utilizado. Significa que los ejidos y comunidades pierden la seguridad de que la concesión ligada a sus parcelas seguiría ahí cuando la tierra pase de una generación a otra.

Significa que los sistemas de aguas municipales reciben más responsabilidades, pero sin presupuesto para poderlas cumplir. Y significa que los productores, desarrolladores y familias quedan en un estado de incertidumbre frente a multas que hoy pueden llegar hasta 50 mil UMAS y que incluso pueden triplicarse en caso de reincidencia», advirtió.

El Edil panista afirmó que todo esto afecta no sólo la vida diaria de las personas, sino la siembra, los cultivos, las cosechas y las inversiones. «Sin agua simplemente no hay campo, sin agua no hay alimento, sin agua no hay comunidad», indicó.

Empresas, clanes políticos y hasta religiosos han acaparado el agua

Asociaciones religiosas, Bancos, inmobiliarias, grandes empresas como Kimberly Clark así como campos de golf, agroindustrias y personas físicas como exgobernadores e incluso el expresidente Vicente Fox Quesada han abusado de los títulos de concesión de agua sobreconcesionados gracias al marco legal establecido desde Carlos Salinas de Gortari, el cual busca ser reformado por el Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo que ha emprendido una revisión a los 536 mil títulos que tiene Conagua.

Desde 2012 colectivos impulsaron una iniciativa de Ley General de Aguas para priorizar el uso humano del agua sobre el uso industrial o de servicios, pero permaneció congelada por el Congreso desde entonces.

• SIN EMBARGO enúmero cómo 3 mil grandes usuarios privados acaparan las concesiones otorgadas por la Conagua, entre ellos, Kimberly Clark y Banco Azteca, empresas de los millonarios Claudio X. González Laporte y Ricardo Salinas Pliego
• Así como Bachoco, Herdez, Lala, las mineras GoldCorp, y Buenavista de Grupo México, propiedad del otro millonario Germán Larrea Mota-Velasco, de acuerdo con el estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM, 2020)…

«Los millonarios del agua»

• Estos mismos datos obtenidos a partir del registro público de la Conagua muestran que un mismo usuario puede tener varias concesiones a nombre de parientes, socios y/o prestanombres, como en el caso de la familia Tricio de Grupo Lala.

Incluso hasta asociaciones religiosas acumulan 127 concesiones de agua que suman un total de 7 millones 483 mil 756 metros cúbicos por año, de acuerdo con datos de la Conagua.

• Algunas de estas fueron dadas para uso agrícola a pesar de que los usuarios tienen casas de retiro que dan servicio de hospedaje. Así lo muestra un análisis del Registro Público de Derechos del Agua realizado por Rubén Juárez Zapatero, integrante del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma.

De igual forma se ha dado a conocer cómo políticos de todos los partidos que han gobernado sus entidades se han visto beneficiados de títulos de concesión para explotar los recursos hídricos del país.

Es el caso, por ejemplo, de Guillermo Padrés Elías (Sonora), Diego Sinhué Rodríguez Vallejo (Guanajuato), Miguel Márquez Márquez (Guanajuato), Jaime Rodríguez Calderón (Nuevo León), Luis Armando Reynoso Femat (Aguascalientes), Francisco Ramírez Acuña (Jalisco), Ángel Aguirre Rivero (Guerrero), Rutilio Escandón Cadena (Chiapas), y también el expresidente Vicente Fox Quesada, que también fue Gobernador de Guanajuato.

Políticos exprimen recursos

Un caso particular del beneficio que ha tenido la clase política con los títulos de concesión de agua es el de la familia de los Monreal, el clan político de Zacatecas que posee diversas concesiones de agua para uso agrícola en un acuífero sobreexplotado de la entidad, de acuerdo con la Conagua.

• Los datos en este caso muestran que el padre Felipe Monreal Huerta (finado en 2002), así como el Gobernador de Zacatecas David Monreal, el Senador y exalcalde Saúl Monreal, Cándido y Elías Monreal Ávila –todos hermanos del Diputado de Morena Ricardo Monreal Ávila– han obtenido concesiones para «uso agrícola» y de «diferentes usos» entre 1999 y 2020.
• En Sonora la familia del exgobernador Guillermo Padrés Elías tiene, según el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), seis títulos de concesión a nombre de Guillermo Padrés Dagnino, hijo del exgobernador panista, y de Miguel Padrés Molina, sobrino del exmandatario.

La revista Proceso reportó en mayo de 2015 que entre finales de 2011 y principios de 2012 se construyó ahí la presa en el rancho de Padrés, la cual sólo benefició a Padrés Dagnino y Padrés Molina.

La construcción fue demolida como ocurrió con la del rancho “El Saucito”, ubicado en el municipio de Balleza, Chihuahua, propiedad del exgobernador priista César Duarte Jáquez. Una propiedad que le había sido decomisada, y que recuperó en la gestión de la Gobernadora panista Maru Campos, con quien se le ha vinculado de tiempo atrás.

• En Chihuahua hay una hidromafia compuesta por exfuncionarios estatales de la Conagua, la cual ha permitido –con juicios, títulos de concesión falsos y tráfico de constancias– que un presunto prestanombres del exgobernador priista César Duarte sobreexplote el acuífero Llano de Gigantes para producir nuez.
• Esta red también ha dejado a productores menonitas y a la productora agroindustrial de manzanas La Norteñita sobreexplotar el acuífero Laguna Santa María, documenta la contraloría ciudadana estatal.

También en el norte del país, el exgobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón posee un ejido en Paredón, Coahuila. Para uso agrícola, cuenta con 184 mil m3/año de aguas subterráneas que recibió de Conagua en noviembre de 2006, cuando ya había sido Diputado local del PRI y años después sería Alcalde de García; y en octubre de 2020 obtuvo otra concesión, cuando era Gobernador, de acuerdo con el Repda.

• En Aguascalientes, los mismos datos del Registro Público de Derechos de Agua dan cuenta de cómo el panista Luis Armando Reynoso Femat, vinculado a proceso por defraudación fiscal así como por peculado y uso indebido del ejercicio público, cuenta junto con sus hermanos Graciela, Felipe, Laura, Olga Irene, Lourdes y Óscar con tres títulos de concesión de uso agrícola otorgados entre 1996 y 1998 que le permiten más de 200 mil m3 al año por cada uno de los títulos.
• En Jalisco, el exgobernador y actual Senador del PAN Francisco Ramírez Acuña cuenta con una concesión de uso agrícola que obtuvo en 1999, dos años antes de asumir la gubernatura estatal y cuando se desempeñaba como Alcalde de Guadalajara. Este título le permite 25 mil m3 al año de aguas subterráneas de la Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico.
• En tanto, en Guanajuato tres exgobernadores panistas y sus familias cuentan con diferentes títulos de concesión. Es el caso de la familia del expresidente Vicente Fox Quesada que goza de 18 concesiones en San Francisco del Rincón, Guanajuato, que le permiten abastecer de agua a sus distintas empresas, además, bajo un precio especial al tener un subsidio gubernamental que debe estar destinado sólo a pequeños productores, de acuerdo con una publicación de SinEmbargo en 2023.

El exgobernador Miguel Márquez Márquez también cuenta con tres títulos de concesión: uno otorgado por la Dirección local de Conagua en Guanajuato en enero de 2000 cuando él era Diputado del Congreso estatal, el cual le permite extraer 150 mil m3 al año de aguas subterráneas.

• Un título más en la Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, obtenido en marzo de 2001 cuando era Alcalde de Purísima del Rincón, y el más reciente de enero de 2013 también en en la Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, cuando ya era Gobernador del estado que le permite sacar 90 mil m3 de aguas subterráneas al año.

En la misma entidad, el panista Diego Sinhue Ródriguez Vallejo, obtuvo en su gestión un título de uso agrícola que le permite extraer al año 5 mil m3 de aguas subterráneas.

• En Guerrero, el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, quien dejó su cargo debido a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y su esposa Laura del Rocío Herrera, tienen registrado un título de concesión de uso agrícola otorgado en enero de 2019 que le permite extraer 51 mil 609 m3 al año de aguas subterráneas.

El exgobernador Rutilio Escandon Cadenas obtuvo en 2001, cuando era Senador, un título de concesión de uso agrícola para extraer de la Cuenca Frontera Sur 198 mil 806 m3 de aguas subterráneas.

Otros caciques

A eso se suma el grupo de caciques que controla los distritos de riego agrícola, el 67 por ciento de las aguas concesionadas. Elena Burns, integrante de Agua para Todos, expuso a este medio cómo los principales acaparadores-especuladores son la industria inmobiliaria, los bancos, distritos de riego, agroindustrias y personas físicas que han logrado obtener más de un millón de metros cúbicos anuales para uso agrícola, un uso exento de pago de derechos que después se puede vender para uso industrial u otro uso lucrativo.

• Desde 1993, la Conagua promovió que los módulos de los Distritos de Riego formaran asociaciones civiles. Desde entonces, las mesas directivas de las A.C. han controlado la distribución del agua y sus padrones de usuarios, manejan las cuotas de autosuficiencia recolectadas de los usuarios. Las mesas directivas de las A.C.s fueron agrupadas en Sociedades de Responsabilidad Limitada (S.R.L.).

Cuando llegan recursos federales a esas Sociedades, no hay transparencia en su manejo y los que controlan el agua terminan vendiendo-rentando los excedentes (a inmobiliarias, siderúrgicas, la CFE, entre otros).

• El titular de la Conagua Efraín Morales López expuso precisamente que debido a que la Ley salinista vigente (1992) permite un esquema de transmisiones entre particulares –en donde pueden vender sus títulos de concesión de una a otra persona– se ha creado un “mercado negro del agua” para especular con el recurso.

“Parte de lo que se pretende normar es acabar con este mercado negro y que esta agua que no se está utilizando regrese al dominio de la nación, para que sea la nación la que determine la viabilidad de otorgar estos títulos”, indicó.

Falsificación de concesiones

Mauricio Rodríguez Alonso, Subdirector general de administración del agua, expuso el miércoles cómo al hacer una revisión puntual de cada uno de los 536 mil títulos de Conagua encontraron 58 mil 938 inconsistencias.

• “¿Cuáles son las incidencias más recurrentes que encontramos? Títulos sin una certeza en la fecha de vigencia. Presunta falsificación o duplicidad de títulos. Un uso diferente al que el título fue concesionado. Y coordenadas de ubicación que son erróneas o que no corresponden con el lugar en donde se expidió el título”, dijo.

La falsificación de títulos de concesión se ha identificado en Chihuahua. De acuerdo con Elena Burns, exsubdirectora de Administración de Conagua, el entonces delegado de Conagua Chihuahua y priista, Alex Le Baron, en juntas con sus apoderados legales realizadas en octubre de 2014 otorgó “constancias de obras” para 395 solicitantes de constancias de alumbramiento aún sin contar con pozos, como exige el decreto presidencial.

• Luego estas 395 personas, de origen menonita, de manera colectiva utilizaron estas “constancias apócrifas” para demandar a la Conagua para que otorgara títulos de concesiones para volúmenes indeterminados, a pesar de la extrema sobreexplotación de los acuíferos.

Mal uso del agua

El subdirector de la Conagua planteó que los títulos de carácter agrícola no pagan agua porque se produce alimento; sin embargo, hallaron títulos que están identificados como agrícolas, pero son complejos industriales, balnearios, club de golf y también está el tema de la venta de pipas.

• Un ejemplo del uso diferente al que fue concesionado el título tiene lugar en la Ciudad de México. Ahí, la Conagua dio en los 90 una concesión “para uso agrícola” al Club de Golf Bosques, un sitio residencial ubicado en la Alcaldía Cuajimalpa.
• El registro de datos de Conagua muestra que el título de concesión del Club de Golf Bosques (13DFE100012/26AGDA16) se dio por el Organismo de Cuencas del Valle de México el 6 de noviembre de 1995, ya bajo la Ley Nacional de Aguas salinista que ha permitido hasta la fecha el acaparamiento en áreas con baja disponibilidad del agua.
• La Contraloría ciudadana del Valle de México identificó esta anomalía y asegura que utiliza agua de calidad potable en vez de agua tratada para mantener verdes los campos de golf, un deporte asociado a la élite política y empresarial.

De igual forma, desde 2019, como muestra el REPDA, el Estadio Azteca (Televisa) tiene una concesión rumbo al Mundial 2026, a la par de que el pueblo originario aledaño Santa Úrsula Coapa registra escasez de agua y lleva cuatro años exigiendo que se cancele.

• La Jefa de Gobierno Clara Brugada afirmó desde el 7 de mayo que el pozo de Televisa fue devuelto al Gobierno de la CDMX para garantizar agua a los pueblos aledaños al Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026.
• Sin embargo, en el registro de la Conagua aún este miércoles 24 de septiembre se ve el título de concesión 811078 dado a la dueña del inmueble deportivo el 27 de junio de 2019 por 450 mil m3/año de aguas subterráneas.

Privatización del agua

Finalmente, sobre las concesiones con registro de uso público urbano utilizadas ya por particulares, se ha registrado en Puebla desde 2014, cuando gobernaba el morenovallismo.

• El sistema operador público le cedió sus concesiones de uso público urbano a la empresa Concesiones Integrales, la cual recibe quejas por tandeo, recortes de suministro y altas tarifas, notificó la Contraloría Autónoma de Puebla a la Conagua.

“Tenemos concesiones [197] que tienen el registro de uso público urbano y son utilizadas por particulares; es decir, el uso urbano se les da a los municipios para que puedan dotar de agua a la población, y tenemos títulos en donde están registrados particulares.

¿Qué hicimos en ese caso?

Fuimos a checar, hicimos la inspección. Y se trata, efectivamente, de particulares, y tenemos que ver qué está pasando ahí. Ya hicimos la revisión; en algunos casos estamos corrigiendo solo el título, en otros casos estamos investigando de qué se trata”, detalló el Subdirector del Conagua.

«Toman, transan, agandallan»

El informe «Beneficios en fuga» de Oxfam México expone que, a pesar de que el agua es propiedad de la nación y un derecho humano, el sistema legal e institucional en México ha permitido que se convierta en una mercancía que se acumula en pocas manos. Este patrón de «toman, transan, agandallan» se ejemplifica claramente en las concesiones de agua.

• Este reporte identifica a los 10 concesionarios que más agua extraen para uso agrícola. La más importante, por ejemplo, es la Unidad de Riego de Candelaria A.C. (Campeche), que es el principal extractor de agua para uso agrícola en todo el país. La cantidad que extrae es equivalente a ocho veces lo que usan todas las personas en la entidad de Campeche para fines domésticos.

Oxfam también ilustra la magnitud de este acaparamiento al indicar que una persona tendría que vivir 12 millones de años para gastar el agua que las empresas agrícolas extraen en Campeche en un año, usando como referencia el límite diario contemplado en la ley.

A su vez menciona que ocho de los 10 mayores extractores de agua a nivel nacional para uso en servicios están relacionados con el turismo o la construcción. Siete de estas concesiones se encuentran en Quintana Roo.

Los diez concesionarios que más extraen agua para uso de servicios son:

1. Aeropuerto de Cancún, S.A. de C.V.. Oxfam calcula que si una persona tomara un baño con el agua que utiliza esta entidad en un año, la ducha sería de 4 mil años ininterrumpidos.
2. Quiroocan S.A. de C.V.. Esta empresa es propiedad de Simón Pedro Barceló, quien figuró como la persona número 21 más rica de España en 2024. Para consumir el agua que Quiroocan utiliza en un año, una persona tendría que vivir 340 mil años.
3. Promociones y Desarrollos Ribera Mujeres, S.A. de C.V..
4. Balneario Ojo del Carbón; Tlapanala, Puebla, S. de R.L..
5. Hotelera Playa Paraíso, S.A. de C.V..
6. Urbi Construcciones del Pacífico, S.A. de C.V..
7. Promotora Ecotur S.A. de C.V..
8. Inmobiliaria Xcunya S.A. de C.V..
9. Desarrollo Marina Vallarta, S.A. de C.V..
10. Gobierno del Estado de Morelos.

Aguas Nacionales permite el acaparamiento legal del agua, mientras que millones de personas sufren inseguridad hídrica. Además, este problema afecta particularmente a las mujeres, quienes, al asumir la mayor carga de cuidados, deben encargarse de caminar para conseguir agua o atender a familiares enfermos debido a la contaminación o escasez.

La incapacidad del Estado para medir y fiscalizar correctamente la extracción y el uso de las concesiones contribuye al problema. /PUNTOporPUNTO